Javier Eduardo Murillo Ponce

Expediente 865/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
865/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • Javier Eduardo Murillo Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En quince de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de junio al trece de julio de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veinticinco de junio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 865/2015.- DOY FE. En la misma fecha el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil quince, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. De igual forma, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo en cita, se determina que el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. DOY FE. Uli.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 865/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del ordenamiento legal invocado, se da cuenta con las constancias exhibidas por la autoridad responsable consistentes en copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 242/2015, así como el cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo en que actúa, siendo el único medio de convicción aportado por las partes, con lo cual se da por concluida la presente etapa. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el cual el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta el Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede a emitir la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 865/2015; y R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JAVIER EDUARDO MURILLO PONCE, formuló demanda de amparo indirecto, contra él Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital; por los actos que se precisan a continuación: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad ORDENADORA en el presente caso lo será EL H. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL., se le reclama: LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y CONSECUENTEMENTE A ELLO, LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE IMPLICAN EL EMBARGO O ACTOS DE MOLESTIA EN CONTRA DEL PATRIMONIO DEL QUEJOSO. Lo cual se traduce en la violación flagrante a mis derechos procesales y sustantivos por dicha autoridad; ya que de ejecutarse los actos, la Responsable me dejaría en un estado de total indefensión, causando un agravio irreparable en contra de mis derechos sustantivos y procesales, así como en el daño inminente hacia mi patrimonio". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el veintidós de mayo de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 865/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La falta de emplazamiento, así como los actos de ejecución que implican el embargo o actos de molestia en contra del patrimonio del quejoso. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II.2.2. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta propia ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con la copia fotostática certificada del juicio ejecutivo mercantil marcado en el expediente 242/2015, así como del cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo en que se actúa, donde consta dicho acto; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, sin embargo, el suscrito juez de amparo después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, sí advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". En el caso, este Juzgado de Distrito, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, la faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto; así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, procede evidenciar, por qué los actos reclamados, a saber, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 242/2015; el auto de requerimiento de pago de seis de abril del dos mil quince, dictado en el citado juicio mercantil; y el citatorio dejado el veinte de mayo de dos mil quince, en el domicilio ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, para el efecto de que la parte demandada OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V. por conducto de su representante legal, esperara al ministro ejecutor a efecto de llevar a cabo la diligencia tripartita, esto es, de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. En principio conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del citado Juicio Ejecutivo Mercantil número 242/2015, y en esencia son: Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil quince, el licenciado Juan Carlos Flores Olamendi, en su carácter de representante legal y apoderado de la empresa moral Distribuidora GARCI-CRESPO S. DE R.L. DE C.V. promovió juicio ejecutivo mercantil contra OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., y le demandó el pago de pesos (fojas 13 a 26). Mediante proveído de seis de abril de dos mil quince, el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil, admitió a trámite la demanda, ordenó requerir de pago a la demandada OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V. de las prestaciones reclamadas y de no efectuarse el pago se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para garantizar esas prestaciones y se le emplazara con copias simples de la demanda (fojas 26 y 27). El ocho de mayo de dos mil quince, el ministro ejecutor adscrito a la central de actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., donde al no localizar al representante legal dejó citatorio para las trece horas del once de mayo del mismo año, para la práctica de una diligencia en materia mercantil (fojas 18). En once de mayo de dos mil quince, el citado diligenciario nuevamente se constituyó en el domicilio de la demandada, el cual dijo, pertenece a una pizzería denominada Bravos Pizza, sin realizar la diligencia virtud a que el representante legal de OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., no atendió el citatorio (foja 20). Nuevamente el veinte de mayo de dos mil quince, el ministro ejecutor adscrito a la central de actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., donde al no localizar al representante legal dejó citatorio para las trece horas del veintiuno de mayo del mismo año, para la práctica de una diligencia en materia mercantil (fojas 21). El veintiuno de mayo de dos mil quince, el citado diligenciario nuevamente se constituyó en el domicilio de la demandada, donde al llamar en repetidas ocasiones no fue atendido por persona alguna y por ende no pudo llevar a cabo la diligencia (foja 23). Hecha esa precisión, es importante destacar que la parte quejosa a su escrito inicial de demanda la cual promovió por propio derecho, no anexó documento alguno, como tampoco ofreció pruebas, por lo que no acreditó que se le vaya a ocasionar un perjuicio con motivo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo a realizarse en el domicilio ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, ordenada por el Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Lo anterior se afirma, en virtud de que, si bien es verdad que el Juez Tercero del Ramo Mercantil, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 442/2015, el seis de abril del dos mil quince, dictó auto de exequendo y ordenó requerir a la demandada OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., por el pago de pesos y de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad para garantizar el adeudo, y además la emplazara al juicio natural con las copias de la demanda, diligencia que debe ser realizada en el domicilio de la demandada OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas. Sin embargo, si bien en su escrito de demanda señala que en el domicilio de su negocio particular Bravos Pizza ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, se constituyó una persona que dijo ser ministro ejecutor adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, en compañía de una persona del sexo masculino que dijo ser abogado, al entrar al negocio los recibió un empleado de nombre Omar Delgado a quien preguntaron por el quejoso, y les fue informado que no se encontraba el quejoso, por lo que dejaron citatorio para que los esperara al día siguiente; no menos cierto es, que el quejoso por una parte promovió el presente juicio de garantías por propio derecho y no como representante legal de OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., aunado a lo anterior, tampoco acreditó que su domicilio se encuentre ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, tampoco exhibió documento alguno con el cual acredite que ese es su domicilio fiscal y no el de la parte demandada en el juicio natural; esto es, no está demostrado que el inmueble en el cual se ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo sea precisamente el domicilio del impetrante de garantías, pues se insiste, no exhibió documento alguno con el cual acredite tal circunstancia. Por tanto, es evidente que los actos reclamados, esto es, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 242/2015; y los actos de ejecución que implican el requerimiento de pago y embargo en bienes propiedad de la quejosa a ser practicada por el ministro ejecutor adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, en el domicilio ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, ordenada por el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil de la capital, no afecta la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que el juicio de amparo lo promovió por propio derecho y no en representación de la parte demandada, como tampoco aportó documento alguno que acreditara tal circunstancia, o al menos no fueron anexados a la citada demanda de garantías, como tampoco exhibió con su escrito de demanda ni durante la tramitación del presente juicio documentación alguna para acreditar su interés jurídico. Por otro lado, en cuanto a lo que aduce el quejoso que con los actos de ejecución que implican el embargo, o actos de molestia contra su patrimonio, debe sostenerse que al respecto tampoco se encuentra acreditado que se afecte el interés jurídico del mismo. Se afirma lo anterior, ya que, en primer lugar, el citatorio de veinte de mayo de dos mil quince, dejado en el domicilio ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, no está dirigido ni ordena el embargo de bienes propiedad del quejoso como persona física, pues de su lectura se desprende que va dirigido al representante legal de OPERADORA BRAVO, S.A. DE C.V., por lo que no puede sostenerse incluso que exista un inminente embargo de bienes; y en segundo término, de las constancias allegadas en este juicio de amparo no obra constancia de que se hubiere realizado el secuestro de algún bien, y menos aún, de alguno propiedad del impetrante. Asimismo, no se desconoce que el quejoso tenga preocupación con el acto de molestia que se realizó en el domicilio ubicado en Boulevard López Portillo número 609, fraccionamiento Boulevares de esta ciudad de Zacatecas, sin embargo, el hecho de que se constituya el actuario a realizar una diligencia ordenada por su superior, que claramente está destinada a una persona moral y no a una persona física como el quejoso, no da lugar para que quien habite en la actualidad ese domicilio pueda alegar una afectación que trascienda a su esfera jurídica de derechos, pues en todo caso, el no localizar al demandado únicamente provoca que se haga una investigación en la que se determine sí el demandado cuenta con domicilio dónde pueda ser buscado, pero en modo alguno legitima a quien se vea en la necesidad de atender el acto de molestia, a que el actuario se constituya en el domicilio que el actor del juicio señaló como del demandado, incluso, a que no se ejerza la acción. De ahí que no se le está afectando algún derecho sustantivo protegido por alguna norma legal, lo que provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, es procedente decretar el sobreseimiento del juicio conforme con la fracción V del artículo 63 del cuerpo normativo invocado. Es aplicable a lo anterior, las tesis del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JAVIER EDUARDO MURILLO PONCE, contra la autoridad responsable y en cuanto a los actos precisados en el considerando segundo, inciso 2, de este fallo. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo.- DOY FE.

  3. Incidental

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a los autos los acuses de recibo de los oficios 13018 y 3950. Atento a la anotación asentada por el personal del Servicio Postal, se advierte que no fue posible hacer entrega de los mencionados oficios dirigidos a la autoridad "Policía Ministerial del Estado, con sede en Río Grande, Zacatecas; en virtud de "no especificar correctamente en destinatario", por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación correcta de la autoridad responsable de mérito y el domicilio donde pueda ser localizada, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se tendrá como inexistente la misma para los efectos del presente juicio de amparo. En consecuencia y a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de la materia, para la celebración de la citada audiencia en la nueva fecha señalada.".

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26 DE MAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "En veintiséis de mayo de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 9570 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio signado por el Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, con residencia en México, Distrito Federal, mediante el cual, en cumplimiento a los requerimientos formulados a las autoridades responsables Dirección General de Control de Confianza, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Comité Técnico de Substanciación "B" de dicho Consejo, todos de la Policía Federal, en autos de veintitrés de febrero y siete de mayo del año en curso, remite copias certificadas del expediente administrativo PF/CFDP/OA/CTSB/RP/0565/2014 incoado en contra del aquí quejoso JOSÉ MANUEL CERVANTES OROZCO; por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se tienen como pruebas de las citadas autoridades las documentales de que se trata, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Bjm. "

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