Javier Felix Ramirez
Expediente 1446/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Felix Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Agréguese el escrito de ***** representante especial de la menor de identidad reservada, por el que manifiesta la imposibilidad que le asiste para acceder al expediente electrónico del sumario constitucional en que se actúa. Ahora bien, toda vez que en auto de veintinueve de diciembre del año dos mil veintiuno, se le autorizó el acceso, se ordena a la encargada del sistema verifique dicha situación y realice las acciones necesarias para su consulta..."
- Principal
...Agréguense los oficios de 1) la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto Familiar del Centro, Oaxaca, y 2) Jueza del Juzgado Tercero Familiar del Centro, Oaxaca, mediante los cuales rinden informe justificado, la primera de ellas negando el acto reclamado, y la segunda aceptándolo parcialmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días. Así también, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada las documentales que exhibe la segunda de las responsables. Causa de improcedencia Ahora bien, visto el contenido de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, en lo de interés se advierte, que la parte peticionaria de amparo esencialmente reclama: La negativa de dictar resolución interlocutoria que resuelva el incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente familiar 339/2008, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Centro, Oaxaca. Ahora bien, de las constancias ya valoradas con antelación, remitidas por la autoridad Jueza del Juzgado Tercero Familiar del Centro, Oaxaca, se desprende que mediante resolución de siete de enero del año en curso, dictado en el expediente familiar 339/2008, la responsable dictó resolución interlocutoria, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, mismo que fue notificado al aquí quejoso el once de enero siguiente. Lo que revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que, como se precisó en párrafos anteriores, la autoridad responsable acreditó haber dictado la resolución interlocutoria señalada como acto reclamado dentro del sumario constitucional en que se actua. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, d conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, cabe precisar que no ha lugar a requerir a la parte quejosa, para que amplíe su demanda de amparo, en contra del acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 339/2008, a través del cual, la responsable dictó resolución interlocutoria, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia. Ello, es así ya que contra dicha determinacióndeviene improcedente al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia penal encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Sirven de ilustración, las tesis siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procésales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Tesis XIX.2º.13K, publicada a página 340, Tomo III, Enero 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda recurso alguno o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados; y que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto se trate de aquellos que: a) Importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Se trate de persona extraña al procedimiento. El principio de definitividad que rige el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse éste de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, los promoventes deben previamente a sus promociones, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. En el caso concreto contra el auto de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 339/2008, a través del cual, la responsable dictó resolución interlocutoria, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, con forme al artículo 405, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevé expresamente el recurso apelación, el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 405.- Los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a sus promociones, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXI y XVIII, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
"... Visto el estado de autos, se desprende que el plazo de quince días, concedido a las autoridades responsables Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de lo Familiar, solicitado en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, transcurre del cuatro al veinticuatro de enero de dos mil veintidós; tomando en consideración que fueron notificadas de dicho auto el tres de enero de la presente anualidad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Ahora, es importante señalar que ... es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; ... Aunado, a que, si quisieran formular alegaciones, éstas podrán ser presentadas por escrito con anterioridad a la hora y fecha de la audiencia constitucional...."
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