Javier Espino Roldán
Expediente 380/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 46 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Javier Espino Roldán
- Gobernador del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 245), siendo que el tercero interesado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su representante, Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), realizó manifestaciones al respecto (fojas 89 a 91). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en acatamiento a lo previsto en los Acuerdos Generales 52/2008 y 42/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/835/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; en auxilio de este Tribunal Colegiado, dictó sentencia en el amparo directo agrario número 380/2018, en la que concedió a Javier Espino Roldán, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Dejar insubsistente la sentencia reclamada. 2. Reponer el procedimiento correspondiente para que provea lo conducente en cuanto al desahogo de la pericial en materia de topografía, así como la admisión y recepción de la pericial en avalúo de inmuebles y percepciones agrícolas y la documental consistente en el expediente 411/2014, de su índice. 3. Hecho lo anterior, vuelva a resolver la controversia de origen con plenitud de jurisdicción, atendiendo las causales de rescisión del convenio de ocupación previa expresadas por el actor en la ampliación de la demanda respectiva, en términos de lo aquí expuesto; esto es, deberá pronunciarse en cuanto a que: -Solicitó la rescisión del convenio, de conformidad a la cláusula décima sexta, fracción I, dado que la secretaría no cumplió con las declaraciones 4 y 5, así como las cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta y octava, ya que en la primera se estableció la autorización para que Carreteras de Cuota Puebla ocupara la parcela correspondiente para realizar única y exclusivamente las actividades de inicio del proyecto que motivaría el procedimiento expropiatorio iniciado por la Secretaría de la Reforma Agraria, consistente en los estudios topográficos, de mecánica de suelos, acondicionamiento y cercado para definir el proyecto de la carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, sin embargo, de manera ilegal se procedió construir dicha carretera sin contar con la autorización o consentimiento para ello, siendo que la referida cláusula primera fue muy clara al establecer el objeto del convenio. -El convenio debía rescindirse porque no se cumplieron las obligaciones contraídas en sus cláusulas tercera, cuarta y quinta, dado que la secretaría se comprometió a iniciar y tramitar el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sin embargo, han transcurrido doce años desde el convenio sin que haya realizado la solicitud de expropiación, lo que se acredita con diversos oficios que obran en el expediente 411/2014, y -El convenio no fue inscrito en el Registro Agrario Nacional, contraviniéndose por ello el artículo 68 del reglamento indicado." (fojas 287 y 288). Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, este órgano colegiado requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 483). Luego, mediante oficio TUA. 33/996/2019, de diez de junio de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del auto de cinco de junio anterior, mediante el cual, dejó insubsistente la sentencia reclamada de dos de enero de dos mil dieciocho; y, ordenó la reposición del procedimiento (fojas 493 a 495), para el efecto siguiente: -Proveyó lo conducente en cuanto al desahogo de la pericial en materia de topografía, ofrecida por la parte actora Javier Espino Roldán, le designó en rebeldía al ingeniero Fabián Romero Aldeco; y requirió a la parte demandada Gobernador del Estado de Puebla; Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; Sistema Estatal Operador de Carretera de Cuota o Carreteras de Cuota del Gobierno del Estado de Puebla, empresa Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que designaran perito en la materia antes citada, apercibió que de no hacerlo se les designaría alguno en su rebeldía y a su costa. -Admitió la prueba pericial en avalúo de inmuebles y percepciones agrícolas, ofrecida por el actor, y le requirió a éste para que nombrara perito en la materia, apercibió que de no hacerlo se declara precluído su derecho; y, solicitó a la parte demandada para que designara perito en dicha materia, apercibió que de no hacerlo se le designaría en su rebeldía y a su costa. -Admitió la documental consistente en el expediente 411/2014. Mediante oficio TUA. 33/1253/2019, de quince de julio de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, anexó copia certificada del acuerdo de la misma fecha, en la que entre otras cuestiones, tuvo al actor Javier Espino Roldán designando perito en materia de avalúo de inmuebles al ingeniero José Antonio Díaz González, y lo requirió para que en el plazo de tres días presentara en las instalaciones del tribunal responsable a dicho perito a aceptar y protestar el cargo conferido, lo apercibió que de no hacerlo se le designaría en rebeldía y a su costa (fojas 503 a 511). Posteriormente, mediante oficio T.U.A.33/1625/2019, de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas de diversos acuerdos, de las que se advierte (fojas 514 a 530): -En proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, tuvo al ingeniero José Antonio Díaz González, en su carácter de perito de la parte actora, en materia de Avalúo de Inmuebles, así como ingeniero Fabián Romero Aldeco, en su carácter de perito en rebeldía del accionante, en materia de topografía, por aceptando y protestando el cargo conferido. -En acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, tuvo a los peritos José Antonio Díaz González y Fabián Romero Aldeco, rindiendo sus dictámenes en materia de avalúo de inmuebles, y de topografía, respetivamente; con los cuales se les dio vista a las partes para que, en el término de tres días, se impusieran de su contenido y en su caso, manifestaran al respecto, y no hacerlo se declararía precluído su derecho para tal efecto. -En auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, concedió un nuevo término al Director General de Defensa Jurídica Federal adscrito a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de los demandados Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que el plazo de cinco días, designaran perito en materias de topografía, valuación de inmuebles y percepciones agrícolas. Además, señaló que el Gobernador del Estado de Puebla; la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; el Sistema Estatal Operador de Carretera de Cuota o Carreteras de Cuota del Gobierno del Estado de Puebla, la empresa Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable; el Gobernador del Estado de Tlaxcala; los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Acopinalco del Peñón, Tlaxco, Tlaxcala, no designaron perito de las referidas materias, por tanto, se les tuvo por perdido su derecho para tal efecto y se les designó en rebeldía y a su consta al arquitecto Germán Rosas Pacheco, con el carácter de perito en topografía y al ingeniero Tomás Guarneros Olvera, en valuación de bienes inmuebles y percepciones agrícolas, se le requirió para que en el término de tres días compareciera a aceptar y protestar el cargo. Asimismo, mediante oficio TUA. 33-07/2020, de dos de enero de dos mil veinte, signado por la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, remitió copias certificadas de diversos autos (fojas 547 a 554), de las que se advierte lo siguiente: -Transcribió el proveído de dos de enero de dos mil veinte, en la que determinó que las partes no desahogaron la vista que se les dio mediante acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve con los dictámenes en materia de avalúo de inmuebles y de topografía, rendidos por los peritos José Antonio Díaz González y Fabián Romero Aldeco, respectivamente, por ende, se declaró precluído su derecho para tal efecto. -En auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo al arquitecto Germán Rosas Pacheco, perito en topografía, designado en rebeldía de la parte demandada, así como de los terceros con interés, aceptando y protestando el cargo conferido y, se le requirió para que emitiera su dictamen. -El acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, en el que determinó que el Director General de Defensa Jurídica Federal adscrito a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de los demandados Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, perdieron su derecho para designar perito en materias de topografía y valuación de inmuebles y percepciones agrícolas; en consecuencia, les designó en rebeldía y a su costa al arquitecto Germán Rosas Pacheco, perito en topografía, y al ingeniero Tomás Guarneros Olvera, experto en valuación; por tanto, requirió a dichos expertos para que en el plazo de tres días comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido. Mediante oficio TUA. 33-306/2020, de doce de febrero de dos mil veinte, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas de diversos acuerdos, de las que se advierte que (fojas 575 a 580): -En proveído de siete de febrero de dos mil veinte, tuvo al perito Tomás Guarneros Olvera, en valuación de bienes inmuebles y percepciones agrícolas, designado en rebeldía de los codemandados Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; Gobernador del Estado de Puebla; Sistema Estatal Operador de Carretera de Cuota o Carreteras de Cuota del Gobierno del Estado de Puebla; Gobernador del Estado de Tlaxcala; así como de los terceros con interés integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Acopinalco del Peñón, Tlaxco, Tlaxcala; empresa Vías Concesionadas de Carreteras Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aceptando y protestando el cargo conferido y se le concedió a dicho perito el término de diez días para presentar su dictamen. -En acuerdo de doce de febrero de dos milo veinte, tuvo al arquitecto Germán Rosas Pacheco, perito en topografía designado en rebeldía de la parte codemandada y terceros con interés, exhibiendo la regulación de sus respectivos honorarios. Seguidas las gestiones realizadas por el tribunal responsable, mediante oficio TUA. 33-276/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del auto de la misma fecha, en la que tuvo al ingeniero Tomás Guarneros Olvera, experto en valuación de bienes inmuebles y percepciones agrícolas, designado en rebeldía de los codemandados, así como de los terceros con interés, exhibiendo su dictamen; ordenó dar vista a las partes para que en plazo de tres días se impusieran de su contenido y manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibió que de no hacerlo se les tendrá por precluído su derecho para tal efecto (fojas 630 y 632). Posteriormente, mediante oficio T.U.A. 33-531/2021, de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas del acuerdo de la misma fecha, en la que se advierte que la parte demandada Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable y Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, objetaron el dictamen pericial rendido Tomás Guarneros Olvera, experto en valuación de bienes inmuebles y percepciones agrícolas; por otro lado, los demandados Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Gobernador del Estado de Tlaxcala, así como de los terceros con interés Integrantes del Comisariado Ejidal del poblado denominado Acopinalco del Peñón, no se manifestaron respecto al dictamen del referido perito, por tanto, se les acordó conforme a lo preceptuado en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria; y, se estableció que los dictámenes de la pericial en topografía, así como la de avalúo de inmuebles y percepciones agrícolas fueron discordantes, en consecuencia, designó peritos terceros en discordia en dichas materias (fojas 639 a 643). Cabe mencionar que respecto al arquitecto Germán Rosas Pacheco, perito en topografía designado en rebeldía de la parte codemandada y terceros con interés, no se advierte en autos cuándo exhibió su dictamen, no obstante, en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, dictada en cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, se desprende que el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dicho perito presentó su dictamen -que obra a fojas 931 a 943 del expediente agrario- (foja 702 vuelta). Mediante oficio TUA. 33-824/2021, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas del acuerdo de la misma fecha, de las que se advierte que, entre otras cuestiones, declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el Director General de Defensa Jurídica Federal, adscrito a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, contra el auto de cuatro de marzo de esa anualidad, por tanto, se regularizó el procedimiento, para el efecto de notificarle de manera personal los acuerdos de cuatro de marzo y diecinueve de abril, ambos de dos mil veintiuno (fojas 649 a 651). De igual manera, mediante TUA. 33-1195/2021, de trece de julio de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas del acuerdo de la misma fecha, de las que se advierte que tuvo a las apoderadas del demandado Gobernador del Estado de Tlaxcala y al Director General de Defensa Jurídica Federal, adscrito a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, desahogando la vista con relación al dictamen rendido por el ingeniero Tomás Guarneros Olvera. También, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, tuvo al tercero en discordia ingeniero José Antonio Tiscareño Franco, en materia de topografía, rindiendo su dictamen, con el cual se dio vista a las partes, sin que se hubiesen manifestado al respecto; y, por otro lado, señaló que el arquitecto Fausto Ochoa Martínez, señaló no contar con conocimientos en la materia de valuación de inmuebles y percepciones agrícolas, por ende, se designó en sustitución al ingeniero Francisco Herrera Vázquez, con el carácter de perito tercero en discordia en la materia (fojas 657 a 660). Posteriormente, mediante TUA. 33-1534/2021, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas (fojas 675 a 679): -Del acuerdo de diez de agosto anterior, del que se advierte que tuvo al ingeniero Francisco Herrera Vázquez, con el carácter de perito tercero en discordia en la materia de valuación de inmuebles y percepciones agrícolas, en el que aceptó y protestó el cargo conferido. -Del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el que tuvo a dicho perito presentando su dictamen, con el cual se dio vista a las partes, sin que se hubiesen manifestado al respecto. -Del auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en que, entre otras cuestiones, se determinó que transcurrió el término otorgado a las partes mediante acuerdo de veintitrés de agosto anterior, para que desahogaran la vista respecto al dictamen del ingeniero Francisco Herrera Vázquez, sin que lo hubieran hecho, por tanto, se tuvo por precluído su derecho para tal efecto; y, se les concedió el término de tres días para formular alegatos, y una vez que feneciera dicho plazo con o sin alegatos, se turnaría los autos al área de estudio y cuenta para la formulación del proyecto de sentencia. Mediante oficio TUA. 3-1638/2021, de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas del acuerdo de la misma fecha, en el que tuvo al Director General de Defensa Jurídica Federal, en representación de la Federación y ésta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, formulando alegatos (fojas 685 y 686). De igual forma, mediante oficio TUA. 33/1743/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, adjuntó copias certificadas del acuerdo de la misma fecha, en el que tuvo al Gobernador del Estado de Tlaxcala, por conducto de sus apoderadas, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, por conducto de su representante, formulando alegatos; y refirió que el plazo de tres días concedido a las partes para formular alegatos feneció el trece de octubre del año en mención; en consecuencia, ordenó turnar el asunto al área de estudio y cuenta para el dictado de la sentencia correspondiente (fojas 691 y 692). Finalmente, mediante oficio 1913/2021, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre del año en mención (fojas 698 a 746), por tal motivo se les dio vista a las partes, siendo que el tercero interesado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su representante, Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), realizó manifestaciones al respecto (foja 765). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala: I. Dejó insubsistente la sentencia reclamada de dos de enero de dos mil dieciocho (foja 494). II. Ordenó la reposición del procedimiento para el efecto proveer lo conducente en cuanto al desahogo de la pericial en materia de topografía, así como la admisión y recepción de la pericial en avalúo de inmuebles y percepciones agrícolas y la documental consistente en el expediente 411/2014 (fojas 493 a 495; 503 a 511; 514 a 530; 547 a 554; 575 a 580; 630 y 632; 639 a 643; 649 a 651; 657 a 660; 675 a 679; 685 y 686; 691 y 692; y, 702 de autos). III. Hecho lo anterior, el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable dictó una nueva sentencia en la que, resolvió la controversia de origen con libertad de jurisdicción, en el que tomó en cuenta las causales de rescisión del convenio de ocupación previa expresadas por el actor en la ampliación de la demanda, las cuales son las siguientes: a) Solicitó la rescisión del convenio, de conformidad a la cláusula décima sexta, fracción I, dado que la secretaría no cumplió con las declaraciones 4 y 5, así como las cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta y octava, ya que en la primera se estableció la autorización para que Carreteras de Cuota Puebla ocupara la parcela correspondiente para realizar única y exclusivamente las actividades de inicio del proyecto que motivaría el procedimiento expropiatorio iniciado por la Secretaría de la Reforma Agraria, consistente en los estudios topográficos, de mecánica de suelos, acondicionamiento y cercado para definir el proyecto de la carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan; pues de manera ilegal se procedió construir dicha carretera sin contar con la autorización o consentimiento para ello, siendo que la referida cláusula primera fue muy clara al establecer el objeto del convenio. b) Que el convenio debía rescindirse porque no se cumplieron las obligaciones contraídas en sus cláusulas tercera, cuarta y quinta, dado que la secretaría se comprometió a iniciar y tramitar el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sin embargo, han transcurrido doce años desde el convenio sin que haya realizado la solicitud de expropiación, lo que se acredita con diversos oficios que obran en el expediente 411/2014; y, c) Que dicho convenio no fue inscrito en el Registro Agrario Nacional, contraviniéndose por ello el artículo 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vigente en la época de la afectación. 1. Señaló que los demandados Integrantes del Comisariado Ejidal del poblado de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, quedaron incursos en afirmativa ficta en términos de lo que disponen los artículos 180 y 185, fracción V de la Ley Agraria, y, no demostraron el impedimento de caso fortuito o de fuerza mayor que le impidió comparecer a la citada audiencia de instrucción; asimismo, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos también quedaron incursos en afirmativa ficta al no haber dado contestación de la demanda instaurada en su contra. 2. Se avocó al estudio de las excepciones opuestas dentro del juicio por las demandadas Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala y Vías Concesionadas de Carretera PAPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre las que estudió la prescripción de la acción, en la que expuso que la procedencia de la transferencia de los bienes al sujeto expropiante está supeditada no sólo a la declaración legal previa de utilidad pública sino también al pago de la indemnización, lo cual no sucedió, esto es, no puede válidamente oponerse prescripción, porque ello implica la transferencia sin la correspondiente indemnización y ello lesiona el derecho de propiedad amparado por la ley fundamental y, por ende, no operaba la excepción de prescripción intentada por los demandados. -Aclaró que el plazo de prescripción para la expropiación es a partir de la toma de posesión en los hechos por el expropiante, y que en cambio corresponde computarlo a partir de la determinación del monto a indemnizar, sea por acuerdo de partes o por sentencia judicial; que mientras no haya crédito líquido exigible (indemnización definitiva) no puede correr la prescripción. Por tanto, cualquiera que fuere el plazo extintivo al que se pretenda sujetar la acción expropiatoria no cabe admitir el inicio de su cómputo para la prescripción, antes de que se hayan cumplido los requisitos previstos en la cláusula constitucional. -Agregó que los plazos que se habían computado son a partir de los hechos restrictivos del dominio, a través del Convenio de ocupación previa, teniéndose así que declarar la absoluta imprescriptibilidad de la acción de expropiación, al atentar contra la seguridad jurídica, pues no permitió alcanzar certeza frente a la declaración de utilidad pública de un bien, la falta de promoción de la acción de expropiación por el expropiante y la inactividad permanente del expropiado. -Señaló que el plazo para su ejercicio (que no debiera ser menor a los diez años) y el momento del comienzo de su cómputo, esto es, un plazo menor lesionaría la defensa del derecho de propiedad, que es materia reservada a la legislación de fondo. Por lo que admitir un plazo para el ejercicio de la acción no es sino reglamentar el ejercicio del derecho constitucionalmente protegido; y, el inicio del cómputo de la prescripción de la acción debiera ser a partir de que esté determinado el monto a indemnizar, y al no existir ésta, la excepción de prescripción de la acción era improcedente. Citó en apoyo a su razonamiento la tesis de rubro: "EXPROPIACIÓN. A LA INDEMNIZACIÓN POR ESTE CONCEPTO SON INAPLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN, PREVISTAS EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO) (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1974)." 3. Emprendió el estudio de las excepciones hechas valer por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala y la demandada Vías Concesionadas de Carretera PAPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, las cuales son las siguientes: "falta de acción y derecho, sine actione agis", "incompetencia de los tribunales agrarios", "consentimiento expreso y tácito del actor", y "acciones contradictorias, rescisión, inexistencia y nulidad de documentos"; indicó que los argumentos en que las hacen consistir las excepcionantes, no son otra cosa que la negación simple de la acción y el derecho de la parte actora para ejercitar sus pretensiones, negación que trae como efecto jurídico la carga de la prueba al actor, y obliga de la responsable examinar todos los elementos constitutivos de la acción, por lo que dichos medios de defensa serían analizadas al entrar al fondo del estudio. En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia de rubro: "DEFENSAS. SINE ACTIONE AGIS". 4. Refirió que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala señaló la excepción: "obscuridad de la demanda", la cual calificó como improcedente, al exponer que la demanda del actor no adolece de vaguedades ni es imprecisa a tal grado que resulte obscura en su redacción y por ello pudiese dejar en estado de indefensión a la citada demandada. 5. Que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, invocó la "excepción de pago", expuso que el pago indemnizatorio a que se refiere la demandada, referente a las superficies objeto de la litis, aún no han sido expropiadas y por tanto, se analizaría al entrar al fondo del asunto. 6. Añadió que la empresa Vías Concesionadas de Carretera PAPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, invocó las excepciones: "falta de legitimación pasiva" y "falta de legitimación activa", en el que señaló que éstas guardan íntima relación entre sí, por lo que serían atendidas al entrar al estudio de fondo del juicio. 1. Citó las prestaciones marcadas con los números 1, 2 y 13 del escrito de demanda, en los términos siguientes: "1. La rescisión del convenio de ocupación previa de fecha doce de febrero de dos mil cuatro, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de una superficie de 00-54-87.79 metros cuadrados correspondientes a la parcela número 85, ubicada en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala"; "2. La inexistencia del convenio de ocupación previa de fecha once de febrero de dos mil cuatro, respecto a la superficie de 54-38.72 hectáreas correspondientes a la parcela 85" y "13. La nulidad de cualquier poder especial o general mediante el cual el actor haya otorgado a cualquiera de las demandadas, la facultad de transmitir la propiedad de la parcela materia de este juicio". 2. Indicó que, el actor negó haber celebrado dichos convenios de fechas once y doce de febrero de dos mil cuatro, entre la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala con el accionante, respecto de las superficies de 54-38-72 hectáreas y 00-54-87.79 hectáreas respectivamente, correspondientes a la parcela número 85 Z-1 P-1/2, del ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, para que se realizara el proyecto que motivaría el procedimiento expropiatorio que sería instaurado ante la Secretaría de la Reforma Agraria -actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- consistente en la construcción de la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan. -Sobre la pretensión consistente en: "2. La inexistencia del convenio de ocupación previa de fecha once de febrero de dos mil cuatro, respecto a la superficie de 54-38.72 hectáreas correspondientes a la parcela 85", adujo que el convenio de ocupación previa de once de febrero de dos mil cuatro, no cuenta con la medida correcta de la parcela 85 Z-1 P-1/2 del ejido en cita, ni los datos que debiera contener el convenio de referencia, se encuentran vacíos, así como que el único firmante de dicho convenio lo es el promovente, lo que infiere que es un borrador; además, existe otro convenio -doce de febrero del mismo año-, en la que se aprecia que los datos de la parcela son correctos y se encuentra firmado por todos sus signantes, resultando en consecuencia que el convenio de once de febrero de dos mil cuatro, es inexistente al carecer del consentimiento expreso de los signantes, pues no está conformada la voluntad de las partes. 3. Indicó que la pretensión consistente en: "1. La rescisión del convenio de ocupación previa de doce de febrero de dos mil cuatro, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de una superficie de 00-54-87.79 metros cuadrados correspondientes a la parcela número 85, ubicada en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala"; no se contravino lo dispuesto en los artículos 135 y 136 fracción II, de la Ley Agraria, 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural y 5 fracción II del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, en perjuicio del actor, toda vez que contó con el asesoramiento legal de dicha institución, atendiéndose así un deber que la Procuraduría Agraria, pues como ya se estableció, se contó con la intervención en esos actos del Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Tlaxcala, pues la firma del citado funcionario obra al calce del convenio de referencia, y toda vez que dicha institución es la encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, como integrantes de la clase campesina, de ahí que estimó, que al haber participado ducha Procuraduría en la celebración del convenio cuya nulidad se reclama, se advierte que el actor contó con asesoría legal, conoció los efectos y alcances jurídicos del documento que firmó, redundando ello que el convenio cuenta con la forma y la solemnidad que es exigible por la Ley Agraria en su artículo 95, así como en los numerales 66, 67 y 68 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 4. Añadió que el actor hizo consistir en el hecho seis de ampliación de demanda, lo siguiente: "-Que derivado de lo informado por las codemandadas Carreteras de Cuota Puebla y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado de Tlaxcala, en el expediente 411/2014, del índice de la responsable, se tuvo que tales reos carecían de algún convenio de ocupación previa por lo que la detención de la parcela correspondiente resultaba legal; aunado a que dejaron de observar los artículo 66, 67 y 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vigente en la época de la afectación. -Que por esto no existió inscripción en el Registro Agrario Nacional de ningún convenio de ocupación previa, por lo que se incumplió con el artículo 68 del citado reglamento. -Que a la fecha de la ampliación de demanda no existía en la secretaría señalada ninguna solicitud de expropiación por la parcela respectiva, por lo que se violentó el artículo 27, párrafo segundo constitucional, así como los preceptos 93, 94 y 96 de la Ley Agraria y los numerales 59 y 60 del reglamento anotado. -Que no se había iniciado por la secretaría trámite expropiatorio correspondiente, por lo que hasta ese momento la superficie afectada continuaba perteneciendo al régimen ejidal. -Que las demandadas carecieron de algún derecho expropiatorio que las facultara para ocupar legalmente su parcela." -Que el hecho 7 de la ampliación, el actor adujo como causales de rescisión y nulidad de ocupación previa de once y doce de febrero de dos mil cuatro, así como del recibo folio APE-022 y el avalúo de veintitrés de enero de ese año, elaborado por el Instituto de Catastro del Estado de Puebla, entre otros, los siguientes: "-Que solicitó la rescisión del convenio, de conformidad a la cláusula décima sexta, fracción I, dado que la secretaría no cumplió con las declaraciones 4 y 5, así como las cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta y octava, ya que en la primera se estableció la autorización para que Carreteras de Cuota Puebla ocupara la parcela correspondiente para realizar única y exclusivamente las actividades de inicio del proyecto que motivaría el procedimiento expropiatorio iniciado por la Secretaría de Reforma Agraria, consistente en los estudios topográficos, de mecánica de suelos, acondicionamiento y cercado para definir el proyecto de la carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, sin embargo, de manera ilegal se procedió construir dicha carretera sin contar con la autorización o consentimiento para ello, siendo que la referida cláusula primera fue muy clara al establecer el objeto del convenio. -El convenio debía rescindirse porque no se cumplieron las obligaciones contraídas en sus cláusulas tercera, cuarta y quinta, dado que la secretaría se comprometió a iniciar y tramitar el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sin embargo, han transcurrido doce años desde el convenio sin que se haya realizado la solicitud de expropiación, lo que se acredita con diversos oficios que obran en el expediente 411/2014; y -El convenio no fue inscrito en el Registro Agrario Nacional, contraviniendo con ello el artículo 68 del reglamento indicado." -De lo antes referido, invocó los numerales 1792 y 1793 del Código Civil Federal, y señaló que el convenio es un acuerdo de dos o más voluntades que crea obligaciones, lo cual se corrobora con el convenio de ocupación previa celebrado por el actor y por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; de la cual cuenta con el consentimiento de las partes, su objeto, esto es, que el actor debía otorgar consistente en una superficie de 00-54-87.79 hectáreas dentro de la parcela número 85 Z-1 P-1/2, así como comprometerse tal y como lo establece la cláusula primera en donde: ".el "ejidatario" autoriza a la "secretaría" a ocupar a partir de la firma de dicho convenio la superficie pactada para que realice exclusivamente las actividades necesarias para iniciar el proyecto que motiva el procedimiento expropiatorio, instaurado ante la Secretaría de la Reforma Agraria, consistente en estudios topográficos, de mecánica de suelos, acondicionamiento, cercado de terreno para definir el proyecto, construcción de la obra carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, que incluye infraestructura complementaria"; lo cual se traduce en un hecho posible, en términos de los preceptos 1794, 1824, 1825, 1827 de la citada legislación, y que dicho contrato cumplió con los requisitos de existencia de consentimiento y el objeto. -Adicionó que para poder declarar la rescisión del mismo, es necesario que se actualice la ilicitud en el objeto, lo cual traería como consecuencia declarar la nulidad ya sea absoluta o relativa, situación que en el presente caso no se actualiza, porque es un acto solemne y los requisitos para que se produjera una nulidad relativa es que hubiera existido error, dolo, violencia, lesión, e incapacidad de cualquiera de los autores del acto, lo cual no se encontró demostrado en el juicio; además, analizó las causas de rescisión establecidas en dicho convenio, siendo las siguientes: "Séptima.- Las partes están de acuerdo, en que será causa de rescisión del presente convenio, si a la superficie de terreno materia de este convenio de ocupación previa del ejido de que se trata, se le da otro destino diferente o es utilizada para otros fines que no sean los de la construcción de la obra carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, que incluye infraestructura complementaria además de las causas de rescisión establecidas en la cláusula décima sexta del mismo instrumento. Décima sexta. Ambas partes acuerdan que serán causas de rescisión del presente convenio: I. El incumplimiento de "la secretaría" en el pago de la indemnización constitucional y demás obligaciones a su cargo, establecidas en el presente instrumento. II. La cancelación por la Secretaría de la Reforma Agraria, del procedimiento expropiatorio instaurado en los términos provistos por el artículo 65 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. III. En caso fortuito o de fuerza mayor". -Lo anterior, lo concatenó con la superficie ocupada de la parcela 85 Z-1 P-1/2 que fue la construcción de la obra carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan y no otro diverso, tal y como quedó asentado en dicho convenio de ocupación previa, por tanto, no existió incumplimiento en el mismo. 5. Por lo que respecta al pago por indemnización constitucional, en la cláusula octava se establecieron tres montos que se pagaron al ejidatario, esto es, el pago de ocupación previa por la cantidad de $1,920.72 pesos (mil novecientos veinte pesos 72/100 M.N.); $36,493.81 pesos (treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 81/100 M.N.) por concepto de pago total de indemnización de la superficie afectada; $24,221.31 pesos (veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 31/100 M.N.) por concepto de pago total de bienes distintos a la tierra; refiriendo que dichas cantidades se cubrieron a la firma del convenio al ejidatario, habiendo sumando la cantidad recibida por el mismo de $162,635.84 pesos (ciento sesenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 84/100 M.N.). -Indicó que en la cláusula novena se estableció que en caso de que el avalúo maestro que emita la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (CABIN), indicara una indemnización mayor al valor señalado en la cláusula inmediata anterior, "La Secretaría" se comprometía a cubrir la diferencia, de resultar menor no exigiría devolución alguna de las cantidades estipuladas en la cláusula que antecede. -Agregó que la cláusula décima del convenio de doce de febrero de dos mil cuatro, tiene vigencia, en virtud de que se estableció en la misma, que la duración sería el plazo que resulte de esta fecha -refiriéndose a la firma del convenio a la ejecución del decreto expropiatorio-. -Ahora, el actor refirió haber otorgado el usufructo de la superficie de su parcela por dos años, sin embargo, señaló, que en dicho convenio no se aprecia; pero tuvo a la vista el expediente número 411/2014 de su índice, y como hecho notorio, a fojas 31 a 34 advirtió que el Delegado del Registro Agrario Nacional, el Delegado Estatal de la SEDATU y la Directora Adjunta de Expropiaciones, informaron al tribunal responsable que no localizaron ninguna solicitud de expediente de expropiación en trámite o decretado que afecte a la parcela 85 Z-1 P-1/2 ubicada en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, teniéndose por ciertas las afirmaciones del accionante, toda vez que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no ha iniciado el trámite de expropiación correspondiente, y como el convenio aún no ha perdido su vigencia, dicho incumplimiento observado hasta el momento, no justifica la rescisión del convenio, sino deberá darse diverso trato para que la citada demandada cumpla con lo pactado en el mismo -como más delante de este acuerdo se explica- en consecuencia, determinó declarar improcedente la nulidad de dicho convenio, sustentando lo anterior en los artículos 2224 al 2233 del Código Civil Federal. 6. Asimismo, estudió la prestación consistente en: "12. La nulidad de cualquier poder especial o general mediante el cual el actor haya otorgado a cualquiera de las demandadas, la facultad de transmitir la propiedad de la parcela materia de este juicio"; dentro del sumario no encontró ningún poder especial o general mediante el cual el actor haya otorgado a cualquiera de las demandadas, la facultad de transmitir la propiedad de la parcela materia de ese juicio, por ende, declaró improcedente dicha prestación, existiendo una imposibilidad jurídica y material declarar la nulidad de algo inexistente dentro del juicio. 7. Emprendió el estudio de las prestaciones marcadas con los incisos 7, 8, 9 y 10, en los cuales solicitó: "7. Se condene a las demandadas al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la superficie antes mencionada"; "8. El pago legal y justo de la ocupación previa de la superficie que resulte del dictamen pericial, con motivo de la construcción de la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, que se encuentra construido dentro de la parcela número 85 en el ejido de referencia, de conformidad con el dictamen de topografía que al efecto se realice"; "9. El pago legal y justo de la ocupación previa de la superficie antes mencionada, que se encuentra incomunicada con motivo de la construcción de la autopista Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan" y "10. El pago indemnizatorio de las percepciones agrícolas correspondientes a las cosechas de maíz que el actor manifiesta ha dejado de obtener en dos ciclos agrícolas al año que producía su parcela, debido a la construcción de la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan". -Precisó que los daños y perjuicios son equiparables al pago legal por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, lo anterior es así por derivar de la misma causa de pedir, para sustentar lo anterior, citó e hizo suyos los razonamientos establecidos en la ejecutoria D-832/2014 del índice del entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, así como el juicio agrario 621/2010, del índice del tribunal responsable. -Que al devenir los daños y perjuicios de una ocupación previa ilegal, y siendo de aplicación supletoria la materia civil federal, por sí estar regulado dicha pretensión; citó e hizo suyos los razonamientos sustentados en la ejecutoria número D-1293/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como del juicio agrario número 561/2010, del índice de la responsable, lo cual dedujo que de no haberse cumplido a cabalidad lo estipulado en el contrato de ocupación previa, porque hasta este momento que no se han iniciado los trámites de expropiación a que se comprometiera la demandada a realizar, pues al no dar cumplimiento cabal a dicha acción genera un daño al actor, siendo por ello, que su actuar es ilícito y, en consecuencia, está obligado a repararlo, en términos de los numerales 1910 y 1915 del Código Civil Federal. -Sostuvo que el primer numeral en cita, es aplicable a la ocupación previa que de manera ilegal se realizó en el predio del accionante, y toda vez que resulta materialmente imposible restablecer la parcela a su situación anterior, al haber perdido la fertilidad de cultivo, por el paso de la carretera que se encuentra construida y terminada sobre esa superficie, así como brindando un servicio público a la colectividad, resulta que dicha reparación se traduce en el pago de daños y perjuicios a favor del actor. -Indicó que lo anterior aunado a que el ocupante Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda tendría el deber de reparar el daño que le hubiera causado al ejidatario actor, como lo prevé el segundo de los artículos invocados, por tanto, consideró dable que dicha reparación se traduce en daños y perjuicios que son equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario a partir del doce de febrero de dos mil cuatro, fecha en que fue firmado el convenio de ocupación previa y esa data tomaría a efecto de realizar el cómputo a partir del cual el actor comenzó a ser perturbado en su posesión. -Además, partió de la lógica de que los daños y perjuicios reclamados derivan de la reparación por el daño ocasionado por la ocupación previa que deviene ilegal, de una parte de la parcela o parcelas de un ejidatario, y el hecho de que hasta esta fecha la referida demandada no ha iniciado los trámites correspondientes a la expropiación del predio de la promovente, lo cual le ha generado daños y perjuicios a su patrimonio, acción que actualiza la ilegalidad de su actuar, al no dar cumplimiento a las obligaciones fundamentales del convenio que firmaron las partes, por tanto, reiteró que dicho concepto se equipara el pago legal y justo por la ilegal ocupación previa. -Agregó que los daños y perjuicios por ocupación previa ilegal, pueden comprender cualquier afectación derivada de ese hecho, sin que puedan limitarse a las percepciones agrícolas dejadas de obtener, e hizo suyo el criterio D-1349/2014 del índice del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como el expediente 626/2009 del índice de la responsable. -Que existen dos momentos a tomar en cuenta, el primero, que es cuando con antelación o durante el momento que se lleva a cabo el procedimiento expropiatorio, se ocupan las tierras de forma previa; y el segundo, es propiamente cuando ya se materializa la expropiación del bien inmueble; y como en el presente asunto no se ha emitido el decreto expropiatorio correspondiente, aunado a que la carretera de mérito ya ha sido concluida en el tramo que afectó la parcela de la parte actora, por tratarse de un hecho continuado, es de estimarse que la ocupación previa ilegal subsiste, pues será hasta que se desincorpore del régimen ejidal la superficie materia del juicio, que dicha ocupación concluya para dar paso a la ocupación definitiva, de ahí que resulte procedente condenar a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a pagar los daños y perjuicios, los cuales son equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, desde el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (sic) hasta que se realice el pago indemnizatorio y se desincorporen las superficies afectadas. -Que la Ley Agraria no prevé la figura de la prescripción negativa, y de manera supletoria -Código Civil Federal- prevé dicho aspecto, en su numeral 1158, y el artículo 1934 del mismo ordenamiento establece un plazo de dos años a partir de que se ha causado el daño para poder exigir dicho cumplimiento, en consecuencia, dicha excepción es improcedente, toda vez que los daños y perjuicios causados a la parte actora han sido continuos, al persistir la ocupación previa ilegal, la cual seguirá existiendo hasta en tanto no se desincorpore la superficie afectada del régimen ejidal. -Por tanto, concluyó que las pretensiones correspondientes al pago de daños y perjuicios, las cuales comprenden, el pago por la ocupación previa y las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el promovente, se encuentran subsistiendo hasta en tanto no sea desincorporada la superficie ilegalmente ocupada por la demandada del régimen ejidal, determinando que el cómputo inicia en la misma fecha -veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (sic)- data en que fuera suscrito el convenio de ocupación previa por el ejidatario. -De lo anterior, dio contestación a la excepción opuesta por las demandadas, en el que invocó el numeral 1934 del Código Civil Federal, y argumentó que la prescripción de dos años con que se cuenta para exigir la acción de la reparación de daños causados, a partir del día siguiente a que se hayan generado éstos; estableciendo dicha demandada que, la acción que la actora ejercita para demandar a su representada, tiene naturaleza jurídica eminentemente civil; sin embargo, como expuso que dicha excepción deviene improcedente; pues indicó que si la afectación a la parcela del promovente, de la manera en que aconteció en el caso, encuadra en la hipótesis en que los bienes ejidales y comunales pueden ser expropiados por causa de utilidad pública, siendo una de ellas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93, fracción VII de la Ley Agraria, la construcción de una carretera; es incorrecto que, para determinar la superficie expropiar, se acuda a las reglas previstas en los citados numerales del Reglamento de la Ley Agraria vigente. 8. Analizó y valoró los dictámenes periciales en topografía y valuación y demás material probatorio que obra en autos, con el fin de poder determinar la superficie ocupada por la demandada y poder establecer el monto de los daños y perjuicios en el peritaje de avalúo, de la manera siguiente: I. Emprendió su estudio de las periciales en materia de topografía, rendidas por los peritos nombrados en rebeldía a las partes; por el actor el ingeniero Fabián Romero Aldeco y por la demandada el arquitecto Germán Rosas Pacheco, así como del ingeniero José Antonio Tiscareño Franco -tercero en discordia, cual fue nombrado en virtud de haber existido discrepancia en las periciales rendidas por los peritos de las partes- respecto a la parcela número 85 Z-1 P-1/2 del poblado de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, de la forma siguiente: a) Que el perito de la parte actora, estableció que la superficie afectada era de 5,439.69 metros cuadrados, de acuerdo a su levantamiento topográfico, refiriendo la superficie total de la parcela como de 5,487.79 metros cuadrados, sin embargo, dicho experto se contradijo, porque difiere con su levantamiento topográfico, para posteriormente establecer diversa superficie en el croquis, pues refiere es de 5,438.72 metros cuadrados, por tanto, desestimó dicha experticia. b) Que el perito nombrado en rebeldía de la parte demandada y el perito tercero en discordia, fueron coincidentes en señalar que la parcela 85 Z-1 P-1/2 fue afectada en su totalidad en una superficie de 5,487.79 metros cuadrados, superficie que es coincidente con la expuesta en el convenio de ocupación previa; por ende, dichas experticias les otorgó valor probatorio pleno, por estar ajustados a la realidad, así como haber realizado los cuadros de construcción, haber dado contestación a los cuestionarios formulados por las partes y resultar imparciales las respuestas otorgadas; lo anterior, en términos de los artículos 189 de la Ley Agraria, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 154, 156 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, aunado a que le creó mayor convicción porque los dictámenes son coincidentes, ya que estudiaron cuidadosamente los temas sometidos a su consideración, tomaron en cuenta las documentales que obran en autos; realizando sus percepciones con eficacia, aportando a dichos dictámenes sus correspondientes cuadros de construcción y planos respectivos, donde plasmaron la superficie en litigio, observándose que sus opiniones resultan imparciales, así como sus manifestaciones, estableciendo con toda claridad y con el debido soporte técnico-documental, para llegar al conocimiento de la superficie real afectada que se encuentra en contienda, resultando en consecuencia que no existe una diferencia técnica significativa entre los mismos, quienes establecieron como superficie afectada la de 5,487.79 metros cuadrados. Citó en apoyo a lo anterior las tesis de rubros: "PRUEBA PERICIAL. SU NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCE". y "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA". c) Señaló que dicha superficie establecida en las periciales antes citadas sería la que tomaría para realizar la pericial en valuación; citó en apoyo a lo anterior las tesis de rubros: "PRUEBA PERICIAL. LA SOLA EXISTENCIA DE DOS DICTAMENES ACORDES, NO OBLIGA A CONCEDERLE VALOR PROBATORIO." y "DEFINICIÓN DE PERITO. VALOR PROBATORIO DE SUS DICTÁMENES". II. Analizó las periciales en materia de valuación de inmuebles, realizadas por los peritos de las partes y el tercero en discordia, las cuales estuvieron a cargo del ingeniero José Antonio Díaz González, nombrado por la parte actora, el ingeniero Tomás Germán Guarneros Olvera, perito nombrado en rebeldía de la parte demandada y, el ingeniero Francisco Herrera Vázquez, como perito tercero en discordia, de la manera siguiente: a) Como primer punto, aclaró que las periciales que examinó sólo se va a considerar la cantidad monetaria total respecto a los daños y perjuicios ocasionados a la parcela de la parte actora, ubicada en el poblado de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, esto es, el monto establecido por cuanto hace a las percepciones agrícolas dejadas de percibir, ya que el valor de la tierra lo determinará Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, pues el valor de la tierra no forma parte de los daños y perjuicios. -Es decir, que únicamente tomaría en cuenta el monto que deberá versar sobre los daños y perjuicios ocasionados a dicha parcela en el periodo establecido, sin que se tome en cuenta el valor comercial de la superficie total y real que está siendo ocupada por la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, pues una cosa es el concepto de la valuación de la tierra y otro son los daños y perjuicios, pues el monto de la superficie afectada sería establecido por Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (como más adelante se explicará, al pago de la desincorporación de la superficie ocupada de forma ilegal por la demandada del régimen ejidal). b) Luego, analizó el dictamen del perito de la parte actora, en el que advirtió que estableció como monto de las percepciones agrícolas dejadas de percibir por $324,605.85 pesos (trescientos veinticuatro mil seiscientos cinco pesos 85/100 M.N.); monto que determinó estableciendo que obtuvo la información de entrevistas a dueños de parcelas de los terrenos vecinos y no así de un análisis minucioso realizado por el mismo experto, asimismo, refirió que en la parcela 85 Z-1 P-1/2 se podían dar cosechas tanto de maíz forrajero, como de pasto forrajero, conociéndose de los dictámenes presentados por el perito de la parte demandada como del tercero en discordia, que en dicha zona el forraje no se cultiva, y en cuanto al maíz solo se siembra el maíz de grano criollo de la región de diferentes colores, principalmente blanco, que las tierras son de temporal y que después de la cosecha de maíz no se siembra pasto mejorado de corte; siendo por lo anterior, que se denota que el perito no realizó un estudio minucioso del tipo de tierra, ni de la zona donde se encuentra ubicada dicha parcela en el ejido de referencia, además, de que se observa a simple vista, que con los precios que refirió dicho experto, el total que establece para pago a favor de su mandante, se encuentra desmedidamente favorecedor para el mismo, pudiéndose destacar que dicho monto fue elevado por el experto, sin que haya justificado de forma alguna el por qué de su actuar, por ende, no le otorgó valor jurídico a su dictamen. c) Examinó el dictamen del perito nombrado en rebeldía de la parte demandada, en el que advirtió que estableció un valor de $51,690.98 pesos (cincuenta y un mil seiscientos noventa pesos 98/100 M.N.) por las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el accionante; sin embargo, señaló que a pesar de haber realizado un estudio de la zona donde se encuentra ubicada la parcela en litigio, y haber determinado el precio de las cosechas desde el nueve de junio de dos mil cuatro a la fecha de elaboración del dictamen, no menos cierto es que el primer monto que establece el perito, que corresponden a los dieciséis años que el actor no obtuvo la ganancia por percepciones agrícolas, es de $54,526.68 pesos (cincuenta y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 68/100 M.N.), manifestando que dicho monto es el que se "debería pagar" al accionante por la afectación de las cosechas dejadas de obtener, empero, establece posteriormente un valor indemnizable en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en donde bajo ese sistema obtuvo un monto menor a pagar al accionante, que es el determinó como monto final a pagar por la cantidad citada en primer término, pero no refiere de forma oportuna, por qué baja el monto en lugar de subir por el paso del tiempo, ni cómo funciona dicho índice nacional, así como tampoco por qué lo aplicó al caso concreto; aunado a que el referido dictamen se desprende que cuando realizó las sumatorias de los montos que obtienen, las mismas son erróneas, por tanto, se evidencia una falta de precisión y cuidado en su opinión pericial; la cual, no le otorgó valor probatorio pleno a dicha experticia. d Analizó el dictamen rendido por el perito tercero en discordia, en el que advirtió que estableció como monto por las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el accionante la de $76,432.85 pesos (setenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 85/100 M.N.); que el perito contestó a cabalidad las preguntas formuladas por las partes, realizó un estudio minucioso de la zona donde se encuentra ubicada la parcela 85 Z-1 P-1/2 dentro del poblado de Acopinalco del Peñón, municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, pues basó su investigación en el costo de producción del maíz, habiendo realizado su método de análisis de forma física, a través del método de capitalización de rentas y método de comparación en el mercado, habiendo utilizado diversas tablas para realizar la valuación solicitada por factores de zona, de ubicación y de superficie, pudiendo fijar el monto al que arriba en sus conclusiones, cantidad monetaria que indicó desde el año de dos mil cuatro a la fecha de la emisión de su dictamen (veintitrés de agosto de dos mil veintiuno); en consecuencia, le otorgó valor probatorio pleno a dicha experticia. Citó como apoyo a lo anterior, las tesis de rubros siguientes: "PRUEBA PERICIAL. SU NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCE". y "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA". e) Finalmente, indicó que ante el menoscabo sufrido por la parte actora con motivo de la ocupación previa ilegal de su parcela, en donde las percepciones agrícolas quedan inmersas en el pago de daños y perjuicios, condenó a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a pagar a favor del accionante por dicho concepto la cantidad de $76,432.85 pesos (setenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 85/100 M.N.), monto que deberá actualizarse en ejecución de sentencia, hasta que quede debidamente desincorporada la superficie de 5,487.79 metros cuadrados señalado por el perito tercero en discordia en materia de topografía, esto es, dicha cantidad que en ejecución de sentencia deberá actualizarse al monto que resulte desde el veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno (sic), hasta la fecha en que le sea pagado por la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda al promovente. 9. Posteriormente, analizó las prestaciones marcadas con los números 4 y 11, solicitados por el actor, consistentes en: "4. Se declare la nulidad e ilegalidad del avalúo de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro, efectuado por el Instituto de Catastro del Estado de Puebla"; y "11. El pago de los bienes distintos a la tierra conforme al avalúo comercial que al efecto se realice, respecto de los doscientos magueyes pulqueros adultos, cuatro cabañas construidas con block y madera, así como la cisterna de agua, que el actor manifiesta se encontraban en la citada superficie"; las cuales declaró improcedentes, al señalar que como se desprende de autos a fojas 211, 219, 222 a 236 y a contrario de lo señalado por el actor, en donde afirmó que los bienes distintos a la tierra son más que los que se establecen tanto en los propios convenios de ocupación previa, como en los documentos denominados "Valores de referencia" y "Bienes Distintos a la Tierra", en donde fueron valuados dichos bienes distintos a la tierra, y el accionante firmó de conformidad respecto del monto que le fuera pagado por los mismos, tal y como corrobora en el convenio de ocupación previa de doce de febrero de dos mil cuatro, los cuales fueron debidamente descritos, teniéndose que el promovente firmó de conformidad con la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala respecto al monto que recibiría como pago de los mismos la cantidad de $124,221.31 pesos (ciento veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 31/100M.N.). -Es decir, dichos avalúos son específicos y no genéricos, los cuales tuvo a la vista el accionante, ya que firmó de conformidad y aceptación por el monto total respecto de los conceptos ahí establecidos, por tanto, dichos avalúos y precios que en unitario se establecieron, se realizaron bajo la óptica del promovente, quien al ser un hombre de campo, se debe tener por entendido que tiene nociones de cuál es el valor del producto agrícola, máxime que es lo que se encuentra produciendo, y como se advierte de actuaciones, éste no objetó en ningún momento el precio que de manera unitaria se estableciera recibió de conformidad la cantidad estipulada en dichos documentos, por lo que de conformidad al artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, sostuvo que, resulta que dentro del juicio en ningún momento se observa que hubiera impugnado de falsa su firma o no reconocido haber firmado y recibido la cantidad monetaria por concepto del pago de los bienes distintos a la tierra como concepto de la afectación para la construcción de la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, correspondiente a la parcela ejidal número 85 Z-1 P-1/2 ubicada en el poblado de mérito, además, que por cuanto hace al pago de los doscientos magueyes pulqueros adultos, que dice se localizaban en la parcela antes mencionada y que argumenta fueron derribados de raíz por la demandada, dentro de la parcela número 85 Z-1 P-1/2, es de destacar, que el actor en ningún momento acreditó de manera fehaciente la pre-existencia de dichos bienes distintos a la tierra, ni comprobó con documental alguna, memoria fotográfica ni con ningún otro elemento de prueba que pudieran dar certeza a la responsable que dichos bienes existían con antelación a la construcción de la carretera, por tanto, concluyó que el pago que reclamó es improcedente en virtud de que dichas prestaciones ya fueron oportunamente cubiertas por la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala y recibido por el promovente de conformidad el precio estipulado por la cantidad de $124,221.31 pesos (ciento veinticuatro mil doscientos veintiún pesos 31/100M.N.). 10. Por otra parte, a la prestación marcada con el número 3, solicitado por el actor, consistente en: "3. La nulidad de recibo con folio APE-022, así como la póliza de cheque número EG 106, del doce de febrero de dos mil cuatro.", también, estimó que era improcedente, puesto que de autos constaba el avalúo efectuado por el Instituto de Catastro del Estado de Puebla de veintitrés de enero de dos mil cuatro, así como la póliza de cheque de doce de febrero del mismo año, por las cantidad de $162,292.35 (ciento sesenta y dos mil doscientos noventa y dos pesos 35/100 M.N.), por motivo del pago de ocupación previa, de la superficie afectada y el pago total de los bienes distintos de la tierra que se encontraban dentro de la parcela en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, que recibió de conformidad el actor, avalúo que realizó la demandada para poder efectuar dicho pago y así ejecutar la construcción del tramo carretero estatal de mérito. -Agregó que el avalúo relativo a la cuantificación de los bienes distintos a la tierra que existían en la superficie afectada, el cual contiene la memoria fotográfica que ilustra la preexistencia de esos bienes, sin embargo, el promovente no acreditó de manera fehaciente la pre existencia de mayor número de productos agrícolas que reclamó, además, de constancias se conoce que el actor recibió el pago por dichos bienes distintos a la tierra en donde se describen los mismos, aceptando de conformidad dicho pago, lo cual lo adminiculó con las pruebas documentales exhibidas por el accionante en los que consta la firma de éste, advirtió que previo inventario y haberse establecido el precio unitario y total de los bienes ahí señalados, el actor firmó de conformidad el avalúo que se le presentó y que realizó el Instituto de Catastro del Estado de Puebla, sin inconformarse con los precios establecidos por el mismo, por tanto, coligió que al ser el accionante una persona dedicada al campo, la cual se encontraba cultivando en su predio dichos productos agrícolas, que dicho agricultor conoce el precio de los productos que tenía sembrados, y al no objetar el precio que les fueran fijados, se traduce en su conformidad y aceptación de que el precio que se le pagó por los mismos era el correcto y justo en el mercado en esa época, aceptó que recibió de conformidad la cantidad antes señalada -pago de ocupación previa, de la superficie afectada y el total de los bienes distintos de la tierra que se encontraban dentro de la parcela del ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala-; en consecuencia, determinó declarar improcedente dicha prestación que reclamó el accionante. 11. Enseguida, analizó las prestaciones marcadas con los números 5 y 6 solicitadas por el actor, consistentes en: "5. Se condene a las demandadas a la desocupación y entrega material en favor de la actora, de la superficie de 00-54-87.79 metros cuadrados, correspondientes a la parcela número 85, ubicada en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala" y "6. Se condene a las demandadas a la rehabilitación a su estado original agrícola, retiro y limpia de material depositado, piedras, relleno, nivelación de la citada parcela, con una capa de tierra fértil cultivable, para volverla apta para la agricultura". -Igualmente, calificó dichas prestaciones como improcedentes, al exponer que la colectividad tiene interés en que la carretera estatal denominada Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, sobre la parcela número 85 Z-1 P-1/2, ubicada en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, siga en operación para su beneficio, dado que la misma sirve para la comunicación de diversas entidades de la República, de tal manera que legal y materialmente no es posible acceder a tales prestaciones, toda vez que el terreno en conflicto ha quedado ya desnaturalizado, al estar construida la carretera y que se encuentra funcionando, existe la imposibilidad física para su desocupación y rehabilitación a su estado original agrícola, aunado a lo anterior, hay un interés social que implica el derecho agrario considerado como un derecho de esa índole que tiende a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales, nunca puede estar sobre el interés colectivo o interés público, esto es, las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad, como en el caso acontece; citó en apoyo a sus argumentos la tesis de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UN BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO, AUNQUE LA VÍA SEA PROCEDENTE". 12. Asimismo, analizó la prestación marcada con el número 13 solicitada por el actor, consistente en: "13. De las demandadas Vías Concesionadas de Carretera PAPSA, S.A de C.V., Carreteras de Cuota-Puebla y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, el pago proporcional en favor del actor de los recursos que éste señala se han venido cobrando de manera indebida por concepto de peaje de la superficie que resulte del dictamen pericial que en topografía se realice, correspondiente a la parcela número 85, ubicada en el ejido de referencia". -Del mismo modo, la declaró improcedente, al señalar que si bien la demandada Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Puebla denominada "Carreteras de cuota-Puebla" se encontró cobrando el peaje desde que fuera puesta en operación la carretera hasta el siete de diciembre de dos mil doce, y la persona moral denominada "Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable", continuó desde el ocho de diciembre de dos mil doce brindando el servicio carretero y cobro de peaje, no menos cierto es que dichas prerrogativas corresponden a un derecho que previamente les fue otorgado por el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Título de Concesión, agregó que el Diccionario Jurídico Mexicano, define a la Concesión Administrativa como: "El acto administrativo a través del cual la administración pública, concedente, otorga a los particulares, concesionarios, el derecho para explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público", por lo que al haberse otorgado en cada momento a las demandadas la concesión de mérito, la cual consiste en operar, explotar y mantener la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, es que los pagos que recibieron y reciben las demandadas respectivamente, al haber explotado y explotar dicha vía de comunicación, fue a razón del derecho que les fuera conferido a cada una en la época en que obtuvieron la concesión de referencia, por tanto, cada una en su momento se encontró ejerciendo el legítimo derecho que previamente le fue otorgado con el fin de obtener con los cobros de referencia, los recursos que le permitieran cumplir las funciones de conservación y mantenimiento que les fueron encomendadas, así como recuperar la inversión que efectuarían para tan efecto. -Añadió que el actor en ningún momento dentro del sumario de pruebas, tuvo alguna concesión por quien legalmente deba otorgarla, ni tampoco, demostró encontrarse conservando y manteniendo la carretera que se encuentra construida sobre la fracción de su parcela, por tanto, dicha prestación es improcedente, por ende, absolvió a las demandadas Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Puebla denominada "Carreteras de cuota-Puebla" y Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, de dicha prestación, en apoyo a lo anterior, citó la tesis de rubro: "CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. NOCIÓN Y ELEMENTOS REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES QUE LA INTEGRAN". 13. Finalmente, emprendió al análisis de las prestaciones hechas valer por el actor, conforme a la litis fijada marcada con el número 14, consistente en: "14. Se desincorpore en su caso del régimen ejidal la superficie que resulte afectada de la parcela número 85, ubicada en el ejido de referencia, con motivo de la construcción de la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan". De lo anterior, dio contestación desde dos puntos, tal como enseguida se expone: I. El primero, por cuanto hace a la prestación marcada en el número 14 de la litis, que reclamó a las demandadas Gobernador del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla, la empresa denominada Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, indicó que todas las demandadas referidas, carecen de legitimación pasiva dentro del presente rubro, puesto que el actor no acreditó la existencia de algún vínculo jurídico que pruebe la existencia de una obligación de dichas demandadas para iniciar el decreto expropiatorio, ya que el mismo se inicia a petición de parte, y no puede llevarse a cabo por motu proprio, y menos aún por quien no se comprometió a realizarlo, no obstante, la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, sí se comprometió a realizarlo, por tanto, la referida excepción es una condición sine qua non para la procedencia de la acción, y la misma no se satisface para las demandadas en referencia, declarándose procedente dicha excepción opuesta por las demandadas citadas en primer término, en consecuencia, absolvió a las mismas de la prestación que se reclama. -Es decir, para la desincorporación del régimen ejidal la superficie que resulte afectada de la parcela número 85 Z-1 P-1/2, ubicada en el ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, con motivo de la construcción de la carretera Tlaxco-Chignahuapan, tramo Tlaxco-Chignahuapan, reiteró que todas las demandadas antes referidas, con excepción de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, carecen de legitimación pasiva dentro del presente rubro, en virtud de que la parte actora no acreditó la existencia de algún vínculo jurídico que pruebe la existencia de una obligación de dichas demandadas para iniciar el decreto expropiatorio; sin embargo, ante la omisión en que ha incurrido la demandada -Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala-, en el sentido de que no ha iniciado los trámites del procedimiento de expropiación, obligación a la que debió dar cumplimiento mediante solicitud de expropiación respecto de la superficie ocupada (previa autorización del ejidatario), en tanto se realizaban los trámites del procedimiento expropiatorio para el pago de la indemnización definitiva, tal y como lo disponen los artículos 93, 94, y 96 de la Ley Agraria y, al no haberse cumplimentado los ordenamientos en materia agraria para la inmediata expropiación y pago de indemnización definitiva correspondiente, correlativos de los que a la fecha resultan aplicables, artículos 27 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 61, 65, 67 a 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86 y demás correlativos y aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del veintinueve de noviembre del dos mil doce, no ha quedado legalmente desincorporada del régimen ejidal la superficie de la parcela citada, la cual, no puede quedar así por tiempo indefinido, pues en observancia a los principios de prontitud y completitud conforme lo dispone el numeral 17 de la Constitución Federal y en uso de la autonomía y plena jurisdicción de que goza el Tribunal Agrario responsable, en términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Federal. -En consecuencia, condenó a la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, para que realice el pago al actor por concepto de la indemnización correspondiente de la superficie de 5,487.79 metros cuadrados, correspondientes a la parcela número 85 Z-1 P-1/2 objeto del contrato de ocupación previa del ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, monto que deberá ser previamente determinado mediante avalúo a cargo del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, atendiendo a su valor comercial, esto es, el que las tierras tenían al ser afectadas (cuando se ocuparon ilegalmente), toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión de su titular, siendo esa la fecha a la que deberá retrotraerse dicho avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas, sin perder de vista que el valor que se le otorgó deberá actualizarse al momento de su liquidación. -Añadió que debe tomar en cuenta para tal efecto los cuadros de construcción que realizó el perito tercero en discordia en materia de topografía al emitir su dictamen, se le descontará la cantidad de $36,167.49 pesos (treinta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 49/100 M.N.) que ya recibió el ejidatario por concepto de pago como indemnización de la superficie afectada, tal como se desprende del convenio de ocupación previa de fechas once y doce de febrero de dos mil cuatro, referente a la afectación para la construcción de la carretera Tlaxco-Chignahuapan, tramo Tlaxco-Chignahuapan, correspondiente a la parcela ejidal número 85 Z-1 P-1/2, amparada con el Certificado Parcelario número 97730, del ejido de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, lo cual se corrobora con los recibos de conformidad firmado por el actor. Citó en apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: "INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EJIDALES. EL VALOR COMERCIAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL ELABORAR EL AVALÚO, ES EL QUE TENÍAN AL MOMENTO EN QUE FUERON AFECTADAS, MÁS LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.", "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DE UN BIEN INMUEBLE, EL MONTO A CUBRIR SERÁ EL QUE RESULTE DE ACTUALIZAR EL VALOR QUE TENÍA, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ EL ACTO RECLAMADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA." y "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO SOBRE TERRENOS EJIDALES PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA DEBE CALCULARSE CONFORME AL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE AFECTADO AL CONSTITUIRSE AQUÉLLA, MÁS SU CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN". -Fijó a la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, un término que no exceda de sesenta días, para que informar el cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos el numeral 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los artículos 70 y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del veintinueve de noviembre del dos mil doce, máxime si se considera que la carretera está construida en su totalidad y en funcionamiento, lo cual, para su realización se tuvieron que reunir información, acreditar la causa de utilidad pública, llevar a cabo los trabajos técnicos e informativos necesarios, los estudios de factibilidad o de impacto ambiental, por lo que apercibió a la citada demandada que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma al fallo, se le impondrían las medidas de apremio necesarias a fin de lograr su cabal cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 59 de Código Federal de Procedimientos. -Adicionó que la referida condena encuentra sustento en la afectación material que ha sufrido la superficie de la parcela de que se trata, en la que actualmente se encuentra construida la carretera Tlaxco-Chignahuapan, tramo Tlaxco-Chignahuapan, dado que dicha carretera, por su propia naturaleza, es del dominio público; agregó que visto que la afectación material que ha sufrido la superficie de 5,487.79 metros cuadrados correspondientes a la parcela de que se trata, en la que actualmente se encuentra construida la carretera antes precisada, no puede seguir sujeta a las modalidades que implica el régimen de propiedad ejidal, es decir, del núcleo agrario o de sus integrantes, quienes en uso de su derecho reconocido por el artículo 27, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Ley Agraria, puedan seguir interponiendo acciones legales a efecto de que sea pagado nuevamente el valor de la tierra y de los bienes distintos a la misma, poniendo en riesgo el servicio público de interés social por el cual se justificó su afectación. -Asimismo, señaló una vez que pagara la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala la indemnización, en los términos en que ha sido ordenada, deberá procederse a la inmediata desincorporación de la superficie de 5,487.79 metros cuadrados que corresponden a la parcela 85 Z-1 P-1/2, del régimen ejidal, y su incorporación al régimen del dominio público del Estado de Tlaxcala, pues resulta de elemental sentido común que si la demandada debe pagar por la superficie afectada, por equidad y en vía de consecuencia, tiene derecho a su apropiación, máxime si se considera que fue la citada Secretaría, en su carácter de dependencia del Gobierno Estatal, quien suscribió el convenio de ocupación previa de mérito para los efectos de la construcción de la referida carretera, de donde deviene su incorporación al régimen del dominio público del Estado de Tlaxcala, así como su inscripción en el Registro Agrario Nacional, Registro de la Propiedad Estatal en Tlaxcala y al Registro de la Propiedad que corresponda, otorgando de esta manera a cada parte lo que le corresponde con motivo del cambio del uso de la tierra afectada, ya que por una parte se entrega el valor que encierra la superficie afectada y por otro la titularidad respecto de la cual se está cubriendo el valor de la misma. En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINA SU PROCEDENCIA, PERO SE ACREDITA QUE ES MATERIAL Y JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE CUMPLIRLA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA". II. En segundo término, por cuanto hace a la prestación reclamada a la Secretaría de Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respecto a que inicie el trámite tendente a la expedición del decreto expropiatorio sobre las superficies afectadas por el paso de la Carretera Apizaco-Huachinango, tramo Tlaxco-Chignahuapan, dentro de la parcela materia del presente juicio, estimó que era improcedente de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, pues quedó satisfecha la pretensión sustituta incoada; por tanto, determinó que no ha lugar a determinar condena alguna a la Secretaría antes señalada. -Que de conformidad con lo establecido por los artículos 17 y 27 fracciones VII y XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 191 de la Ley Agraria, el cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios es de orden e interés público, en virtud de que dichos dispositivos legales consagran la garantía de impartir justicia en materia agraria a través de Tribunales Federales, de forma pronta y expedita, encontrándose los Tribunales Agrarios obligados a proveer su eficaz e inmediata ejecución, a fijar sus alcances, a determinar quiénes están vinculados con su acatamiento, y en su momento, a emitir la resolución fundada y motivada que la declare cumplida, en tal circunstancia, el Tribunal Agrario para hacer cumplir sus sentencias podrá hacer uso de todas las medidas que sean necesarias y citó los criterios siguientes: "TRIBUNALES AGRARIOS. ESTÁN OBLIGADOS A PROVEER DE OFICIO LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE SUS SENTENCIAS." y "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: I. Dejó insubsistente la sentencia reclamada de dos de enero de dos mil dieciocho. II. Ordenó la reposición del procedimiento para el efecto proveer lo conducente en cuanto al desahogo de la pericial en materia de topografía, así como la admisión y recepción de la pericial en avalúo de inmuebles y percepciones agrícolas y la documental consistente en el expediente 411/2014. III. Hecho lo anterior, el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable dictó una nueva sentencia en la que, resolvió la controversia de origen con libertad de jurisdicción, en el que tomó en cuenta las causales de rescisión del convenio de ocupación previa expresadas por el actor. En consecuencia, determinó que el actor Javier Espino Roldán acreditó parcialmente los extremos de sus pretensiones, en contra de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; y, absolvió a la parte demandada Gobernador del Estado de Puebla; Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Puebla, denominado Carreteras de Cuota Puebla; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador del Estado de Tlaxcala; así como de los terceros con interés integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Acopinalco del Peñón, Tlaxco, Tlaxcala; empresa Vías Concesionadas de Carreteras Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de toda prestación. Así la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Ahora bien, el tercero interesado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su representante, Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF, en el escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós, manifestó que se calificara el cumplimiento de la sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, con apego a la normatividad aplicable; de ahí que dichas manifestaciones no ameritan pronunciamiento alguno. De conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; por lista al Comisariado Ejidal de Acopinalco del Peñón del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala y a la empresa denominada Vías Concesionadas de Carretera Papsa, Sociedad Anónima de Capital Variable; y por oficio al Gobernador del Estado de Puebla; al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Puebla, denominado Carreteras de Cuota Puebla; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; y, de manera electrónica al Gobernador del Estado de Tlaxcala, terceros interesados en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, uno de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el tercero interesado; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cinco de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual en conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo el tercero interesado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su representante, Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable en el presente asunto.
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