Javier Contreras Hernández

Expediente 910/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
910/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2016

Partes del expediente

  • Javier Contreras Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    SE DICTA RESOLUCIÓN

  2. Principal

    RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda que promueve *, por propio derecho, promueve demanda de amparo, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; en tales condiciones, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente bajo el número que le corresponda. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el promovente se duele substancialmente de la celebración de la audiencia de primer almoneda de remate, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 494/2010, así como la omisión por parte de la responsable de exigir que la actora acreditara su personalidad. Así las cosas, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." Preceptos legales que expresamente establecen que tratándose de remates, el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra la última resolución emitida en ese procedimiento, y que esta sería la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso deberán hacerse valer aquellas violaciones que se aleguen, fuesen cometidas en el previo procedimiento del remate. Así las cosas, se aprecia que surte la causa de improcedencia que establece el numeral 107 fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la ley invocada; respecto del acto reclamado que se hace consistir en la celebración de la audiencia de primer almoneda de remate, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 494/2010, así como la omisión por parte de la responsable de exigir que la actora acreditara su personalidad; ya que dichas determinaciones no se refieren a la última resolución en el procedimiento de cumplimiento de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución de sentencia que se emiten para llevar a cabo las diligencias respectivas a fin de que se tenga debidamente cumplimentado el fallo que se encuentra firme y resolvió el fondo de la controversia. Por tanto, las determinaciones reclamadas, de ninguna manera versan o tienen el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Entonces, al tratarse el acto aquí reclamado, será hasta que la responsable posteriormente a la ejecución de las providencias pronunciadas para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, cuando la quejosa esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias con notorio perjuicio de la administración de justicia; el remate mismo, no tiene eficacia jurídica, sino hasta que se apruebe la resolución que cause estado, pudiéndose en último término, apelar el auto que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. (10ª Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II; Pág. 1738) Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; y, 107, fracción IV, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías. Por tanto, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita interpretada a contrario sensu, del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. REPRESENTANTE COMÚN Y ESPECIAL DE LA PARTE QUEJOSA. Dado que en el presente asunto no se advierten pluralidad de quejosos, ni que el impetrante de garantías sea menor de edad, no es necesario realizar mayor pronunciamiento respecto de representante común de la parte quejosa, ni de algún representante especial. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

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