Javier Godínez Rangel

Expediente 806/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
806/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Javier Godínez Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO.- Vista la demanda de amparo promovida por Javier Godínez Rangel, contra el acto que reclama del Afore Sura, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en esta ciudad, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 806/2022-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la negativa por parte de la responsable de recibir su escrito el trece de julio de dos mil veintidós, en el cual solicitó la entrega del saldo remanente en su cuenta individual para el retiro. Ahora bien, de conformidad con los preceptos en mención, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del artículo 5 de la ley de la materia, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los previamente mencionados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad es que se emita en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular y que, con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en prejuicio del gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Asimismo, debe decirse que en las relaciones de supra-subordinación, el Estado desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tales actos son unilaterales e imperativos porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad y se imponen aun en contra de la del gobernado; y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Por otra parte, las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público. Por ende, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, con motivo de una relación laboral o de carácter contractual, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En este caso, el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la negativa de recibir su escrito en el cual solicitó la entrega del saldo remanente en su cuenta individual para el retiro, deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano (asegurador-trabajador); pues Afore Sura, Sociedad Anónima de Capital Variable actuando como ente asegurador en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley. Luego, de los preceptos legales invocados, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, siendo aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo que en la especie no acontece. De ahí que, el acto que se reclamó, no puede acontecer con el carácter de autoridad (relación supra-subordinada), puesto que deriva de una relación de coordinación, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad. En ese sentido, si el acto reclamado no acontece al margen de autoridad y gobernado, el conflicto existente entre ambas partes no puede estar sujeto al análisis constitucional. Por tanto, es incuestionable que a la autoridad que señala como responsable, no le reviste el carácter de tal, para los efectos del juicio de amparo, ya que por lo enunciado por el quejoso en la demanda, se trata de actos entre entes que se encuentran en un mismo plano de igualdad. En esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Noé Porras Magaña, por así solicitarlo y estar su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Castilla número 211, colonia España de esta ciudad. COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Godínez Rangel, contra el acto que reclama del Afore Sura, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en esta ciudad, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 806/2022-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la negativa por parte de la responsable de recibir su escrito el trece de julio de dos mil veintidós, en el cual solicitó la entrega del saldo remanente en su cuenta individual para el retiro. Ahora bien, de conformidad con los preceptos en mención, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del artículo 5 de la ley de la materia, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los previamente mencionados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad es que se emita en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular y que, con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en prejuicio del gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Asimismo, debe decirse que en las relaciones de supra-subordinación, el Estado desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tales actos son unilaterales e imperativos porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad y se imponen aun en contra de la del gobernado; y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Por otra parte, las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público. Por ende, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, con motivo de una relación laboral o de carácter contractual, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En este caso, el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la negativa de recibir su escrito en el cual solicitó la entrega del saldo remanente en su cuenta individual para el retiro, deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano (asegurador-trabajador); pues Afore Sura, Sociedad Anónima de Capital Variable actuando como ente asegurador en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley. Luego, de los preceptos legales invocados, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, siendo aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo que en la especie no acontece. De ahí que, el acto que se reclamó, no puede acontecer con el carácter de autoridad (relación supra-subordinada), puesto que deriva de una relación de coordinación, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad. En ese sentido, si el acto reclamado no acontece al margen de autoridad y gobernado, el conflicto existente entre ambas partes no puede estar sujeto al análisis constitucional. Por tanto, es incuestionable que a la autoridad que señala como responsable, no le reviste el carácter de tal, para los efectos del juicio de amparo, ya que por lo enunciado por el quejoso en la demanda, se trata de actos entre entes que se encuentran en un mismo plano de igualdad. En esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Noé Porras Magaña, por así solicitarlo y estar su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Castilla número 211, colonia España de esta ciudad. COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.

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