Javier de Jesús Rodas Blanco
Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Javier de Jesús Rodas Blanco
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio con firma electrónica del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, relativo al amparo directo ********************, de su estadística. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación, y atento a su contenido este juzgado toma conocimiento de la aceptación de la competencia planteada; por ende, procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción j), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se declinó competencia legal de la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que no se ordenó aperturar. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No existe documentos para devolver, toda vez que no fueron exhibidos por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio con firma electrónica por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se reservó de proveer sobre la aceptación de competencia declinada por este Juzgado de Distrito; y por ende, de la admisión de la demanda de amparo promovida por Javier de Jesús Rodas Blanco, hasta en tanto cuente con las constancias pertinentes, ello, en autos del juicio de amparo directo ********************, de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase conocimiento de lo informado por la superioridad, por lo que, queda a la espera de la determinación que emitida en el juicio de amparo directo ********************, de su índice. NOTIFÍQUESE POR LISTA
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Javier de Jesús Rodas Blanco, contra el acto que reclama a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla. I. Registro. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 145/2023-IV. II. Integración del Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Análisis de Competencia Este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.]. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Por su parte, los numerales 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En el caso concreto, como quedó expuesto, la parte quejosa reclama resolución dictada el tres de enero de dos mil veintidós, emitida en la tercería excluyente de dominio, relativa al expediente 294/2022, del índice de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, aplicable en el caso en específico, en su título segundo, establece la figura jurídica de las tercerías, las que si bien, tienen relación directa con el juicio principal, son juicios autónomos e independientes, las cuales se substanciarán en forma independiente y en la vía que corresponde al juicio en el que se promueven. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal; es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, pues en el caso, las excluyentes de dominio se basan en el derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o bienes que se pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que se hace valer la tercería; mientras que las de preferencia, se fundan en el mejor derecho que aduzca el tercero para ser pagado del crédito reclamado; lo cual, materialmente le da la calidad de ser juicios con sustantividad propia. De esta forma, el tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, razón por la cual esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, lo cual evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. Apoyan a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 59/2004 y 126/2005, sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE.". "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En las relatadas condiciones, el acto reclamado en el presente juicio no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, como ha quedado precisado, la resolución reclamada es la emitida el el tres de enero de dos mil veintidós, emitida en la tercería excluyente de dominio, relativa al expediente 294/2022, del índice de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad; es una resolución que sin decidir el fondo de dicha tercería, la da por concluida. Por tanto, la resolución reclamada es de las que se encuentran previstas en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo directo. IV. Declaración de Incompetencia Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier de Jesús Rodas Blanco. En consecuencia, con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, residente en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar, respecto de la cuestión competencial que se hace de su conocimiento; se solicita a la superioridad tenga a bien acusar recibo correspondiente y de no existir inconveniente legal alguno, informe la determinación que emita al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase a la superioridad el presente juicio de amparo con los anexos respectivos, para los efectos legales a que haya lugar. Realícense las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Habilitación de Días y Horas Inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y Autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Primera Poniente Norte, número 452, colonia Centro, en esta ciudad. Por así haberlo solicitado la peticionaria de amparo, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Daniel Hernández Arcos, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. VII. Transparencia y Acceso a la Información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Javier de Jesús Rodas Blanco, contra el acto que reclama a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla. I. Registro. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 145/2023-IV. II. Integración del Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Análisis de Competencia Este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.]. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Por su parte, los numerales 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En el caso concreto, como quedó expuesto, la parte quejosa reclama resolución dictada el tres de enero de dos mil veintidós, emitida en la tercería excluyente de dominio, relativa al expediente 294/2022, del índice de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, aplicable en el caso en específico, en su título segundo, establece la figura jurídica de las tercerías, las que si bien, tienen relación directa con el juicio principal, son juicios autónomos e independientes, las cuales se substanciarán en forma independiente y en la vía que corresponde al juicio en el que se promueven. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal; es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, pues en el caso, las excluyentes de dominio se basan en el derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o bienes que se pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que se hace valer la tercería; mientras que las de preferencia, se fundan en el mejor derecho que aduzca el tercero para ser pagado del crédito reclamado; lo cual, materialmente le da la calidad de ser juicios con sustantividad propia. De esta forma, el tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, razón por la cual esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, lo cual evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. Apoyan a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 59/2004 y 126/2005, sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE.". "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En las relatadas condiciones, el acto reclamado en el presente juicio no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, como ha quedado precisado, la resolución reclamada es la emitida el el tres de enero de dos mil veintidós, emitida en la tercería excluyente de dominio, relativa al expediente 294/2022, del índice de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad; es una resolución que sin decidir el fondo de dicha tercería, la da por concluida. Por tanto, la resolución reclamada es de las que se encuentran previstas en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo directo. IV. Declaración de Incompetencia Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier de Jesús Rodas Blanco. En consecuencia, con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, residente en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar, respecto de la cuestión competencial que se hace de su conocimiento; se solicita a la superioridad tenga a bien acusar recibo correspondiente y de no existir inconveniente legal alguno, informe la determinación que emita al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase a la superioridad el presente juicio de amparo con los anexos respectivos, para los efectos legales a que haya lugar. Realícense las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Habilitación de Días y Horas Inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y Autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Primera Poniente Norte, número 452, colonia Centro, en esta ciudad. Por así haberlo solicitado la peticionaria de amparo, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Daniel Hernández Arcos, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. VII. Transparencia y Acceso a la Información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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