Javier Facundo Dominguez Castillo
Expediente 1239/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Javier Facundo Dominguez Castillo
Actuaciones
- Principal
MESA IX. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, es susceptible de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión, ni obran constancias originales ofrecidas por la parte quejosa. Notifíquese. QSJA
- Principal
MESA IX. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. A lo anterior, se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el citado informe, téngase por rendido para los efectos legales a que haya lugar. En relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señala como delegadas, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Además, hace valer causales de improcedencia,. Ahora bien, téngase a la autoridad responsable informando que no tiene conocimiento de la existencia de diverso juicio de amparo, lo cual se tiene por informado para los fines jurídicos a que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado, por una parte, la omisión de la Junta responsable de acordar el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número de folio 004397, dentro de los autos del expediente laboral ***. En esa tesitura, y toda vez que, de las constancias remitidas en el informe justificado de cuenta, se aprecia que el doce de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable, acordó el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número de folio 004397, en los autos del juicio laboral ***, determinación que notificó a la parte actora, aquí quejosa el trece de octubre de dos mil veintidós. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, [...] . Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, por una parte, la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de acordar el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número de folio 004397, dentro de los autos del expediente laboral ***. No obstante lo anterior, se encuentra acreditado que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el doce de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable, acordó el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el número de folio 004397, en los autos del juicio laboral ***, determinación que notificó a la parte actora, aquí quejosa el trece de octubre de dos mil veintidós; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. [...] Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículos 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en lo concerniente al diverso actuar reprochado consistente en la omisión genérica de continuar la etapa de ejecución de propio impulso en el juicio generador de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el arábigo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a lo dispuesto en La Ley Federal del Trabajo, en el título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", que comprende del artículo 939 al numeral 946, y en lo que aquí interesa, establecen que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para la ejecución de los laudos y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. La sección segunda del mismo título regula el procedimiento de requerimiento de pago y embargo mediante las disposiciones contenidas en los normativos 954, 955, 957 y 965, de la propia Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes al en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de embargo. El artículo 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. En esa línea, dentro del contexto de la ejecución forzosa del laudo, no se debe perder de vista que los artículos 519 a 522 de la Ley Federal del Trabajo regulan la prescripción, y entre los derechos sujetos a esta figura jurídica, se encuentra en la fracción III del precepto citado en primer término, las acciones para solicitar la ejecución de laudos y convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En ese orden de ideas, considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior al transcurso de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y aunado lo anterior a la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si bien es cierto que en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, entre otros. Por esas razones, es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, se concluye que al reclamarse en el presente juicio de garantías, en términos generales, la omisión de la Junta laboral señalada como responsable, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo resulta improcedente en lo que a dicho acto se refiere, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, al estar en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al tribunal ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. [...] Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV y V, en relación con el 61 fracciones XXIII y XXI, respectivamente, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. QSJA
- Principal
MESA X.- Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se reservó acordar lo conducente respecto la prueba de inspección judicial, ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables; en consecuencia, se levanta dicha reserva y se provee: En relación a la prueba de inspección judicial que ofrece, se desecha, toda vez que no aporta mayor valor probatorio del que ya cuentan en sí, todas y cada una de las actuaciones practicadas en el expediente 122/2020-3, antes 24/2002-2, las que ya obran en el presente juicio de amparo, mismas que fueron recibidas mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la promovente, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley de la materia, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. [...] Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y, en específico, el escrito presentado por la parte quejosa el cual fue recibido el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se advierte que dicho quejoso comunicó la existencia de diverso juicio de amparo 38/2022, radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, que podría guardar relación con el acto reclamado en esta instancia constitucional: En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primero de los citados ordenamientos, con la finalidad de evitar el eventual dictado de fallos contradictorios y para mejor proveer en esta instancia, solicítese atentamente al titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, que de no existir inconveniente legal alguno, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se sirva proporcionar y autorizar a este Juzgado de Distrito, acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 38/2021, de su índice, a fin de imponerse de las constancias respectivas. Ahora bien, toda vez que ya se cuenta con la totalidad de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente y evitar infringir normas del procedimiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario de la adscripción a fin de que se constituya en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso y le notifique personalmente el presente proveído; asimismo, le corra traslado con los informes de suspensión de plano, justificados y anexos, rendido por las autoridades responsables Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente, ***, Agente adscrito al Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente, ***, Agente adscrito al Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Sur Poniente, ***, acordados en auto de diecisiete de agosto y siete de septiembre, ambos del presente año. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión. QSJA
- Principal
MESA V.- Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, mediante devuelve sin diligenciar el exhorto 229/2022 con número de orden 310/2022, deducido del presente asunto, por el que se solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el oficio 21071/2022, a la Sociedad Geológica Mexicana, Asociación Civil, mismo que contiene el auto de quince de junio de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, agréguense a los autos las constancias de mérito, sin que haya necesidad de acusar recibo dadas las manifestaciones que hace el remitente en el oficio de cuenta; asimismo, dese de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, respecto a la imposibilidad de notificar el oficio 21071/2022, a la Sociedad Geológica Mexicana, Asociación Civil, por los motivos expuestos por el actuario de la adscripción del juzgado exhortante, al respecto, una vez que las restantes instituciones y personas morales requeridas, informen lo conducente, se proveerá al respecto. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que la Academia de Ingeniaría México y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Asociación Civil, no han dado cumplimiento al requerimiento al auto de quince de junio de dos mil veintidós, no obstante de encontrarse debidamente notificadas de dicho auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la Academia de Ingeniaría México y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Asociación Civil para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, en la medida de su competencia y atribuciones, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, informen a este órgano jurisdiccional si cuentan con peritos en las materias de: protección civil y vulcanología, y de ser así, tengan a bien nombrarlos para que funjan con tal carácter por parte de este juzgado; previniéndolos para que en su caso, comparezcan con el oficio de comisión para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido. En ese sentido, adjúntese a la misiva correspondiente los cuestionarios relativos a las periciales requeridas. Se apercibe a las instituciones requeridas, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se les impondrá como medida de apremio, una multa [...]. QSJA
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