Javier Cuauhtémoc Campos Gama
Expediente 444/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Javier Cuauhtémoc Campos Gama
- Javier Cuauhtémoc Campos Gama y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 444/2023-VI, promovido por ***********, contra actos del Gobierno del Estado de México, y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos. Asimismo, certifica: que el termino de tres días concedido al quejoso en proveído del cinco de junio pasado, a efecto de que aclarara o corrigiera la denominación de la autoridad "Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Ciudadana de Tlalnepantla", transcurrió del ocho al doce de ese mes, sin contar en dicho plazo los días diez y once de junio, todos de la anualidad que transcurre; sin que lo haya hecho. Acto continuo se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Respecto de la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del cinco de junio del año que transcurren; por tanto, se tiene por inexistente a la autoridad responsable señalada como "Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Ciudadana de Tlalnepantla", y suspéndase toda comunicación dirigida a ella. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitidas las ofrecidas por las partes. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Periodo de alegatos. Se tienen por formulados los hechos valer en autos. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 444/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobierno del Estado de México, y otras autoridades. II. El catorce de abril de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. El dos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a las autoridades responsables señaladas como "Gobierno del Estado de México", "Fiscalía General del Estado de México" y "Agente del Ministerio Público Tlalnepantla", por lo que se suspendió comunicación con las mismas IV. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda respecto de la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Ciudadana de Tlalnepantla", por lo que se le requirió su informe justificado. V. En términos del acta de audiencia que antecede se tuvo por inexistente a la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Ciudadana de Tlalnepantla". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: - De la Agente de Tránsito García Monroy Mayra, con número de placa 7115: * La infracción levantada el veinte de marzo del año en curso, respecto del vehículo Chevrolet Aveo. Paq. C, año modelo 2012, número de serie: 3G1TB5BF9CL139226, número de motor CL139226, placas MPH8607, y como consecuencia la orden de remisión al corralón de dicho vehículo y la retención del mismo. - De Grúas Pegaso, sociedad anónima de capital variable: * La solicitud de la cantidad de $7,000.00 siete mil pesos 00/100 moneda nacional, por el traslado del vehículo al corralón. TERCERO. Los Apoderados de la Sociedad Mercantil Grúas Pegaso, sociedad anónima de capital variable, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. Asimismo, al ser inexistente la autoridad responsable señalada como "Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Ciudadana de Tlalnepantla", como se advierte en la audiencia que antecede, menos aún pueden existir los actos que se le atribuyen. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, página doscientos treinta y seis, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. La Agente de Tránsito García Monroy Mayra, con número de placa 7115, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse notificada para tal efecto, por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. Máxime que su existencia se acredita con la boleta de infracción remitida por el quejoso junto con su escrito de demanda de amparo. QUINTO. Respecto del acto reclamado consistente en la infracción levantada el veinte de marzo del año en curso, respecto del vehículo Chevrolet Aveo. Paq. C, año modelo 2012, número de serie: 3G1TB5BF9CL139226, número de motor CL139226, placas MPH8607, y como consecuencia la orden de remisión al corralón de dicho vehículo y la retención del mismo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Del contenido de dicho precepto se advierte que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo está el de definitividad del acto reclamado, este principio consiste en que el juicio de amparo para ser procedente requiere un elemento sine qua non referente a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que otorga la ley, salvo las excepciones que la misma establece. En ese contexto, debe decirse que los artículos 186, 187, fracción II y 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de la autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tiene el carácter de particular las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causa de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.)". "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. (.)". De lo antes anotado, se observa que el acto reclamado al ser de naturaleza administrativa, admite el recurso administrativo de inconformidad ante las propias autoridades, o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a que se refieren los artículos 186, primer párrafo, y 187 fracción II ó 229, fracción II, respectivamente, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que se debió de agotar cualquiera de los dos medios de defensa en cita, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo origina que se dé la causa de improcedencia que se analiza. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 448, que a la letra indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Por lo que en la especie, en contra del acto reclamado consistente en la infracción levantada el veinte de marzo del año en curso, respecto del vehículo Chevrolet Aveo. Paq. C, año modelo 2012, número de serie: 3G1TB5BF9CL139226, número de motor CL139226, placas MPH8607, y como consecuencia la orden de remisión al corralón de dicho vehículo y la retención del mismo, procede el recurso administrativo de inconformidad ante las propias autoridades, o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a que se refieren los artículos 186, primer párrafo, y 187, fracción II ó 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que debió agotar cualquiera de los dos medios de defensa en cita, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo, origina que se dé la causa de improcedencia que se analiza. Por lo tanto, al no haber agotado la parte quejosa, los medios de impugnación destacados, es inconcuso que la parte agraviada no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de modo que el juicio de amparo es improcedente. Por otra parte, no pasa inadvertido para este Juzgador que existen excepciones al principio de definitividad a que se ha hecho alusión con anterioridad, pues el mismo no aplica cuando conforme a las mismas leyes que rijan el acto reclamado para suspender la ejecución del mismo, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; asimismo, cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación y motivación del acto reclamado y cuando se alegue violación directas a la Constitución. No obstante lo anterior, en el presente caso no se encuentra en dichas hipótesis, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado. Lo anterior se encuentra plasmado en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), visible en la página 2936 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registrada con el ordinal 2010436, del epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". Asimismo, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. En atención a todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio por los motivos señalados en este fallo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remitiendo testimonio de la resolución pronunciada el cinco de octubre del año en curso, en el recurso de queja 317/2023, en la que declaró infundado el mismo. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que: de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad, razón por la cual no transcurrieron los plazos y términos judiciales en esas fechas. Por tanto, visto el estado de autos, y toda vez que se encontraban señaladas las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de octubre de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, se difiere la misma y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y ocho minutos del quince de noviembre del dos mil veintitrés, para su celebración. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto contra el proveído del diecinueve de julio del año en curso, que desechó la ampliación de demanda solicitada; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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