Javier Ferreyra Pérez

Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1032/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Javier Ferreyra Pérez
  • Juan Ferreyra Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en tres tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ACTA DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cuarenta y ocho minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito que actúa y da fe, dentro del expediente de amparo , promovido por Javier Ferreyra Pérez, contra actos de Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, comparece Alejandro González Armenta autorizado de la moral tercera interesada BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien se identifica con credencial de elector con clave GNARAL96041616H800, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, documento que ostenta una fotografía que a simple vista coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente y que le es devuelta previa copia certificada que de la misma se deja en autos, por considerar innecesaria su retención; persona que refiere por sus generales las siguientes, llamarse como quedó escrito, de veinticinco años, soltero, licenciado en derecho, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle Andador Provincia de México, número 103, colonia Hacienda La Trinidad, sin más que por el momento interesen. Acto continuo, el compareciente manifiesta que el motivo de su presencia es el de recoger los siguientes documentos: 1. Copia cotejada de la Escritura Pública número ciento doce mil ciento treinta y dos, de trece de enero de dos mil quince. De las cuales en este momento se hace entrega al compareciente, quien en lectura de la presente acta manifiesta: "Recibo de conformidad los documentos descritos y firmo de conformidad en señal de recibo". Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para debida constancia legal, la cual es firmada por los que en ella intervinieron, previa su lectura. Doy fe. El Compareciente. Alejandro González Armenta. El Secretario. Licenciado Leonardo Rojas Barragán.

  3. Principal

    Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó a juicio la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que sólo la moral tercera interesada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, los formuló. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte tercera interesada formulando los alegatos de su parte y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno ante la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán (foja 17), Carlos Humberto Rodríguez Fernández, apoderado de Leobardo Rivera Bustos, Javier Ferreyra Pérez y Juan Ferreyra Meza, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. Por lo anterior, la titular de dicho órgano jurisdiccional realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio J-I-1903/2021 presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad (foja 15), remitió la demanda original, el informe justificado respectivo y el original del expediente 1A-1116/2007, en tres tomos. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien lo registró en su índice como amparo directo 464/2021 y en auto de veintiuno de octubre del año en curso (foja 32) la tuvo por recibida y planteó el returno del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II, V y VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo-. Por ese motivo, el cinco de noviembre siguiente (foja 46) el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número amparo directo laboral 495/2021 y en la misma determinación, se declaró incompetente para conocer de la demanda, en atención a que el acto reclamado -sentencia interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio laboral 1116/2007, que declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por los quejosos- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Returno. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien mediante proveído de diez de noviembre del año en curso (foja 55) ordenó su registro con el número I-1059/2021; asimismo, en dicho auto la homólogo en cita, planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo-. Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En razón de lo expuesto, mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 71) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número II-1032/2021, lo admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y otorgó a la Representación Social de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, en el propio auto de avocamiento se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa y de la tercera interesada que este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento de este asunto. C O N S I D E RA N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: Sentencia interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio laboral 1116/2007, que declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por los quejosos. Acto que atribuye al titular de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 15). Lo que se corrobora con las constancias que remitió consistentes en testimonio autorizado del juicio laboral de origen (tres tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así, en sus conceptos de violación el promovente del amparo aduce en esencia lo siguiente: Que al emitir la interlocutoria reclamada la junta responsable subsanó la contestación deficiente que la demandada incidental realizó, ya que si bien le impuso acreditar la inexistencia de la sustitución patronal, dejó de tomar en cuenta que ésta se configuró con la transmisión de los inmuebles que se construyeron en el centro de empleo; Que de las pruebas allegadas a la secuela incidental se advertía sin dificultad que todos los inmuebles que eran propiedad de las demandadas Servicios Prácticos de Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable; Dinámica Desarrollos Sustentables Sociedad Anónima de Capital Variable; Impulsora del Valle de Tlajomulco Sociedad Anónima de Capital Variable; y, Dynamica Controladora Empresarial Sociedad Anónima de Capital Variable, pasaron a ser propiedad de la sustituta BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, a partir del treinta de julio de dos mil doce, con motivo del contrato de dación de pago que celebraron entre ellas; Que si BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, adquirió esos inmuebles, entonces asumió también los derechos y obligaciones derivados de los mismos, ya que a los trabajadores no se les impone la obligación de conocer quién es su patrón ni menos aún conocer sus cualidades jurídicas y que con mayor razón, tampoco están obligados a conocer las operaciones que se dan entre patrones sustitutos para dolosamente eludir sus obligaciones; y, Que si BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, reconoció que ocupaba el domicilio del centro del empleo e incluso, exhibió el contrato de dación de pago que celebró con las demandada, aun cuando se trate de una empresa distinta a la que contrato a los quejosos, le resultaba la responsabilidad solidaria sustituta. Conceptos de violación que son infundados, como se demostrará a continuación. Para dar sustento a la calificación de los conceptos de violación, se hace necesario en primer término señalar que dentro del juicio laboral de origen, mediante laudo emitido el once de julio de dos mil nueve se condenó a Servicios Prácticos de Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable y a Dinámica Desarrollos Sustentables Sociedad Anónima de Capital Variable; por ser los responsables de la obra denominada fraccionamiento Misión del Valle, al pago de $1,318,067.67 (un millón trescientos dieciocho mil sesenta y siete pesos 67/100 M.N.) a favor de los trabajadores quejosos. Igualmente, es necesario señalar que los argumentos de la junta responsable, para declarar improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por los quejosos, fueron los siguientes: Que la demandada en lo principal Servicios Prácticos de Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable y la demandada incidental BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, tienen domicilios diferentes; Que ambas empresas tienen actividades diversas, ya que BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, se dedica a la prestación de servicios y operaciones bancarias, como se advierte de las pruebas documentales que ésta allegó consistentes en informes remitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Servicio de Administración Tributaria; a diferencia de Servicios Prácticos de Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene como objeto la compra, venta, administración, manejo, corretaje y conservación de toda clase de bienes muebles, urbanos o rústicos; suministrar toda clase de servicios conexos y relacionados con el arrendamiento de inmuebles urbanos o rústicos; elaborar toda clase de proyectos y planos relacionados con la construcción; fabricación, compra, venta, comisión, mediación, distribución y suministro de toda clase de materiales para la construcción, así como la transportación de los mismos, etcétera. Que no era dable considerar que por el hecho de que algunas empresas habiten el domicilio donde los actores manifestaron que realizaron actividades laborales durante la relación de trabajo, se conviertan en patrón sustituto con el condenado; y, Que además en el laudo pronunciado en el juicio de origen, la demanda denominada "Quien resulte propietaria y/o responsable de la obra en construcción del Fraccionamiento Misión del Valle" fue absuelta de pagar a los actores trabajadores las prestaciones que se le demandaron. Establecido lo expuesto, son infundados los conceptos de violación en los que se aduce: Que al emitir la interlocutoria reclamada la junta responsable subsanó la contestación deficiente que la demandada incidental realizó, ya que si bien le impuso acreditar la inexistencia de la sustitución patronal, dejó de tomar en cuenta que ésta se configuró con la transmisión de los inmuebles que se construyeron en el centro de empleo; y, Que de las pruebas allegadas a la secuela incidental se advertía sin dificultad que todos los inmuebles que eran propiedad de las demandadas Servicios Prácticos de Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable; Dinámica Desarrollos Sustentables Sociedad Anónima de Capital Variable; Impulsora del Valle de Tlajomulco Sociedad Anónima de Capital Variable; y, Dynamica Controladora Empresarial Sociedad Anónima de Capital Variable, pasaron a ser propiedad de la sustituta BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, a partir del treinta de julio de dos mil doce, con motivo del contrato de dación de pago que celebraron entre ellas. Lo anterior, porque como se estableció en la resolución reclamada, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, cumplió con el principio de distribución probatoria que se desprende del criterio jurisprudencial 2a./J. 28/2008, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia(s): Laboral, Página 261, Novena Época, registro 170002, que dice: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De la interpretación sistémica de la Ley Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se concluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del procedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal carácter, a éste corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y éste la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto." Se hace esa afirmación, ya que al abordar el estudio de la sustitución patronal, la junta responsable señaló que la misma se actualizaba cuando concurrían los siguientes elementos: Que un centro de trabajo o uno de sus establecimientos sea transmitido, como unidad económica, de una persona a otra, en propiedad; y, Que las actividades sean inherentes al negocio o bien, que se desarrollen de manera ininterrumpida, de conformidad con los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo. Es así, dado que en la interlocutoria reclamada la junta responsable señaló que la moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, negó tener la calidad de patrón sustituto, bajo el argumento que en ningún momento adquirió bajo ninguna clase de figura jurídica el carácter de patrón sustituto que se le imputa, ya que entre ella y la empresa condenada, no hubo ninguna clase de transmisión de activos, pasivos, adquisición total o parcial del patrimonio de aquella; aspecto respecto del cual, el suscrito estima no se actualizó debate probatorio, dado que los mismos quejosos reconocieron que la propiedad que BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer adquirió respecto de diversos inmuebles construidos en el fraccionamiento en el que laboraban los trabajadores, fue con motivo de la celebración de un contrato de dación de pago. De la misma forma, la junta responsable señaló que la moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, negó que ella hubiera continuado con las mismas actividades que Servicios Prácticos de Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable; Dinámica Desarrollos Sustentables Sociedad Anónima de Capital Variable y para acreditar ese extremo, la demandada incidental allegó prueba documental pública consistente en el informe emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se hicieron constar las actividades comerciales de esa empresa, que preponderantemente corresponden al aspecto financiero. De la misma forma, la incidentada allegó documental pública consistente en un informe del Servicio de Administración Tributaria, para acreditar el giro comercial y las actividades para las cuales la empresa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, está constituida; ambas documentales como bien lo resolvió la junta responsable, son idóneas para acreditar que la actividad comercial entre la parte condenada y la demandada incidentista, no guarda correspondencia y por ende, que contrario a lo argumentado por el promovente del amparo, la demandada incidental cumplió con su debito probatorio, al acreditar que no está o continuó desarrollando actividades propias a las que la empresa condenada en el laudo, verificaba. Bajo las anteriores consideraciones, la resolución en la que la junta responsable determinó improcedente el incidente de sustitución patronal es legal, si por principio no quedó demostrada la transmisión de la fuente trabajo como unidad económica, de una persona a otra, en propiedad y menos aún que las actividades sean inherentes al negocio o bien, que se sigan desarrollando de manera ininterrumpida, de conformidad con los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo. Se cita como sustento de lo anterior, el criterio de tesis aislada emitido por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXV, Materia Laboral, Página 1848, Época, Registro 372598, que dice: "PATRON, SUSTITUCION DE. La Suprema Corte, aclarando el texto del artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la sustitución de patrón no afecta a los contratos de trabajo existentes, tanto colectivos como individuales, ha dicho que habrá sustitución del patrón que no afecta a los contratos existentes, colectivos o individuales, siempre que una entidad económica o industrial, cambie de dueño, cualquiera que sea también el medio legal que se use para la traslación de dominio; pero esto no quiere decir que al plantearse el incidente de sustitución de patrón, en todo caso se tenga que demostrar y la Junta que resolver, que los contratos de trabajo colectivos o individuales, están en vigor, ya que esto debe ser materia de juicio y procedimiento principal, pues que en el incidente de patrón sustituto, previo a un laudo, sólo se debe acreditar que, mediante cualquier medio de los autorizados por la ley, una entidad económica o industrial ha cambiado de dueño, habiendo consiguientemente un patrón sustituido y un patrón sustituto, en relación con los trabajadores de dicha entidad económica o industrial, y para el fin de que sea oído y en su caso le afecte el laudo. Además la misma Suprema Corte, ha sustentado el criterio de que la sustitución patronal tiene únicamente efectos procesales." Lo resaltado es propio. Y de la tesis aislada XV.1o.3 L, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, materia laboral, página: 636, Novena Época, registro 204145, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL. La substitución patronal, como fenómeno jurídico, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, opera cuando una persona física o moral adquiere de otra la totalidad o parte de los elementos necesarios para su funcionamiento y continuidad como unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por tal motivo, tiene como consecuencia fáctica la citada continuidad ininterrumpida de la actividad laboral de seguir prestando los bienes o servicios de producción." Igualmente, la tesis aislada I.4o.A.128 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 737, Novena Época, Registro 201812, que dice: "SUBSTITUCION PATRONAL. SE REQUIERE LA TRANSMISION POR CUALQUIER TITULO DE LOS BIENES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PRIMORDIAL DE LA EMPRESA, PARA ACREDITAR LA. El artículo 270 de la Ley del Seguro Social, en su parte conducente establece que hay substitución de patrón en el caso de transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afectos a la explotación con ánimo de continuarla. Ahora bien, transmitir en su acepción gramatical significa dejar a otro los derechos que se tienen sobre una cosa; por tanto, si el uso de los bienes con los cuales la empresa continúa con la explotación de su actividad, encuentra su origen en un contrato de arrendamiento, es manifiesto que no se cumple con el supuesto legal a que se refiere la Ley del Seguro Social, ya que al usuario de los bienes no le fueron cedidos los derechos inherentes a éstos, pues únicamente se le permite su uso, circunstancia que no justifica la transmisión requerida legalmente; por tanto, no se establece la sustitución patronal." De ahí lo infundado de los conceptos de violación materia de estudio en este apartado. Por otra parte, es inoperante, el concepto de violación en el que el accionante del amparo aduce que si BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, adquirió esos inmuebles, entonces asumió también los derechos y obligaciones derivados de los mismos, ya que a los trabajadores no se les impone la obligación de conocer quién es su patrón ni menos aún conocer sus cualidades jurídicas y que con mayor razón, tampoco están obligados a conocer las operaciones que se dan entre patrones sustitutos para dolosamente eludir sus obligaciones. Así es, porque para que este juzgador estuviera en condiciones de emprender de este concepto de violación, el accionante del amparo debió señalar, el sustento jurídico de su argumento en el que señaló que que si BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, adquirió esos inmuebles, entonces asumió también los derechos y obligaciones derivados de los mismos, esto es, cuál artículo establece que quien adquiere bienes de una determinada negociación, asume los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales. Sobre todo, porque como quedó anotado en párrafos precedentes, en el caso no se demostró que los inmuebles adquiridos por la incidentada, se hubieran transmitido como una empresa o unidad económica jurídica de producción o distribución de bienes o servicios, de la que pudieran derivarse relaciones de trabajo. Se cita como sustento del argumento expuesto en el párrafo que antecede, por analogía jurídica, la tesis aislada XXI.1o.59 L emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997, página 677, con registro digital 198884, Novena Época, Materia Laboral, que dice: "SUSTITUCIÓN PATRONAL, ELEMENTOS DE LA. NO SE SURTEN SI LA EMPRESA DEMANDADA ADQUIRIÓ EL INMUEBLE DONDE SE UBICABA EL CENTRO DE TRABAJO MEDIANTE ADJUDICACIÓN EN JUICIO HIPOTECARIO. De la interpretación armónica de los artículos 16 y 41 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la figura jurídica de la sustitución patronal surge con los siguientes elementos: a) Que un centro de trabajo o uno de sus establecimientos sea transmitido, como unidad económica, de una persona a otra, en propiedad; y b) Que las actividades sean inherentes al negocio, o bien, se desarrollen de manera ininterrumpida. En tal circunstancia, si la empresa demandada adquiere mediante adjudicación, en virtud del trámite de un juicio hipotecario, el inmueble donde se encontraba el centro de trabajo en que laboraba la parte actora, es evidente que no se actualiza la sustitución patronal, dado que el bien adjudicado pasó a su poder como inmueble en sí, mas no como una empresa o unidad económica jurídica de producción o distribución de bienes o servicios, de la que pudieran derivarse relaciones de trabajo; de ahí la inexistencia del primer elemento referido." Finalmente, es infundado el concepto de violación en el que se argumenta que si BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, reconoció que ocupaba el domicilio del centro del empleo e incluso, exhibió el contrato de dación de pago que celebró con las demandada, aun cuando se trate de una empresa distinta a la que contrato a los quejosos, le resultaba la responsabilidad solidaria sustituta. Lo infundado descansa en que contrario a lo que argumenta el promovente y como ya quedó demostrado en líneas precedentes, la procedencia de la sustitución patronal no depende de que la demandada incidental ocupe o no el domicilio del centro del empleo que anteriormente tenía la parte condenada, sino de que se acredite fehacientemente y conjuntamente los dos aspectos requeridos por el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la transmisión de la fuente trabajo como unidad económica, de una persona a otra, en propiedad y la continuidad de las actividades inherentes al negocio. Se cita como sustento de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la jurisprudencia 1o.T. J/56 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Noviembre de 2007, página 703, con registro digital 170896, Novena Época, Materias Laboral, que dice: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA IDENTIDAD DEL DOMICILIO EN QUE FUE EMPLAZADO EL PATRÓN PRIMIGENIO CON EL DEL SUPUESTO SUSTITUTO, NO BASTA PARA QUE OPERE AQUÉLLA. Para que opere la sustitución patronal no basta con que haya identidad en el domicilio en que fue emplazado el patrón primigenio con el del supuesto sustituto, sino que es menester, en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que haya una adquisición total o parcial del patrimonio por el nuevo patrón y la continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituido, aspectos que deben quedar plenamente demostrados." Por ello, se impone negar el amparo solicitado respecto de la interlocutoria dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral 1116/2007, que declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por los quejosos. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leobardo Rivera Bustos, Javier Ferreyra Pérez y Juan Ferreyra Meza, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, descrito en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese como corresponda el escrito firmado por el apoderado jurídico de la moral tercera interesada BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, mediante el cual se apersona al presente juicio, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11° de la Ley de Amparo, por así tenerlo reconocido ante la responsable, asimismo, señala domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autoriza para tal efecto a las persona que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se comisiona al actuario tome nota del señalamiento de domicilio para realizar las subsecuentes notificaciones. Asimsimo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del ocursante referido. Finalmente, solicita la devolución de los documentos que exhibie junto con su escrito de cuenta, en tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que indica, previa identificación, acta de entrega y copia certificada que de los mismos se deje en autos. Hágasele saber que en relación con las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se emitieron diversos acuerdos con la finalidad de evitar la concentración de personas, y la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, (en específico para la entrega de copias certificadas o devolución de documentos), por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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