Javier Escalera Amaya

Expediente 560/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
560/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2016

Partes del expediente

  • Javier Escalera Amaya

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; catorce de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de trece de mayo del presente año en el juicio especial de alimentos 443-2/2016, así como su ejecución.Precisado lo anterior se actualiza, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, del escrito de desahogo el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó bajo protesta de decir verdad, que interpuso recurso de apelación el veinticuatro de mayo pasado en contra del auto que en esta vía constitucional reclama. Ahora, al constar el acto reclamado es una medida precautoria en relación a los alimentos provisionales, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe tenerse en cuenta que el procedimiento especial de alimentos se rige por los preceptos que integran el capítulo VIII "Juicio de Alimentos", del Título Segundo "Juicios del Orden Familiar y del Estado Civil de las Personas", correspondiente al Libro Cuarto "Procedimientos Especiales", del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364, en cuyo artículo 566, segundo párrafo, dispone que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Por consiguiente, se deduce que el auto de trece de mayo de de dos mil dieciseis es apelable, porque se trata de una resolución dictada en un procedimiento que se tramita conforme a las reglas del juicio especial de alimentos. Al respecto, conviene precisar que tal cuestión estaba regulada en el artículo 224 del citado ordenamiento legal antes de ser derogado, y establecía que la resolución que concediera los alimentos era apelable en el efecto devolutivo y la que los negara era recurrible en queja. Sin embargo, mediante "Decreto Número 498 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero", publicado el veintiuno de diciembre de dos mil diez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero No. 102 Alcance I, se derogó la Sección cuarta, del Capítulo Sexto, Título Primero, Libro Segundo con los artículos 223, 224 y 225, como así se advierte en el artículo tercero de dicho decreto. La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, justificó tal decisión de la manera siguiente: Se propone derogar la Sección Cuarta relativa a Alimentos Provisionales y los artículos 223, 224 y 225, del Capítulo VI "medidas Cautelares", Título Primero "Actos preparatorios al juicio", Libro Segundo "Proceso jurisdiccional", para integrar la mayoría de sus contenidos en el capítulo relativo a juicios del orden familiar, con lo que se prevé facilitar el acceso a la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, para los acreedores alimentarios, reduciendo plazos y trámites adicionales y así eficientar su otorgamiento. Lo cual permite establecer: a) Que se derogó el artículo 224, el cual establecía que la resolución que concediera los alimentos era apelable. b) Que la mayoría de sus contenidos se integró al capítulo relativo a juicios de orden familiar; y c) Que se pretendía facilitar el acceso a la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, para los acreedores alimentarios, reduciendo plazos y trámites adicionales y así eficientar su otorgamiento. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que, como se ha visto, el segundo párrafo del artículo 566 dispone que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, el cual integra los contenidos a que hace referencia el decreto que derogó el diverso 224. En este orden de ideas, contra el auto de trece de mayo de dos mil dieciséis (por medio del cual se dejó sin efecto la pensión provisional que se decretó mediante auto de once de abril del año en curso), procede el recurso de apelación al constituir un auto dictado en un juicio especial de alimentos que por disposición de la ley es recurrible mediante dicho medio ordinario de defensa. En ese orden de ideas, los numerales 375, fracción II y 384, 385 y 386, fracción II, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, disponen: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: (.) II. Apelación": "Artículo 384.- Iniciación del procedimiento de segunda instancia. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación." "Artículo 385.- Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (.) II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código." De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de apelación, el cual procede en contra de los autos cuando expresamente así lo señale la legislación adjetiva que nos ocupa, lo que así acontece -como se dijo-, en torno a las resoluciones sobre alimentos. De ese modo, queda de relieve que aquel medio de defensa tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, revoque o modifique la decisión del A quo sobre el tema de los alimentos como medida cautelar. Por tanto, los citados numerales conceden la posibilidad de que la determinación reclamada en la presente instancia constitucional, sea impugnada mediante recurso de apelación, porque expresamente se prevé su procedencia en el artículo 566, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, al que remite la tramitación del juicio especial de alimentos. Entonces, si el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que promovió recurso de apelación en contra del auto de trece de mayo del presente año, debe esperar a que se resuelva el medio de impugnación citado, para cumplir con el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, dado que tiene el carácter de demandado en el juicio de alimentos de donde deriva el acto reclamado, aunado a que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otro lado, no pasa desapercibido que el quejoso reclame la ejecución del auto de trece de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se deja sin efectos el descuento provisional del veinte por ciento de salario y demás prestaciones de la demandada Arumin Alondra Escalera Mota, sin embargo no se podría estudiar de forma destacada la ejecución de dicho acuerdo, ello en razón de que el derecho sustancial se encuentra definido en el propio auto impugnado, en tanto que la emisión del oficio que giró a la fuente de trabajo de la demandada, para hacer efectiva dicha resolución, no es sino una consecuencia lógica y necesaria de dicha determinación. De igual manera, no pasa desapercibido lo manifestado por el quejoso de que no se ha enviado el recurso de apelación que interpuso en contra del auto de trece de mayo del año en curso, dictado en el juicio natural a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en virtud de que entre el lapso en que lo interpuso a la fecha de este escrito de desahogo, no ha transcurrido una temporalidad que a criterio de este juzgado federal no constituye una dilación prolongada del procedimiento civil, y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, registro 2011580, del siguiente contenido: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y escrito de desahogo, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRIENTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Escalera Amaya, por su propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 560/2016, y fórmese expediente. Ahora, tomando en consideración que la precisión del acto reclamado, es una obligación que debe cumplir la parte quejosa al ser la base para considerar procedente o no la acción constitucional y al no advertirse que ello aconteciera; con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, con copias suficientes de su escrito de desahogo, bajo protesta de decir verdad, corrija su demanda. 1. Transcriba el acto reclamado consistente en el auto de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente número 443-2/2016, relativo al juicio especial de alimentos interpuesto por el aquí quejoso Javier Escalera Amaya (parte actora en el juicio de origen) en contra de la tercera interesada Arumin Alondra Escalera Mota (parte demanda en el juicio natural), o bien exhiba una copia del mismo. 2. Señale si interpuso algún recurso ordinario en contra del referido auto y de ser así indique que estado procesal guarda el citado medio de impugnación. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ser el titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo. Se apercibe al promovente que de no desahogar el requerimiento formulado en el plazo que se le otorgó para ello, se tendrá por no presentada la demanda, según lo dispuesto en el numeral 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ángel Gabino Merlín Valadez, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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