Javier Durán Espinoza y Otros.
Expediente 193/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Durán Espinoza y Otros.
- Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, ciudad
- Javier Durán Espinoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado desecha recurso de revisión. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 6609 por el que se le remitió el original del presente juicio de amparo y original y copia del escrito de agravios, para la substanciación del recurso de revisión que promovió la parte quejosa contra el proveído emitido el diez de marzo de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, informa que desechó por improcedente el aludido recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual dio origen a la revisión 50/2021; ello en razón de que contra el auto combatido procede el recurso de queja de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; sin que ese tribunal de alzada se encuentre facultado para encausar la vía en atención a la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Estese en espera del testimonio que se remitió al tribunal de alzada, para estar en condiciones de proveer lo que conforme derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/JPG/gchh
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Recurso de revisión en contra de desechamiento. Téngase por recibido el escrito de cuenta, presentado por los quejosos Javier Durán Espinoza, Claudia Durán Guzmán y Olimpia Guzmán Pérez, a través del cual interponen recurso de revisión en contra del proveído dictado el diez de marzo pasado, en el que este órgano jurisdiccional desechó su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión contra dicho proveído. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de referencia, así como este expediente al tribunal de alzada correspondiente, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 193/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que los promoventes Javier Durán Espinoza, Claudia Durán Guzmán y Olimpia Pérez Guzmán, por propio derecho, contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; reclaman: La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente por lo que hace al artículo 18 fracciones I y II, relativa al servicio de alumbrado público, en las que se establece el cobro de dicho servicio y la mecánica para su cálculo y para su pago. La aplicación que bajo cualquier concepto, tanto de hecho como de derecho, que pretenda o haya que hacer, en el ámbito de su competencia, mediante cualquier acto, orden, acuerdo, procedimiento circular o instrucción verbal o escrita o por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la dependencia encargada de realizar indebidamente el cobro del (D.A.P.), Derecho de Alumbrado Público, en contra de los aquí quejosos, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 30 de diciembre de 2020, específicamente por lo que hace el artículo 18 fracción I y II, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios de alumbrado público, así como la mecánica para su cálculo y para su pago. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo puede, en atención a lo reclamado, instarse en distintos plazos legales; en el caso concreto, los quejosos impugnan una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que el plazo de quince días para la promoción del juicio se cuenta a partir del día siguiente al en que los quejosos se autoaplicaron la norma. Ello pues la parte quejosa reclama la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 30 de diciembre de 2020, específicamente por lo que hace el artículo 18 fracción I y II, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios de alumbrado público, así como la mecánica para su cálculo y para su pago; para acreditar la existencia del primer acto de aplicación, los quejosos anexaron a su escrito de cuenta lo siguiente: 1. Aviso de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Javier Durán Espinoza, con número de servicio 156800900441, en el que se advierte un concepto de cobro por Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de $22.98 (veintidós pesos 98/100 moneda nacional). 2. Comprobante de pago de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, por el servicio 156800900441, en el que se advierte cubrió el concepto de cobro por Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de $22.98 (veintidós pesos 98/100 moneda nacional). 3. Aviso de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Claudia Durán Guzmán, con número de servicio 156110900449, en el que se advierte un concepto de cobro por Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de $22.98 (veintidós pesos 98/100 moneda nacional). 4. Comprobante de pago de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, por el servicio 156110900449, en el que se advierte cubrió el concepto de cobro por Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de $22.98 (veintidós pesos 98/100 moneda nacional). 5. Aviso de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Olimpia Guzmán Pérez, con número de servicio 156990501882, en el que se advierte un concepto de cobro por Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de $22.98 (veintidós pesos 98/100 moneda nacional). 6. Comprobante de pago de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, por el servicio 156990501882, en el que se advierte cubrió el concepto de cobro por Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de $22.98 (veintidós pesos 98/100 moneda nacional). Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las que se acredita que el primer acto de aplicación de la Ley reclamada tuvo verificativo el doce de febrero pasado, fecha en que los quejosos realizaron el pago por el concepto de Derecho de Alumbrado Público; en ese tenor, el término de quince días para presentar su demanda de amparo contra ese primer acto de aplicación comenzó a transcurrir el día siguiente hábil, que lo fue el quince de febrero, descontando trece y catorce de ese mes por ser días inhábiles -fin de semana-. De ahí que, si el primer acto de aplicación tuvo verificativo el doce de febrero de dos mil veintiuno, y el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo comenzó el día hábil siguiente, es decir, el quince de febrero del mismo año, el término para su presentación concluyó el cinco de marzo del año en curso -descontando los días sábados y domingos, por ser inhábiles-; por lo que, si la demanda se presentó hasta el ocho de marzo de dos mil veintiuno, es claro que ello ocurrió fuera del plazo de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento del acto reclamado, por ende la parte quejosa consintió tácitamente ese acto, al no haber presentado su demanda de amparo dentro del término que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Máxime, aun cuando los quejosos reclamen la norma general autoaplicativa, su demanda de igual manera resulta extemporánea, ello atendiendo a que a la fecha de presentación -ocho de marzo pasado- ya transcurrió en exceso el término de treinta días que establece la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello, pues la norma impugnada entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno, por lo que los treinta días para impugnarla comenzaron a trascurrir a partir del cuatro de enero siguiente -día siguiente hábil al que entró en vigor- y concluyó el dieciséis de febrero del año en curso, descontando los días sábados y domingos, así como el primero y cinco de febrero, por ser inhábiles. Tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguiente: "LEYES Y NORMAS GENERALES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DEBE ESTIMARSE OPORTUNO, AUN CUANDO LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE ACREDITE, SI ESA PRESENTACIÓN SE HIZO DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL INICIO DE SU VIGENCIA. Si de las constancias de autos se advierte, por una parte, que el ordenamiento impugnado no sólo se controvirtió con motivo de su primer acto de aplicación, sin que se hubiere acreditado éste, sino también porque el quejoso consideró que por su sola entrada en vigor le causaba perjuicio, es decir, lo impugnó como autoaplicativo y, por otra, que la demanda se presentó dentro del término de treinta días siguientes a la entrada en vigor del citado ordenamiento, a que hace referencia el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, debe estimarse oportuna dicha presentación, en virtud de que independientemente de que no se encuentre demostrado el acto de aplicación impugnado, lo cierto es que se trata de normas de carácter autoaplicativo." De tal manera, al ser evidente el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Bertha Deyanira Aceves García y María Dioscelina Olimpia Guzmán Pérez, toda vez que no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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