Javier de Jesús Castañeda Ruiz

Expediente 800/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 40 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
800/2023
Año
2023
Actuaciones
40
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Javier de Jesús Castañeda Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Visto el escrito signado por autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el ********************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, incido e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el aludido recurso. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente remítase el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito digitalizado de expresión de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer, previo desglose que se efectúe al respecto. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera electrónica y la presente determinación fue autorizada de la misma forma, no se integrarán al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el expedientillo de cuenta, en términos de los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que el treinta de octubre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído, se reservó agregar a los autos del sumario en que se actúa el oficio registrado en el libro de la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito con el número 22668, hasta en tanto se dictara sentencia, toda vez que ello ya aconteció, por tanto, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Director de Asunto Internos del Gobierno Municipal de Guadalajara, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos y hace valer causas de improcedencia; asimismo adjunta diversas constancias certificadas relativas al expediente *, de su índice; por tanto, únicamente agréguese a los autos, y dígasele que deberá estarse a la resolución de treinta de octubre último, en la que se resolvió el presente juicio de amparo.

  3. Incidental

    Visto el contenido del oficio que suscribe el Coordinador General Jurídico del Organismo Público Descentralizado, Hospital Civil de Guadalajara, se ordena agregar a las presentes actuaciones sin pronunciamiento alguno, en virtud de que mediante auto de dieciocho de octubre del año en curso, ya fue proveído idéntico oficio.

  4. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 800/2023-VIII y su acumulado 1279/2023-VII, promovidos por********************contra actos del Director de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 20, 21, 123 y 133 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco,********************acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 20, 21, 123 y 133, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 20, 21, 123 y 133, de la Constitución Federal. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dichos juicios a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de once de abril de dos mil veintitrés, se formó el expediente, se registró bajo el número 800/2023-VIII, se admitió a trámite la demanda de amparo de mérito, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló el pedimento que a su representación corresponde. De igual forma, por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se formó el expediente, se registró bajo el número, se admitió a trámite la demanda de amparo de mérito, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló el pedimento que a su representación corresponde. Asimismo, en el referido acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, se ordenó la acumulación del mencionado juicio de amparo, al diverso 800/2023-VIII. De igual manera, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo En tal contexto, de la lectura integral de las demandas de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados se hacen consistir en: Juicio de amparo 800/2023-VII El oficio ********************, de ********************, mediante el cual se determinó y notificó al quejoso la medida cautelar de suspensión provisional en el cargo como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante la investigación de los hechos que dieron lugar al expediente *******************, ordenada en acuerdo de ********************, dictado en el aludido expediente. Juicio de amparo El acuerdo de ********************, dictado en el aludido expediente, mediante el cual se ordenó la medida cautelar de suspensión provisional del quejoso como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante la investigación de los hechos que dieron lugar al expediente 0********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Deben tenerse por ciertos los actos reclamados al Director de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, pues aunque es verdad que al rendir sus informes justificados negó la existencia de los aludidos actos, lo cierto es que a continuación realizó diversas manifestaciones tendentes a defender la constitucionalidad de los mismos. Además, tales certezas se corroboran con las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas derivadas del expediente 0********************, de su índice, mismas que obran agregadas al presente expediente; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, procede analizar las causas de improcedencia que alegan las partes, ya que su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. En vinculación con lo anterior, al rendir su informe justificado en el juicio de amparo 800/2023-VIII, la autoridad responsable manifestó que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues afirma, los actos recamados no son la resolución definitiva emitida en el aludido expediente, ni tampoco son actos de imposible reparación. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, la fracción III del artículo107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se obtiene que la regla general para que proceda el reclamo en la vía de amparo indirecto de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que aquél se promueva en contra de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sentado lo anterior, debe decirse que, como se adelantó, en la especie, los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de ********************, dictado en el expediente *****************, mediante el cual se ordenó la medida cautelar de suspensión provisional del quejoso como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante la investigación de los hechos que dieron lugar al referido expediente; así como en el oficio ********************, con el que se determinó y notificó al quejoso dicha medida cautelar. De lo expuesto queda en evidencia que, si bien, como lo refiere la autoridad responsable, dichos actos no se tratan de la resolución definitiva emitida en el expediente de origen; lo cierto es que contrario a lo manifestado, sí se tratan de actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, verbigracia: vida, libertad, integridad personal, propiedad. Es así, toda vez que, al reclamarse la determinación que ordenó la medida cautelar de la suspensión provisional del quejoso como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, resulta evidente que con su ejecución, se priva a éste de los emolumentos a que tiene derecho por el desempeño de su cargo; máxime que en caso de exigir al quejoso a que espere al dictado de la última resolución en el referido procedimiento y el sentido de ésta fuera la separación definitiva del cargo, existe prohibición constitucional expresa para ser reincorporado; de ahí que se insiste, los actos reclamados sí tienen una ejecución irreparable, y por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia invocada. De igual forma, al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, la autoridad responsable alegó que en dicho sumario se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, pues refiere que el acto reclamado en tal expediente, es materia del diverso 800/2023-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional (al cual se encuentra acumulado). Resulta infundado dicho aserto. Es así, pues como se adelantó, la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad; en ese sentido, del contenido de los escritos iniciales de demanda, se evidencia que mientras que en el juicio de amparo 800/2023-VIII, se reclama el oficio ********************, mediante el cual se determinó y notificó al quejoso la medida cautelar de suspensión provisional en el cargo como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante la investigación de los hechos que dieron lugar al expediente 0********************; en el diverso sumario el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de ********************, dictado en el referido expediente, en el que se ordenó la medida cautelar en comento; de ahí que no se surta la causa de improcedencia invocada. De igual forma, en el referido informe con justificación, la autoridad responsable arguye que en dicho sumario se surte la causa de inejercitabilidad contemplada en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, pues afirma, la demanda que dio origen al juicio de amparo fue presentada de manera extemporánea. No asiste razón a la autoridad responsable al afirmar lo anterior. Así es, la causa de improcedencia de que se trata, regula una presunción, que deriva del hecho de que cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esa conducta revela una conformidad tácita con el acto. Conforme a lo anterior, no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente porque no se reclamaron en la vía constitucional dentro de los plazos que la propia ley señala, esto es, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos y, excepcionalmente, en los plazos previstos en los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. No obstante, contrario a lo argüido por la autoridad responsable, en el expediente en que se actúa no existen elementos para afirmar que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado en el juicio de amparo 1279/2023-VII (acuerdo de ********************), desde la fecha de su emisión, pues de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, mismas que obran agregadas en copia certificada, se evidencia que en la diligencia en la cual se hizo constar la notificación de la suspensión temporal de cargo impugnada, únicamente se le entregó copia simple del oficio ********************, no así de la resolución de ********************. En esas condiciones, si en su demanda de amparo, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del acuerdo reclamado hasta el once de mayo de dos mil veintitrés y aquélla se depositó en el buzón judicial el primero de junio siguiente, resulta evidente que la misma fue presentada de manera oportuna, y por ello, no se actualiza la causa de improcedencia invocada. QUINTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia diversa, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo SEXTO. Estudio del fondo del asunto Como cuestión previa debe decirse que por razón de técnica, se procederá primeramente al estudio del referido juicio de amparo, pues el hecho de que una demanda de garantías se haya presentado antes que otra, no significa que el a quo tenga la obligación de resolver en ese orden, pues tratándose de juicios acumulados, el juzgador ha de estimar los motivos de inconformidad aducidos en cada uno de ellos y no el orden en que fueron presentados. Asimismo, resulta importante acotar que, en la especie, los conceptos de violación serán analizados de manera conjunta, por guardar estrecha relación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación formulados resultan infundados. Cierto, en el primero de ellos el quejoso alega que el acuerdo de ********************, dictado a las dieciocho horas con veinte minutos de dicha data, en el expediente 0********************, transgrede sus derechos fundamentales, en virtud de que en él se instaura un procedimiento administrativo en su contra, sin la debida motivación, ya que no se especifican las razones y hechos que dieron origen al mismo. No asiste razón al quejoso al afirmar lo anterior. Es así, ya que de las constancias que obran en el sumario en que se actúa, consistentes en copias certificadas de las actuaciones del procedimiento administrativo 0********************, se evidencia que si bien, mediante proveído dictado a las trece horas con treinta minutos del ********************, la autoridad responsable procedió a iniciar una queja, de oficio, derivada de un video publicado por "Tráfico ZMG", la mañana de ese mismo día (fojas 32 y 33 de actuaciones) y que en esa data se dictó un acuerdo de radicación en el que se ordenó registrar el aludido procedimiento con el número 0********************; lo cierto es que en ese segundo proveído únicamente se ordenó girar oficio al Encargado del Área Operativa de la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara, a efecto de que se avocara al conocimiento de los hechos y realizara las investigaciones necesarias en relación con los hechos que dieron origen a la aludida queja (fojas 34 a 37 íbidem), siendo hasta las dieciocho horas con veinte minutos, del propio treinta y uno de marzo del año en curso, en que, una vez recibida diversa documentación, se emitió distinto acuerdo en el que se ordenó la medida cautelar aquí reclamada, a efecto de continuar con las investigaciones relativas a la referida queja. Es decir, de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, se evidencia que el mismo se encontraba en etapa de investigación administrativa, hasta la fecha en que se presentaron las demandas de amparo (tres de abril y uno de junio, respectivamente, ambos de dos mil veintitrés), pues, se insiste, no se había emitido acuerdo alguno de incoación de procedimiento de responsabilidad en contra del quejoso, en el cual, en todo caso, habrían de especificarse, entre otras cosas, la conducta que se le atribuye; la sanción que en su caso podría ser impuesta; el plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles; las pruebas que existen en su contra; el derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; de ahí lo infundado del aludido concepto de violación. En un motivo de disenso diverso, el quejoso alega que el acuerdo reclamado transgrede sus derechos fundamentales toda vez que en él no se hace relación de la conducta investigada, no se expone cómo es que esa conducta afecta a la víctima y el por qué la misma se considera grave, para así justificar la medida cautelar impugnada. Es infundado dicho aserto. Se considera así, toda vez el numeral 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en que se fundamenta la medida cautelar impugnada no prevé dicha exigencia; lo anterior, pues únicamente se limita a referir que al iniciarse el procedimiento, si así conviene para la conducción y continuación de las investigaciones y cuando la falta lo amerite, la instancia instructora podrá determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto a procedimiento de su función, cargo o comisión. Ello toma relevancia si se tiene en consideración que la suspensión de cargo reclamada sólo se trata de una medida cautelar vigente durante la investigación y tramitación del procedimiento administrativo de origen; es decir, no se trata de una sanción derivada de la resolución final del mismo, en la cual, en todo caso, habrían de asentarse las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado, de conformidad con lo establecido en el numeral 126 de la ya citada Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Lo anterior, al margen de que en el oficio ********************, mediante el cual se notificó al quejoso la medida cautelar reclamada, sí se especifica que los hechos que dieron origen a la investigación administrativa llevada a cabo en el expediente ********************, acontecieron el día treinta de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las diecisiete horas, en las inmediaciones de la finca marcada con el número 700, de la calle Chapultepec, colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco, tripulando el quejoso la unidad G-127 de la Comisaría del referido municipio. De igual manera, resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso refiere que el acuerdo reclamado transgrede sus derechos fundamentales, al no haberse respetado su derecho de audiencia y defensa, así como no haberse tomado en consideración, previo a su emisión, la entrevista recabada por Luis Jesús Hernández Salazar y el reporte dirigido al Subinspector Juan Pablo Sánchez González. Para explicar lo anterior, cabe traer a cuenta el artículo 14 constitucional: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.". El citado dispositivo consagra las garantías que deben prevalecer en todo acto privativo y se hace una relación enunciativa y genérica de éstos, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes; y, por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. A su vez, conforme al último párrafo del artículo citado, para que exista un acto privativo, debe haberse emitido una sentencia en contra del gobernado. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero los mismos no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del último párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión, si la privación de un derecho, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste tiene el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, es acto de molestia. En tal virtud, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el numeral 16 de la propia Constitución. De lo anterior se sigue que para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad reclamado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es, y, por tanto, si requiere el cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 14 constitucional, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 16 de la propia Constitución, y para efectuar tal distinción debe acudirse a la finalidad que el acto persigue, esto es, si la privación del bien es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Expuesta la premisa constitucional a la luz del cual se analizan los conceptos de violación antedichos, prosigue desentrañar la naturaleza de la medida cautelar de suspensión provisional de cargo reclamada, a fin de establecer si le es exigible el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, previamente a su emisión. En lo conducente, el acuerdo reclamado es del siguiente tenor: "[.] TERCERO.- Por lo anterior, gírese atento oficio al Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, ordenándose con ello; como medida cautelar y para evitar que a la víctima se le causen daños a su integridad física, a sus derechos humanos y propiedades, la suspensión provisional de los elementos lo anterior, en virtud de que los hechos que se investigan en la presente causa, son consideradas como faltas graves en el desempeño de sus funciones, cargo y adscripción. [.] ". De la anterior transcripción, se aprecia que la suspensión de cargo reclamada, participa de la naturaleza de un acto de molestia, y no de uno de índole privativa, en la medida en que su vigencia se supedita a que se resuelva en definitiva su situación jurídica. Esto es, la resolución reclamada constituye una medida provisional encaminada a suspender la relación administrativa de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica surgida con motivo de la investigación seguida en su contra, por los hechos que le fueron imputados y que dan origen al procedimiento de responsabilidad administrativa ********************. En esa medida, se revela ante este Juzgado Federal que la resolución reclamada no conlleva la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sino una afectación temporal sobre la relación administrativa conforme a la cual ejerce su cargo público; lo que patentiza su naturaleza de acto de molestia, en los términos antes expuestos. Así, partiendo de la premisa de que la suspensión de cargo reclamada no es un acto privativo, sino uno de molestia, se arriba a la conclusión de que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la constitucionalidad de su emisión no se encuentra supeditada al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consagradas en el artículo 14 constitucional, sino que debe analizarse a la luz de las exigencias de legalidad, previstas en el diverso numeral 16 constitucional. Por tanto, en el acuerdo de suspensión temporal dictado en el procedimiento de origen, no se requiere de un mecanismo procedimental previo a fin de cumplir con el derecho de audiencia, debido a la naturaleza provisional del acto de molestia. En efecto, la suspensión provisional prevista en ese artículo, además de ser una medida provisional cuya duración se limita al tiempo que requiere la resolución del procedimiento administrativo, tiene como finalidad evitar posibles afectaciones a la sociedad y a la propia corporación y encuentra su justificación en la naturaleza de las labores desarrolladas por los elementos policiacos, ya que éstos son los encargados de la seguridad pública, así como de mantener el orden; de ahí que, por lo delicado de sus funciones, se requiere que su actuación sea irreprochable, no siendo conveniente que se mantenga en activo a un elemento cuya conducta se encuentre sujeta a investigación. Con tales bases, como se adelantó, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que la medida cautelar consistente en la suspensión de cargo reclamada es contraria a derecho, toda vez que no se respetó su derecho de audiencia previa y no se tomaron en consideración los medios de prueba previamente indicados. Ello, pues como se expuso, ese acto reclamado al tener la característica de ser un acto de molestia, no le es aplicable principio de derecho de audiencia. En otras palabras no se vulnera ese derecho humano, toda vez que el acuerdo de suspensión temporal contiene una medida cautelar, cuya duración es de manera temporal, con el fin de no entorpecer la investigación administrativa a la que se encuentra sujeto, el elemento investigado; de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. En tales circunstancias, al resultar ineficaces los conceptos de violación, procede negar el Amparo y la Protección de la Justicia Federal solicitados por ******************** SÉPTIMO. Estudio de fondo de los conceptos de violación del juicio de amparo 800/2023-VIII. Como cuestión previa, resulta importante acotar que, en la especie, los conceptos de violación serán analizados en orden diverso al que fueron planteados y algunos de ellos de manera conjunta, por guardar estrecha relación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si la medida cautelar de suspensión provisional del quejoso como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante la investigación de los hechos que dieron lugar al expediente ****************, vulnera o no los derechos fundamentales de audiencia y legalidad, reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese sentido, debe decirse que resultan ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Cierto, en el primero de sus motivos de inconformidad, inmerso en el apartado de "ANTECEDENTES", de la demanda de amparo que dio origen al sumario 800/2023-VIII, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable carece de facultades para ordenar la suspensión en el cargo contenida en el proveído de ********************, emitido en el procedimiento administrativo de origen. No asiste razón al quejoso al afirmar lo anterior. Así es, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su orden, establecen: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De los preceptos constitucionales transcritos, se advierte lo que se conoce como garantía de seguridad jurídica y legalidad, misma que todo acto de autoridad debe respetar. La garantía de seguridad jurídica, radica en que el Estado, en ejercicio del poder de imperio de que es titular, como entidad jurídica y política suprema con sustantividad propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los gobernados por conducto de sus autoridades. El Estado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico que se atribuye a cada sujeto como gobernado, bien sea en su aspecto de persona física o de entidad moral. Todo acto de autoridad emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos autoritarios estatales creados por el orden de derecho, tiene como finalidad inherente imponerse a alguien de diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de autoridad recae en alguna persona moral o física en sus múltiples derechos. Así pues, esa afectación de diferente índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el estatus de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho. Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente, desde un punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etcétera, constituye la garantía de seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica, en consecuencia, el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por sus derechos subjetivos. Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del derecho. Ahora bien, la garantía de seguridad jurídica se encuentra íntimamente ligada a la garantía de legalidad contenida en la expresión "fundamentación y motivación", y su eficacia reside en el hecho de que a través de ella se protege todo el sistema de derecho de la Nación, desde la misma constitución, hasta el reglamento administrativo más minucioso, que pudiera parecer de poco interés para el orden jurídico nacional. Ahora bien, resulta infundado el motivo de disenso en cuestión, pues del contenido de la demanda de amparo 800/2023-VIII, se advierte que el quejoso refiere que el Director de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara carecía de facultades para ordenar la suspensión del impetrante en el cargo como elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante la investigación de los hechos que dieron lugar al expediente 0********************, contenida en el acuerdo de ******************** y notificada mediante oficio ********************, de esa misma data. No obstante, de la sola lectura del aludido oficio, se evidencia que, contrario a lo afirmado por el peticionario del amparo, se evidencia que en el mismo, la autoridad responsable, entre otros numerales, citó el 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y el diverso 10, fracción I, incisos a), c) y e), del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, en los cuales se sustenta la competencia de la responsable para imponer la medida cautelar reclamada. Cierto, del contenido de los aludidos numerales se evidencia, por un lado, que la instancia instructora podrá determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto a procedimiento de su función, cargo o comisión; y por otro, que la Dirección de Asuntos Internos tiene, entre otras obligaciones, recibir e investigar en coordinación con la Comisión, los asuntos que se susciten con motivo de las faltas y violaciones establecidas en el ordenamiento previamente citado, realizadas por los elementos operativos de la Comisaría, frente a la sociedad siempre y cuando la queja provenga del ciudadano afectado por comparecencia, se tenga conocimiento por cualquier medio o se infrinjan las disposiciones contenidas en el dicho reglamento y demás ordenamientos; practicar todas las actuaciones y diligencias que estime necesarias para integrar adecuadamente los procedimientos administrativos, así como aquellas actuaciones que le ordene la Comisión, en los términos de dicho reglamento; e integrar los procedimientos administrativos y enviar los proyectos de resolución correspondiente a la Comisión, para que esta resuelva e imponga las sanciones aplicables al caso. En esa tesitura, puede concluirse que si la suspensión temporal en el cargo reclamada fue emitida por el Director de Asuntos Internos del Gobierno de Guadalajara, quien, como quedó evidenciado, cuenta con la competencia necesaria para emitir aquélla; y además, la normatividad que faculta a dicho funcionario para imponer la medida cautelar contenida en el oficio ********************, de ********************, se encuentra citada en el propio acto, es inconcuso que el mismo respeta las garantías de seguridad jurídica contenidas en los numerales 14 y 16 constitucionales, pues, se insiste, el funcionario que las emitió, sí contaba con las facultades necesarias para hacerlo, según lo establecido en la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y el Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara; de ahí lo infundado de dicho motivo de inconformidad. En un concepto de violación diverso, el quejoso arguye que la suspensión de cargo reclamada transgrede sus derechos fundamentales, ya que la referida medida cautelar no se encuentra prevista en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Resulta infundado tal aserto. Es así, toda vez que de lo hasta aquí expuesto queda en evidencia que, adverso a lo afirmado por el solicitante del amparo, la medida cautelar impugnada sí se encuentra prevista en la referida legislación, en específico, en su artículo 121, mismo que, entre otras cosas, dispone que al iniciarse el procedimiento, si así conviene para la conducción y continuación de las investigaciones y cuando la falta lo amerite, la instancia instructora podrá determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto a procedimiento de su función, cargo o comisión; de ahí lo infundado de dicho motivo de inconformidad. Lo anterior, sin que pase inadvertido lo manifestado por el amparista, en el sentido de que la suspensión prevista en el aludido numeral, se refiere a que si el elemento suspendido tiene un mando o responsabilidad especial, lo deje de ejercer, y que en razón de las funciones, se refiere a dejar de patrullar por un lugar en específico o que cubra un servicio establecido; además de que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, tampoco prevé el pago de solo el treinta por ciento de los ingresos del elemento operativo. Sin embargo, se estiman infundadas tales afirmaciones, pues por un lado, el artículo 121 de la referida legislación no contiene las acepciones aludidas por el quejoso; en todo caso, es claro en establecer la posibilidad de determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto a procedimiento, de su función, cargo o comisión; y por otro lado, ni en el oficio ********************, ni en el acuerdo de ********************, se determinó el pago del treinta por ciento de los ingresos del solicitante del amparo. En otro orden de ideas, en un motivo de disenso diverso, el quejoso aduce de manera sustancial, que de forma previa a la suspensión de cargo contenida en el oficio reclamado, no fue notificado de ningún procedimiento administrativo en el que se hubieren respetado las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los artículos 118 a 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y que el acuerdo y oficio reclamados no respetan el principio de debido proceso, porque no está precedido de un procedimiento en que respetaran tales garantías, ni se le corrió traslado con los documentos que sustentaran el mismo, violándose en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia previa. Es infundado dicho concepto de violación. Para explicar lo anterior, cabe traer nuevamente a cuenta el artículo 14 constitucional: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.". El citado dispositivo consagra las garantías que deben prevalecer en todo acto privativo y se hace una relación enunciativa y genérica de éstos, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes; y, por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. A su vez, conforme al último párrafo del artículo citado, para que exista un acto privativo, debe haberse emitido una sentencia en contra del gobernado. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero los mismos no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del último párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión, si la privación de un derecho, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste tiene el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, es acto de molestia. En tal virtud, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el numeral 16 de la propia Constitución. De lo anterior se sigue que para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad reclamado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es, y, por tanto, si requiere el cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 14 constitucional, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 16 de la propia Constitución, y para efectuar tal distinción debe acudirse a la finalidad que el acto persigue, esto es, si la privación del bien es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Expuesta la premisa constitucional a la luz del cual se analizan los conceptos de violación antedichos, prosigue desentrañar la naturaleza de la medida cautelar de suspensión provisional de cargo reclamada, a fin de establecer si le es exigible el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, previamente a su emisión. En lo conducente, el oficio impugnado, en lo que interesa, dispone: "[.] Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su valioso apoyo y colaboración para que dentro de sus facultades, otorgadas por el Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara; pongo a su consideración, gire instrucciones a quien corresponda del personal a su cargo a efecto de que los elementos operativos ********************, quienes actualmente se encuentran en el polígono 02 cuadrante 04 "Colonia Americana", según fátiga de fecha ********************, sean "SUSPENDIDOS PROVISIONALMENTE, COMO MEDIDA CAUTELAR", de sus funciones cargo y adscripción en virtud de que actualmente se encuentran en investigación dentro de un procedimiento administrativo que se ventila en esta Dirección a mi cargo, con el número de expediente ********************; y que dicha medida durará todo el tiempo en que dure el presente procedimiento administrativo de responsabilidad, esto para garantizar los derechos humanos de la parte afectada. Sin que para ello, se entienda que la medida propuesta se encuentra prejuzgando a los elementos operativos antes mencionados, lo anterior, ya que presuntivamente realizaron conductas graves y afectación a los derechos humanos de la víctima Fundo mi pretensión en base al numeral 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; en su primer parte, que a la letra refiere: Por su parte el artículo 10, fracción I, inciso a), c), e) y f) del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos de la Comisaría de la Aunado a lo anterior, se cuenta con el contenido de lo previsto por el Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, que refiere: Finalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:" De la anterior transcripción, se aprecia que la suspensión de cargo contenida en el oficio reclamado, como se adelantó, participa de la naturaleza de un acto de molestia, y no de uno de índole privativa, en la medida en que su vigencia se supedita a que se resuelva en definitiva su situación jurídica. Esto es, la resolución reclamada constituye una medida provisional encaminada a suspender la relación administrativa de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica surgida con motivo de la investigación seguida en su contra, por los hechos que le fueron imputados y que dan origen al procedimiento de responsabilidad administrativa ********************. En esa medida, se revela ante este Juzgado Federal que la resolución reclamada no conlleva la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sino una afectación temporal sobre la relación administrativa conforme a la cual ejerce su cargo público; lo que patentiza su naturaleza de acto de molestia, en los términos antes expuestos. Así, partiendo de la premisa de que la suspensión de cargo reclamada no es un acto privativo, sino uno de molestia, se arriba a la conclusión de que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la constitucionalidad de su emisión no se encuentra supeditada al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consagradas en el artículo 14 constitucional, sino que debe analizarse a la luz de las exigencias de legalidad, previstas en el diverso numeral 16 constitucional. Por tanto, la medida cautelar contenida en el oficio reclamado, no se requiere de un mecanismo procedimental previo a fin de cumplir con el derecho de audiencia, debido a la naturaleza provisional del acto de molestia. Además, la suspensión provisional prevista en ese artículo, además de ser una medida provisional cuya duración se limita al tiempo que requiere la resolución del procedimiento administrativo, tiene como finalidad evitar posibles afectaciones a la sociedad y a la propia corporación y encuentra su justificación en la naturaleza de las labores desarrolladas por los elementos policiacos, ya que éstos son los encargados de la seguridad pública, así como de mantener el orden; de ahí que, por lo delicado de sus funciones, se requiere que su actuación sea irreprochable, no siendo conveniente que se mantenga en activo a un elemento cuya conducta se encuentre sujeta a investigación. Con tales bases, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que la medida cautelar consistente en la suspensión de cargo reclamada es contraria a derecho, toda vez que no le fue notificado el inicio de la investigación llevada en su contra. Ello, pues como se expuso, ese acto reclamado al tener la característica de ser un acto de molestia, no le es aplicable principio de derecho de audiencia. En otras palabras no se vulnera ese derecho humano, toda vez que el acuerdo de suspensión temporal contiene una medida cautelar, cuya duración es de manera temporal, con el fin de no entorpecer la investigación administrativa a la que se encuentra sujeto, el elemento investigado; de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. En tales circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que por otro lado se advierta queja deficiente por suplir, procede negar el Amparo y la Protección de la Justicia Federal solicitados por ******************** Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************contra los actos que reclamó del Director de Asuntos Internos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo.

Quedan 36 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano