Javier Espinoza Valverde

Expediente 223/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
223/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Alberto García Landeros
  • Javier Espinoza Valverde
  • Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, en principio se tiene a la autoridad, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de este Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad informando que el diecisiete del mes y año en curso, dentro de la carpeta de ejecución 244/19, se resolvió respecto al incidente planteado por Javier Espinoza Valverde en relación al beneficio de libertad condicional previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que se determinó: "PRIMERO.- Por los motivos expuestos: SE NIEGA a [JAVIER ESPINOZA VALVERDE] el beneficio preliberacional de LIBERTAD CONDICIONADA, en relación a la pena originada a partir de la causa penal 2756/18, carpeta de ejecución 244/19, por lo que su fecha de compurgación será el ocho de marzo de dos mil veintidós. SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de los intervinientes que la presente resolución es apelable en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. TERCERO.- Gírese atento oficio a la Autoridad Penitenciaria, así como al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número 03 con residencia en esta localidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. CUARTO.- Infórmese lo aquí resuelto al Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 223/2021-IV-B, promovido por el sentenciado. Así lo resolvió y firma el Licenciado Luis Maurilio Terán Muril/o Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el diverso cardinal 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." Lo que acredita, con la transcripción de la citada resolución y de la audiencia respectiva guardada en el disco versátil que remite (se ordena insertarlo en un sobre y glosarlo a los presentes autos), los que adquieren el carácter de prueba documental pública lato sensu y que hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, mismos que se ponen a la vista de las partes a fin de que de su contenido se impongan, y manifiesten lo que a su derecho convenga, haciéndoles saber que de no contar con los medios necesarios para la reproducción de la videograbación, les podrán ser proporcionados por este Órgano Judicial. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 703, Libro XXIII, agosto del dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 2004362 misma que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en sus fracciones XVII de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de resolver el incidente de beneficio de libertad condicional previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a virtud de que el diecisiete de mayo del año, en curso tuvo verificativo la audiencia de relativa al mismo, en la que se negó el beneficio preliberacional de libertad condicionada al aquí quejoso, en relación a la pena originada a partir de la causa penal 2756/18, materia de la carpeta de ejecución 244/19. En consecuencia, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;...". De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso concreto, los supuestos descritos se encuentran satisfechos, como se verá a continuación, ya que la parte quejosa reclamó la omisión de resolver el incidente de beneficio de libertad condicional. Mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable acreditó que el diecisiete de mayo del año, en curso, se verificó la audiencia de relativa al incidente de beneficio de libertad condicional previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que se determinó negar el beneficio preliberacional de libertad condicionada al aquí quejoso, en relación a la pena originada a partir de la causa penal 2756/18, materia de la carpeta de ejecución 244/19 En tal estado de cosas, es incuestionable que tales circunstancias produjeron un cambio de situación jurídica respecto del quejosa, en razón fue resuelto el incidente de beneficio de libertad condicional, resolución contra la que como lo precisó la autoridad responsable en el resolutivo segundo, procede el recurso de apelación en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, resultando imposible pronunciarse sin afectar la nueva situación. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalados en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las QUINCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, en principio se tiene a la autoridad, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional de este Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad informando que el diecisiete del mes y año en curso, dentro de la carpeta de ejecución 244/19, se resolvió respecto al incidente planteado por Javier Espinoza Valverde en relación al beneficio de libertad condicional previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que se determinó: "PRIMERO.- Por los motivos expuestos: SE NIEGA a [JAVIER ESPINOZA VALVERDE] el beneficio preliberacional de LIBERTAD CONDICIONADA, en relación a la pena originada a partir de la causa penal 2756/18, carpeta de ejecución 244/19, por lo que su fecha de compurgación será el ocho de marzo de dos mil veintidós. SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de los intervinientes que la presente resolución es apelable en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. TERCERO.- Gírese atento oficio a la Autoridad Penitenciaria, así como al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número 03 con residencia en esta localidad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. CUARTO.- Infórmese lo aquí resuelto al Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 223/2021-IV-B, promovido por el sentenciado. Así lo resolvió y firma el Licenciado Luis Maurilio Terán Muril/o Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el diverso cardinal 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado." Lo que acredita, con la transcripción de la citada resolución y de la audiencia respectiva guardada en el disco versátil que remite (se ordena insertarlo en un sobre y glosarlo a los presentes autos), los que adquieren el carácter de prueba documental pública lato sensu y que hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, mismos que se ponen a la vista de las partes a fin de que de su contenido se impongan, y manifiesten lo que a su derecho convenga, haciéndoles saber que de no contar con los medios necesarios para la reproducción de la videograbación, les podrán ser proporcionados por este Órgano Judicial. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 703, Libro XXIII, agosto del dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 2004362 misma que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en sus fracciones XVII de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de resolver el incidente de beneficio de libertad condicional previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a virtud de que el diecisiete de mayo del año, en curso tuvo verificativo la audiencia de relativa al mismo, en la que se negó el beneficio preliberacional de libertad condicionada al aquí quejoso, en relación a la pena originada a partir de la causa penal 2756/18, materia de la carpeta de ejecución 244/19. En consecuencia, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;...". De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso concreto, los supuestos descritos se encuentran satisfechos, como se verá a continuación, ya que la parte quejosa reclamó la omisión de resolver el incidente de beneficio de libertad condicional. Mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable acreditó que el diecisiete de mayo del año, en curso, se verificó la audiencia de relativa al incidente de beneficio de libertad condicional previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que se determinó negar el beneficio preliberacional de libertad condicionada al aquí quejoso, en relación a la pena originada a partir de la causa penal 2756/18, materia de la carpeta de ejecución 244/19 En tal estado de cosas, es incuestionable que tales circunstancias produjeron un cambio de situación jurídica respecto del quejosa, en razón fue resuelto el incidente de beneficio de libertad condicional, resolución contra la que como lo precisó la autoridad responsable en el resolutivo segundo, procede el recurso de apelación en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, resultando imposible pronunciarse sin afectar la nueva situación. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalados en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las QUINCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que a fin de estar en posibilidad de resolver en el presente controvertido constitucional, son necesarias las constancias de la audiencia celebrada el día de ayer, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 244/2019 del índice del Juzgado de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, deducida de la causa penal 2756/2018, seguida en contra de Javier Espinoza Valverde, pues de lo informado por personal de dicho órgano jurisdiccional, se advierte que en dicha audiencia se resolvió lo relativo al beneficio de libertad condicionada solicitada por la parte quejosa, cuya omisión era el acto reclamado. En mérito de lo expuesto, al advertirse un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, este órgano jurisdiccional debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, para efecto de que si a la fecha en que reciba el oficio mediante el cual se le notifica el presente acuerdo, no ha remitido las constancias relativas a la audiencia verificada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 244/2019 de su índice, se sirva remitirlas en copia certificada. A efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para su celebración el día de hoy, y en su lugar se fijan las QUINCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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