Javier Favela Anguiano

Expediente 809/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
809/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Javier Favela Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    ACEPTA COMPETENCIA Agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por el cual informa a este órgano que se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO Por otra parte, gréguese a los presentes autos la promoción recepcionada de forma electrónica en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, relativa al oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 198/2019 (orden 538/2019) del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó notificar al quejoso Javier Favela Anguiano el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. ...En razón de lo anterior, no ha lugar a acusar recibo de estilo correspondiente en virtud de la vía de su recepción. SE ORDENA ARCHIVO Ahora bien, atendiendo a que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto, dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESTINO EXPEDIENTE Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas del expediente de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio S-N.3/2019 signado por el SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, por medio del cual, remitió a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, el escrito de demanda suscrito por JAVIER FAVELA ANGUIANO. Visto el libelo de amparo promovido por JAVIER FAVELA ANGUIANO, contra los actos del DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE" EN NAYARIT y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 809/2019. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por JAVIER FAVELA ANGUIANO, se advierte que señala como autoridades responsables al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE" EN NAYARIT Y CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE" EN NAYARIT; a quienes les reclamó lo siguiente: "De las autoridades señaladas como responsables reclamo el no cumplir con la garantía constitucional de el derecho a la protección de la salud". (Sic.) Tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado anteriormente referido, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, debe destacarse que en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado tenga ejecución será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que: a) Deba tener ejecución; b) Trate de ejecutarse; c) Se esté ejecutando; o, d) Se haya ejecutado. En el caso, el impetrante reclamó la falta de atención médica, lo que constituye un acto con efectos positivos, que conllevan una ejecución material, por lo que para determinar la competencia del juez para conocer del asunto se debe atender al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En esa tesitura, es necesario precisar que el quejoso de amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra recluido en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE" EN NAYARIT; por ende, es inconcuso que la ejecución del acto que tilda de inconstitucional, se surte en aquella Entidad Federativa y, en consecuencia, tiene que conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: PC.XVI.P. J/3 P (10a.), visible en la página 2124 décima época del Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. Por tanto, al consistir el acto reclamado en la falta de atención médica, resulta evidente que el mismo constituye un acto negativo con efectos positivos, ya que se produce una afectación que trasciende a la materialidad, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente; por ende, es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que el quejoso se encuentra recluido, en el caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, de conformidad en los acuerdos segundo, fracción XXIV, y cuarto, fracción XXIV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, el original del presente juicio de amparo. Sin que en el caso se realice pronunciamiento alguno en relación a la suspensión de plano, en virtud que el acto que reclama el promovente -falta de atención médica- no es de aquellas que comprometan gravemente la dignidad del promovente al grado de equipararse tal situación a un tormento, esto, conforme a lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Asimismo, se solicita al homólogo federal se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y, una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", CON SEDE EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal,u en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, para que en auxilio de la labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el contenido del presente proveído al quejoso, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", CON SEDE EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso JAVIER FAVELA ANGUIANO, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 809/2019; Le notifique el presente acuerdo; Le corra traslado con copia del presente acuerdo; y , Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este Juzgado por la misma vía. Se solicita al Juez exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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