Javier Domiguez Martínez
Expediente 1491/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1491/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Javier Domiguez Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la razón del actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, notificar el consabido acuerdo a la parte quejosa, por los motivos que refiere. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda promovida por... por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula C-I-1 Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades responsables, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1491/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación de ese perjuicio, a virtud del cual denotara su interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine un perjuicio a su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, se estima que el amparo contra la integración de una carpeta de investigación por parte de la representación social, no le causa un perjuicio en su esfera jurídica, esto es, no le produce una afectación real y actual en la órbita de derechos del quejoso. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo al acto que reclama el quejoso, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 185 y 386 del Código Penal Federal, habida cuenta que, no se puede desvincular el estudio de esos preceptos del que concierne a su aplicación, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro; por tanto, si en el caso en concreto se desechó la demanda respecto la integración de la carpeta de investigación (acto de aplicación), esa improcedencia necesariamente comprende a los artículos de la ley sustantiva penal federal que tildó de inconstitucionales. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, debido a que se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 de la Ley de Amparo, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos a las diversas que indica, esto es, para oír y recibir notificaciones. Se tiene el correo electrónico y número telefónico que indica como medios de contacto. Ahora, por lo que toca a su petición de que se le autorice la consulta del expediente electrónico, dígase al ocursante que una vez consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se corroboró que el nombre de usuario es correcto y se encuentra dado de alta bajo el nombre de "Morfirel", por lo que este Juzgado Federal le autoriza la consulta vía internet solicitada. Atento lo anterior, en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo, se encomienda al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y al encargado de la actuaría de este órgano Jurisdiccional, para que realicen las gestiones necesarias para su digitalización y cumplan con lo acordado en este proveído. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda promovida por... por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula C-I-1 Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades responsables, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1491/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación de ese perjuicio, a virtud del cual denotara su interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine un perjuicio a su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, se estima que el amparo contra la integración de una carpeta de investigación por parte de la representación social, no le causa un perjuicio en su esfera jurídica, esto es, no le produce una afectación real y actual en la órbita de derechos del quejoso. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo al acto que reclama el quejoso, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 185 y 386 del Código Penal Federal, habida cuenta que, no se puede desvincular el estudio de esos preceptos del que concierne a su aplicación, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro; por tanto, si en el caso en concreto se desechó la demanda respecto la integración de la carpeta de investigación (acto de aplicación), esa improcedencia necesariamente comprende a los artículos de la ley sustantiva penal federal que tildó de inconstitucionales. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, debido a que se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 de la Ley de Amparo, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos a las diversas que indica, esto es, para oír y recibir notificaciones. Se tiene el correo electrónico y número telefónico que indica como medios de contacto. Ahora, por lo que toca a su petición de que se le autorice la consulta del expediente electrónico, dígase al ocursante que una vez consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se corroboró que el nombre de usuario es correcto y se encuentra dado de alta bajo el nombre de "Morfirel", por lo que este Juzgado Federal le autoriza la consulta vía internet solicitada. Atento lo anterior, en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo, se encomienda al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y al encargado de la actuaría de este órgano Jurisdiccional, para que realicen las gestiones necesarias para su digitalización y cumplan con lo acordado en este proveído. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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