Javier Díaz Mijangos

Expediente 256/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
256/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Javier Díaz Mijangos
  • Rigoberto Arzate Mendiola
  • Torres Toledo Asociación Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Queja

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL AL RECURRENTE ***********, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO PASADO, EMITIDO EN EL RECURSO DE QUEJA 256/2018, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Toluca, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus antecedentes el escrito de agravios de *********,*********en su carácter de administrador único de *********, por virtud del cual interpone recurso de queja que funda en el artículo 97, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo. Acúsese recibo. Fórmese y regístrese expediente físico y electrónico con el número de recurso de queja 256/2018. En el caso, *********,*********en su carácter de administrador único de *********, interpone recurso de queja que funda en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, en contra del proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio ordinario mercantil seguido con el número de expediente 439/2015, por virtud del cual el Juez Noveno de la Materia Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la ahora recurrente en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en cita, que desechó su incidente de inejecución de la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Ahora, en los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decide sobre la suspensión y ejecución del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley de Amparo. Ciertamente, las resoluciones sobre la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo directo son medidas previsoras dictadas por las autoridades responsables en auxilio de los Tribunales Colegiados de Circuito y subsisten en cuanto a sus efectos, hasta en tanto se decida por resolución firme el juicio de garantías uniinstancial, por lo que cuando no provea sobre la suspensión dentro del pazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, pueden ser recurridas mediante el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción II, inciso b), de la ley de la materia vigente. El presente asunto deriva del juicio de amparo directo 842/2018, seguido ante este órgano colegiado, en donde por auto de dieciséis de noviembre de la anualidad que transcurre, este tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por *********,*********en su carácter de administrador único de *********, porque estimó que el acto reclamado es materia del juicio de amparo indirecto y corresponde su conocimiento a un juez de Distrito, y se ordenó la remisión en forma inmediata de la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en consecuencia, dicha determinación deja sin efectos todo lo relativo con la suspensión del acto reclamado, puesto que la autoridad federal competente, en caso de admitir la demanda de amparo, deberá pronunciarse en cuanto a la suspensión provisional, de acuerdo con el artículo 115 de la ley de la materia; por ello, con fundamento en el numeral 97 de la ley invocada, aplicado en sentido contrario, y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se impone declarar sin materia el presente recurso de queja. Finalmente, en atención a lo que dispone el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros", atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace saber a las partes su derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8°, en concordancia con el diverso 3°, de la ley federal en comento; en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa. Por lo expuesto con anterioridad: ÚNICO.- Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por *********,*********en su carácter de administrador único de *********. Notifíquese; y personalmente a la parte recurrente y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe.-" "RÚBRICAS"

  2. Queja

    EL PRESENTE ASUNTO SE VERÁ EN LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y SIGUIENTES, EN AUDIENCIA PUBLICA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, LA CUAL TENDRÁ INICIO A PARTIR DE LAS ONCE HORAS. EN ESTA FECHA SE HACE PÚBLICO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SENTENCIA RESPECTIVO, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS. 250 En esencia se aduce que el artículo 1.207 el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, transgrede en perjuicio del ayuntamiento quejoso el normativo 4 de la constitución federal, en razón de que se privaría a los habitantes del fraccionamiento "**************" el derecho a un medio ambiente sano. 251 Los artículos 1.205 y 1.206 de la ley adjetiva civil de la entidad vulneran los normativos 4 y 27 de la constitución federal, en la porción que resguardan un medio ambiente sano, en virtud de que se desposeería al **************, de un predio de dominio público en términos de lo ordenado en los artículos 21 y 22 de la Ley de Bienes del Estado de México (los cita). 252 Con la sentencia reclamada se pretende desposeer al Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, del predio denominado "**************" ubicado dentro del fraccionamiento "**************", que la fraccionadora cedió en favor de la autoridad municipal (**************metros cuadrados), por concepto de áreas verdes. Lo cual transgrede el artículo 4 de la constitución federal que protege el derecho a un medio ambiente sano respecto de los recursos naturales, organismos vivos que interactúan en el desarrollo del ser humano en el equilibrio ecológico. 253 Los artículos 1.205 y 1.206 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México son inconstitucionales pues su aplicación no puede ser irrestricta contra lo previsto en el normativo 27 de la constitución federal, regula las modalidades de la propiedad las cuales son de orden público (cita el concepto), además de que el citado artículo de la constitución federal, regula el patrimonio de la nación, el cual se encuentra fuera de los actos de comercio, al ser inalienables, imprescriptibles, e inembargables. 254 Con la sentencia reclamada transgrede los artículos 4 y 27 de la constitución federal, en razón de que ************** pretende desposeer al ************** , del predio denominado "**************" ubicado en una parte del fraccionamiento "**************", con una extensión de ************** metros cuadrados, el cual fue donado en favor del municipio en términos de lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos de Terreno del Estado de México, de modo que a partir de la citada donación el inmueble entró a formar parte del dominio público con todas las prerrogativas que tienen los bienes a que se refiere la Ley de Bienes del Estado de México. 255 Con la sentencia reclamada se transgreden los artículos 4 y 27 de la constitución federal, en virtud de que a través de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 703/2010, sobre acción de usucapión, que promovido ************** contra la sucesión intestamentaria de **************, se pretende desatender el decreto publicado en la Gaceta del Gobierno de diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y tres, donde se publicó la autorización para realizar el fraccionamiento "**************", de donde se aprecia que la fraccionadora cedió en favor de la autoridad municipal ************** metros cuadrados, por concepto de áreas verdes y servicios públicos. 256 Lo anterior es inoperante, en virtud de que para la debida impugnación de una norma general, en función a su constitucionalidad, requiere de premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo, lo que no ocurre en la especie. 257 Es decir, el juicio de amparo tiene como objetivo, resolver toda controversia que se suscite por normas que violen los derechos fundamentales, para el amparo directo, esas transgresiones deberán ponerse de manifiesto en términos del artículo 175 de la Ley de Amparo. 258 De las fracciones IV, VI y VII del normativo en comento se advierte la necesidad de que la norma legal tildada de inconstitucional, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante los conceptos de violación, del siguiente modo: 259 a. Señalamiento de la norma de la Constitución. 260 b. Invocación de la disposición legal secundaria que se designe como reclamada. 261 c. Conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis prevista de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance o simplemente, la exposición argumentativa, suficiente y razonada que ponga de manifiesto que una determinada norma general transgreda formal o materialmente una disposición constitucional. 262 A partir del cumplimiento de tales premisas surge la actualización de la pauta para la conclusión del problema de inconstitucionalidad, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a si la ley secundaria es contraria o no a la ley fundamental. 263 Si no se formulan tales argumentaciones respecto del señalamiento de la ley reclamada, el artículo de la Constitución Federal que se estime transgredido y el concepto de violación que indica el marco y la interpretación de la disposición constitucional que pueda transgredir aquella, resultan insuficientes los conceptos de violación y por tanto tendrá que desestimarse la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de la ley. 264 En la especie, el quejoso solamente manifestó en términos, generales que los artículos 1.205, 1.206 y 1.207 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, a entregar el predio de la litis con sus frutos y accesorios; sin embargo, dicha expresión es genérica, pues de su contenido no es posible establecer la forma en que dichos normativos transgreden lo previsto en los normativos 4 y 27 de la Constitución Federal, pues de su contraste no se advierte como la norma común presente contradicción con el texto de los citados artículos constitucionales, como se pondrá en evidencia más adelante. 265 En ese sentido, el quejoso incumbe, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, demostrar la inconstitucionalidad de la ley o acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. 266 En las condiciones relatadas, es incontrovertible que el quejoso incumplió con la carga de demostrar la pretendida inconstitucionalidad de los normativos señalados, al omitir exponer las razones por las cuales su contenido se confronta con algún normativo de la Constitución Federal y cuyo contexto y alcance debe satisfacerse para considerarse actualizado un formal problema de constitucionalidad. 267 Luego, ha de concluirse que en el asunto que nos ocupa existe insuficiencia de conceptos de violación que pudieran demostrar las manifestaciones del quejoso, respecto de la inconstitucionalidad alegada, y por ende, no pueden estimarse satisfechas las exigencias establecidas en las fracciones señaladas del artículo 175 de la Ley de Amparo, ante lo cual este tribunal colegiado no puede emprender el análisis pretendido, pues de hacerlo, se supliría la deficiencia de la queja en un caso no autorizado por la ley. Norma el razonamiento expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER." 268 Corolario de lo anterior, se advierte que los artículos 1.205 y 1.206 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen que hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria, de manera que su indiscutibilidad constituye la verdad legal contra la cual no se admite recurso, salvo en los casos en que expresamente lo determine la ley. Por su parte, en términos generales, los normativos 4 y 27 de la constitución federal, disponen del derecho de igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos a la alimentación, salud, el medio ambiente sano, el acceso al agua, la vivienda digna y decorosa, la filiación, el interés superior del menor; así como, la propiedad originaria de la nación respecto de las tierras y aguas, la expropiación, las modalidades que se imponen para la propiedad privada, la propiedad de hidrocarburos y el aprovechamiento de combustibles, la zona económica exclusiva la capacidad para adquirir las tierras y aguas, la prohibición de los latifundios, 269 Sobre esa base, resulta claro que no se advierte la forma en que la norma común presente contradicción con el texto de los citados artículos constitucionales. 270 Es menester precisar que de las constancias que integran el juicio de origen, las cuales fueron remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado, este tribunal, de oficio, no advierte transgresión a las normas constitucionales. 271 Finalmente la transgresión del contenido de la sentencia reclamada respecto de los referidos normativos de la constitución federal, no implican confrontación de leyes, de modo que sobre ello no se formulará pronunciamiento. 272 Por tal razón resultan inoperantes los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad propuesta por el ayuntamiento quejoso. Por las mismas razones resultan inaplicables los criterios que se invocan.

  3. Amparo en revisión

    A sus autos la impresión del oficio electrónico de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso oficio con el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente recurso y las constancias ahí descritas. Vista la certificación de cuenta, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.

  4. Amparo en revisión

    CONFIRMA Y SOBRESEE

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