Javier del Río Maldonado
Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier del Río Maldonado
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Con Residencia En Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
- Principal
En siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de diciembre de dos mil veintiuno.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************1. Estado de autos. Del estado procesal que guardan los autos se aprecia que no obra constancia de notificación del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. ********************2. Se conmina actuario. En tales condiciones, se conmina a la Actuaria encargada del expediente Licenciada ********************, para que en lo subsecuente, se abstenga de incurrir en una conducta similar, que trae como consecuencia el atraso en la impartición de la justicia y practique las notificaciones ordenadas, dentro de los términos establecidos en la ley; asimismo, incorpore las constancias correspondientes en el expediente electrónico, para su debida integración.********************No obstante lo anterior, a fin de no retrasar más la tramitación del presente juicio de amparo, se ordena a cualquiera de los actuarios realice, de inmediato la notificación del proveído de referencia.********************************************************************************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria certifica: que Jesús Eduardo Martínez Sierra cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito, que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho, lo que se asienta para el efecto legal conducente; con lo anterior y con una demanda recibida en el Buzón Judicial de los Juzgados de distrito con residencia en esta ciudad, turnada a este juzgado y registrada bajo el folio 14851, con lo que se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1 Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Javier del Río Maldonado, por su propio derecho contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 643/2021. 1.2 Desechamiento. Ahora bien, y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, el promovente de amparo señala como actos reclamados: Se reclaman al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario número 334/2017, que promovió MA. DE LOURDES MÉDEZ RAMÍREZ, a bienes, derechos y acciones del hermano de mi padre, mi tío el extinto AVELINO DEL RÍO y/o AVELINO DEL RÍO RICO, sin que se me haya llamado a formar parte de dicho juicio en perjuicio en mis derechos de heredar conforme a las reglas preferenciales de sucesión establecidas en los Códigos Civiles vigente en el Estado de Michoacán. Como también se reclaman las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven del acto reclamado. De lo expuesto, se desprende que el acto reclamado lo constituye medularmente la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario número 334/2017 del índice del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, así como las consecuencias de hecho o derecho que se deriven. Asimismo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tuvo conocimiento del juicio de origen por medio de un familiar, quien le hizo entrega de copias de la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, dentro del expediente 334/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, promovido por Ma. De Lourdes Méndez Ramírez. Lo expuesto por la parte quejosa constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 6 del mismo ordenamiento, que impone desecharla de plano. Los artículos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto reclamado, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II. 2o. 214 K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 259, tomo XIV, Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame: v únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso." Ahora, en el caso la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio sucesorio que promovió Ma. De Lourdes Méndez Ramírez, a bienes, derechos y acciones del hermano de su padre, el extinto Avelino del Río y/o Avelino del Río Rico, lo que hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la parte quejosa, es la afectación en sus intereses por un supuesto acto de autoridad; por lo tanto, debe probar de manera cuando menos indiciaria que dicho acto le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico, pues la sola emisión de un acto de autoridad no implica necesariamente que le cause un agravio personal y directo. Precisado lo anterior, es válido concluir que los actos de que se duele la parte quejosa no producen un menoscabo de sus derechos, ni restricción provisional de los mismos, por lo que no sufre un perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de tales derechos, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 77 de la Ley de Amparo, por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En adición a lo antes expuesto, conviene señalar que dentro de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo. Conforme a dicho principio, por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, por una norma, acto u omisión de autoridad o de particular en los casos previstos por la Ley de Amparo; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de la esfera jurídica. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que la presente demanda de amparo deviene improcedente, en virtud que de su análisis integral no se advierte que exista algún acto que produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Se afirma lo anterior, en razón de que de las constancias que exhibe el quejoso consistente en copia simple de la sentencia dictada en el juicio sucesorio intestamentario 334/2017, el nueve de diciembre de dos mil veinte, que bajo protesta de decir verdad constituyen los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que Ma. De Lourdes Méndez Ramírez, radicó juicio sucesorio a bienes de Avelino del Río y/o Avelino del Río Rico; seguido el juicio por sus etapas, se ofrecieron pruebas, se ordenó girar oficio al Director del Notariado y Archivo General de Notarías a efecto de que informara si había constancia o no de que el de cujus hubiera otorgado testamento, a continuación, se ordenó poner los autos a la vista de los interesados por el término de cinco días comunes a fin de que formularan alegatos, se mandó citar a las partes para oír sentencia interlocutoria, dentro de la primera sección, en la que se resolvió que no se satisfizo el requisito previsto en la fracción I, del artículo 765 del Código Civil del Estado, porque el Director del Archivo de Instrumentos Públicos informó que al realizar una búsqueda en la base de datos nacional, se encontró que el de cujus, si tiene registrada disposición testamentaria y que no obra constancia que dicha disposición se haya declarado nula o hubiera perdido su validez. En consecuencia, determino: "PRIMERO. No ha procedido la primera sección del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Avelino del Río Rico y/o Avelino del Río, conforme a los razonamientos vertidos en el considerando segundo de la presente resolución; en consecuencia, SEGUNDO. Se declara improcedente el juicio sucesorio intestamentario promovido por Ma. de Lourdes Méndez Ramírez, a bienes de Avelino del Río Rico y/o Avelino del Río, radicado por Ma. de Lourdes Méndez Ramírez. TERCERO. No se hace especial condena en costas. CUARTO. Notifíquese personalmente." Así de los citados antecedentes, se obtiene que la tramitación del juicio sucesorio intestamentario 334/2017, no constituye un acto que privativo de derechos, pues no se reconoció el carácter de heredero a la denunciante, ni se constituyó un derecho a favor de personas, por lo que no afecta su interés, de ahí que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. Máxime que tiene expedido su derecho para hacer valer las acciones que estime conducentes para la defensa de sus derechos como heredero de la sucesión. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 28/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 245, Novena Época de rubro: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO", toda vez que aun cuando ofreciera pruebas durante la secuela procesal, no podría variar el hecho de que no existe una determinación de autoridad que afecte sus derechos como heredero y por tanto, que cambie el sentido de la presente determinación. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo (este último interpretado a contrario sensu); por lo que lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia número I.13º. A. J/6, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." 1.3 Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle cinco de febrero número veintitrés, interior trescientos siete, colonia centro de Uruapan, Michoacán de Ocampo; así mismo se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Eduardo Martínez Sierra, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito, que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Ángel García Fernández, Gustavo Moreno Medina, Ma. Patricia Ayala Juárez, Ma. Elena Cervantes Nava, Laura García Ortega, Julio Ismael Duarte Melgoza, Prisciliano Pérez Lobato y Jorge Huacruz Gabriel, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional que los avale como licenciados en derecho. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono 4525234435 Ext. 1071 Teléfono celular 4525235483 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525235483 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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