Javier Flores Bailón
Expediente 1183/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Javier Flores Bailón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1183/2021-III*C El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1.- Que No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes.- Doy fe. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda CUENTA. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2090, con un anexo, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 15/2022; por tanto, hágase saber a las partes que dicho tribunal de alzada en la ejecutoria de que se trata, dictó el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese.
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AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS, EL AUTO DE DIECIOCHO DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vistos; se tienen por recibidos los oficios signados por el delegado de la autoridad responsable Director General del Parque Papagayo Establecimiento Público de Bienestar Social de esta ciudad y Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo en representación de la Gobernadora del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante los cuales interponen recurso de queja en contra de la resolución de cinco de enero del año en curso, en la que se declaró fundado el incidente por incumplimiento a la suspensión concedida a los quejosos xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, David xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odos por su propio derecho, y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo, en su carácter de apoderado legal de xxxxxxxxxxxxxx. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso g), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en la resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional declaró fundado el incidente por incumplimiento a la suspensión concedida a los quejosos, adjuntándole copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, y una vez que se cuente con las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. El precepto citado prevé que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Ahora bien, este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Por esta razón, aun cuando el recurso mencionado quedó exceptuado de la regla general contenida en el artículo 101, párrafo primero, de la propia ley (cuando se impugnen resoluciones que concedan o nieguen aquella medida), conforme a la cual, el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes su interposición para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, ello no altera el sentido de su párrafo segundo, en cuanto dispone que en los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional notificará a las partes e inmediatamente remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En este último caso, aun cuando las acciones consistentes en notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad, no son sucesivas, sino simultáneas, ello no altera ni elimina la previsión concreta de notificar a las partes y envia???????? de inmediato las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del recurso de queja, de ahí que si la única forma de corroborar el cumplimiento de la obligación señalada es a través de la verificación de los comprobantes de la notificación a las partes, entre ellas al recurrente, ello constituye una formalidad insoslayable. Sin que aquélla altere la naturaleza urgente de dicho recurso, pues una vez integradas las constancias relativas e inmediatamente remitidas al órgano revisor, éste cuenta con el plazo legal para resolver lo procedente. Consecuentemente, el trámite del recurso de queja aludido está supeditado a que el Juez de Distrito remita inmediatamente las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito, acompañando los comprobantes de notificación a las partes del auto en el que se tuvo por interpuesto ese recurso. (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 570). Finalmente, dada la voluminosidad de las documentales que integran el incidente de suspensión en que se actúa, para su mejor manejo se ordena abrir el segundo tomo de actuaciones. Notifíquese personalmente.
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Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de enero de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Javier Flores Bailón, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veinte de diciembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por el citado impetrante, adjuntándole copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y***
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Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Javier Flores Bailón, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1183/2021 y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación a la Jueza de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el quejoso o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XX, Septiembre de 2004, página 1361). Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6 y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos preceptos establecen lo siguiente: MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido...;" Conforme a tales preceptos el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo; también se advierte que el juicio de amparo procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Para evidenciar que en la especie se actualiza la mencionada causal de improcedencia, es importante precisar que en la demanda de amparo el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Ordenadora: C. Maestro en Derecho Salvador Delgado Ochoa, Juez de Control y de enjuiciamiento penal del Estado con domicilio calle Copacabana, numero 2, colonia la poza, código postal 39906, edificio centro Integral de Justicia con residencia en Acapulco Guerrero. IV.- ACTO QUE SE RECLAMA.- La CITACION por carecer de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la audiencia de formulación de Imputación que se llevara a cabo a las nueve horas el 21 de diciembre del 2021, en la carpeta judicial C- 19/2021." MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? De lo antes transcrito, se advierte que el quejoso se duele de la citación ordenada por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, para que comparezca a la audiencia inicial de formulación de la imputación, programada para las nueve horas del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en su carácter de imputado, dentro de la carpeta judicial C-19/2021, instruida en su contra, por su probable participación en el hecho que la Ley señala como delito de daño a la propiedad, cometido en agravio de David Jiménez Álvarez. Al respecto, es importante destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Lo que evidencia que la orden de citación emitida en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto realizado fuera de juicio; sin embargo, ello es insuficiente para concluir que en su contra procede el juicio de amparo, habida cuenta que tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, dicho acto no afecta de manera directa y actual la libertad del quejoso. En efecto, el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, inicia con la etapa de investigación; la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público, la policía y los peritos, recaben los datos de prueba para acreditar la realización de un hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando así la integración de la carpeta de investigación, tal y como lo dispone el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Del ordenamiento en cita, se advierte que la etapa de investigación comprende dos fases: investigación inicial e investigación complementaria. En la fase de investigación inicial, el Ministerio Público recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Por otra parte, en la investigación complementaria, también conocida como investigación judicializada, el juez y el imputado conocen de la investigación, y con ello se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? Por su parte, de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales1, se desprende que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta2. Al respecto, el numeral 141, fracción I3, de dicho ordenamiento legal, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 3074 del citado Código, en la audiencia inicial: 1"Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito." "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." 2 El artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio. 3"Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." 4"Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que éstos no se le hubieren informado con antelación. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en la citación a la audiencia inicial, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no le ocasiona un perjuicio al quejoso, en virtud de que la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado (imputado), pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación. Por lo que el Juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado, aquí quejoso en dicha fase procedimental En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría en su caso, hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente de orden de comparecencia o de aprehensión, en el supuesto de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sin que sea óbice el que hecho de que la fracción II del artículo 141 antes citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: a) La inasistencia del citado; b) Que no exista justificación que legitime esa inasistencia, y c) Que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. Por lo que ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso, habida cuenta que, se insiste, en todo caso será hasta que la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público determine librar la correspondiente orden de comparecencia o aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr que se le informe por conducto del Ministerio Público los hechos respecto de los cuales se sigue una investigación en su contra; y en su caso continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado. En otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar orden de comparecencia o aprehensión en su contra. Por lo cual, considerar que el auto de citación del imputado a la audiencia inicial, transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. En tales condiciones, el acto reclamado consistente en la orden de citación a efecto de que tenga verificativo la audiencia inicial de formulación de la imputación, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, cuyas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6 y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su demanda; y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Manuel Gómez Marín y Dionicio Pedro Villagrán Greenwell, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "GREEN", corresponde a Dionicio Pedro Villagrán Greenwell. En consecuencia, como lo solicita expresamente se le autoriza a dicho profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, así como la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el asunto, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, previa toma de razón que obren en autos, a través de solicitud por escrito realizada al Secretario de Juzgado encargado del expediente. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica ??????????????? (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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