Javier Gan Torres
Expediente 1159/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Javier Gan Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo x, punto x, apartado x, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. 3. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General, dese vista a las partes para que en el término de noventa días hábiles contados a partir de que tengan conocimiento de este proveído, comparezcan a este órgano de control constitucional a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el presente expediente; apercibidos que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos, por tanto, notifíquese de manera personal a las partes, esta determinación, en el entendido de que, tal como lo prevé el artículo 21 en mención, cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión la sentencia de tres de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó este juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. Este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por el Jefe de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Titular de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Campeche, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, y remite copia certificada del oficio xxxxxxxxxxxx acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte. Con apoyo en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, las documentales que remitió para apoyar su informe, las cuales se tomarán en consideración al momento procesal oportuno. Ahora bien, toda vez que la citada responsable remitió copia certificada del del oficio xxxxxxxxxxxxxx de nueve de noviembre de dos mil veinte, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional señalada en autos, para resolver sobre la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxxxx, contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO. La omisión de dar contestación al escrito de ocho de septiembre de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable. AUTORIDAD RESPONSABLE. Delegado o Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche; y Director o Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche, ambos con residencia en esta ciudad. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias de autos cuyo valor probatorio pleno quedó de manifiesto. Lo anterior, para lograr una adecuada intelección del problema jurídico a dilucidar. Así tenemos que: De las constancias que remitió el Jefe de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Titular de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Campeche, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, con sede en esta ciudad, adjuntas a su informe justificado, se advierte que obra el oficio xxxxxxxxxxxxxx, de nueve de noviembre de dos mil veinte, pronunciado en atención al escrito presentado el ocho de septiembre del año pasado, cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo, en aquel oficio se aprecia que la autoridad responsable declaró improcedente su solicitud en el sentido de que el cálculo de su pensión se realice conforme (al tope de 10) salarios mínimos y no así a la por unidad de medida y actualización, en estricto acatamiento de la legislación que rige a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; respuesta que fuera notificada de manera personal al aquí quejoso el catorce de diciembre de dos mil veinte. De las constancias que remitieron las autoridades responsables Delegado y Director del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche, con residencia en esta ciudad, en su oficio xxxxxxxxxx, de nueve de noviembre de dos mil veinte, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte, que en atención al escrito de ocho de septiembre del año pasado, presentado ante la citada autoridad responsable el dos de septiembre de dos mil veinte (sic), cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo, se emitió la respuesta de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se observa que declaró improcedente su solicitud en el sentido de que el cálculo de su pensión se realice conforme (al tope de 10) salarios mínimos y no así por unidad de medida y actualización, en estricto acatamiento de la legislación que rige a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respuesta que fuera notificada de manera personal al aquí quejoso el catorce de diciembre de dos mil veinte. Lo que pone de manifiesto que la omisión de respuesta que reclama la parte quejosa ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición de la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señala para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por el Jefe de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Titular de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Campeche, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, y remite copia certificada del oficio xxxxxxxxxxxx acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte. Con apoyo en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, las documentales que remitió para apoyar su informe, las cuales se tomarán en consideración al momento procesal oportuno. Ahora bien, toda vez que la citada responsable remitió copia certificada del del oficio xxxxxxxxxxxxxx de nueve de noviembre de dos mil veinte, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional señalada en autos, para resolver sobre la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxxxx, contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO. La omisión de dar contestación al escrito de ocho de septiembre de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable. AUTORIDAD RESPONSABLE. Delegado o Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche; y Director o Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche, ambos con residencia en esta ciudad. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias de autos cuyo valor probatorio pleno quedó de manifiesto. Lo anterior, para lograr una adecuada intelección del problema jurídico a dilucidar. Así tenemos que: De las constancias que remitió el Jefe de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Titular de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Campeche, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, con sede en esta ciudad, adjuntas a su informe justificado, se advierte que obra el oficio xxxxxxxxxxxxxx, de nueve de noviembre de dos mil veinte, pronunciado en atención al escrito presentado el ocho de septiembre del año pasado, cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo, en aquel oficio se aprecia que la autoridad responsable declaró improcedente su solicitud en el sentido de que el cálculo de su pensión se realice conforme (al tope de 10) salarios mínimos y no así a la por unidad de medida y actualización, en estricto acatamiento de la legislación que rige a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; respuesta que fuera notificada de manera personal al aquí quejoso el catorce de diciembre de dos mil veinte. De las constancias que remitieron las autoridades responsables Delegado y Director del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Campeche, con residencia en esta ciudad, en su oficio xxxxxxxxxx, de nueve de noviembre de dos mil veinte, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte, que en atención al escrito de ocho de septiembre del año pasado, presentado ante la citada autoridad responsable el dos de septiembre de dos mil veinte (sic), cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo, se emitió la respuesta de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se observa que declaró improcedente su solicitud en el sentido de que el cálculo de su pensión se realice conforme (al tope de 10) salarios mínimos y no así por unidad de medida y actualización, en estricto acatamiento de la legislación que rige a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respuesta que fuera notificada de manera personal al aquí quejoso el catorce de diciembre de dos mil veinte. Lo que pone de manifiesto que la omisión de respuesta que reclama la parte quejosa ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición de la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señala para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
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