Javier Covarrubias Díaz

Expediente 895/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
895/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Otros.
  • Javier Covarrubias Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    4.- Petición. Las autoridades responsables presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y actuaria adscrita a dicha Junta, realizan lo siguiente: a.- Rinden sus informes justificados; y, b.- La primera de ellas ofrece pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tienen por rendidos los informes justificados. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ****. B.- Terceros interesados. ***** C.- Autoridades responsables. 1.- Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 2.- Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. D.- Actos reclamados. 1.- La omisión de señalar nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de sustitución patrimonial en el expediente 1060/2019. 2.- La omisión de girar los oficios a las dependencias para que rindan los informes correspondientes. Sobreseimiento. Sobreseimiento por cesación. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, las autoridades responsables manifiestan y acreditan que mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno se señalaron las ocho horas con treinta minutos del uno de septiembre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución patronal, mismo que le fue notificado al actor -aquí quejoso- el cinco de agosto del mismo año. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de las autoridades responsables ha sido destruido, en forma total e incondicional, al haberse señalado nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de señalar nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de sustitución patrimonial en el expediente 1060/2019, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por inexistencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1. Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2. En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora bien, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que aparece en la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio se presentó el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de diversas actuaciones practicadas en el juicio laboral 1060/2019 de su índice, con las que acreditó que mediante acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dio contestación y proveyó que no había lugar a proveer de conformidad a la solicitud del quejoso en el sentido de girar oficios a las dependencias que solicitó a fin de indagar el domicilio de las morales demandadas, pues expuso que no existe disposición legal alguna que la facultara para atender tal petición. Copias certificadas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, queda claramente demostrado que a la fecha en que se presentó la misma, no existía la omisión reclamada de girar los oficios solicitados, y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa. En tal virtud, si como quedó estipulado, a la fecha en que se promovió el presente juicio y el mismo fue admitido a trámite, la autoridad responsable ya había emitido el acuerdo correspondiente, de cuya omisión se duele la parte quejosa en este juicio, resulta más que evidente que no existía tal omisión reclamada. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: **** Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Petición. Las autoridades responsables presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y actuaria adscrita a dicha Junta realizan lo siguiente: a.- Rinden sus informes justificados; y, b.- La primera de ellas ofrece pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tienen por rendidos los informes justificados. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. *** B.- Terceros interesados. *** C.- Autoridades responsables. 1.- Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla 2.- Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla D.- Actos reclamados. 1.- La omisión de señalar nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de sustitución patrimonial en el expediente *** 2.- La omisión de girar los oficios a las dependencias para que rindan los informes correspondientes. Sobreseimiento. Sobreseimiento por cesación. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, las autoridades responsables manifiestan y acreditan que mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno se señalaron las ocho horas con treinta minutos del uno de septiembre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución patronal, mismo que le fue notificado al actor -aquí quejoso- el cinco de agosto del mismo año. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de las autoridades responsables ha sido destruido, en forma total e incondicional, al haberse señalado nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de señalar nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de sustitución patrimonial en el expediente *** se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por inexistencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1. Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2. En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora bien, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que aparece en la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio se presentó el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de diversas actuaciones practicadas en el juicio laboral *** de su índice, con las que acreditó que mediante acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dio contestación y proveyó que no había lugar a proveer de conformidad a la solicitud del quejoso en el sentido de girar oficios a las dependencias que solicitó a fin de indagar el domicilio de las morales demandadas, pues expuso que no existe disposición legal alguna que la facultara para atender tal petición. Copias certificadas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, queda claramente demostrado que a la fecha en que se presentó la misma, no existía la omisión reclamada de girar los oficios solicitados, y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa. En tal virtud, si como quedó estipulado, a la fecha en que se promovió el presente juicio y el mismo fue admitido a trámite, la autoridad responsable ya había emitido el acuerdo correspondiente, de cuya omisión se duele la parte quejosa en este juicio, resulta más que evidente que no existía tal omisión reclamada. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    IV. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados, transcurre del uno de julio al cinco de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que fue notificada el treinta de junio del año en curso, y el periodo vacacional de las autoridades responsables comprendió del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, reanudando sus labores el dos de agosto del propio año, en el entendido que durante dicho periodo vacacional no corrieron términos para las autoridades responsables. *** En consecuencia, se fijan para su celebración las doce horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. ****** Notifíquese.

  4. Principal

    L. 9. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector y remite copia certificada de diversas constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que la autoridad responsable, mediante diverso oficio registrado con el folio ***informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Acuerdo. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y el diverso ** junto con sus anexos debiendo acompañar copia autorizada y así hacerlo constar en la notificación respectiva, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,863 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano