Javier Cisneros Perez

Expediente 391/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
391/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Javier Cisneros Perez

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En virtud de lo anterior, devuélvase al Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con sede en Yuriria, Guanajuato, dos sobres amarillos y expediente *** en dos tomos, por ser innecesaria su retención, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Capital, al que adjunta por Incompetencia Legal, derivado del expediente relativo al Amparo Directo Civil 373/2019 de su índice, deducido de la demanda de amparo promovida por Javier Cisneros Pérez, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con sede en Yuriria, Guanajuato y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 391/2019-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Acúsese el recibo de estilo respectivo e indíquese al Tribunal Colegiado oficiante que este Órgano Jurisdiccional acepta la competencia legal declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. Guárdense por separado los dos sobres amarillos y el expediente ***, en dos tomos para su menor manejo. Ahora bien, vista la demanda de cuenta, promovida por ***, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con sede en Yuriria, Guanajuato y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo de cuenta, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; sin embargo, del análisis de las constancias el juicio de origen, se advierte que el acto reclamado, es el proveído de uno de abril del año en curso, dictado en el expediente ***, el cual se dictó en cumplimiento a la sentencia incidental de catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de amparo, en relación con el artículo 107; al efecto, dichos numerales señalan: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente:.. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, el quejoso previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo hasta aquí expuesto, es claro que el peticionario de amparo, reclama en esta vía constitucional, el auto de uno de abril del año en curso, dictado en el expediente ***. Así, tenemos que una vez dictado el proveído antes mencionado y notificado a la parte que ahora se duele de su contenido y, que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, el promovente del amparo estaba obligado a agotar el Principio de Definitividad que rige al Juicio de Amparo, para lo cual debió interponer el respectivo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra de dicha determinación, a que se refieren los artículos 232, 233, 234 y 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato en vigor, que textualmente dicen: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LIBRO PRIMERO. Disposiciones generales TÍTULO SEXTO. Recursos. CAPÍTULO I. Revocación. Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación. En el escrito en que se interponga, deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. Artículo 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso. Esto es, si el Juez responsable emitió el auto de uno de abril del año en curso, la parte peticionaria de amparo, en lugar de acudir directamente al juicio de amparo, debió impugnar el auto que constituye el acto reclamado, mediante el RECURSO DE REVOCACIÓN, porque este medio ordinario de defensa es el adecuado para obtener su modificación o revocación, según lo dispone el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato. Por lo anterior, si no se hizo valer el RECURSO DE REVOCACIÓN referido, el juicio de garantías resulta improcedente por haberse incumplido con el Principio de Definitividad, conforme a lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto la parte quejosa debió interponer el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, modificar o revocar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común, además que en el caso concreto, no se está en el caso excepcional a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, actualizándose así la causal de improcedencia invocada, lo que impone DESECHAR el presente Juicio de Amparo por haberse incumplido con el Principio de Definitividad, conforme a lo que disponen los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Resultan aplicables a lo anterior, las tesis jurisprudenciales números I.6o.C. J/37 y I. 4o. C. J/25, emitidas por el Sexto y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, visibles en las páginas 902 y 361, Tomos XV, de Mayo de 2002 y VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Novena y Octava Épocas, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tiene a la parte quejosa por señalando como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones de carácter personal los estrados de este Juzgado Federal y como autorizado de su parte al licenciado Humberto Martínez Arreguín, en los términos más amplios de la primera parte del segundo párrafo del numeral 12 de Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, toda vez que tiene registradas su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos restringidos del numeral invocado a **, por no tener registrada su cédula profesional en la base de datos de mérito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: UNICO.- SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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