Javier de la Rosa Maldonado
Expediente 828/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- Javier de la Rosa Maldonado
- Javier de la Rosa Maldonado y Otros.
- Enrique de la Rosa Maldonado y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, rindió su informe justificado y remitió copias certificadas del juicio laboral de origen, como apoyo al mismo. Ahora, de las copias certificadas remitidas por la junta responsable las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa lo siguiente: La autoridad responsable manifiesta y acredita que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el juicio de origen no se encontraba en estado procesal para dictar laudo en el juicio laboral D-1/66/2021. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-1/66/2021 y su notificación; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el juicio de origen no se encontraba en estado procesal para dictar laudo en el juicio laboral D-1/66/2021, lo que sustenta la inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En ese orden de ideas, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; y aplicable al juicio laboral origen -en términos del artículo octavo transitorio de dicho decreto-, en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". De lo anterior se advierte que la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: a) Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. b) Cerrada la instrucción por el auxiliar, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la propia Ley Federal del Trabajo. c) Se entregará copia del proyecto de laudo a los integrantes de la Junta del conocimiento, quienes tendrán el plazo de cinco días para que, si lo estiman necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; para ello, dicho órgano jurisdiccional, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. d) Transcurrido el aludido término concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. e) Si el proyecto de resolución fuere aprobado (sin adiciones ni modificaciones) se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Sobre ese marco normativo, aun cuando la parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo; lo cierto es que, se advierte que la Junta del conocimiento no está en condiciones de emitir la resolución definitiva, en tanto que el juicio no guarda estado para ello. Ahora, de las constancias remitidas por Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se observa que realizo lo siguiente: 1.- El uno de marzo de dos mil veintidós, concedió a las partes, en el juicio laboral de origen, un término de tres días hábiles, a efecto de que para que manifestaran su conformidad con la certificación realizada por el secretario, en el expediente laboral D-1/66/2021, con relación a que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el citado expediente, con el apercibimiento que, de no hacerlo se les tendría por desistidos de la probanzas que estuvieren pendientes por desahogar. 2.- En consecuencia, ordenó turnar los autos a la Actuaria de su aadscripción a efecto de que notificara personalmente a la parte actora y por estrados a la parte demandada, el auto de uno de marzo de dos mil veintidós. 3.- El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la Actuaria notificó a las partes actora y demandada el auto de uno de marzo de dos mil veintidós. 4.- Ergo, la junta responsable manifestó en su informe justificado que en el juicio de origen no se ha cerrado el periodo de instrucción. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiocho de abril de dos mil veintidós], en el procedimiento de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para dictar el laudo correspondiente. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiocho de abril de dos mil veintidós; sin embargo, en el juicio laboral de origen, el uno de marzo de dos mil veintidós, la junta responsable concedió a las partes, un término de tres días hábiles, a efecto de que manifestaran su conformidad con la certificación realizada por el secretario, en el expediente laboral D-1/66/2021, con relación a que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el citado expediente, con el apercibimiento que, de no hacerlo se les tendría por desistidos de la probanzas que estuvieren pendientes por desahogar; lo que hace evidente que el procedimiento referido no guarda estado para dictar el laudo respectivo. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para emitir el acto que la parte quejosa aduce ha omitido, es decir, la emisión el laudo, y su correspondiente notificación, pues los artículos reproducidos de la Ley Federal del Trabajo establecen que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, para cerrar instrucción y, después, continuar con la emisión del laudo correspondiente. Situación que, en el particular, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo indirecto, no había acontecido, pues el uno de marzo de dos mil veintidós -fecha posterior a la presentación de la demanda-, la junta responsable, ordenó dar vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con la certificación, es decir, que no quedan pruebas pendientes por desahogar, para continuar, en su caso, con el cierre de instrucción y posteriormente con la emisión del laudo. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo y su notificación, a la citada responsable, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del dos de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, vía electrónica a los quejosos y por lista a la moral tercera interesada. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos los oficios con anexos de cuenta del Director General y Subdirector de Transporte ambos del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Puebla, por conducto de la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del referido Centro, a través de los cuales rinden su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhiben las autoridades oficiantes en las comunicaciones de cuenta. Relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indican en el mismo para recibir notificaciones. De igual forma, se tiene a las autoridades responsables haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que refieren en el oficio de mérito, las cuales serán analizadas al momento de emitir la sentencia correspondiente. Finalmente, ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido de manera electrónica el escrito con anexo de cuenta de Alonso Cajica Rugerio, en su carácter de abogado patrono de la parte quejosa César Ricardo Cansino Ortiz, quien a su vez tiene la representación de las menores C.C.E. y C.C.E., a través del cual desahoga la vista concedida en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós y ofrece una prueba documental de su parte. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 del citado cuerpo normativo, se tienen por realizadas las manifestaciones a manera de alegatos con relación a la vista concedida en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante ofreciendo como prueba de su parte la documental que adjunta al escrito de cuenta; misma que será tomada en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Sin que se soslaye que el quejoso refiera que la autoridad responsable al rendir su informe justificado no adjuntó copia certificada del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 743/2013; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento al respecto en virtud de que la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio registrado con el folio 7121, remitió copias certificadas del expediente en cita, las cuales obran por cuerda separada identificadas como cuaderno auxiliar I y, de las que se advierte copia del acuerdo mencionado por el ocursante. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Javier Benítez Arellano2163/2017
- Javier Cortés Limón752/2020
- Javier Cruz González2177/2016
- Javier Cruz Hernández58/2019
- Javier David Martinez Becerril1901/2017
- Javier de la Rosa Maldonado1490/2021
- Javier de Rosas Romero2267/2017
- Javier Espiritu Hernández1766/2018
- Javier Félix Roldán Guerrero y Otros.520/2018
- Javier Guzmán Alonso o Javier Eusebio Guzmán Alonso663/2019
- Javier Hermosillo Pazuengo1402/2018
- Javier Ibarra Hernández457/2022