Javier Cruz Serrano
Expediente 1189/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Javier Cruz Serrano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por..., por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; regístrese con el número... DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6 , por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve en el juicio contencioso administrativo..., del índice de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual se negó la suspensión definitiva solicitada por el actor -aquí quejoso-. Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo . Tal precepto legal contempla la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo cuando contra las resoluciones judiciales la ley respectiva conceda algún recurso o medio defensa dentro del procedimiento mediante el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por lo que en ese caso quien acude a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión deberá agotar previamente el recurso o medio de defensa ordinario que corresponda. La causa de improcedencia en estudio descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, conforme al cual es procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.." En el caso que nos ocupa, el quejoso Javier Cruz Serrano tiene el carácter de actor dentro del juicio contencioso administrativo 1782/19-11-01-8, radicado ante la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva el auto combatido, de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. Ahora, la legislación adjetiva que rige el procedimiento del que emana el acto combatido es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, en su artículo 62, establece lo siguiente: "Artículo 62.- Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia." De la interpretación del numeral transcrito, se llega a la conclusión de que el legislador otorgó a las partes intervinientes en un juicio contencioso administrativo federal la oportunidad de defenderse en el caso de que resultaran afectadas por la emisión de alguna determinación a través del recurso de reclamación, el cual debió promover el amparista previo a instar el presente juicio biinstancial, a fin de que la autoridad jurisdiccional de origen se pronunciara al respecto. En efecto, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación o modificación de la resolución que negó la suspensión definitiva solicitada por la parte accionante, por lo que si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, resulta incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. Sirve de sustento a esta determinación la tesis I.17o.A.25 A del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que establece: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. .." Cabe acotar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 , determinó que, pese a que el acto reclamado sea de imposible reparación, debe agotarse el medio ordinario de defensa respectivo antes de acudir al juicio de amparo. La tesis a que se ha hecho referencia es del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN..." Además, la parte quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos de que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad persona fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución; aunado a que el agraviado no es tercero extraño a juicio ni tampoco la procedencia del recurso está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En consecuencia, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, al configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha por ser notoriamente improcedente la demanda constitucional, con apoyo en el numeral 113 de dicha legislación. Sin que pueda considerarse que esta resolución transgreda el derecho fundamental del gobernado a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que tuvo a su disposición un medio de impugnación, de modo que si no lo hizo valer atendiendo a las hipótesis de procedencia legales, no equivale a que no exista dicho recurso extraordinario o no sea eficaz para combatir los actos de autoridad, en razón de que esa circunstancia es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL..." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el impetrante, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA En términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por manifestada su oposición para la inclusión de sus datos personales en el presente juicio, por lo que se instruye al personal adscrito a la actuaría de este Juzgado, desincorporar el nombre del quejoso de las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, así como de las versiones públicas que puedan existir durante su tramitación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente
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