Javier Gomez Reina

Expediente 396/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
396/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Javier Gomez Reina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintidós de junio de dos mil dieciocho, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 129/2018. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Ahora bien, visto el estado que guardan los autos al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veinte de abril de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo, y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en ejecutoria de veintidós de junio de dos mil dieciocho, declaró infundado el recurso de queja interpuesto; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del recurso de queja civil 129/2018, del que se advierte la admisión del medio de impugnación interpuesto en contra del acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo; y acusa recibo del oficio 9633/2018 y anexos. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso Javier Gómez Reina, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto que este Juzgado dictó un proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo antes referida, lo cual aconteció el veinte de abril del año en curso y para justificar lo anterior, al efecto se le remiten las constancias correspondientes. En ese tenor, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, remítase a la superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, envíese el original del escrito a través del cual se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios correspondientes, así como copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Javier Gómez Reina, contra el acto del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 396/2018-VI. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiséis de marzo del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 692/2016, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, a través del cual la autoridad responsable declaró procedentes los recursos de revocación interpuestos por la parte actora en el juicio de origen, en consecuencia modificó el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y por tanto elimina de dicho auto el requerimiento realizado a Verónica Salas Leura (perito del demandado aquí quejoso), relativo a que tenía un plazo de cinco días para rendir su dictamen dentro de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida por éste, para enseguida revocar el subsecuente proveído de veinte de septiembre del mismo año, quedando de la siguiente manera: ". DÍGASELE A LA LICENCIADA VERÓNICA SALAS LEURA, QUE NO HA LUGAR A TENERLA POR PRESENTANDO EL PERITAJE QUE MENCIONA, POR SER EXTEMPORÁNEO." Y como consecuencia dejó sin efectos las posteriores actuaciones inherentes a dichos autos revocados. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que en el controvertido de referencia no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la resolución de veintiséis de marzo del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 692/2016, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, a través del cual la autoridad responsable declaró procedentes los recursos de revocación interpuestos por la parte actora en el juicio de origen, y en consecuencia, modificó el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y por tanto eliminó de dicho auto el requerimiento realizado a Verónica Salas Leura (perito del demandado aquí quejoso), relativo a que tenía un plazo de cinco días para rendir su dictamen dentro de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida por éste, para enseguida revocar el subsecuente proveído de veinte de septiembre del mismo año, quedando en el sentido de decir a la licenciada Verónica Salas Leura, que no ha lugar a tenerla por presentado el peritaje que menciona, por ser extemporáneo y como resultado de lo anterior, dejó sin efectos las posteriores actuaciones inherentes a dichos autos revocados; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, pues únicamente tiene por objeto tener al perito del quejoso no rindiendo su dictamen; con las consecuencias inherentes de dejar insubsistentes los proveídos tendentes a su preparación para recibirlo y finalmente desahogarlo; circunstancias que no le afectan materialmente derechos sustantivos como son la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues versan únicamente sobre el desahogo de la pericial en materia de grafoscopía que ofreció éste, de ahí que no produce una afectación en forma tal que no pueda ser reparada por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Ciertamente, si los efectos de la determinación reclamada son que no haya lugar a tener como presentado el dictamen de Verónica Salas Leura (perito del demandado) respecto de la prueba pericial en materia de grafoscopía que ofreció éste con el fin de desvirtuar las prestaciones que se le reclaman, ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. No es obstáculo a lo anterior que el quejoso haga depender de la resolución reclamada (la cual versa únicamente sobre el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por éste) como una posible afectación a sus derechos sustantivos (a fin de que el juicio de amparo sea procedente) que la parte actora pueda solicitar la ejecución del embargo de su salario que impera en el controvertido de origen, pues tal circunstancia no es una consecuencia directa de tal resolución, pues para que se ejecute el citado embargo primero debe la parte actora solicitarlo al Juez responsable (tal y como lo refiere el promovente del amparo), lo cual se encuentra supeditado a que éste último en un acto diverso lo acuerde de conformidad, de ahí que al no existir una determinación con tales características y que sea acto reclamado en este asunto, no se actualiza la excepción a la regla para hacer procedente el presente juicio de amparo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Igualmente, ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 76, Abril de 1994, página 13, que dispone: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Y en el mismo sentido, es aplicable por identidad de razón la Jurisprudencia 407, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Diciembre de 1998, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja 273, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Javier Gómez Reina, contra el acto del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 396/2018-VI. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiséis de marzo del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 692/2016, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, a través del cual la autoridad responsable declaró procedentes los recursos de revocación interpuestos por la parte actora en el juicio de origen, en consecuencia modificó el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y por tanto elimina de dicho auto el requerimiento realizado a Verónica Salas Leura (perito del demandado aquí quejoso), relativo a que tenía un plazo de cinco días para rendir su dictamen dentro de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida por éste, para enseguida revocar el subsecuente proveído de veinte de septiembre del mismo año, quedando de la siguiente manera: ". DÍGASELE A LA LICENCIADA VERÓNICA SALAS LEURA, QUE NO HA LUGAR A TENERLA POR PRESENTANDO EL PERITAJE QUE MENCIONA, POR SER EXTEMPORÁNEO." Y como consecuencia dejó sin efectos las posteriores actuaciones inherentes a dichos autos revocados. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que en el controvertido de referencia no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la resolución de veintiséis de marzo del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 692/2016, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, a través del cual la autoridad responsable declaró procedentes los recursos de revocación interpuestos por la parte actora en el juicio de origen, y en consecuencia, modificó el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y por tanto eliminó de dicho auto el requerimiento realizado a Verónica Salas Leura (perito del demandado aquí quejoso), relativo a que tenía un plazo de cinco días para rendir su dictamen dentro de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida por éste, para enseguida revocar el subsecuente proveído de veinte de septiembre del mismo año, quedando en el sentido de decir a la licenciada Verónica Salas Leura, que no ha lugar a tenerla por presentado el peritaje que menciona, por ser extemporáneo y como resultado de lo anterior, dejó sin efectos las posteriores actuaciones inherentes a dichos autos revocados; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, pues únicamente tiene por objeto tener al perito del quejoso no rindiendo su dictamen; con las consecuencias inherentes de dejar insubsistentes los proveídos tendentes a su preparación para recibirlo y finalmente desahogarlo; circunstancias que no le afectan materialmente derechos sustantivos como son la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues versan únicamente sobre el desahogo de la pericial en materia de grafoscopía que ofreció éste, de ahí que no produce una afectación en forma tal que no pueda ser reparada por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Ciertamente, si los efectos de la determinación reclamada son que no haya lugar a tener como presentado el dictamen de Verónica Salas Leura (perito del demandado) respecto de la prueba pericial en materia de grafoscopía que ofreció éste con el fin de desvirtuar las prestaciones que se le reclaman, ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. No es obstáculo a lo anterior que el quejoso haga depender de la resolución reclamada (la cual versa únicamente sobre el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por éste) como una posible afectación a sus derechos sustantivos (a fin de que el juicio de amparo sea procedente) que la parte actora pueda solicitar la ejecución del embargo de su salario que impera en el controvertido de origen, pues tal circunstancia no es una consecuencia directa de tal resolución, pues para que se ejecute el citado embargo primero debe la parte actora solicitarlo al Juez responsable (tal y como lo refiere el promovente del amparo), lo cual se encuentra supeditado a que éste último en un acto diverso lo acuerde de conformidad, de ahí que al no existir una determinación con tales características y que sea acto reclamado en este asunto, no se actualiza la excepción a la regla para hacer procedente el presente juicio de amparo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Igualmente, ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 76, Abril de 1994, página 13, que dispone: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Y en el mismo sentido, es aplicable por identidad de razón la Jurisprudencia 407, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Diciembre de 1998, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja 273, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.

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