JAVIER GARCÍA MANCILLA y Otros.
Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JAVIER GARCÍA MANCILLA y Otros.
- Javier García Mancilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que por una parte negó la protección constitucional y por otra sobreseyó el juicio, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal y por otra se sobreseyó el juicio. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 1245/2022 promovido ****, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala y Juez Quinto, ambos de lo Familiar, Asamblea Legislativa, Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México; así como del Presidente de la República, Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Los quejosos demandaron el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención a la representación social de la adscripción, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. Posteriormente la demanda se amplió por lo que hace a las autoridades legislativas. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracciones I y V de la Ley de la materia, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos legislativos con aplicación dentro de un proceso de naturaleza civil-familiar (sucesorio intestamentario), seguido ante un Juez y Sala, con residencia y ejercicio en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo: De la lectura integral de la demanda y su aclaración, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictada en los tocas ... y ... del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria de dos de agosto de ese año, dictada en el juicio sucesorio intestamentario ..., relativa a su sección primera; en la que se declaró como únicos y universales herederos a Ma. de Jesús Fuentes Arana, así como a sus hermanos, aquí quejosos; en la proporción que marca el artículo 1627 del Código Civil para esta ciudad, esto es, dos tercios para la cónyuge supérstite y el restante tercio en partes iguales entre los hermanos. También se declaró como albacea definitiva a ... . b) Asimismo reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 1627 y 1628 del Código Civil para la Ciudad de México, que establecen: "ARTICULO 1627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrán dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. ARTICULO 1628.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos artículos anteriores, aunque tenga bienes propios." TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir sus informes justificados las autoridades judiciales de esta ciudad aceptaron la existencia del acto que se les reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas anexas al respectivo informe; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Las autoridades legislativas de la Ciudad de México no aceptaron su existencia, atribuyendo la emisión de la norma a autoridades del fuero federal. Por su parte, la Presidencia de la República y el Diario Oficial de la Federación aceptaron la existencia del acto que se les reclama; mientras que el Senado lo negó y la Cámara de Diputados fue omisa en rendir su informe, por lo cual procede para ésta la presunción de certeza que prevé la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgador considera que debe tenerse por cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades federales; máxime que tratándose de leyes, es regla jurídica que éstas no son objeto de prueba, pues al ser parte del sistema jurídico nacional su existencia es sabida para el juzgador, atento al principio iura novit curia. Orienta lo anterior la tesis con registro 335661, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIV, en Materia(s): Común, Página: 2933, que dispone: "LEYES, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS. La existencia de las leyes nacionales no es materia de prueba, pues sólo debe probarse la de las extranjeras." CUARTO. Sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades legislativas de la Ciudad de México. Como se precisó, las autoridades de la Ciudad de México a quienes se atribuyó la emisión de los artículos del Código Civil local negaron la existencia del acto reclamado y lo apropiaron a las autoridades del orden federal, quienes así lo aceptaron en virtud de la fecha de emisión de dicho compendio legal; corroborado con el rubro del decreto legal que establece: "El C. Presidente Constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: "..., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en uso de la facultad que ha tenido a bien conferirme el H. Congreso de la Unión por Decretos de 7 de enero y de 6 de diciembre de 1926 y de 3 de enero de 1928, expido el siguiente: [.]". Luego, si dicho código fue originalmente expedido por el Presidente de la República, y los numerales reclamados carecen de alguna nota sobre reforma o modificación, entonces su emisión es solo atribuible a las autoridades del orden federal, operando la causal de sobreseimiento por inexistencia respecto de las locales, en concordancia con sus informes. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, en Materia(s): Común, que dispone: "INFORMES NEGATIVOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si de los informes de las autoridades responsables, aparece que negaron los actos que les fueron reclamados, si de autos no aparece que el promovente hubiera rendido prueba alguna que desvirtúe dichos informes, debe dársele pleno valor probatorio, sin que para ello sea óbice lo alegado en el escrito de revisión, en el sentido de que fueron rendidos sin la debida justificación, toda vez que la carga de la prueba en el caso, incumbía al quejoso, quien afirmó la existencia de los actos que motivaron el juicio constitucional, y no a cargo de las responsables, quienes se limitaron a negarlo." Por tanto, ante la inexistencia incontrovertida de los actos atribuidos a la Jefa de Gobierno y a la Asamblea Legislativa, ambos de la Ciudad de México; con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER el presente juicio, respecto de ellos. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver lo que corresponda, es necesario narrar los siguientes antecedentes procesales: I. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, ... denunció la sucesión intestamentaria a bienes de .... La promovente indicó estar casada con el de cujus, y que no tuvieron hijos durante el matrimonio. II. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la ocursante denunciando el juicio sucesorio y se le previno para que informara los nombres de los padres del difunto, y si tuvo hermanos. III. El seis de diciembre de dos mil veintiuno el Archivo General de Notarías informó que no tenía registros de testamentos relacionados a ... . IV. El seis de diciembre de ese año, ... presentó la información requerida sobre los familiares del difunto, y al efecto refirió a los tres hermanos de éste [aquí quejosos] y sus domicilios; personas que se apersonaron al procedimiento. V. El doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos para el dictado de resolución interlocutoria correspondiente a la primera sección del juicio; en la que se declaró como únicos y universales herederos a ..., así como a los quejosos; en la proporción que marca el artículo 1627 del Código Civil para esta ciudad, esto es, dos tercios para la cónyuge supérstite y el restante tercio en partes iguales entre los hermanos. Asimismo, se declaró como albacea definitiva a la denunciante de la sucesión. VI. Inconformes con esta determinación, los hermanos del autor de la sucesión, por sendos ocursos, interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien por sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictada en los tocas ... y ..., decidió confirmar la interlocutoria primigenia. Esta sentencia es el acto reclamado. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo se estudia aún de oficio, antes de abordar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En este asunto [además de la causal que invocan el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Gobernación, y que será analizada en el siguiente considerando], la Asamblea legislativa de esta Entidad Federativa señala que se actualiza la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ausencia de conceptos de violación contra la ley que se reclama; misma porción invoca la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, porque la quejosa no acredita que la norma sea inconstitucional, por medio de conceptos de violación. Esta causal es de desestimarse. Ello es así, porque independientemente de su eficacia, contrario a lo que sostienen las autoridades, en la demanda sí se elaboran argumentos, aunque sean de forma incipiente, para cuestionar la regularidad de la norma, por ejemplo, al mencionarse que la ley es inconstitucional porque la acreedora no tiene necesidad alimentaria y dado que los quejosos tenían mayor cercanía con el difunto; y que se afecta su dignidad al imprimirles un trato diferenciado a los hermanos respecto de la cónyuge supérstite. Por lo que esos argumentos, siendo existentes, en su caso ameritan ser analizados en cuanto a su viabilidad, pues iteran los demandantes, a grosso modo, que los artículos combatidos son inconstitucionales, lo que amerita decidir si tienen o no razón; situación que además, hace necesario un estudio detallado y más profundo sobre los alcances y suficiencia de tales expresiones. Así, queda excluida la posibilidad de tener por surtidos los extremos de esa causal de improcedencia, pues tales figuras requieren en todos los casos ser notorias y manifiestas, esto es, que se surtan sin mayor rigor probatorio o argumentativo, puesto que al tener incidencia en el derecho de acceso a la justicia, se hacen de intelección estricta. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." SÉPTIMO. Análisis oficioso de la procedencia de la acción de amparo por lo que hace a los actos de publicación y refrendo de la norma que se atribuyen al Diario Oficial de la Federación y Secretaría de Gobernación. Como ya se dijo, siendo una cuestión de oficio y estudio preferente, el suscrito analizará la procedencia de la acción de amparo por lo que hace a las disposiciones normativas reclamadas. Y en el caso, respecto de los actos de refrendo y publicación opera la improcedencia de la acción, aunque en el desahogo de la demanda se dijo que se reclaman por vicios propios tales actos del proceso legislativo, lo cierto es que sólo se menciona, pero sin hacer los señalamientos concretos que identifiquen tales irregularidades. Esto es, sin un acto específico o circunstancia que apunte a la irregularidad que buscan combatir en esta sede, para que este órgano lo examine de forma particular. De modo que por lo que hace a las apuntadas autoridades, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. El primer artículo referido prevé que el juicio es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en su caso, de la propia legislación. La segunda disposición establece de forma específica que cuando se reclamen normas generales, el quejoso deberá señalar a las autoridades encargadas de su refrendo o publicación, cuando les atribuya vicios propios. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa aunque dice combatir por vicios propios la publicación y refrendo de los artículos, no expone las causas que dan cuenta de tal evento, por lo que no es dable tenerla combatiendo de forma real y directa los vicios propios de esa fase del procedimiento legislativo, pues a criterio de este órgano no basta aludir que se combate la publicación y el refrendo de la ley, sino que tiene que haber señales concretas, objetivas y reales de que ello en efecto se está haciendo. De ahí que al no haber esas muestras que revelen que se está cuestionando el acto de autoridad de manera específica por irregularidades identificadas que ameriten la intervención judicial, se actualiza la causa de improcedencia mencionada y por tanto se impone sobreseer el juicio respecto de las autoridades encargadas de dichos actos. Se cita al respecto la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Al no existir más causales de improcedencia planteadas por las partes o advertidas de oficio, se analiza la cuestión de fondo. OCTAVO. Conceptos de violación. En esencia, la parte quejosa sostiene que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales por lo siguiente: 1. Indican que se violenta en su perjuicio el principio de legalidad al no resolverse de forma exhaustiva y congruente los agravios expresados en la apelación. Dicen se expuso el tema sobre la indebida partición, ya que en la primera sección no corresponde hacer asignación de porcentajes a los herederos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, pues antes de la partición, la masa hereditaria constituye un patrimonio común. Otro tema que se expuso fue el de la inconstitucionalidad de los artículos 1627 y 1628, porque en el juicio de origen son inconstitucionales; ya que en el caso, la supérstite nunca necesitó alimentos del de cujus; y aun así, el juez dividió el porcentaje contra el principio de igualdad y sin considerar que los hermanos son del mismo núcleo familiar y tan importantes para el autor como ella; de modo que no tienen ninguna aplicación en el caso, pues no hay ninguna razón para decretar una porción mayor a la cónyuge supérstite. 2. La sentencia es incorrecta puesto que afirma indebidamente que no se está haciendo partición de bienes, sin justificar porqué fue correcto que el juez hiciera la declaración del porcentaje que a cada heredero corresponde; y menos aún porque ello ocurre en la primera etapa, lo cual es contrario al artículo 1779 del Código Civil para esta ciudad. 3. Es irregular que la autoridad sostuviera que carece de facultades para resolver sobre la constitucionalidad de los artículos 1627 y 1628 del Código Civil para esta ciudad y que ello corresponde solo al Poder Judicial de la Federación, pues a la Sala sí le compete un control difuso. 4. Los quejosos expresaron ante la Alzada que los artículos apuntados son inconstitucionales e inaplicables al presente caso, ya que la supérstite no tiene necesidad alimentaria ni requirió alimentos; incluso, los quejosos también son parte del núcleo familiar cercano del difunto, incluso antes que la tercera interesada. De modo que no hay razón para otorgarle una mayor proporción. Dicen los quejosos que la responsable apoya su decisión en la figura del matrimonio pero no da razones para otorgar una porción menor de la herencia; y no hay una mayor relevancia afectiva de la cónyuge que entre los hermanos; ni existe razón alimentaria para restarles porcentaje. 5. Para explicar la conclusión de que los artículos reclamados son inconstitucionales en el caso concreto, es necesario tomar en consideración que la Suprema Corte ha determinado que los derechos fundamentales inciden en relaciones entre particulares; y al efecto invoca la jurisprudencia 1a./J. 15/2012 (9a.) de la Primera Sala, intitulada: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.". Asimismo, indican que el Máximo Tribunal ha determinado que el análisis y estructura de los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación vinculan no solo al Estado, sino a los particulares; lo cual apoya en la tesis 1a. XX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES." Añaden que la Suprema Corte ha establecido parámetros para medir la incidencia de la afectación al derecho a la igualdad en relaciones privadas, siendo esto la presencia de relaciones asimétricas; repercusión social de la discriminación; y afectación a la dignidad, lo que apoya con la tesis 1a. CDXXVI/2014 (10a.), de título: "PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. FACTORES PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES." 5.1. En esa medida dicen que hay una relación asimétrica porque las autoridades aplican los artículos reclamados sin un debido análisis sobre tal aplicación, siendo que hay un trato diferenciado entre los hermanos y la cónyuge supérstite; y no hay razonabilidad en la diferencia de trato que les otorga la responsable; siendo equivocado que se privilegie la relación más cercana, favoreciendo a la cónyuge por encima de los hermanos, quienes pertenecieron más tiempo al círculo cercano del difunto, sin que exista prueba de que ella era más cercana. (al respecto invoca tesis sobre discriminación y el principio de igualdad.) NOVENO. Análisis de los motivos de inconformidad respecto de la constitucionalidad de los artículos 1627 y 1628 del Código Civil para la Ciudad de México. En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse al que concierne a su acto de aplicación, de manera que, por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo, ya que en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación. En apoyo, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, con registro digital: 191311. Novena Época, en Materias(s): Constitucional, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Como se ve del resumen de los conceptos de violación, específicamente los asertos que tocan la regularidad de las normas reclamadas (5 y 5.1), se aprecia que la parte quejosa enfatiza que en el caso no es dable imprimir un trato diferenciado entre hermanos y cónyuge supérstite, quien además no tiene necesidades alimentarias y sin que exista un vínculo más cercano entre ella y los hermanos. Asimismo, que la forma en que la autoridad aplica las disposiciones, ponen de manifiesto la relación asimétrica creada en detrimento al derecho a la igualdad y no discriminación. Decisión: Los conceptos de violación son inoperantes, pues a criterio de este órgano, la manera en que se plantea la irregularidad de la norma descansa mayormente en la cercanía personal (subjetiva) que crea el lazo de hermandad en comparación con el del matrimonio; y porque se destaca que la inconstitucionalidad se patentiza por la indebida aplicación de los dispositivos al caso concreto. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." En el caso, los artículos reclamados disponen lo siguiente: "ARTICULO 1627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrán dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. ARTICULO 1628.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos artículos anteriores, aunque tenga bienes propios." Estos ordinales encuentran aplicación dentro de un procedimiento de sucesión intestamentaria (legítima o ab intestato); a efecto de definir el porcentaje que corresponde al o la cónyuge supérstite respecto de los hermanos, correspondiendo dos tercios para el consorte vivo y el resto para el o los hermanos; lo cual operará aun cuando el o la superviviente contase con bienes propios. De modo que la regla que la ley impone es una de preferencia patrimonial a favor del cónyuge supérstite por encima de los hermanos; lo cual atiende al principio general sucesorio de que los familiares más próximos excluyen a los más remotos; y que se recoge en el artículo 1604 del Código Civil para esta ciudad; cercanía o proximidad que depende del parentesco, y no por lo afectivo o emocional del vínculo, esto es, por una cuestión formal nacida por la relación de matrimonio y que goza de protección especial dado que es uno de los medios para fundar una familia nuclear, esto es, propia e independiente del tronco común que vincula a los hermanos. No obstante, el supuesto de inoperancia se actualiza porque los quejosos informan que su cercanía obedece a que conocieron de más tiempo al autor de la sucesión y que tenían fuertes lazos afectivos; y que ésta no tiene necesidades alimentarias. Esto es, radica en cuestiones subjetivas y particulares de su relación con el fallecido, y en cuanto a la situación patrimonial de la denunciante de la sucesión. Sin embargo, a criterio de este órgano, tales posturas descansan en una situación intangible y exclusiva de los hermanos quejosos, por ser de índole afectivo respecto del de cujus, o por el tiempo de conocerlo; de modo que no son susceptibles de impactar negativamente en la presunción de constitucionalidad de la norma, dado que la eventual irregularidad de ésta depende de sus características propias y de circunstancias generales, en razón de todos sus destinatarios, no así de la situación particular de ciertas personas específicas, ni de que puedan tener o no determinados atributos, debido al carácter general, abstracto e impersonal de la ley. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 182/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Constitucional, que dispone: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES Y NO DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN. Los argumentos planteados por quien estima inconstitucional una ley, en el sentido de que él no tiene las características que tomó en consideración el legislador para establecer que una conducta debía ser sancionada, no pueden conducir a considerar a la ley como inconstitucional, en virtud de que tal determinación depende de las características propias de la norma y de circunstancias generales, en razón de todos sus destinatarios, y no así de la situación particular de un solo sujeto, ni de que pueda tener o no determinados atributos." Asimismo se cita la diversa jurisprudencia 2a./J. 88/2003 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, en Materias(s): Común, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley." Aunado a lo anterior, no escapa de la atención del suscrito juzgador que entre sus conceptos de violación, la parte quejosa apunta a que la inconstitucionalidad y trato diferenciado deviene por la inaplicabilidad de tales dispositivos en el caso concreto y la falta de análisis por parte de la Sala responsable; situación que a criterio de este órgano se torna en una discusión de legalidad y no propiamente de constitucionalidad. Orienta lo anterior la tesis con registro digital: 232244, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, en Materias(s): Constitucional, que dispone: "LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. NO DEPENDE DE LOS ACTOS DE APLICACION. La constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley no puede depender de la legalidad o ilegalidad de los actos concretos de aplicación, sino, en todo caso, de su texto mismo, en cuanto contravenga algún precepto constitucional. Aunado a lo anterior, se considera que las tesis invocadas sobre eficacia de los derechos humanos en relaciones entre particulares, no justifican la causa de pedir, ni revelan un escenario de discriminación, pues tales precedentes son aplicables a casos de relaciones jurídico-privadas, esto es, en cuanto a la eficacia de los derechos fundamentales entre personas distintas a las autoridades. Lo anterior, porque el caso no versa directamente sobre el respeto a derechos humanos entre particulares, ni cómo se desarrollan en relaciones de derecho privado, ya que en el presente asunto quien dirime la controversia y fija la situación jurídica de las partes es precisamente una autoridad judicial, pronunciando el derecho a través de una sentencia que es un documento público. En esta tesitura, se dan por contestados los asertos que se apoyan en tales criterios, que por el supuesto que regulan, no apoyan a revelar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, que establece: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." Estos son los razonamientos por los cuales debe desestimarse la acción de amparo contra los artículos reclamados ante la inoperancia de los conceptos de violación; por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto de dichos numerales. DÉCIMO. Estudio de legalidad respecto del acto judicial de aplicación, consistente en la sentencia de segunda instancia dictada en los tocas ... y ... . Como se ve del resumen en el considerando octavo de este fallo, respecto de este reclamo, los quejosos exponen diversos motivos de inconformidad; que se enfocan en los siguientes tópicos: a) Se hizo una partición en la primera sección del juicio, lo cual es ilegal al contravenir el artículo 1779 del Código Civil para esta ciudad. b) Que a la cónyuge supérstite nunca le hicieron falta alimentos, de modo que no hay razón para asignarle un porcentaje mayor de la herencia. c) La autoridad sí cuenta con facultades para examinar la inconstitucionalidad de normas empleando un control difuso. Decisión: Los conceptos de violación son infundados, porque la decisión de la Sala responsable, se apega al parámetro de legalidad que imponen las normas civiles que la informan. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En cuanto al primer tema que motiva la inconformidad de los quejosos, en que sostienen que es ilegal que la Sala no haya advertido, aun cuando se le expuso vía agravio, lo relativo a la inadecuación de la partición hecha en la sección primera del sucesorio, lo cual atenta contra el artículo 1779 del Código Civil para esta ciudad, debe decirse que no asiste razón a la parte quejosa. Ello es así, porque la asignación porcentual no es equiparable a la partición. Para comprender los alcances del mencionado dispositivo, es inviable una lectura aislada, pues lo que se requiere es un entendimiento sistemático de las normas civiles aplicables en sucesiones intestamentarias, particularmente al contexto sobre la figura del albacea [que también se designa en la sección primera], que es a quien se encomienda la representación de la sucesión y por ende, su asignación es preferente e inmediata para evitar dejarla acéfala; y eso puede advertirse del contenido de los artículos 1705, 1706, fracciones VII y VIII; 1682, 1683, 1684, 1685 y 1687 del Código Civil, que establecen: "ARTICULO 1705.- El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia. ARTICULO 1706.- Son obligaciones del albacea general: [.] VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella; ARTICULO 1682.- Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. ARTICULO 1683.- La mayoría, en todos los casos de que habla este Capítulo, y los relativos a inventario y partición, se calculará por el importe de las porciones, y no por el número de las personas. Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los herederos, para que haya mayoría se necesita que con ellos voten los herederos que sean necesarios para formar por lo menos la cuarta parte del número total. ARTICULO 1684.- Si no hubiere mayoría, el albacea será nombrado por el juez, de entre los propuestos. ARTICULO 1685.- Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se observará también en los casos de intestado, y cuando el albacea nombrado falte, sea por la causa que fuere. ARTICULO 1687.- Cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, el juez nombrará el albacea, si no hubiere legatarios." Como se ve de estas disposiciones, es función del albacea representar a la sucesión a fin de que ésta no quede desprotegida frente a eventos jurídicos externos; y encuentre dentro del juicio, a quien asignar las responsabilidades propias de su instrucción y la coadyuvancia con el Juzgador para que concluyan todas las etapas del procedimiento. Por analogía, se invoca la tesis VII.2o.C.92 C (10a.). Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Civil, que establece: "ALBACEA. SI NO SE INTEGRARE LA MAYORÍA, SU DESIGNACIÓN CORRESPONDE AL JUEZ, EN USO DE SU FACULTAD DISCRECIONAL, ATENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1617 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, LA CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADA. Debido a que el albacea es el representante de la sucesión, ésta no puede quedarse acéfala, por lo que es necesario que se designe uno, aun en contra de las intenciones de los herederos, porque en determinado momento se pueden afectar los derechos de terceros. Por lo cual, si no se integrare la mayoría (de personas y de intereses) a que se refiere el artículo 1617 del Código Civil para el Estado, la designación de albacea corresponde al Juez, quien elegirá de entre los propuestos, el heredero que pareciere más idóneo para el ejercicio a su cargo, sin embargo, esta facultad discrecional no debe ser arbitraria; por ende, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe estar debidamente motivada, esto, para que los herederos puedan rebatir dicha designación." Y en los asuntos intestamentarios, la falta de un albacea designado previamente por el de cujus [concomitante a la falta de una disposición testamentaria], da lugar a que se haga su asignación considerándose la mayoría de los votos, mismos que dependen, no del número de personas, sino de sus porciones. Esto es, la asignación del porcentaje desde la declaratoria de herederos, con apoyo en el contenido de los artículos 1627 y 1628 del Código Civil para determinar, no es equiparable a la partición, en tanto que atiende a la finalidad de tener por designado al albacea, lo cual es preferente y apremiante a fin de no dejar sin representación a la sucesión; lo cual es distinto a dar por terminado el patrimonio común. En efecto, el artículo 1779 citado, establece: "ARTICULO 1779.- La partición legalmente hecha, fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos."; de lo que se colige que el efecto de la partición hereditaria es fijar la porción determinada de bienes que corresponde a cada heredero, a fin de asignar una propiedad exclusiva, terminando así la copropiedad. Al respecto, se invoca la tesis I.8o.C.13 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "PARTICIÓN HEREDITARIA. SUS EFECTOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Es inexacto que para establecer si un bien fue adquirido antes o después del matrimonio, entrando o no a formar parte de la sociedad conyugal, deba atenderse al momento en que tuvo lugar la adjudicación en un juicio sucesorio. En efecto, relacionando el texto de los artículos 1288 y 1779 del Código Civil para el Distrito Federal, se concluye que la partición hereditaria sólo fija la porción determinada de bienes que corresponde a cada heredero, terminando así con la copropiedad y atribuyendo, por consiguiente, una propiedad exclusiva, lo que significa que la partición no hace nacer el derecho de propiedad, porque éste nació con la muerte del autor de la herencia, sino simplemente tiene como consecuencia cambiar ese mismo derecho que se ejercía sobre una copropiedad, para que en lo sucesivo recaiga sobre bienes determinados." De tal suerte que el señalamiento del porcentaje a que se refieren el artículo 1683 a 1687 del Código Civil no es equiparable a la partición, porque no varía el régimen de copropiedad que existe sobre el total del patrimonio heredable, y que prevalece con independencia de la determinación del porcentaje, ni le permite a un heredero la libre disposición de algo particular, como se colige de los artículos 1281, 1288 y 1289 del Código Civil para esta Ciudad, que establecen: "ARTICULO 1281.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ARTICULO 1288.- A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división. ARTICULO 1289.- Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria; pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión." Luego, contrario a lo que afirman los quejosos, la designación del porcentaje no es por sí misma ilegal en este momento de la primera sección, pues a diferencia de ese acto judicial en que se señalan herederos y determina al albacea, la división de herencia es el acto que pone fin a la comunidad del patrimonio sucesorio mediante la adjudicación a cada heredero de los bienes determinados que le corresponden; lo que evidencia que previo a ello, lo que justifica la asignación del porcentaje es la facilitación en la designación de un albacea, de acuerdo a lo que prevén particularmente los invocados artículos 1682 y 1683 del Código Civil. Por otro lado, también debe desestimarse la inconformidad contra la sentencia reclamada que se hace descansar en que a la cónyuge supérstite nunca le hicieron falta alimentos, por lo que no hay razón para asignarle un porcentaje mayor de la herencia. Y es así porque el derecho contiene una presunción iuris et de iure, o de pleno derecho, que opera en los asuntos ab intestato para dar mayor protección a la familia cercana e inmediata, como son los y las cónyuges, de acuerdo a la regla establecida en el preinvocado artículo 1604 del Código Civil, por ser con quienes se funda una familia nuclear propia e independiente; prefiriéndolos por encima de los parientes más remotos, aun cuando con éstos se tuviera una fuerte relación afectiva y de mucho tiempo, pues tal circunstancia resulta ser del orden material y casuístico, empero, no representa una causa para dejar de privilegiar a la familia nuclear que pierde a alguno de sus fundadores (cónyuges en el caso). Situación que impera aunque el o la supérstite tenga medios patrimoniales propios; ya que lo relevante para el derecho sucesorio es la protección patrimonial de la familia, y no por sí mismo, un estado de necesidad; situación que revela lo infundado de los argumentos de los quejosos. La razón de ser de esta cuestión descansa en que el autor de la sucesión se separa del núcleo inicial que integró con sus padres y hermanos, al haber contraído matrimonio; y ante su muerte, la ley privilegia el cuidado para los que después del casamiento le son más cercanos, como es la esposa o esposo, para que la protección de ese núcleo, en una vertiente patrimonial, prevalezca aun ante el deceso; e incluso, de haber descendencia propia en esa nueva familia, el o la supérstite cuente con un mayor acervo patrimonial para el cuidado de los hijos ante la ausencia de un progenitor. Al respecto se cita el criterio VII.2o.C.167 C (10a.) Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Civil, que establece: "SUCESIÓN INTESTAMENTARIA. EL DERECHO PREFERENTE A HEREDAR DE LOS DESCENDIENTES Y CÓNYUGE DEL AUTOR DE LA HERENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1548 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. De conformidad con el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad; ésta puede ser catalogada como nuclear o extensa. La primera es la conviviente formada por los miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado por los padres y sus hijos. Mientras que la extensa se define como aquella estructura de parentesco que habita en un mismo hogar y está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones, puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes, tíos, abuelos, bisabuelos, entre otros. Ahora bien, el artículo 1548 citado, establece que a falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por partes iguales. En este sentido, esa prelación tiene una finalidad constitucionalmente válida que consiste en la protección a la familia nuclear del autor de la sucesión que conforman el cónyuge supérstite e hijos, ya que el de cujus dejó de formar parte del núcleo inicial que integró con sus padres al haber contraído matrimonio y tener descendientes. Luego, si en materia de sucesiones los parientes próximos excluyen a los más remotos, en términos del diverso artículo 1537; entonces el cónyuge e hijos tienen un derecho preferente a heredar, pues conforman el núcleo familiar del autor de la sucesión y, por ende, deben suceder en primer término." Finalmente, respecto de los argumentos que se hacen valer sobre la facultad omitida de la Sala de ejercer un control difuso de constitucionalidad, estos se califican como fundados pero inoperantes. Esta calificación de los conceptos de violación se genera cuando la transgresión apuntada por el inconforme, aun siendo cierta, es insuficiente para resolver el asunto en forma favorable a sus intereses; pues a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de analizar una cuestión que no culminaría con una resolución favorable. Orienta esta afirmación, la tesis de jurisprudencia 170, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 394126, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, en Materia(s): Común, Página: 114, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." En el caso, ciertamente la autoridad responsable erró al desconocer las facultades que tiene para ejercer un control difuso de la Constitución a partir de sus reformas de diez de junio de dos mil once; y enfocar su atención al control concentrado que efectivamente corresponde al Poder Judicial de la Federación con vías directas de control como es el Juicio de Amparo. Lo anterior, se orienta con la tesis P. LXX/2011 (9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, que dispone: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad." Sin embargo, lo inoperante radica en que si la responsable considera que la norma no es contraria a las Leyes Supremas con que se ejerce el control de regularidad, basta con que lo mencione en una frase expresa; y con ello se tiene por satisfecho su deber y se entiende que realizó el control difuso respetando el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido. Situación que finalmente sí ocurrió precisamente con la expresión empleada por la Sala en la foja 16 de la resolución reclamada, donde sostuvo: "Derivado de lo anterior, debe decirse a los recurrentes que el hecho de que estén en desacuerdo con lo que prevén los artículos 1627 y 1628 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no significa que sean inconstitucionales, pues no violentan ningún derecho fundamental, en virtud de que, como se precisó en párrafos que anteceden, dichos artículos tienen su razón de ser conforme al derecho hereditario [.]". De modo que aun cuando la Sala desconociere sus potestades conforme al control difuso, finalmente sí lo ejerció al dar su postura de forma expresa, diciendo que no consideraba a esos artículos como violatorios de la Constitución. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCXC/2015 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, que establece: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. En atención a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento considera que la norma no es contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas de nuestro sistema; ello, porque no puede imponerse al juzgador natural la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que ese proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de control que están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. Por tanto, es inexacto considerar que en su demanda de amparo el quejoso deba combatir el análisis de constitucionalidad efectuado por la autoridad responsable, pues el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales por vía de acción se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, tratándose de procedimientos de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes -planteado expresamente por el solicitante de amparo- forma parte de la litis y, por ende, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a pronunciarse de forma directa sobre éste. De ahí que los juzgadores de amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes al dictar sentencia en amparo directo cuando estos aspectos sean planteados en los conceptos de violación, sin que los pronunciamientos que hubiese realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad, por medio del ejercicio del control difuso, limiten o condicionen el ejercicio de las facultades del control concentrado." Por todo lo expuesto, y dado que este órgano no advierte causa para suplir la deficiencia de la queja al tratarse de un asunto en materia sucesoria, es que deben desestimarse los conceptos de violación; y por ende, negar el amparo. Al efecto, se invoca la tesis 1a./J. 65/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por 1245/2022 promovido ***, por propio derecho, contra actos reclamados a la Asamblea Legislativa, Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México; así como Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, por los motivos precisados en los considerandos cuarto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra actos de la Primera Sala y Juez Quinto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y Presidente de la República y Congreso de la Unión; por las razones expuestas en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1245/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su ampliación; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. En este acto se cuenta con la promoción con folio 3406 Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Respecto del escrito de cuenta se tiene a la parte tercera interesada realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos las que serán relacionadas en la etapa procesal oportuna. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se indica que la quejosa ofreció una documental, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, mismas que se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Al no haber mas elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la tercera interesada, los formuló mediante escrito 21246, así como el de cuenta y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
Glósese el oficio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. En otro orden, se tiene como domicilio par oír y recibir notificaciones el que señala y como delegados conforme al numeral 9 de la legislación mencionada, a las personas que refiere la autoridad. Asimismo, se tiene por invocada la causal de improcedencia que indica, con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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