Javier Duran Gudiño
Expediente 1156/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/07/2016
Partes del expediente
- Javier Duran Gudiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de autos, se declara que en presente juicio ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva, el original de dicha incidencia es susceptible de destrucción. El duplicado de dicho expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la razón que antecede levantada por el Actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar al quejoso, ya que al constituirse en las instalaciones del Centro Penitenciario y solicitar la presencia del disidente, se le informó que ya no se encontraba interno en dicho reclusorio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la notificación de la que se trata, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto la parte quejosa precise su domicilio procesal. Por otro lado, téngase por recibido el oficio proveniente del homologo, en atención a su solicitud, mediante oficio que derive del presente proveído, remítanse las copias certificadas de las constancias que precisa la oficiante. Lo que se hace en los siguientes términos: Téngase por recibido el oficio que signa el Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, a través del cual informa que el interno aquí quejoso obtuvo su libertad el catorce de junio del año en curso, al haberse acogido al beneficio de libertad bajo caución dentro de la proceso penal 20/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitiendo copia certificada de las constancias con las que sustenta su dicho Ahora bien, toda vez que de las constancias que remite la autoridad oficiante se dilucida que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, han cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, la referida causal de improcedencia, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, es dable afirmar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Cierto, se arriba a esa conclusión porque se parte de la premisa que el acto reclamado y que se analiza en este apartado, resultó cierto, lo es la orden de reubicación al módulo de observación, clasificación y desintoxicación, ordenada mediante sesión 47/2016 del Consejo Técnico Interdisciplinario, de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, por tal motivo el quejoso pasó de la celda 207 del módulo de observación, seguridad y tratamiento MOST-8, al diverso módulo OCLADE (módulo de observación, clasificación y desintoxicación), el cual es un módulo transitorio. Posteriormente, se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social del San José El Alto, Querétaro, informando mediante oficio que debido a la conducta grave del quejoso, mediante sesión ordinaria 180/2016 del Consejo Técnico Interdisciplinario, se ordenó que el impetrante de amparo fuera reubicado al módulo MOST-2, al haber agredido físicamente a un interno con una punta; asimismo se restringieron sus visitas y salidas de su celda por haber vulnerado la seguridad del penal, situación que sustento al tenor de las documentales en copia certificada que anexo a la referida comunicación. Empero, se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, dado que el Director del Centro de Reinserción Social del San José El Alto, Querétaro remitió las constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por tratarse de documentos públicos emitidos por autoridad en ejercicio de sus facultades; de las cuales se advierte lo siguiente: Que en fecha catorce de junio del año en curso el quejoso obtuvo su libertad, por haberse acogido al beneficio de libertad provisional bajo caución dentro del expediente 20/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro. Como puede verse, de los referidos documentos, a los que se les reitera el valor pleno que se les otorgó en párrafos previos, permiten concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades responsables, y que incidieron en la reubicación a módulo de observación, al haber obtenido el aquí quejoso su libertad, es decir, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado, al menos no alguna susceptible de ser analizada a través del controvertido constitucional que nos ocupa. Cobra vigencia la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y seis, del tomo y Apéndice en consulta, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Luego, si en el caso, como ya se analizó, el cambio de módulo al módulo de observación, clasificación y desintoxicación, de que fue objeto el quejoso, que constituye el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, cesó en sus efectos al encontrarse actualmente en libertad, entonces es inconcuso que el amparo contra las normas reclamadas debe correr la misma suerte. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya. Bajo tales argumentos, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, porque como se dijo, cesaron los efectos del cambio de reubicación temporal al módulo de observación, clasificación y desintoxicación citado. En tal virtud, se dejan sin efecto las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, no representa un impedimento que el presente sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, pues el mismo deriva de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que no podría ser desvirtuada y eso hace innecesario esperar hasta que se celebre la audiencia, pues la decisión sería la misma. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es aplicable a lo anterior, la tesis VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que signa el Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, a través del cual informa que el interno aquí quejoso obtuvo su libertad el catorce de junio del año en curso, al haberse acogido al beneficio de libertad bajo caución dentro de la proceso penal 20/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitiendo copia certificada de las constancias con las que sustenta su dicho Ahora bien, toda vez que de las constancias que remite la autoridad oficiante se dilucida que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, han cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, la referida causal de improcedencia, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, es dable afirmar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Cierto, se arriba a esa conclusión porque se parte de la premisa que el acto reclamado y que se analiza en este apartado, resultó cierto, lo es la orden de reubicación al módulo de observación, clasificación y desintoxicación, ordenada mediante sesión 47/2016 del Consejo Técnico Interdisciplinario, de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, por tal motivo el quejoso pasó de la celda 207 del módulo de observación, seguridad y tratamiento MOST-8, al diverso módulo OCLADE (módulo de observación, clasificación y desintoxicación), el cual es un módulo transitorio. Posteriormente, se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social del San José El Alto, Querétaro, informando mediante oficio que debido a la conducta grave del quejoso, mediante sesión ordinaria 180/2016 del Consejo Técnico Interdisciplinario, se ordenó que el impetrante de amparo fuera reubicado al módulo MOST-2, al haber agredido físicamente a un interno con una punta; asimismo se restringieron sus visitas y salidas de su celda por haber vulnerado la seguridad del penal, situación que sustento al tenor de las documentales en copia certificada que anexo a la referida comunicación. Empero, se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, dado que el Director del Centro de Reinserción Social del San José El Alto, Querétaro remitió las constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por tratarse de documentos públicos emitidos por autoridad en ejercicio de sus facultades; de las cuales se advierte lo siguiente: Que en fecha catorce de junio del año en curso el quejoso obtuvo su libertad, por haberse acogido al beneficio de libertad provisional bajo caución dentro del expediente 20/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro. Como puede verse, de los referidos documentos, a los que se les reitera el valor pleno que se les otorgó en párrafos previos, permiten concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades responsables, y que incidieron en la reubicación a módulo de observación, al haber obtenido el aquí quejoso su libertad, es decir, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado, al menos no alguna susceptible de ser analizada a través del controvertido constitucional que nos ocupa. Cobra vigencia la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cincuenta y seis, del tomo y Apéndice en consulta, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Luego, si en el caso, como ya se analizó, el cambio de módulo al módulo de observación, clasificación y desintoxicación, de que fue objeto el quejoso, que constituye el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, cesó en sus efectos al encontrarse actualmente en libertad, entonces es inconcuso que el amparo contra las normas reclamadas debe correr la misma suerte. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya. Bajo tales argumentos, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, porque como se dijo, cesaron los efectos del cambio de reubicación temporal al módulo de observación, clasificación y desintoxicación citado. En tal virtud, se dejan sin efecto las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, no representa un impedimento que el presente sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, pues el mismo deriva de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que no podría ser desvirtuada y eso hace innecesario esperar hasta que se celebre la audiencia, pues la decisión sería la misma. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es aplicable a lo anterior, la tesis VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que signa el Director, por sí, y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, a través del cual informa que cumplió con la suspensión de plano otorgada a la parte agraviada, pues el quejoso fue reubicado del módulo MOST 8 donde se encontraba interno. Asimismo, la autoridad oficiante hace del conocimiento que el amparista incurrió en una violación al reglamento interno del centro penitenciario donde se encuentra recluido, al haber agredido físicamente a otro recluso; por tal motivo, fue trasladado al módulo denominado "ECUS", y mediante sesión de uno de los actuales, el Consejo Técnico Interdisciplinario determinó en el acta de sesión ordinaria implementar medidas especiales, mismas que consisten en reubicar al quejoso en el módulo de seguridad conocido como "MOST-2", a fin de proteger los intereses superiores de la población de internos, y salvaguardar la integridad del propio agraviado, así como la restricción de visita familiar al área de perímetro por haber vulnerado la seguridad de dicho centro, ya que la conducta que realizó, es considerada como grave, circunstancia que acredita con las constancias con las que sostiene su dicho; en tal virtud, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. En las relatadas condiciones, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su comunicación de cuenta, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de uno de junio del año en curso, se tuvo al Director, por sí y como Presidente del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, rindiendo su informe en relación con la suspensión de plano decretada en autos, a través del cual manifestó que no existe el Subdirector Operativo y Subdirector Jurídico en el organigrama del Centro de Reinserción Social Varonil en San José El Alto, Querétaro; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto admisorio y se tienen como autoridades inexistentes a las precisadas, debiéndose de suspender toda comunicación con las mismas. Finalmente, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente en el incidente de suspensión de donde deriva el presente juicio de amparo, obténgase una copia certificada del oficio de referencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión donde se encuentra interno.
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