JAVIER GARCIA MORAN y Otros.
Expediente 462/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- JAVIER GARCIA MORAN y Otros.
- Javier Garcia Moran
Actuaciones
- Principal
III.- Se declara que el proveído de doce de los actuales, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Haganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido
- Principal
NO PRESENTADA. Vista la certificación de cuenta así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que los quejosos no se presentaron en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional a efecto de dar cumplimiento con lo ordenado mediante auto de siete de los cursantes; atento a ello, se hace efectivo el apercibimiento con que se les conminó en el proveído en comento y se tiene por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias dictadas con motivo de su tramitación.
- Principal
V.- Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta mediante la cual el Subdirector de Amparos y Representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General De los Estado Unidos Mexicanos , rinde su informe previo; en virtud de que por sentencia interlocutoria de uno de abril del año en curso, se resolvió en definitiva el presente incidente de suspensión, por lo que a dicha autoridad respecta.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Javier Morán García a favor de ********************, contra actos del Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 462/2019-III. ACTOS RECLAMADOS. Ahora, del análisis integral de la demanda de derechos humanos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama: El arresto administrativo y la privación de la libertad del quejoso, como consecuencia de éste (detención por alcoholímetro y/o alteración del orden público). SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en el arresto administrativo fuera de procedimiento ministerial o judicial de que dice es objeto el directo quejoso, con fundamento en el artículo 15, en relación con los diversos 125 y 126, todos de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO, en favor de ********************, a fin de que la autoridad responsable de inmediato realice lo siguiente: 1. Se abstenga de realizar en contra de la parte quejosa cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Como se reclama el arresto que se está ejecutando, se otorga la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable, determine el cese inmediato del acto reclamado y, en consecuencia, lo ponga en libertad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Para el eficaz y debido cumplimiento de la suspensión de plano antes señalada, comuníquese de inmediato a la autoridad responsable la medida cautelar, para su debido cumplimiento; y para que en el término de veinticuatro horas informe por oficio a este juzgado el cumplimiento que la hayan dado, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que, en términos del precepto legal aludido, dicha conducta es equiparable al delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, así como al diverso contra la administración de justicia, cometido por servidores públicos, tipificado en el arábigo 225, fracción XII del propio ordenamiento legal. Precisando que dicho arresto administrativo fuera de procedimiento, a que está sujeto el quejoso, puede ser también considerado como tortura, la cual de conformidad con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, es definida como: " (.)todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. (.)." Además, el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece: "Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo." Ahora, el quejoso se encuentra privado de su libertad en las instalaciones del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Municipio de Metepec, Estado de México, con domicilio ubicado en Avenida Tecnológico sin número, San Salvador Tizatlalli, Metepec, Estado de México, Código Postal 52172. Por ello, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en la dependencia en comento y requiera al directo quejoso, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, se constituya en el local que ocupa este órgano jurisdiccional y manifieste si ratifica o no el escrito de demanda, apercibiéndole que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las providencias que se han dictado en el presente acuerdo, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del ordinal 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, el cual a la letra dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas." En consideración que la petición de amparo no la formula directamente la parte agraviada y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre; atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman, y al lugar en el que se dice permanece el peticionario del amparo privado de la libertad, se conmina a la autoridad responsable para que de suceder esto, permita al Actuario judicial el acceso al registro de internos e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyos nombres sean similares al del quejoso, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de él, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable ante la cual se encuentra a disposición la parte quejosa, así como a los elementos de cualquier corporación de policía o militar que lo estén custodiando, que deberán proporcionar de manera inmediata las facilidades necesarias para que el Actuario Judicial le notifique este proveído, y se dé cumplimiento a la suspensión de plano concedida en su favor, con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrá constituir el delito de desaparición forzada, en términos de los artículos 2, 3 y 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y III de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el diverso artículo 215-A del Código Penal Federal. DOMICILIO. Como lo refiere el promovente se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. FUNDAMENTOS. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este Órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Michele Franco González, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistida del Secretario Mario Felipe Mata Ríos, que autoriza, firma y da fe, a quien se faculta para firmar los oficios correspondientes. Doy fe.
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