Javier Donlucas Pelayo
Expediente 1338/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Javier Donlucas Pelayo
Actuaciones
- Incidental
De la certificación que antecede se advierte que hoy está señalada la audiencia incidental, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que no obran agregados los informes previos requeridos a las autoridades responsables foráneas denominadas Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, Presidente, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, ni los acuses de recibo correspondientes a los oficios con los que se requirieron a fin de tener certeza de que fueron recibidos por las autoridades correspondientes. Atento a lo anterior y a efecto de que el incidente de suspensión se encuentre debidamente integrado, lo procedente es diferir la referida audiencia incidental y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y ocho minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés. Resulta aplicable al criterio anterior la jurisprudencia 2a./J. 137/2017, que a la letra dice: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual ****, cumple con la prevención formulada en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Requerimiento de informe justificado a las autoridades responsables. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo; y, se presumirán ciertos los actos reclamados en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Asimismo, se comisiona al actuario para que en caso de que la oficina encargada de recibir los oficios girados a las autoridades responsables se niegue a recibirlos de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, le haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse a recibirlo, se asentará la razón y se tendrá por hecha; además de que si su negación es con motivo del cambio de denominación parcial de la autoridad o de algún sinónimo constitucional, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, que corresponden a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos), en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Requerimiento a las partes en el juicio. Tomando en consideración el considerable número de asuntos que se llevan por este juzgador, se requiere a todas las partes del presente juicio para que - en el supuesto de que el suscrito Juez Federal hubiese conocido en diversa instancia en materia mercantil, penal, civil, amparo, o de cualquier otra naturaleza-, de un juicio distinto que tenga relación alguna con los bienes o derechos materia del presente juicio de amparo, lo informen a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, precisando para tal efecto, la materia y el número de expediente del juicio respectivo. Lo anterior a fin de estar en aptitud de analizar si en el caso se actualiza alguna causa de impedimento para conocer y resolver el presente juicio, dado que en atención a la competencia y jurisdicción de este órgano jurisdiccional, el suscrito Juez Federal conoce de juicios de amparo, causas penales, juicios mercantiles y juicios civiles federales en los que en ocasiones el suscrito conoce sobre un mismo bien o derecho como juzgador de primera instancia y como juzgador de amparo y resulta necesario que sean las partes quienes informen lo conducente; máxime que son éstas quienes cuentan con el mejor conocimiento particular de los juicios que tienen relación con sus bienes y derechos. Se apercibe a las partes que en caso de no hacerlo, se impondrá al omiso como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, además atendiendo a la naturaleza de la omisión, se ponderará si en el caso resulta procedente dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho corresponda. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. Toda vez que la parte quejosa solicita la medida cautelar del acto reclamado, tramítese por separado y únicamente en original el cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta y ocho minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Ofrecimiento de pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la parte quejosa, misma que se considerará al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, de acuerdo a los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia; sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional.
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda y del escrito aclaratorio, de conformidad con los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo; tramítese únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1338/2023-VIII, promovido por ***** contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, y otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea notificada, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan los informes requeridos, se les sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Se señalan las diez horas ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. En ese sentido, del escrito de demanda de amparo y del diverso aclaratorio de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión y/o negativa de expedirle licencia municipal para el ejercicio fiscal 2023, relativo al establecimiento comercial de venta de alimentos y preparación para atención a comensales y para llevar a domicilio, **** Manzanillo, Colima. La orden verbal o escrita de clausurar y/o cerrar su negocio, ***** o inicio de procedimiento administrativo en su contra, derivado del ejercicio de dichos actos de comercio. La omisión y/o negativa de no realizar un escrito público emitido por las autoridades responsables en los que se fundamenten los requisitos que se solicitan para expedirle licencia municipal. Así, la parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan actualmente, es decir, que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de realizar la ejecución de cualquier acto de ejecución, que puedan ejercer en contra del quejoso, en relación con la suspensión o clausura de la negociación ubicada en ***** en el municipio de Manzanillo, Colima. Ahora bien, los ordinales 128 y 138 primera parte, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (...). "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: (.)." El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por tanto, con fundamento en los artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita de clausurar y/o cerrar su negocio, ***** en el municipio de Manzanillo, Colima y la omisión y/o negativa de expedirle licencia municipal y de no realizar un escrito público emitido por las autoridades responsables en los que se fundamenten los requisitos que se solicitan para expedirle licencia municipal, así como sus consecuencias, se niega la suspensión provisional solicitada, en virtud de que no reúne los requisitos a que refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso no acreditó ni presuntivamente su interés para el otorgamiento de dicha medida, puesto que no exhibió ningún documento o prueba alguna que de manera indiciaria demostrara que es titular del derecho que dice defender, esto es, no acreditó tener licencia vigente para explotar el giro comercial que refiere ejercer, tampoco acreditó que realizó el procedimiento legal ante la responsable competente para obtener dicha licencia, menos que la responsable se haya negado a expedirla, como tampoco que haya sido omisa en atender la solicitud correspondiente, es decir, no acreditó haberla elevado. Ilustra lo anterior la tesis aislada, con registro 220,917, materia común de la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo IX de enero de mil novecientos noventa y dos, página 262 que reza: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. Así como la diversa tesis XXI.4o.17 K, de la Novena Época, con registro 179724, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX de diciembre de dos mil catorce, materia común, página 1460 que dice: SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 114/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, Página: 557, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad. Asimismo, ilustra lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 15/2013 (10a.), publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, Página: 1578, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL INMINENTE DESALOJO, DESTRUCCIÓN O CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES FIJOS O SEMIFIJOS, SI EL INTERESADO NO ACREDITA CONTAR CON LA CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE. De los artículos 3o., fracciones II a IV, y 26 a 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, deriva que el derecho a ejercer el comercio está condicionado a que el interesado cuente con la cédula de empadronamiento vigente, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular contraria al referido artículo 31, al ser un requisito indispensable para que tenga derecho a ejercerlo; por tanto, cuando el quejoso no acredite contar con la cédula de empadronamiento vigente, resulta improcedente conceder la suspensión contra el inminente desalojo, destrucción o clausura del local comercial fijo o semifijo, al carecer del derecho cuya preservación pretende obtener, ya que su otorgamiento permitiría el desarrollo de un giro comercial aun a sabiendas de que el titular del establecimiento en el cual se presta ese servicio no cumple con el aludido requisito. Asimismo, la tesis 1a. XVII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, página 60, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: CLAUSURA DE GIROS COMERCIALES REGLAMENTADOS. NO SE ACREDITA INTERÉS JURÍDICO CON LA SOLICITUD DE LICENCIA DE AÑOS ANTERIORES (ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN EL DISTRITO FEDERAL). De conformidad con el artículo 23 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, la licencia de funcionamiento para los establecimientos mercantiles que la requieran, debe revalidarse cada año en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y para ese efecto los interesados deberán presentar anualmente un aviso a la delegación acompañando los documentos y datos que en el mismo se mencionan. Por tal motivo, si el interesado sólo acompaña una solicitud de licencia de años anteriores, no acredita por este motivo su interés jurídico para acudir al juicio de garantías, ya que la clausura no conculca su derecho de propiedad, sino el de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, que son las que engendran la titularidad de ese derecho. Asimismo, no resulta obstáculo a lo aquí considerado, el hecho de que la parte quejosa se conduzca bajo protesta de decir verdad al redactar la narración de los antecedentes de los actos que reclama, pues con ello no acredita el derecho tutelar que le asiste, ni es elemento de convicción suficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada. Resulta aplicable al caso, la tesis visible a foja 328, del Tomo XII-Septiembre, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que reza: SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente. También se cita la tesis 3º. C. 59K, publicada en la página 446, del Tomo XIV, Septiembre de 1994, de la Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, registro IUS 210667, que dice: SUSPENSION, PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. La circunstancia de que todo lo declarado en un juicio de amparo se haya hecho bajo protesta de decir verdad de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, no implica necesariamente una presunción que acredite el interés jurídico y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, dado que esa situación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico. La siguiente tesis se cita en la finalidad de establecer que la parte quejosa indiscutiblemente debe acreditar su interés suspensional; jurisprudencia 1a./4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, abril de 2009, Novena Época y jurisprudencia 1a./J.71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación, XVII, enero de 2003, Novena Época, que a la letra dicen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. Se reitera, lo que en el caso no aconteció, ya que en el presente incidente de suspensión la parte quejosa no cumplió con las exigencias del aludido numeral 128, toda vez que no acreditó ni presuntivamente su interés jurídico suspensional. En el caso particular, no opera la apariencia del buen derecho, ya que como se dijo anteriormente no se reúnen los requisitos del multicitado numeral 128. Siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Asimismo, es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, pues debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituir; además, de acceder a las pretensiones de la quejosa sería tanto como que este juzgador se sustituyera en las facultades de la responsable lo cual no es dable. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129 y 131, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa. Expedición de copias. Por último, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada del presente auto, en un solo tanto, previa constancia que por su recibo se deje en autos. En relación con la expedición de un solo tanto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 20/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 308, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. Asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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