Javier de Jesus Herrera Basulto

Expediente 2127/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2127/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Javier de Jesus Herrera Basulto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio firmado por el Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Yucatán, mediante el cual informa las fechas en que recibió el oficio 41885/2021, con el que se le remitió la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, y el diverso 1147/2022, con el cual se le informó que causó ejecutoria dicha determinación. De lo que este órgano constitucional toma conocimiento, para los fines legales pertinentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a las diez horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2127/2021-VII, promovido por Javier de Jesús Herrera Basulto. En audiencia pública, Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante José Ignacio Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de las constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta capital. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de cuenta, el que se tomará en consideración como corresponda. Abierto el periodo de pruebas, respecto a las ofrecidas por la parte quejosa, se da cuenta con las documentales que exhibió con su demanda de amparo, así como con la instrumental de actuaciones y las presunciones legales y humanas; en cuanto a la autoridad responsable, se da cuenta con un legajo de copias certificadas de las constancias que integran el expediente de origen 225/21-16-01-7, que obra agregado en autos. Atento lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas relacionadas y se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas como corresponda; ahora bien, al no haber pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta al Secretario encargado del despacho que las partes no hicieron uso de ese derecho; por lo que se cierra esta etapa. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Secretario encargado del despacho declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el juicio de amparo 2127/2021-VII promovido por Javier de Jesús Herrera Basulto, contra el acto de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el propio día a este Juzgado Tercero de Distrito, Javier de Jesús Herrera Basulto solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada, lo que se realizó en sus términos. De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación´ del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al nu´mero, jurisdiccio´n territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama fue dictado por autoridades con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; por tanto, es correcto que la demanda de amparo se haya presentado en esta localidad, donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: La sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso contra la interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintiuno, que negó la suspensión definitiva del acto reclamado en el juicio contencioso administrativo federal 225/21-16-01-7. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto que se reclama de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital, pues así lo confirmó su Presidente al rendir informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias del juicio de origen, que la nombrada Presidenta remitió en apoyo de su informe; las cuales tienen valor probatorio pleno por ser documentos pu´blicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetados por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, ni las partes lo hicieron valer; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En principio, como antecedentes del juicio contencioso administrativo federal 225/21-16-01-7, cabe destacar que de las copias certificadas que remitió la Presidente de la Sala responsable, se advierte lo siguiente: Oficio folio ISSSTE 31000191976701 de doce de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Yucatán concedió al aquí quejoso su pensión por jubilación, con fecha de inicio, de uno de enero de dos mil veintiuno; por la cantidad de $866.80 (ochocientos sesenta y seis pesos, con ochenta centavos, moneda nacional), por concepto de cuota diaria (foja 20, del anexo). Escrito de quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que el aquí quejoso, por propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo federal contra el referido oficio ISSSTE 31000191976701 que le concedió su pensión por jubilación tomando como referencia para su cálculo, la Unidad de Medida y Actualización y no el salario mínimo. Auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el que, previa admisión de la demanda en el juicio principal, se dio trámite al incidente de petición de medidas cautelares respecto al acto reclamado; y, en cuanto a la solicitud de su concesión para el efecto de que la autoridad demandada realizara el pago de la pensión por jubilación, tomando como cuota diaria $1,248.68 (mil doscientos cuarenta y ocho pesos, con sesenta y ocho centavos, moneda nacional) que correspondía a un cálculo usando como base el "salario mínimo", y no la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que arrojó de cuota diaria $866.80 (ochocientos sesenta y seis pesos, con ochenta centavos, moneda nacional); negó la medida cautelar (fojas 44 a 46, del anexo). Resolución interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de petición de medidas cautelares en los términos siguientes: "I.- Ha resultado infundado del (sic) Incidente de Petición de Medidas Cautelares, formulado por la parte actora, en consecuencia; II.- SE NIEGA EN DEFINITIVA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA LE REALICE EL PAGO DE SU PENSIÓN TOMANDO COMO CUOTA DIARIA LA CANTIDAD DE $1,248.68, por los motivos y fundamentos expuestos en el último Considerando del presente fallo. III.- NOTIFÍQUESE." (fojas 55 a 59, del anexo). Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de reclamación; el cual se admitió a trámite por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno (foja 66, del anexo). Sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto contra la interlocutoria de nueve de marzo de este año; cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso. SEGUNDO. SE CONFIRMA la interlocutoria de fecha 9 de marzo de 2021, por los motivos y fundamentos señalados en la presente interlocutoria." (fojas 77 a 81, del anexo). Esta última resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, a fin de controvertir las consideraciones de la autoridad responsable, la parte quejosa formula los siguientes conceptos de violación: Aduce transgresión a sus derechos humanos, ya que se le niega la suspensión definitiva con el argumento de que de concederla se estaría resolviendo la litis del asunto. Que pagarle provisionalmente su pensión de jubilación tomando como tope el salario mínimo en lugar de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no resolvería el fondo del asunto, ya que éste se seguiría llevando por toda su secuela procedimental y si al dictar sentencia se determina que es legal el cálculo con base en la UMA, quedaría sin efecto la medida cautelar y se le suspendería el pago estimado en salarios mínimos. De igual forma, que al no estar recibiendo el pago íntegro de su pensión con base en salarios mínimos, su economía se ha visto afectada desde el mes de enero de este año; lo cual refiere no pudiera ser reparado mediante sentencia definitiva en el juicio de origen, aunque la autoridad responsable ordene el pago de las diferencias no devengadas. También señala transgresión a los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -que se analizarán más adelante- pues refiere que dichos numerales disponen que ante el riesgo de causarse un daño irreparable al demandante, se dictaran las medidas cautelares necesarias para evitarlo; lo que estima pasó por alto la responsable, ya que con la negativa de la medida, no puede percibir la totalidad de los medios de subsistencia que por ley le corresponden, no obstante cumplir con los requisitos que señala el precitado numeral 28 para conceder la medida cautelar. Así mismo, enfatiza que en el caso se está soslayando que la pensión de una persona jubilada representa su sustento absoluto y es deber del Estado garantizarlo a través de sus instituciones; y que ésta sólo puede ser reducida mediante sentencia firme, mientras tanto, el beneficiario debe recibirlas en su totalidad. Además, que todas aquellas prestaciones o derechos de seguridad social obtenidos por los trabajadores deben ser retribuidos conforme a su naturaleza; por lo que al determinar la cuota de pensión debió tratarse como una prestación de naturaleza laboral. Por último, el quejoso alega peligro en la demora, ya que refiere son irreparables los daños causados ante la negativa de la medida cautelar; daños que arguye haber acreditado ante la responsable al momento de hacer los cálculos y contrastar la diferencia de cantidades entre utilizar como base el salario mínimo y las Unidades de Medida y Actualización. Los anteriores conceptos de violación son infundados, los que se analizan de manera conjunta por la estrecha relación que tienen y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar que el juicio contencioso del que deriva el acto reclamado se rige conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 24 y 28, dispone: "ARTÍCULO 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. [.]." "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De los artículos transcritos se advierte que la suspensión del acto que se impugna en juicio de nulidad se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y que las medidas suspensivas, salvo en los casos que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, serán decretadas por el Magistrado Instructor, para mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentre; así como las demás medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. Por consiguiente, en cada caso, el Magistrado Instructor debe realizar un análisis integral de la demanda y anexos para determinar si la ejecución del acto reclamado es susceptible de suspenderse o no, atendiendo a su naturaleza y la concomitancia de los requisitos que prevé el citado artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, en el caso a estudio, el acto reclamado consiste precisamente en el oficio folio ISSSTE 31000191976701, de doce de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se reconoció al aquí quejoso su derecho de pensión por jubilación, con fecha de inicio, de uno de enero de dos mil veintiuno, por la cantidad de cuota diaria $866.80 (ochocientos sesenta y seis pesos, con ochenta centavos, moneda nacional); y el quejoso lo impugnó por estimar que el cálculo era incorrecto, ya que en lugar de considerar como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aduce debió utilizarse el salario mínimo aplicable. En ese contexto, es claro que el derecho reconocido del quejoso para la percepción de su pensión por jubilación, al momento de presentar el juicio contencioso, es por la cantidad de cuota diaria equivalente a $866.80 (ochocientos sesenta y seis pesos, con ochenta centavos, moneda nacional); y no la que él señala de $1,248.68 (mil doscientos cuarenta y ocho pesos, con sesenta y ocho centavos, moneda nacional), que alega haber obtenido tomando como base de cálculo el salario mínimo aplicable y no la Unidad de Medida y Actualización que se le impuso. De ahí que, como correctamente resolvió la autoridad responsable, de concederse la medida suspensional para el efecto pretendido por el quejoso, que es, que se le pague su pensión con una cuota diaria de $1,248.68 (mil doscientos cuarenta y ocho pesos, con sesenta y ocho centavos, moneda nacional), implicaría constituirle un derecho subjetivo que no tenía al momento de la presentación de la demanda. Lo cual, como con acierto precisó la responsable, no es propio de una resolución de otorgamiento de medidas cautelares, sino de aquella que resuelve el juicio en lo principal; pues, en su caso, previo estudio del fondo de la cuestión planteada, de ser ilegal el acto reclamado, se puede reconocer al quejoso la existencia de un derecho del que se le estaba privando. Extremo al que no puede llegar la medida suspensional, atendiendo a su naturaleza; también, porque dentro de sus finalidades consagradas en el referido numeral 24 de la Ley que rige el acto, está mantener la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda y dictar todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia, a fin de poder asegurar la eficacia de la sentencia. Lo que se alteraría de concederse la suspensión para el efecto pretendido, si se tiene presente que se estaría constituyendo un derecho que el quejoso no tenía, lo que resulta contrario a la naturaleza de la medida, pues por regla general ésta no puede tener por efecto modificar, restringir ni constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por analogía, apoya lo anterior, la tesis I.6º.C.37 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Materia (s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 737, con registro digital 197839; del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o conservativa de una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, deduciéndose de ello que la medida cautelar en el juicio de garantías no crea derechos o intereses subjetivos en beneficio del quejoso, sino que únicamente los preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que los mismos sean o no inconstitucionales." Así como la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Materia (s): Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero - Junio de 1989, página 1059, con registro digital 229524, que establece: "SUSPENSION. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS. La suspensión del acto reclamado únicamente tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos; de manera tal que, si se solicita la suspensión para el efecto de que no se paralice el servicio público de transporte que se viene prestando y los promoventes del amparo no acreditan, en el incidente de suspensión, que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de que se trata o con permisos provisionales para ello, la suspensión debe negarse; pues lo contrario, o sea, conceder el beneficio suspensional, sin la exhibición de dichos documentos, equivaldría a constituir el derecho a prestar el servicio en favor de los agraviados, lo que implicaría, a su vez, sustitución del juez de amparo en facultades exclusivas de las autoridades administrativas." Máxime que el monto de su pensión fue reconocido hasta el doce de enero de dos mil veintiuno, con base en una determinada unidad de medida (UMA); por lo que es evidente que, a la fecha de presentación de la demanda del juicio contencioso, el quejoso no tenía reconocido un monto de pensión calculado en salarios mínimos. De ahí que no sea factible reconocerle un derecho que no tenía y, por ende, no sea posible conceder la suspensión para el efecto de que reciba un monto de pensión distinto del previamente reconocido, ya que implicaría, a través de la medida cautelar, dar efectos constitutivos que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Por ilustrativa, la jurisprudencia PC.III.A. J/62 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, página 1961; con Registro digital: 2019038; del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL OFICIO POR EL CUAL EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NIEGA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS AL BENEFICIARIO DE UN PENSIONADO, CUANDO AQUÉL NO LA HAYA PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y SE ESTÉ RECIBIENDO POR PARTE DE OTRA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. Conforme al artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en ningún caso el otorgamiento de la suspensión podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda. Por otra parte, el artículo 155, fracción III, del Reglamento General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados y Pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado establece que no tienen derecho a recibir los servicios médicos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quienes se encuentren recibiendo atención médica por parte de otras instituciones de seguridad social. Por tanto, es improcedente conceder la medida cautelar contra el acto reclamado consistente en el oficio por el cual se niega la prestación de servicios médicos con base en esta última disposición, incluso de reclamarse la regularidad constitucional de esa normatividad, teniendo en cuenta que con anterioridad no se había proporcionado ese servicio, en virtud de que con su otorgamiento se constituiría un derecho del cual carecía el quejoso antes de presentar su demanda." También, la diversa tesis: I.20o.A.4 K (10a.), sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2585, con Registro digital: 2018421; que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL RESTABLECIMIENTO PROVISIONAL AL QUEJOSO EN EL GOCE DEL DERECHO AFECTADO ESTÁ ACOTADO A LOS CASOS EN QUE LA PRERROGATIVA DE QUE SE TRATE ESTÉ INCORPORADA A SU ESFERA JURÍDICA ANTES DE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador deberá proveer sobre la suspensión y ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento de la presentación de la demanda, además de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado, en caso de ser material y jurídicamente posible. Asimismo, el artículo 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda. Por ende, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular. Tan es así que en el artículo 77 de la misma ley se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado." Así, con las jurisprudencias antes citadas, se reitera el criterio sostenido por la Justicia Federal, en el sentido de que en materia de suspensión, en ningún caso ésta podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tenía el quejoso antes de presentar la demanda. Lo que implica que para poder conceder la suspensión del acto reclamado, además de cumplir con los requisitos que señala la ley, debe existir previamente un derecho reconocido, a fin de poder determinar si las consecuencias de la ejecución del acto transgreden ese derecho y, en su caso, de ser procedente, conceder la medida cautelar. Pues atendiendo a la naturaleza de la suspensión, su concesión puede tener efectos conservativos o restaurativos, ya sea para que las cosas se mantengan en el estado que guardan; o bien, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia en el juicio principal; supuestos que dependen estrictamente de la existencia previa de un derecho reconocido, sin el cual, la suspensión no pudiera surtir los efectos antes precisados. Por el contrario, de no existir un derecho previo reconocido, la suspensión, dada su naturaleza, no puede constituirlo; pues las facultades conservativas y restitutorias, como se expuso, proceden únicamente respecto de derechos que estén incorporados, con anterioridad a la tramitación del incidente, en la esfera jurídica de quien solicita la medida cautelar; lo que revela la intención de evitar que se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la cual no es titular. De ahí que si el quejoso no cuenta con una prerrogativa, en la especie, el reconocimiento de un monto de pensión calculado en salarios mínimos, no puede vía suspensión constituírsele tal derecho y obligar a la autoridad demandada a que proceda de conformidad; pues como se ha reiterado, los efectos constitutivos son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Cuenta habida que la materia a dirimir en el juicio principal es precisamente el hecho de que se pague una pensión mayor de la que se concedió, al estimar el quejoso que se encuentra mal calculada por utilizarse como base la Unidad de Medida y Actualización y no el salario mínimo aplicable; por lo que será hasta la sentencia definitiva que se analizará tal cuestión y se determinará si verdaderamente el solicitante tiene derecho a que se le pague una pensión con base en el salario mínimo y no en Unidades de Medida y Actualización; y, de ser procedente, en su caso, se le constituirá ese derecho. Por otra parte, como bien consideró la autoridad responsable, no es obstáculo a lo antes determinado, las alegaciones del quejoso en el sentido de que con la negativa de la concesión se le estarían ocasionando daños irreparables a su economía; ya que de serle favorable la sentencia definitiva, la autoridad demandada estaría obligada a modificar su cuota pensionaria y a pagar las diferencias resultantes del ajuste, a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, por ser la fecha en que comenzó a disfrutar del beneficio pensionario. Aunado a que, como también precisó el Tribunal responsable, la parte quejosa no acreditó en el juicio natural el daño irreparable que aducía, pues sólo se limitó a simples alegaciones, sin mayor sustento fehaciente; y el monto en que se fijó la pensión no por sí mismo denota ese daño, por el contrario, acredita que no hay afectación al mínimo vital, pues se le está pagando una cuota por pensión. Por las consideraciones anteriores, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y no advertirse queja deficiente que suplir, de conformidad con lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Javier de Jesús Herrera Basulto, contra el acto que reclamó de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital, consistente en la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante José Ignacio Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio firmado por la Presidente de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, con un anexo que acompaña; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito, así como la constancia remitida y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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