Javier de Jesús Guevara Hernández

Expediente 1049/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1049/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Javier de Jesús Guevara Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el defensor particular del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y estado de autos, se advierte que el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora, transcurrió para la última de las partes en notificarse del veintitrés de junio pasado al trece del mes en curso, con exclusión de los días inhábiles. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por la autoridad responsable en este juicio y en el diverso 111/2015, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de veintinueve de marzo pasado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, contra la resolución de veintiocho de octubre anterior, emitida por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, en la averiguación previa UEIDFF/FINM09/193/2014, así como todas sus consecuencias legales, la cual se encuentra acumulada a la diversa AP/PGR/UEIDFF/FINM13/88/2012 y sus acumuladas, tal concesión, fue para los siguientes efectos: 1. Dejara insubsistente el acuerdo reclamado; y 2. Emitiera un nuevo pronunciamiento, en que debía precisar que la autoridad facultada para querellarse por el ilícito previsto en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se atribuye al amparista, tuvo conocimiento del delito y del delincuente, el veintiséis de noviembre de dos mil trece, por lo que a partir de esa fecha contaba con el plazo de tres años previsto en el artículo 116 bis de dicho ordenamiento, para presentar su querella respecto de los hechos relacionados con la denuncia formulada por la sucesión relacionada; sin que para cumplir con dicho requisito, pueda considerarse la formulada en la averiguación previa AP/PGR/UEIDFF/FINM13/88/2012, toda vez que esta se refiere a diversos hechos, por lo que con base en lo anterior, debía pronunciarse sin evasivas respecto de la prescripción de la acción penal invocada por la parte quejosa. Resolución que causó ejecutoria el veinte de abril del presente año, además, en esa fecha se determinó procedente corregir una imprecisión en la sentencia aludida, respecto a que el acto reclamado lo constituía el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis y no el de veintiocho anterior, requiriéndose en esa fecha al agente responsable el cumplimiento de la ejecutoria que se analiza, por lo que mediante oficios presentados el veintisiete de abril y quince de mayo pasados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional se recibieron los informes relativos, a los que dicho agente adjuntó copia certificada del acuerdo y resolución de veinticinco y diez anteriores, con los que refirió dio cumplimiento al fallo protector; sin embargo, por auto de veintitrés de mayo pasado se hizo de su conocimiento que la sentencia protectora no estaba cumplida, requiriéndose nuevamente su cumplimiento. Así, mediante oficio presentado el treinta de mayo del año en curso en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional se recibió el informe relativo, al que la autoridad responsable adjuntó copia certificada de la determinación emitida el veintiséis de ese mes; no obstante, en proveído de siete de junio siguiente, se resolvió que no se había restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos violados, toda vez que el agente responsable no había dejado sin efectos la determinación de diez de mayo anterior, motivo por el cual de nueva cuenta se requirió su cumplimiento. Por lo que mediante oficio recibido en la oficialía mencionada el doce del mes en curso, el agente responsable remitió copia certificada del proveído y resolución de ocho y nueve anteriores, de los que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido al demandante del amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio, pues la autoridad responsable una vez que dejó insubsistente el acto reclamado y la resolución de diez de mayo pasado, emitió una nueva determinación en la que en lo que interesa, concluyó lo siguiente: Que el veintiséis de noviembre de dos mil trece, tuvo conocimiento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como autoridad facultada para querellarse por el ilícito previsto en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, tanto del delito como del delincuente, por lo que a partir de esa fecha contaba con el plazo de tres años previsto en el artículo 116 bis de dicho ordenamiento para presentar su querella en relación con los hechos relacionados con la denuncia formulada por la sucesión relacionada, sin que pueda considerarse para esos efectos la formulada en la averiguación AP/PGR/UEDFF/FINM133/88/2012, toda vez que esta se refiere a hechos diversos. Que en la indagatoria relacionada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emitió pronunciamiento a través de la comisión indicada, respecto de los hechos denunciados, además de que en proveído de treinta y uno de octubre pasado se determinó que Carlos Severo del Bosque y Julián Gómez del Bosque, en su carácter de albaceas mancomunados de la sucesión a bienes de Ignacio del Bosque y Dávila o Ignacio del Bosque Dávila, no estaban facultados para presentar querella, ya que sólo les corresponde la administración del caudal hereditario a bienes de la sucesión, por lo que no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el último de los numerales indicados, de ahí que prescribió el término para presentar dicho requisito el veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis. Que en virtud de que la facultad de la autoridad para querellarse transcurrió por más de tres años, no se podrá ejercer acción penal por falta del requisito previsto en la ley. Por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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