Javier Cortes Kuhne

Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1018/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Javier Cortes Kuhne
  • Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL 13 DE MAYO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE 11 DE MAYO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE:VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1018/2021, promovido por ..., contra actos de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. La demanda fue admitida el primero de diciembre de la anualidad pasada, dando intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, indicándose a quién le correspondía el carácter de tercero interesada y se señaló fecha para la audiencia constitucional. De autos se corrobora que se rindió el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no formuló intervención y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso civil, seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la determinación de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 621/2021 del índice de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, que revocó la interlocutoria de cuatro de mayo anterior dictada por el Juez Sexagésimo Primero Civil de esta ciudad en el expediente ...; y en su lugar declaró procedente el incidente de actualización de cuotas de mantenimiento planteado. En la resolución primigenia se condenó al quejoso al pago de $644,193.82 (seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y tres pesos 82/100 moneda nacional). Y como violación procesal, se tiene el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, donde se tuvieron por exhibidas diversas documentales de la actora incidentista (aquí tercera interesada). La fijación de los actos reclamados en estos términos obedece a que la resolución que se tiene como acto reclamado destacado es la que pone fin a la incidencia natural, mientras que la segunda determinación se ubica dentro de su tramitación, y su naturaleza adjetiva es compatible con la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 171, aplicables analógicamente al presente asunto. Al efecto se cita el criterio con registro 231932, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia(s): Civil, Página: 772, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECLAMADA EN AMPARO INDIRECTO. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DEBEN SER COMBATIDAS JUNTO CON DICHA INTERLOCUTORIA." También se invoca la tesis I.8o.C.3 K, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS DENTRO DEL JUICIO NATURAL, SON IMPUGNABLES EN AMPARO DIRECTO, NO COMO ACTOS RECLAMADOS DESTACADOS POR SI SOLOS, SINO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE EXPRESEN." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable lo aceptó, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió en su apoyo; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado: I. El dos de octubre de dos mil trece, la Sala responsable dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil de origen; en su décimo punto resolutivo (vinculado con la materia del acto reclamado), dicho fallo dice: "(.) DÉCIMO. Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad reclamada bajo el inciso I) consistente en el pago de la cantidad de $24,764.00 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de cuota fija proporcional en los gastos y conservación de las áreas comunes jardinadas y de acceso del inmueble por los meses de marzo y abril del dos mil doce a razón de $12,382.00 (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, asimismo se condena a la parte demandada al pago de la prestación reclamada bajo el inciso J) consistente en la cantidad de $38,333.94 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.) correspondiente a la cuota fija proporcional de aportaciones de los meses de mayo y junio de dos mil doce a razón de $19,166.97 (DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL), por mes, más las cuotas de los meses de julio a diciembre del dos mil doce, cuya cuantificación deberá hacerse en ejecución de sentencia. Asimismo se condena al demandado al pago de los intereses moratorios reclamados en la prestación N), cuya cuantificación deberá efectuarse en ejecución de sentencia, debiéndose aplicar los pagos realizados por la parte demandada mediante las consignaciones de los Billetes de depósito V264910 por la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL y el Billete V264932 por la cantidad de DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), debiéndose girar los oficios de estilo a la Dirección de Consignaciones Civiles de este Tribunal dentro del término de tres días, una vez que cause ejecutoria el presente punto resolutivo. (.)" II. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente de liquidación, cumplimiento y ejecución al resolutivo décimo de la sentencia definitiva, interpuesto por la tercera interesada, el cual fue confirmado por la Sala responsable el primero de junio de dos mil dieciséis, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "SEGUNDO. Se aprueba el incidente por las siguientes cantidades: A) La cantidad de $157,013.12 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRECE PESOS 12/100 M.N.) por concepto de cuotas de mantenimiento generadas del mes de enero a diciembre de dos mil trece. B) La cantidad de $197,854.54 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) por concepto de cuotas de mantenimiento generadas del mes de enero a diciembre de dos mil catorce. C) La cantidad de $197,854.54 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) por concepto de cuotas de mantenimiento generadas del mes de enero a diciembre de dos mil quince. Cantidades que sumadas ascienden a la cantidad de $589,363.67 (quinientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos 67/100 M.N.)." III. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Sala responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada por este órgano jurisdiccional en el expediente 620/2017, aprobó la cantidad de $344,000.00 (trescientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados por el incumplimiento del quejoso al pago de cuotas de mantenimiento. IV. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra de la interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de actualización de cuotas de mantenimiento en ejecución al resolutivo décimo de la sentencia definitiva, para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara procedente el INCIDENTE DE ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN AL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. SEGUNDO. Se aprueban las cantidades de $166,637.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de remanente de intereses moratorios a favor de la actora, que fueron aprobados en la sentencia interlocutoria de primero de junio de dos mil dieciséis. TERCERO Se aprueba la cantidad de $195,410.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) por concepto de cuotas de mantenimiento de enero a octubre de dos mil dieciséis, que deberá cubrir la parte demandada a la parte actora una vez transcurridos cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia. CUARTO. Se aprueba la cantidad de $96,809.78 (noventa y seis mil ochocientos nueve pesos 78/100 moneda nacional), por concepto de gastos extraordinarios que corresponde al demandado." V. En el diverso juicio ordinario civil 1102/2017 del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Civil de esta ciudad, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, determinó: "(.) 2. Se revoca la sentencia definitiva. (.) SEGUNDO. Se declara nula la asamblea de Copropietarios del inmueble ubicado en ..., Ciudad de México, celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. TERCERO. En consecuencia, se declaran nulos los acuerdos relativos a la aprobación del informe general de la administración llevada a cabo en el inmueble del que son copropietarios el actor y la demandada; los estados de cuenta, ingresos y egresos de noviembre de dos mil dieciséis a septiembre de dos mil diecisiete por concepto de mantenimiento y gastos de conservación del inmueble; el Informe y estado de adeudos del actor impugnante; la determinación de la cuota de mantenimiento por los meses restantes al año de dos mil diecisiete y confirmar el nombramiento de administrador; tomados en la asamblea de Copropietarios del inmueble ubicado ..., Ciudad de México, celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (.)" VI. El trece de octubre de dos mil veinte, la tercera interesada promovió incidente de actualización de cuotas de mantenimiento en ejecución al resolutivo décimo de la sentencia definitiva, el cual fue admitido el dieciséis de octubre de dos mil veinte, dándose vista al quejoso, quien dio contestación a los hechos, expuso excepciones y defensas, ofreció pruebas y objetó el acta de asamblea de veintiséis de octubre de dos mil diecinueve. VII. El diecinueve de noviembre del mismo año, el A quo tuvo por exhibidos diversos documentos de la tercera interesada, en desahogo a la vista que se le dio con las excepciones y defensas opuestas por la tercera interesada. Ese pronunciamiento constituye la violación procesal alegada. VIII. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el juez de origen declaró improcedente el incidente de origen, por lo que contra ello, la tercero interesada interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala responsable, quien el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, revocó la interlocutoria recurrida, para quedar así: "PRIMERO. Se declara procedente el INCIDENTE DE ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN AL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. SEGUNDO. Se aprueba la cantidad de $587,237.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por adeudos actualizados de cuotas de mantenimiento, así como la cantidad de $56,956.82 (CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.), por concepto de cuotas extraordinarias debidas por el demandado y que en suma da un total de $644,193.82 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.) correspondientes al periodo de noviembre de dos mil dieciséis a julio de dos mil veinte. TERCERO. Cantidad que deberá cubrir la parte demandada.". Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, al no existir causal de improcedencia que analizar y en virtud de que este órgano jurisdiccional no advierte de oficio la actualización de alguna, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Violación procesal. Por razón de método y técnica se atenderá primeramente a los argumentos en que se plantea la irregularidad de la determinación que tuvo por exhibidas diversas documentales de la tercera interesada, a modo de violación procesal ocurrida en el incidente natural; aspecto que en el juicio de amparo es de estudio previo a las cuestiones de fondo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL." El peticionario sostiene que al desahogar la vista con las excepciones y defensas opuestas por el peticionario en la incidencia primigenia, la tercera interesada ofreció diversas documentales, las cuales fueron consideradas por la Sala responsable al dar respuesta a su excepción de cosa juzgada; a pesar de haberse exhibido de forma extemporánea. En la especie, se considera que no está preparada la violación procesal alegada, pues el quejoso omitió combatirla a través del recurso de apelación. En efecto, contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, procede el recurso de apelación conforme a los artículos 688, 689, 691, 696, 701 y 702, todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. De los numerales citados, deviene que el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir el auto aludido, pues por medio de éste se puede obtener una sentencia en donde se determine su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado, es dable concluir que el peticionario no preparó dicha violación procesal. Es aplicable analógicamente a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/23, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE, EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTUDIE EL AGRAVIO RELATIVO A VIOLACIONES PROCESALES, SIN QUE EL QUEJOSO HAYA INTERPUESTO EL RECURSO NO SUBSANA LA OMISIÓN DEL. De conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos dentro del procedimiento que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo, pueden impugnarse en el amparo directo, siempre que el quejoso haya agotado el recurso ordinario o el medio de defensa correspondiente. Esa carga procesal no queda satisfecha por el hecho de que la Sala responsable se pronuncie en relación a los agravios que tengan por materia esas violaciones al procedimiento que se reclaman, sin que el quejoso haya interpuesto el recurso. Ello, porque si no se surte alguna de las excepciones contempladas en el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, que dispensan los requisitos que las partes deben preparar a efecto de que en el amparo directo se estudien las violaciones procesales reclamadas, consistentes en que los actos afecten derechos de menores e incapaces, o cuando se trata de sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afectan al orden y a la estabilidad de la familia, el hecho de que la Sala responsable dentro de la sentencia reclamada haya estudiado esos agravios, no es causa que sustituya el requisito previsto en la fracción I del artículo 161 de la ley de la materia, puesto que de aceptar tal situación, se dejaría a la potestad de la autoridad responsable emitir o no consideraciones en relación a violaciones procesales y de ello dependería que pudieran estudiarse aunque no se haya agotado el recurso ordinario. Por lo tanto, prevalece el requisito de que se agoten los recursos legales ordinarios a efecto de que en el juicio de amparo directo se estudien las violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo." También se cita al respecto, por analogía, la tesis 1a. VIII/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "OBLIGACIÓN DE PREPARAR LAS VIOLACIONES PROCESALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO. ES ACORDE AL TEXTO CONSTITUCIONAL. El principio de definitividad tiene sustento en el hecho de que el amparo es un juicio cuyo objetivo se centra en erradicar la violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto su naturaleza es extraordinaria; de ahí que a éste sólo debe acudirse cuando el acto reclamado ya no es susceptible de modificación, revocación o invalidación ante las autoridades de instancia; así, aunque las violaciones procesales no pueden reclamarse como acto destacado en el juicio de amparo directo, a éstas también les es exigible el principio en cuestión, por tanto, para que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda ocuparse de una violación procesal -si no se está en las excepciones que el propio numeral contempla-, es indispensable que la violación procesal reclamada haya sido combatida a través del recurso que la ley ordinaria respectiva señale. Ésta es una regla institucional del propio sistema procesal, a través de la cual se favorece que las autoridades judiciales de instancia solucionen las controversias que se sujetan a su jurisdicción, y sólo en caso de que ello no sea posible, dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen el control de la jurisdicción constitucional, de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder al juicio de amparo; esta regla no debe ser considerada como un mero requisito de carácter formal, pues encuentra su razón en el hecho de que permite delimitar los casos que realmente ameritan ser resueltos por el tribunal de amparo, convirtiéndose así en una regla operativa de tal importancia, que incluso se encuentra prevista en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, si el requisito contenido en el artículo 171 de la Ley de Amparo, el cual exige agotar los recursos ordinarios cuando en el amparo directo se reclama una violación de carácter procesal, encuentra sustento en la propia norma fundamental, es claro que esa exigencia por su naturaleza no puede resultar inconstitucional, máxime cuando el propio precepto establece una serie de hipótesis en que ese requisito no es exigible." Precisado lo anterior, se pasa al estudio de fondo sobre la sentencia que resolvió la acción incidental planteada por la parte quejosa en el procedimiento natural. SÉPTIMO. Conceptos de violación. El quejoso sostiene que el acto reclamado contraviene los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, porque vulnera los principios de congruencia y legalidad que deben regir, por las razones que a continuación se indican: a) La responsable omite la revisión de las planillas de adeudo de mantenimiento que exhibió, para corroborar los argumentos en que basó sus excepciones, así como del acta de asamblea de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, ya que sólo advierte el reconocimiento de los pagos de la administradora pero no el incremento de cuotas de mantenimiento que en esa asamblea se resolvió, pues éste fue de $19,541.00 (diecinueve mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) a $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.). b) No compareció a las asambleas de tres de julio y diecisiete de diciembre, ambas de dos mil diecinueve y de veintisiete de agosto de dos mil veinte, por lo que la administradora tenía la obligación de notificar el monto que por concepto de cuota de mantenimiento le correspondía, pues sólo de esa manera tendría obligación de pago. c) La Ad quem al atender la excepción de cosa juzgada que hizo valer, tomó en consideración documentos que la tercera interesada anexó a su escrito donde dio contestación a las mismas, lo cual vulnera el contenido del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, pues establece que las partes sólo podrán ofrecer pruebas en el escrito de demanda incidental y en el de contestación, por lo que esos documentos fueron exhibidos de forma extemporánea. d) En su excepción séptima, indicó que la tercera interesada en los recibos de pago que emitió, refirió expresamente: ".correspondiente al pago de la cuota de mantenimiento.", lo cual hacía prueba plena de la existencia de convenio para la aplicación de los pagos a cuenta de cuotas de mantenimiento y no de intereses moratorios, por lo que contrario a lo que sostuvo la responsable ".no existe convenio expreso en tal sentido, en términos de la parte final del artículo 1083 del Código Civil para la Ciudad de México", la ausencia del convenio en forma escrita no impacta en el consentimiento que la administradora externó, pues incluso en las asambleas celebradas el trece de noviembre de dos mil dieciocho, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve y veintisiete de agosto de dos mil veinte, la tercera interesada sostuvo que el total de adeudos por conceptos de cuotas de mantenimiento, correspondía únicamente al periodo de julio de dos mil doce a octubre de dos mil dieciséis, así como su consentimiento en aplicar las cantidades de dinero que le entregó al pago de cuotas de mantenimiento y no al pago de intereses moratorios. El motivo de disenso c) es inoperante. En términos generales, los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." En el caso, el suscrito advierte que dicho motivo de disenso hace referencia a la valoración de pruebas documentales, argumentando que su exhibición fue extemporánea. En ese sentido, la viabilidad de dicho argumento se hace depender de la eficacia de la violación procesal cuyo estudio fue desestimado en el considerando sexto; por tanto, si ese razonamiento que constituye la base de lo alegado en el fondo, no resultó benéfico hacia la parte quejosa, el motivo de disenso que se atiende también debe desestimarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Los motivos de disenso a) y d) son infundados; y el b) es fundado pero inoperante. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad. En torno al principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para respetar el derecho constitucional de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. Ahora bien, con relación al motivo de disenso d), el quejoso refiere que existe un convenio con la tercera interesada para la aplicación de los pagos a cuenta de cuotas de mantenimiento, pues los recibos de pago que le fueron expedidos, expresan: "[.] correspondiente al pago de la cuota de mantenimiento [.]". En ese sentido, dicha frase constituye prueba plena de la existencia de un pacto que distingue el destino de los pagos para cubrir las cuotas adeudadas y no los intereses moratorios. Sobre esta base, el artículo 2,094 del Código Civil para esta ciudad dispone que las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario. La misma legislación, en sus numerales 1,792, 1,794 y 1,797 dispone lo siguiente: - Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. - Para la existencia del contrato se requiere: consentimiento y objeto que pueda ser materia del mismo. - Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Los recibos que el peticionario pretende reputar como contratos, en su parte genérica disponen: "Recibí del Sr. ..., la cantidad de [.] en efectivo, correspondiente a el (sic) pago de la cuota de mantenimiento de [.], del inmueble ubicado en ..., del cual es copropietario (de las casas 8 y 6). Este pago no incluye la parte proporcional de el (sic) impuesto predial y agua potable. (una firma ilegible) _______________ ...." Ese documento no puede reputarse como un contrato o convenio, pues lo expresado en él alude a la recepción de una cantidad de dinero por un concepto, empero, no se advierte una intención de crear, modificar o extinguir la obligación que el peticionario tiene, de cubrir los intereses moratorios a los que fue condenado en juicio. Además, tampoco se advierte su participación en la elaboración de dicho documento, por lo tanto en el supuesto no concedido de que contuviera alguna disposición que modificara sus obligaciones, carecería de su voluntad, lo cual constituye un elemento sine qua non para la existencia de un contrato y que conforme al numeral 1,803 de la legislación civil para esta entidad, debe constar expreso. Por ello, es correcta la consideración empleada por la Ad quem en el sentido de que conforme al artículo 2,094 del Código Civil para la Ciudad de México, las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario en términos del numeral 1803 del mismo ordenamiento legal; por lo que mientras existieran cuotas adeudadas, se generan intereses y las cantidades pagadas, no pueden imputarse a capital, por existir intereses vencidos, sin que los recibos de pago que refiere sobre las cuotas de mantenimiento, pudieran entenderse tácitamente como un convenio de común acuerdo, porque para ello es necesaria la concurrencia de voluntad de ambas partes y no solamente del demandado. De ahí lo infundado del motivo de disenso d). En los motivos de disenso a) y b), se hace referencia en su orden, a la omisión de revisar las planillas de adeudo de mantenimiento que exhibió para corroborar los argumentos en que basó sus excepciones; y por otro lado, que no compareció a diversas asambleas por lo cual la administradora tenía la obligación de notificarle el monto que por concepto de cuota de mantenimiento le correspondía, pues sólo de esa manera tendría obligación de pago. En ese sentido, es importante señalar que el derecho humano de legalidad al que se ha hecho referencia, también implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional; el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico jurídicos de su decisión. Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que dispone: "Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En la especie, la Sala responsable desestimó sus excepciones con base en diversos argumentos, a saber: - La primera de cosa juzgada: la nulidad de la asamblea celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho no afecta el reconocimiento de pagos por el periodo de noviembre de dos mil dieciséis a septiembre de dos mil diecisiete, así como la cuota que debería regir, porque ello se acordó en la siguiente asamblea celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la que compareció el peticionario por conducto de sus representantes. - La segunda de cosa juzgada: si bien la sentencia de dos de junio de dos mil diecisiete emitida en el toca ... quedó sin efectos, y fue sustituida por la diversa de dieciocho de octubre del mismo año, lo jurídicamente relevante fue que se confirmó la cantidad de $344,000.00 (trescientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios generados por el incumplimiento al pago de cuotas de mantenimiento. - La tercera de cosa juzgada: la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Séptima Sala Civil de esta ciudad en el toca ..., donde se modificó la cláusula octava del acuerdo de uso y aprovechamiento del inmueble efectuado el catorce de mayo de dos mil doce, en el sentido de que las decisiones en junta de copropietarios deberían ser tomadas por mayoría de copropietarios y de porcentajes; y en caso de no alcanzar la mayoría, debería someterse a la decisión de un juez civil; lo cierto es que dicha determinación no implicó la nulidad de las asambleas celebradas previamente. - La cuarta de cosa juzgada: contrario a lo manifestado, sí se le notificó la convocatoria para la celebración de las asambleas de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve y veintisiete de agosto de dos mil veinte. Desde la celebración de la asamblea de trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la que participó el quejoso, por conducto de sus apoderados, se acordó y aprobó la comunicación entre copropietarios, y se actualizaron los correos electrónicos donde les serían enviados todo tipo de notificaciones y avisos; de ahí que si en el acta de las asambleas a las que refiere no asistió, obra la relación a la impresión del correo electrónico donde se le informó la convocatoria, ello es suficiente para tener por realizada la notificación. Sin que obstara a lo anterior, la objeción formulada, pues no se advierte algún error, alteración o modificación en los datos de la dirección de correo que revelen la posibilidad de que dicho medio de comunicación no haya sido enviado. - La quinta de cosa juzgada: si bien en términos de los acuerdos sobre el uso y aprovechamiento se estableció que las cuotas deben cubrirse dentro de los diez días de cada mes, no existe incongruencia en la actualización de cuotas determinada por la actora incidentista, pues en la asamblea de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve se determinó que a partir de ese día se estaría cubriendo una cuota en aumento, en que al quejoso le correspondía la cantidad de $26,700.00 (veintiséis mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional). - La sexta, relativa a que los hechos propios de las partes aseverados en la demanda, contestación o cualquier otro acto del juicio, hacen prueba plena en su contra: el señalamiento de la actora incidentista respecto de las diversas sentencias dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia, de ninguna forma pretenden contemplar cantidades que ya han sido cuantificadas, sino únicamente son antecedentes. - La séptima derivada de los artículos 1,794 y 1,803 del Código Civil: La aplicación de los pagos fue correcta, pues el primer numeral señala que las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario, lo que no ocurrió. - La octava y novena, relativas a la nulidad de diversas asambleas: la pretensión de nulidad de los acuerdos tomados en las asambleas que refiere el quejoso no corresponde con la naturaleza del incidente de origen, que es sobre cuestiones accesorias al negocio principal. - La décima, relativa a la falta de acción y derecho: Es infundada porque las cantidades en que se basó la actualización de cuotas de mantenimiento sí corresponden en los términos señalados por la actora incidentista. - La décima primera, de sine actione agis: solo se trata de la negación al derecho ejercido, cuando la actora sí satisfizo la carga de la prueba de los hechos que afirmó. Como se advierte de lo anterior, la Sala responsable dio respuesta a los argumentos en que el quejoso sustentó sus excepciones y defensas, por lo cual no existía necesidad de emprender un análisis de la planilla que exhibió, pues a ningún fin llevaría si los argumentos a los que se refiere fueron desestimados. Respecto a que la asamblea de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete se declaró nula por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, derivado de los efectos de la ejecutoria de amparo, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, expediente ... .Sobre ese tema, la Sala responsable adujo: "No pasa desapercibido para esta autoridad revisora el hecho de que la Juez de origen consideró la circunstancia alegada por el demandado de que la H. Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México había declarado la nulidad de la asamblea en comento mediante el dictado de la sentencia definitiva de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo, ello de ninguna forma demerita el reconocimiento de pago que hace la actora en el presente incidente, toda vez que, además de no versar controversia alguna sobre el monto en sí reconocido por la actora incidentista y que corresponde a la suma de los once primeros recibos que exhibió al desahogar la vista que se le dio con el incidente (f. 577-578 T XI) cada uno por la cantidad de $19,541.00 (DIECINUVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) y por el periodo que va del mes de noviembre de dos mil dieciséis a septiembre de dos mil diecisiete. Habida cuenta que a decir del propio demandado incidentista Javier Cortés Kuhne, se trata de las cantidades que venía pagando mensualmente antes del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, tal y como se desprende del comunicado anexo (f. 458-459 T. XI) a la siguiente asamblea celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho; de ahí que carezca de trascendencia la nulidad en comento, dado que de igual constan eficaces los pagos aplicados en el incidente de mérito." Como se advierte, la propia autoridad expresó los motivos por los cuales no era óbice a su decisión, la declaración de nulidad de la asamblea referida, y ello es congruente con las actuaciones a las que hizo referencia, las cuales contienen manifestaciones que prueban contra las partes que las hicieron. El motivo de disenso b) es fundado pero inoperante, como se verá. El peticionario refirió una omisión de parte de la Administradora, de notificarle las decisiones asumidas en las asambleas de tres de julio y diecisiete de diciembre, ambas de dos mil diecinueve y de veintisiete de agosto de dos mil veinte; de lo cual la Sala responsable no se pronunció, y dicha infracción constituye una violación al principio de legalidad, en su modalidad de exhaustividad. Empero, el incidente de origen tiene como finalidad la actualización de un adeudo a que fue condenado el quejoso en la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil primigenio. En ese sentido, si su motivo de disenso estriba en que no se le notificaron las decisiones asumidas en diversas asambleas -las cuales tienen autonomía con relación al proceso natural-, ello no puede ser analizado en el incidente del que deriva el reclamo, sino que habrá de litigarlo en la vía correspondiente, para en su caso obtener la nulidad de la o las asambleas en las que considere, se produjeron actos que inciden en su esfera jurídica. Ello, pues en la vía incidental no podría emitirse una declaración de esa índole, al corresponder a una actuación que, como se dijo, es autónoma al proceso natural, y que para efectos del proceso, su contenido es verdad legal, salvo prueba en contrario, al no haberse demostrado que fuera falso su contenido. Entonces, si bien asiste la razón al quejoso, lo cierto y jurídicamente relevante, es que aún fundado ese concepto de violación, es inoperante, porque si se concediera el amparo para que se reparara la violación aducida, al hacerlo la Sala responsable tendría que percatarse de las consideraciones que se han expuesto, para desestimar la pretensión de la parte quejosa, manteniendo así la parte resolutiva en los términos que ahora se encuentra, sin que la concesión de la protección federal tuviera los efectos restitutorios inherentes a su naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 108, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 85 y 86, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto aunque fundado debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Ahora bien, el quejoso no combate la cuantificación efectuada por la autoridad responsable, y al no tratarse de alguno de los supuestos en que proceda la suplencia de la queja, conforme al artículo 79 de la ley de la materia, habrá de quedar incólume lo determinado en ese sentido por la autoridad responsable. Conforme a lo anterior, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Finalmente, no se aborda el estudio de los alegatos vertidos en el trámite del juicio de amparo, pues no forman parte de la litis en el amparo. Sirve para apoyar lo anterior la tesis P./J. 27/94, del Pleno del Alto Tribunal, de texto y rubro siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy once de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1018/2021; ...egal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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