Javier Gerardo Martell Aquino

Expediente 664/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
664/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Javier Gerardo Martell Aquino

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el cuatro de julio del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, las copias certificadas que remite, deducidas del expediente número 368/2021, de su índice, la cual se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que a continuación se expondrá. La lectura de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión por parte del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, de proveer el escrito del quejoso de veinte de abril del año en curso, dirigido al expediente 368/2021, en el que reiteró el domicilio para que fuera emplazada al juicio la demandada; además, solicitó copia simple de todo lo actuado en dicho expediente. Ahora, la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado, informó que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se proveyó lo correspondiente en cuanto a las peticiones formuladas por el quejoso, en escrito de veinte de abril del año en curso. Para acreditar lo anterior envió copia certificada del auto de la referida fecha, en donde tuvo al ocursante reiterando el domicilio de la demandada Hilda León Ramírez, ordenó al ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, se constituyera en el domicilio de la demandada a efecto de notificarle dicha determinación, así como el diverso proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, y procediera a emplazarla en términos de lo ordenado en el último auto mencionado. Además, señaló las doce horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para que tenga lugar la audiencia preliminar, como lo establece el numeral 664 Udecies del Código procesal Civil en el Estado de Oaxaca; finalmente autorizó la expedición de las copias simples que solicitó el quejoso. Auto que fue notificado al autorizado del quejoso el dieciséis de junio del año en curso. Luego, es inconcuso que al haberse dado respuesta a su escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, mediante auto de dieciocho de mayo del año en curso, cuya notificación se realizó el dieciséis de junio del año que transcurre, esto último que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de junio de dos mil veintidós), han cesado los efectos del acto reclamado; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo; y como consecuencia se restableció a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación la tesis número siete, visible en la página ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común precedentes relevantes, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO CITATARIO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, las copias certificadas que remite, deducidas del expediente número 368/2021, de su índice, la cual se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que a continuación se expondrá. La lectura de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión por parte del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, de proveer el escrito del quejoso de veinte de abril del año en curso, dirigido al expediente 368/2021, en el que reiteró el domicilio para que fuera emplazada al juicio la demandada; además, solicitó copia simple de todo lo actuado en dicho expediente. Ahora, la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado, informó que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se proveyó lo correspondiente en cuanto a las peticiones formuladas por el quejoso, en escrito de veinte de abril del año en curso. Para acreditar lo anterior envió copia certificada del auto de la referida fecha, en donde tuvo al ocursante reiterando el domicilio de la demandada Hilda León Ramírez, ordenó al ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, se constituyera en el domicilio de la demandada a efecto de notificarle dicha determinación, así como el diverso proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, y procediera a emplazarla en términos de lo ordenado en el último auto mencionado. Además, señaló las doce horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para que tenga lugar la audiencia preliminar, como lo establece el numeral 664 Udecies del Código procesal Civil en el Estado de Oaxaca; finalmente autorizó la expedición de las copias simples que solicitó el quejoso. Auto que fue notificado al autorizado del quejoso el dieciséis de junio del año en curso. Luego, es inconcuso que al haberse dado respuesta a su escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, mediante auto de dieciocho de mayo del año en curso, cuya notificación se realizó el dieciséis de junio del año que transcurre, esto último que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de junio de dos mil veintidós), han cesado los efectos del acto reclamado; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo; y como consecuencia se restableció a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación la tesis número siete, visible en la página ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común precedentes relevantes, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir el acto y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Gerardo Martell Aquino, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; con registro de este Juzgado 664/2022; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se solicita, al que deberá acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad de los actos reclamados, apercibida que de no rendir el informe o de no acompañar las constancias relativas se le sancionará al dictarse sentencia y se le impondrá multa equivalente a cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia. Apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas a las personas que señala, sin las facultades del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que no proporcionan su número de cédula profesional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que ofrece la parte quejosa (documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana), y en caso de proceder, serán valoradas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

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