Javier Gilberto Tzab Espadas

Expediente 2876/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2876/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Javier Gilberto Tzab Espadas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por la Directora General de Amparos Contra Leyes, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, con sede en la ciudad de México y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve los oficios 58169/2022, 58171/2022 y 58170/2022, de veintinueve de diciembre del año en curso, dirigidos al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambos con sede en la Ciudad de México y al "Banco Ahorro Famsa", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple en Monterrey, Nuevo León, toda vez que no se encuentran dirigidos a la citada autoridad. En tal virtud, reexpídanse los mismos a las autoridades antes mencionadas en su domicilio correcto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Gilberto Tzab Espadas, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Por tanto, se procede a proveer en relación con la demanda que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez responsable, en concreto, el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 151/2019, en el que se negó a realizar la consignación correspondiente ante el Ministerio Público, por hechos presuntamente constitutivos del delito de desacato o desobediencia a una autoridad judicial. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio familiar, la resolución reclamada, es proveniente de un Tribunal Judicial (del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser nulificada. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra toda resolución, determinación y auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 421, 423, 424, 425, 427 y 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación." "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." "Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De conformidad con dichos preceptos, se aprecia que la legislación procesal en materia familiar, establece con toda claridad la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra diversas determinaciones dictadas en los procedimientos y tienen como finalidad que se confirme, modifique o revoque la determinación impugnada. En lo que interesa, el recurso apelación procede en contra de las siguientes determinaciones: 1) Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; 2) El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y 3). Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Asimismo, el artículo 423, refiere que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado. En el caso, se advierte que el acto reclamado, constituye un auto dictado en el expediente 151/2019, en el que el Juez responsable se negó a realizar la consignación correspondiente ante el Ministerio Público, por hechos presuntamente constitutivos del delito de desacato o desobediencia a una autoridad judicial. De ahí que el recurso procedente contra dicha determinación lo fuera el de revocación, normado por el artículo 425 del propio Código de Procedimientos Familiares, cuenta habida que dicho requerimiento fue emitido fuera de audiencia. Debiéndose destacar que en este dispositivo legal, no se establece un límite a la procedencia de ese medio de impugnación, como aquella que se consigna en el artículo 424; de manera que, la procedencia del recurso en ese supuesto queda sujeta a la regla general prevista en el artículo 423, donde se establece que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado. En el caso, se reitera, el acto reclamado fue dictado fuera de audiencia, según de se advierte de las propias manifestaciones vertidas por el quejoso en su ocurso de demanda; de ahí que al tratarse de una resolución que no se encuentra en los supuestos contra de los cuales procede la apelación, dado que no se trata de una resolución que ponen fin a la controversia o asunto, un auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, o alguna resolución interlocutoria y definitiva, luego entonces procede el recurso de revocación en su contra; por tanto, se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación en contra del acto reclamado, dado que es parte en el procedimiento natural. Ciertamente, dicho recurso es el medio de impugnación idóneo que puede hacerse valer contra el acto reclamado, pues ésta previsto por la ley ordinaria y con el mismo puede obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado; lo anterior, cuenta habida que la ley es muy clara en precisar la procedencia del medio de impugnación, esto es del recurso de revocación en contra del acuerdo que por esta vía se reclama, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa pudiera quedar en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. Aunado a que no se encuentra en ningún supuesto de excepción, previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 151/2019, en el que se negó a realizar la consignación correspondiente ante el Ministerio Público, por hechos presuntamente constitutivos del delito de desacato o desobediencia a una autoridad judicial, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, ya que es parte en el procedimiento de origen, de acuerdo a las manifestaciones vertidas por el directo impetrante. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Máxime, que el recurso no se sujeta a una interpretación adicional para entender que el recurso de revocación sea el procedente, pues éste es muy claro en establecer que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado, por lo que el quejoso debió interponer el citado recurso antes de acudir al juicio de amparo y, por tanto, tampoco estaría en la excepción prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII. Tiene aplicación jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2005039, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia antes ponderada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como autorizadas, a las personas nombradas en la misma, con las facultades expresamente conferidas. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y vía telefónica; empero, de conformidad con lo determinado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporcionó en su demanda de amparo, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Toda vez que el usuario ******************** que proporciona la parte quejosa, a efecto de consultar el expediente electrónico, a través del portal de servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, accédase a lo solicitado por la parte quejosa, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, en relación con el artículo 3 de la ley de la materia. Por tanto, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico, en el presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario. Comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del citado usuario, en el presente juicio de amparo. En diverso orden, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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