Javier Gil Ramirez

Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
281/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Javier Gil Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 281/2022. . Puebla, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria y anexos Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el nueve de junio de dos mil veintidós, en el recurso de queja Q-++, en cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO.-Es infundado el presente recurso de queja...". Por consiguiente, se ordena glosar el testimonio de la ejecutoria al juicio original; y acusar recibo a la superioridad -vía interconexión- por el oficio y anexo mencionado. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al sentido en el que fue resuelto el referido recurso de queja. Se determina la conclusión del asunto y su valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos susceptibles de devolución. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar de manera personal este proveído al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer, dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 281/2022-I Puebla, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente el oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que el citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que fue desechada su demanda de amparo, el cual se radicó con el número de expediente Q-54/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 281/2022. Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Quejoso interpone queja. Se agrega al expediente el escrito signado por el quejoso Javier Gil Ramírez, por el cual interpone recurso de queja contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo que originó el presente expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto dicho recurso. Sin haber lugar a proceder en términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito), puesto que en el presente asunto se desechó la demanda, por ende, no se llamó a juicio a alguna otra parte; de ahí que no se integrara la litis constitucional; pero sobre todo, porque la razón para correr traslado a las demás partes, es para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso, pues constituye un requisito de procedencia, tal como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo, y en el caso, el quejoso señala en el segundo punto petitorio que se remitan los autos del presente juicio a la superioridad. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío de una impresión del recurso de queja y el escrito donde obran los agravios, con las copias necesarias de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Se hace notar que este acuerdo sólo tendrá las respectivas firmas electrónicas, vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, porque se ha trabajado a distancia por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19. Asimismo, adjúntese el informe con justificación sobre la materia de la queja, haciéndole saber al tribunal que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, puesto que mediante proveído dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda origen de este expediente por los motivos que del mismo se desprenden. Indicación a la actuaria. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja, el original del escrito de agravios y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite al recurso interpuesto y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 281/2022. Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo que presentó , por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: 1. La resolución consistente en el citatorio *, de uno de marzo del año en curso (citatorio). 2. La integración de la carpeta de investigación * Entonces, respecto del primer acto reclamado, se advierte una causa de improcedencia, que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta interpretada en sentido contrario. Es así, pues el quejoso pretende reclamar una resolución a través de la cual fue citado por el Fiscal de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción Facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para dirimir el conflicto del que emana la averiguación previa * Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, no existen circunstancias para visualizar un acto de imposible reparación. Es así, pues en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3, el referido acto, se trata únicamente de una invitación, con las formalidades legales establecidas, para presentarse sin coacción alguna, ante la autoridad emisora, con la única finalidad de llegar a la solución de un conflicto, a través de una salida alterna menos punitiva. De hecho, de la lectura de los artículos 4, fracción I4, 7, fracción IV5, 10, último párrafo6, 31 y 327 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo. Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. De ahí que la sola emisión de un citatorio, no genere una afectación real a la esfera jurídica del quejoso, pues incluso puede negarse a asistir. Por tanto, debe concluirse que en el presente caso, no se encuentra ante un acto de imposible reparación, pues como se mencionó, únicamente se trata de una invitación para asistir a una reunión, donde se intentará llegar a una solución alterna al conflicto, más no de un acto que afecte derechos sustantivos. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no puede estimarse un acto de imposible reparación, la resolución consistente en el citatorio de uno de marzo del año en curso De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar que dicha resolución vulnere de forma irreparable algún derecho sustantivo del quejoso, pues en todo caso sería hasta que la autoridad correspondiente decidiera ejercitar acción penal en su contra, cuando podría existir una afectación real. En consecuencia, debe concluirse que el referido acto reclamado, encuentra a la presente fecha, una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta interpretada en sentido contrario. Ahora, por cuanto hace al segundo acto reclamado, consistente en la integración de la carpeta de investigación *, esa "integración" consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si respecto de un hecho sometido a su conocimiento, hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos de investigación dentro de una indagatoria sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional; empero, ello está condicionado a que los mismos materialicen un acto de molestia irreparable en la persona o bienes del investigado, lo que en la especie no acontece, pues de manera lacónica el quejoso reclama la "integración" de la carpeta de investigación y no un acto específico de investigación. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura, inicio o integración de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por , contra La resolución consistente en el citatorio , de uno de marzo del año en curso y la integración de la carpeta de investigación , pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Asimismo, queda autorizado para recibirlas, la persona nombrada por el quejoso en la demanda. Medios de comunicación extraprocesal. se toma conocimiento del correo electrónico citado en la demanda. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.

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