Javier de Jesús Hernández Hernández y Otros.

Expediente 748/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
748/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Javier de Jesús Hernández Hernández y Otros.
  • Javier de Jesús Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. } Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como defensora pública federal del directo quejoso ********************, la cual quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 748/2020-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, del análisis de la demanda de amparo que fue recibida a través del módulo de demandas electrónicas del juicio en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el suscrito Juzgador advierte que la misma, carece de la firma electrónica de la promovente. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Es así pues el artículo 107, fracción I, constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (...)". Por su parte, los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. [...] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". [...] "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." [...] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [...]." De los preceptos mencionados se advierte que los titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica o en su caso por comparecencia ante la autoridad correspondiente, puesto que la prosecución del Juicio de Amparo no es oficiosa. De igual forma, las promociones pueden ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sin embargo, es requisito indispensable de procedencia, que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como la firma electrónica vigente del quejoso o quien promueve en su nombre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a excepción de las demandas que se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, el escrito de demanda presentado vía electrónica no cuenta con evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de quien promueve, y siendo ello así, quien promueve no expresó su voluntad de instar la vía jurisdiccional. De lo antes expuesto, el ocurso que nos ocupa no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que pueda tenerse como excepción a la regla; se afirma lo anterior, pues en la demanda de cuenta, se reclama una orden de aprehensión o detención y su ejecución; actos que suponen la integración de una carpeta de investigación o carpeta procesal. En ese sentido, no obstante que la demanda presentada por la parte quejosa, fue recibida vía juicio en línea, debe decirse que, la misma carece de firma electrónica (FIREL), de la promovente, la cual según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

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