Javier Enrique Gamboa Luna
Expediente 2801/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2801/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Javier Enrique Gamboa Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Mérida, Yucatán; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el telegrama que se remitió en representación del Director en Jefe y el Director General, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; que envía en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Atento a su contenido, comunica que el trámite que le correspondía a las oficinas centrales en Ciudad de México, ya concluyó satisfactoriamente; e informa que la expedición y entrega del título de propiedad respectivo, corresponde a la representación del Registro Agrario Nacional en Yucatán. En consecuencia, se requiere al Registro Agrario Nacional en esta entidad, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, cumpla con la ejecutoria de mérito, lo que deberá acreditar con las constancias conducentes en copia certificada, completa y legible. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio número DFTM/1257/2022, signado por la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal de Mérida, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, proporcionando dos domicilios del tercero interesado Daniel Salvador Pasos Vázquez, que obran en la base de datos de dicha institución, siendo estos los siguientes: Calle sesenta y uno, número doscientos dos, por treinta y ocho y cuarenta de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad; y Calle veintitrés, número trescientos cuarenta y cinco, por veintidós y veinticuatro, folio catastral 117386, del fraccionamiento Juan Pablo II de esta ciudad. Por lo que respecta al segundo domicilio relacionado, no es el caso hacer pronunciamiento alguno, toda vez que de autos se advierte que el mismo ha resultado infructuoso. Ahora bien, por lo que toca al primer domicilio, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción para que se constituya al mismo, a efecto de que notifique el inicio de este juicio al citado tercero interesado, entregándole copia simple de la demanda de amparo, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído. Hágase saber al tercero interesado señalado en el presente proveído que puede apersonarse a este juicio de amparo, si así le conviniere; haciéndole de su conocimiento que mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable; igualmente, que la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, es el día dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a las nueve horas con treinta y nueve minutos. Notifíquese personalmente al tercero interesado Daniel Salvador Pasos Vázquez, y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2801/2022-VII-A, promovido por ********************. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, la parte quejosa solicitó el otorgamiento de la suspensión definitiva contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos incidentales. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa, los actos que reclama la parte quejosa: El ilegal embargo sobre un predio que afirma es de su propiedad, trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil 629/2019 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y su inscripción. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes previos. Por otra parte, en atención a lo que informó el Secretario, en el sentido de que a la fecha no hay constancia de que el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, hubiere rendido su informe previo, no obstante estar debidamente notificado, como se advierte de la boleta de acuse de recibo respectiva; para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza que prevé el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. Medida cautelar. Con fundamento en los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados; debe analizarse, en primer término, su naturaleza, la cual es de consumados con efectos positivos; pues todo ello ya aconteció; no obstante, en cuanto a los efectos y consecuencias es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Y, la tesis aislada I.3o. C. 35K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1413, del Tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número electrónico 186408, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y solo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aún no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado." SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO En cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por lo que si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en su esfera. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo. Esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución del actos reclamados. Asimismo, la parte quejosa acreditó su interés suspensional con la copia certificada del contrato privado de compraventa con reconocimiento de gravamen que celebró con Reyna Marlene Luna Magaña, respecto al predio que defiende en este asunto, marcado con el número quinientos diez, de la calle cuarenta y ocho letra A, de esta ciudad. Tiene aplicación al caso la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, visible en la página 352, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 246970, cuyo rubro y texto dicen: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." Por ello, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128, 129 y 151, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, únicamente para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; hasta que se resuelva lo procedente en el juicio principal del que deriva este incidente, sin que esto implique la suspensión del procedimiento de origen por ser de orden público. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.3o.C.933 C, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2417, del Tomo XXXIII, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2011, con número de registro 162488, que dice: "REMATES. ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo uno de los requisitos para que proceda la suspensión, es que con ésta no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto sean de difícil reparación. La posibilidad de que se continúe el procedimiento de ejecución, en específico el remate, no implica dejar sin materia el juicio de garantías, porque la diligencia de remate y su adjudicación son actos dentro de ese procedimiento que no afectan de manera irreparable la esfera jurídica del quejoso, tercero extraño al juicio, puesto que como no es parte, el derecho de posesión que defienda en el juicio de amparo indirecto, podrá ser reparado fácilmente si es que logra la protección constitucional porque esa diligencia y adjudicación pueden quedar insubsistentes por efecto de la sentencia de amparo que ordene anular esos actos. De suspenderse el procedimiento de remate y, en su caso, su aprobación y adjudicación, sí se ocasionarían perjuicios al interés social, en atención a que la ejecución de las sentencias es de orden público y reviste especial importancia para la sociedad su cumplimiento cabal, en atención a que también se debe salvaguardar la garantía de administración de justicia, la cual debe ser de manera expedita, pronta, completa e imparcial. Por tanto, cuando el quejoso es tercero extraño al juicio natural, y solicita la suspensión respecto del remate, ésta debe concederse únicamente por los actos que trascienden al proceso y que serían de difícil reparación, como es la escrituración de la adjudicación, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y la entrega de la posesión al adjudicatario." Lo anterior es así, pues en el caso, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la concesión de la suspensión para los efectos indicados, no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138; pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la Ley de la Materia. Además, la apariencia del buen derecho conlleva, al dictado de medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional. Máxime que para conceder la suspensión debe tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido. FIJACIÓN DE GARANTÍA La medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no constituye depósito, dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); la que se fija de manera discrecional, al no contar con mayores datos en este momento, y para garantizar posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a terceros si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio principal; de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo. Garantía que podrá presentar en billete de depósito, expedido por la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en esta ciudad, o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 419, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, localizable con número de registro 175421 en el IUS Intranet, con el texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía; y, Por último, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva a la quejosa, resérvese la notificación de la presente resolución a la parte tercero interesada, una vez que sea emplazada en el expediente principal del que derivan estos autos. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de los actos que reclamaron del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Mérida, Yucatán, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, y la cuenta que antecede se acuerda: agréguense a los mismos para que obren como corresponda, las constancias de nueve y doce de diciembre de esta anualidad, de la que se advierte que no fue posible emplazar a los terceros interesados ******************** y ******************** en virtud de que los domicilios proporcionados resultaron incorrectos. En consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, de los que pudiera obtenerse un domicilio para realizar dicha diligencia. Notifíquese y cúmplase.
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