Javier García Sánchez
Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Javier García Sánchez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto del once de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; que sí existen documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022, del propio Pleno.
- Principal
********************, ********************, once de abril de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ingeniero Víctor Manuel Reyes Rodríguez y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 661/2021-2 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ello es así, porque los artículos 3, fracción XV, 39, 83, 85, 86, 87 y 91, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que al efecto establecen: "Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo: . XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y" "Artículo. 39. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición." "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." "Artículo 85. El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra." "Artículo 86. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar: ." "Artículo 87. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." "Artículo 91. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; II. Confirmar el acto impugnado; III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente." Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Efectivamente, el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: ". la RESOLUCION, emitida dentro de los autos del expediente administrativo número ********************.- . las demás consecuencias legales que se deriven con motivo de los actos reclamados precisados en los apartados anteriores." Y de los antecedentes del acto reclamado y anexo que acompaña, se advierte que: ********************, se encuentra en posesión de un pozo profundo ubicado en el predio denominado ******************** en la localidad ********************, municipio de ********************, ******************** que tiene capacidad de descarga de 4 pulgadas de diámetro, que se está usufructuando con el líquido denominado agua, propia para regar una labor propia para sembrar. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, fue supervisado el pozo por un inspector para verificar las condiciones en que se encontraba operando el referido pozo. En el acta levantada con motivo de la inspección practicada únicamente se hace menciona a la lectura del medidor que corresponde y se señala que se está extrayendo una mayor cantidad de agua a la autorizada por la institución correspondiente. Por el resultado que arrojo la inspección practicada al pozo que afirma ********************, tiene en posesión el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, con residencia en ********************, ********************, le inició un procedimiento administrativo, que registro con el número ********************. El quince de marzo de dos mil veintidós, el Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en ********************, ********************, dictó resolución dentro del procedimiento número ********************, en la cual impuso a ********************, una multa por la cantidad de ******************** (********************); lo que ahora constituye el acto reclamado. En la parte final del resolutivo tercero de la resolución que constituye el acto reclamado, se hace del conocimiento de ********************, que la resolución es definitiva, que surte sus efectos a partir del día siguiente de su notificación y puede ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La notificación de la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, se practicó el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, según los afirma bajo protesta de decir verdad el quejoso en su escrito de demanda. Ahora bien, la resolución de quince de mayo de dos mil veintidós, relativa al procedimiento administrativo instaurado contra ********************, como propietario y concesionario del pozo ubicado en el predio denominado ******************** ubicado en la localidad ********************, municipio de ********************, ********************, por las irregularidades encontradas al practicar la visita de inspección, en el referido pozo de agua para regar una labor para sembrar, que se le imputaron en el acta de visita número ******************** de hechos levantada con motivo de la revisión de seguimiento y supervisión practicada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por el personal de la Comisión Nacional del Agua, en ********************; que constituye el acto reclamado, conforme a los precitados artículos 83, 85, 86, 87 y 91, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pudo ser impugnada mediante el recurso de revisión, mismo que puede traer como consecuencia la modificación o revocación de ésta; de ahí que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Ello es así, porque de una correcta interpretación de los preceptos legales 83, 85, 86, 87 y 91, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes transcritos se llega a la conclusión que contra la resolución reclamada; procedía el recurso de revisión, de lo cual el ahora quejoso tuvo pleno conocimiento pues la autoridad responsable así se lo hizo saber dentro de la citada resolución que en su momento le fue notificada según las constancias que el propio quejoso exhibió con su escrito de demanda manifestación que el mismo realizó en el citado escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, el que pudo traer como consecuencia que se modificara, revocara o anulara la resolución reclamada, pues dicha legislación declara la existencia del citado recurso; por lo que resulta evidente que el peticionario de la protección constitucional, antes de promover su demanda de amparo, debió de agotar ese medio de defensa. Y porque además el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión. Sin que lo anterior implique que, pese a que si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto por la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para exceptuar el principio de definitividad, pues la situación de facto, consiste en haber dejado transcurrir el término de impugnación, lo que no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. En las citadas condiciones, en el caso concreto, contra la resolución que aquí reclama, por disponerlo expresamente los referidos numerales 83 y 85, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el recurso de revisión, y al no haberse agotado ese medio de impugnación, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.A.103 A (10a.), con Registro digital 2007947, página 2893, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materias(s): Común, Administrativa, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. El juicio de amparo se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, cuyo objeto es restringir la procedencia de la acción con el propósito de que, previo a ésta, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que su promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genera certidumbre en el ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XX, dispone que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo será improcedente mientras puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la propia ley y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Consecuentemente, esta causa de improcedencia se actualiza tratándose del amparo promovido contra actos del procedimiento de contratación a cuando menos tres personas tramitado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público -como la convocatoria, la recepción de propuestas o el fallo que le pone fin-, pues son susceptibles de impugnarse ordinariamente mediante la inconformidad prevista en el artículo 65 de dicho ordenamiento, ante la Secretaría de la Función Pública; además de que, acorde con su artículo 70, es factible obtener la suspensión de los actos recurridos, provisional y definitivamente, con los mismos requisitos exigidos en el artículo 128 la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, consistentes en que se solicite dicha medida y que se asegure el no perjuicio al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público. Lo anterior, no obstante que el numeral 70 citado prevé, además, que el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión y la afectación que resentiría en caso de que continúen los procedimientos de contratación, sin que la Ley de Amparo señale esa exigencia y sin inadvertir la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 diciembre de 2010, establecía mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que los de la Ley de Amparo abrogada, entre ellos, la obligación de exponer las razones por las que se consideraba que debía otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicitaba, pues, en todo caso, ese criterio quedó superado con la expedición de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, ya que, como lo estimó este tribunal al emitir la tesis IV.2o.A.70 K (10a.), dicho ordenamiento instituye un nuevo sistema equilibrado regido por mayores elementos normativos formales y sustantivos, generales y específicos, para el dictado de las resoluciones relativas a la suspensión, donde se exige, de manera análoga, que se alegue que los actos reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por otro lado, la suspensión en la inconformidad tiene los mismos alcances que en la Ley de Amparo, porque, de resultar procedente, deberá precisarse la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto, de forma similar en cuanto a los efectos generales de la suspensión. También, la suspensión provisional instituida en el referido ordenamiento se obtiene en un plazo no mayor que el considerado para el otorgamiento de la provisional en el amparo, pues aun cuando no se prevé un término específico, sí se indica que, solicitada la suspensión, la autoridad acordará concederla o negarla provisionalmente, lo que permite advertir que, en atención a su naturaleza cautelar, debe hacerse de inmediato, cuando la Ley de Amparo prevé que dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que se presente la demanda, el órgano jurisdiccional debe resolver si la desecha, previene o admite, y que en este caso, tramitará el incidente de suspensión, donde deberá determinar lo conducente y, finalmente, los actos reclamados, en la especie, son susceptibles de anularse como resultado de la promoción del medio de defensa ordinario aludido, según se advierte del artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del que se desprende que la resolución que emita la autoridad en ese recurso podrá: sobreseer en la instancia; declararla infundada o inoperantes los motivos de inconformidad; decretar la nulidad total del procedimiento o del acto impugnado para efectos de su reposición, u ordenar la firma del contrato. Máxime que este precepto establece, además, que la resolución que se emita podrá impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o ante las instancias jurisdiccionales competentes, en la inteligencia de que dicha revisión es opcional, en términos del artículo 83, primer párrafo, de la legislación referida, y la instancia jurisdiccional relativa es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, competente en términos del artículo 14, fracciones XI y XVI, de su ley orgánica. Por tanto, contra los actos indicados debe agotarse, previo al amparo, la inconformidad y, en su caso, el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo federal, al contener el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo menores requisitos que los consignados para obtener la suspensión definitiva en el amparo ni un plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la provisional." Así como la visible en la página 252, Tomo: XI, Junio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, Tomo VIII, correspondiente al mes de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, ante la manifiesta causal de improcedencia antes analizada, procede, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ingeniero Víctor Manuel Reyes Rodríguez y otra autoridad. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. Hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tiene por autorizado únicamente para imponerse de autos y oír y recibir notificaciones, más no así para promover a ********************, toda vez que no proporciona en su escrito los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho y/o abogado, tal y como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************(********************), colonia ********************, en la ciudad de ********************.
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