Javier de Jesús Palomo Jiménez
Expediente 742/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Javier de Jesús Palomo Jiménez
- Javier de Jesús Palomo Jiménez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho y por resoluciones interlocutorias de diecisiete de julio y uno de agosto del año próximo pasado y cuatro de enero del año en curso, se concedieron respectivamente la suspensiones provisional y definitiva de los actos reclamados por lo que deberán conservarse únicamente el acuerdo y resoluciones relativos a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio número 3527/2019 de diez de mayo acabado de transcurrir, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán; al que adjunta en treinta y seis fojas útiles el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el expediente auxiliar R-276/2019 derivado del toca 451/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia firmada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; asimismo, devuelve el expediente original en doscientas tres fojas útiles y un disco compacto; ejecutoria de la que aparece que el citado cuerpo colegiado confirmó la sentencia recurrida que negó al quejoso Javier de Jesús Palomo Jiménez, el amparo y protección de la Justicia Federal. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes, con entrega de copia certificada de la ejecutoria de mérito a la autoridad responsable ordenadora, tal y como lo solicita la superioridad y se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Glósese a este expediente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se aprecia que en el resolutivo segundo se negó el amparo a la parte quejosa; siendo que dicha resolución fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver en el expediente auxiliar R-276/2019 derivado del amparo en revisión 451/2018, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se dispone devolver el disco compacto que oportunamente remitió la Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, como justificación de sus actos, dejando constancia alusiva al respecto en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se ordena glosar a estos autos el oficio remitido por el Director de la Policía Ministerial de Investigación en las Zonas Sur y Centro del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, con el que acusa recibo del oficio 24088/2018 de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, que le fue enviado e informa a este Juzgado que su denominación correcta es como se ha señalado en líneas que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, con quien actúa y da fe, se procedió a celebrar la audiencia incidental en los presentes autos, sin contar con la asistencia de las partes. La secretaría da lectura al escrito de demanda, a las constancias de autos y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables los cuales obran agregados a los presentes autos. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar y celébrese la presente audiencia incidental. Se abre el período de pruebas, en el que la secretaría le hace saber al Juez que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno; con lo anterior se concluye la referida fase. Seguidamente, se apertura la etapa de alegatos, en la cual la secretaría no da cuenta con promoción alguna, con lo que se cierra. Finalmente, al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 742/2018-VII-I, promovido por Javier de Jesús Palomo Jiménez, en contra de los actos reclamados al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. En la correspondiente demanda de amparo Javier de Jesús Palomo Jiménez solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, consistentes en: "Las injustificadas ordenes de aprehensión, detención y comparecencia, dictadas en nuestra contra por dichas autoridades fuera de todo procedimiento y que tratan de llevar a cabo por medio de los agentes a sus respectivas órdenes." Segundo. Mediante resoluciones interlocutorias de diecisiete de julio y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva respecto de las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Tercero. Mediante proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso Javier de Jesús Palomo Jiménez, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de diecisiete de julio del mismo año, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que por resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca 405/2018, revocó la interlocutoria recurrida y en vía de consecuencia la celebrada con posterioridad y ordenó reponer el procedimiento en el presente incidente de suspensión para los efectos precisados en las consideraciones de dicha ejecutoria. C o n s i d e r a n d o: Primero. La Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 16) y el Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán (foja 24), autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir sus correspondientes informes previos, negaron expresamente los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa, por tanto, no existe materia sobre la que puede versar la suspensión definitiva, y, por ende, debe negarse la medida cautelar solicitada, lo anterior con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 286, visible a página 237, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS CONTRA LO QUE EN EL SE AFIRMA, Y CONSECUENTEMENTE, NEGARSE LA SUSPENSIÓN SI SE NEGÓ LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, A NO SER QUE EN LA AUDIENCIA SE RINDAN PRUEBAS EN CONTRARIO." Segundo. La Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (foja 15), Titular de la Dirección y Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia, ambos de la Policía Estatal de Investigación, todas del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida (fojas 19 y 40, 20 y 44), autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir sus respectivos informes previos y rectificación del mismo, admitieron la existencia del acto que se les reclama, consistente en la orden de aprehensión y detención emitida en contra de Javier de Jesús Palomo Jiménez en la causa penal 127/2018 del índice de la autoridad judicial, por lo que se tiene por cierto dicho acto. Por su parte, el Primer Comandante encargado del despacho en ausencia del titular de la Policía Ministerial de Investigación Zona Sur del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal (foja 25) y el Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Norte del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, autoridades señaladas como responsables en este asunto (fojas 65 y 66), en sus respectivos informes previos manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin embargo, dado el carácter de ejecutoras con el que fueron señaladas y la certeza del acto reclamado de la ordenadora, los actos que se les atribuyen se consideran de inminente ejecución y por ende deben tenerse por ciertos. Tercero. Ahora bien, para estar en aptitud de resolver en estos autos incidentales, sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Javier de Jesús Palomo Jiménez y su ejecución, debe tenerse en cuenta la naturaleza del acto, el cual en este caso se trata de un acto positivo que se atribuye a la autoridad ordenadora responsable, cuya ejecución es inacabada, en virtud de que requiere otro acto de autoridad para su ejecución, por tanto, es susceptible de suspenderse, pero para ello, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: 1. Que la solicite el agraviado. Donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión definitiva de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En el caso se considera satisfecho este requisito, en virtud de que el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, que por tratarse de un acto que afecta su libertad personal debe partirse de la base de que dicho acto es cierto. 2. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente se estima cubierto este requisito de procedencia de la medida cautelar que se peticiona, en virtud de que hasta este momento no existen indicios de que con la concesión de la suspensión se afecte el interés público. Establecida la procedencia de esta medida, de conformidad con los artículos 128, 129, 132, 139, 163, 166, fracción II, 167 y 168 de la Ley de Amparo, ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social, y la no contravención a disposiciones de orden público, se concede al quejoso Javier de Jesús Palomo Jiménez la suspensión definitiva solicitada para el efecto que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal, respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra por la Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en autos de la causa penal 127/2018 de su índice, como probable responsable de la comisión del delito de fraude (2), el primero, previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 324, párrafo primero, fracción XII y 325, fracción III y el segundo previsto y sancionado por los numerales 324, párrafo primero, fracción XII y 325, fracción IV, todos del Código Penal del Estado, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y del juez de la causa, para la continuación del procedimiento penal que se le instruye, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia firme que se dicte en el juicio de amparo del que derivan estos autos. De conformidad con los artículos 136, 166, último párrafo y 168 de la Ley de Amparo, esta medida suspensional surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos, si el quejoso no cumple con las siguientes medidas de aseguramiento: Que constituya dentro del término de cinco días contados a partir del día al siguiente al en que surta efectos la notificación de esta resolución, en términos de lo que dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo, dos billetes de depósito a su nombre y a disposición de este Juzgado Primero de Distrito en la Entidad, en la sucursal en esta ciudad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., uno por la cantidad de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos sin centavos, moneda nacional), y otro por la cantidad de $10,420.00 (diez mil cuatrocientos veinte pesos, sin centavos, moneda nacional), o en cualquiera de las formas establecidas por la ley; cantidad que se le fija de manera discrecional atendiendo a los delitos por los que se emitió la orden de aprehensión, que en este caso se trata de fraude (2), el primero, previsto y sancionado por los artículos 324, párrafo primero, fracción XII y 325, fracción III y el segundo previsto y sancionado por los numerales 324, párrafo primero, fracción XII y 325, fracción IV, todos del Código Penal del Estado. En el entendido que las anteriores cantidades se fijan atendiendo a la naturaleza, modalidad y características del delito de fraude imputado y con base en el veinte por ciento sobre las cantidades de $17,000.00 (diecisiete mil pesos, sin centavos, moneda nacional) y $ 52,100.00 (cincuenta y dos mil cien pesos, sin centavos moneda nacional), que son las cantidades a que asciende a la reparación del daño por lo que respecta a la empresa denominada Mayoreo Continental, Sociedad Anónima de Capital Variable y la diversa suma por lo que se refiere a Juan José González Zumbardo; esto en términos de la información proporcionada por el juez responsable (foja 45), quien además comunicó no contar con datos personales del aquí quejoso por lo que la garantía se ha fijado discrecionalmente, de manera que sea proporcional, razonable y no promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso. Lo anterior, en virtud de que el delito de fraude (2), el primero, previsto y sancionado por los artículos 324, párrafo primero, fracción XII y 325, fracción III y el segundo previsto y sancionado por los numerales 324, párrafo primero, fracción XII y 325, fracción IV, todos del Código Penal del Estado, no encuadran en los delitos graves de conformidad con el artículo 13 del citado Código Penal. b) Que no se ausente del lugar de su residencia sin permiso de este Juzgado; c) Tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de cinco días ante el juez de la causa, de conformidad con los artículos 166, fracción II, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de la presente resolución; y, d) Cumplir con las obligaciones derivadas del procedimiento penal de origen. Se hace saber a la parte quejosa que la suspensión concedida en estos términos será revocada si incumple con las anteriores medidas de aseguramiento de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la ley de la materia aplicable. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.68/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, Materia Penal, visible a página 377 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, con rubro y texto siguientes; "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Finalmente, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que la depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega a Javier de Jesús Palomo Jiménez, la suspensión definitiva de los actos que reclama respecto de las autoridades precisadas en el considerando primero de esta resolución. Segundo. Se concede a Javier de Jesús Palomo Jiménez, la suspensión definitiva que solicita respecto del acto precisado en el segundo considerando, respecto a las autoridades señaladas como responsables en el propio considerando, en los términos del tercero de ellos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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