Javier Chiquito Torres
Expediente 334/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Javier Chiquito Torres
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído veinte de octubre d dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veinte ESCRITO ACLARATORIO Ténganse recibidos los escritos del quejoso, por medio de los cuales da cumplimiento al requerimiento de catorce de octubre del año en curso. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se da nueva cuenta con la demanda promovida por ....... contra actos del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO. La aceptación y desahogo únicamente de las pruebas ofertadas por mi contraria parte que pretende hacer valer el H. JUEZ SEGUNDO FAMILIAR, que de llevarse a cabo dejaría al suscrito en completo estado de indefensión, y con ello derivarían en un acto de imposible reparación." "(.) desde este momento me permito señalar el diverso acuerdo donde no se me tiene por ofertando las pruebas de mi intención y que fueron ofertadas en mi escrito inicial de demanda (.)." Actos que según refiere el solicitante de la protección constitucional derivan del juicio radicado bajo el expediente número 05/2019/2, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial. Lo anterior pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III, VI y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Conforme a los preceptos transcritos el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dentro de los cuales se encuentran el desechamiento de pruebas o su desahogo en forma diversa a la establecida en la ley aplicable. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgresiones son meramente formales y pueden ser reparadas si el afectado obtiene una resolución favorable. En la especie, los actos que se combaten en esta vía constitucional, no pueden considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, que afectan derechos sustantivos del quejoso, para que sea procedente el juicio de amparo. Es así, porque la parte quejosa, reclama, substancialmente, el acuerdo en el que la autoridad responsable tuvo por no ofrecidas las pruebas de su intención, por no ser el momento procesal oportuno, así como el diverso auto de cinco de octubre de dos mil veinte, por el que se apertura el periodo de desahogo de pruebas, señalando fechas y horas para las de su contraria parte. Determinaciones que se pronunciaron dentro del expediente 05/2019/2 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, pues el solicitante de la protección constitucional refiere haber sido demandado vía incidental por acción compensatoria por Zulema Rocha Díaz, derivado del divorcio entre que se dio entre ambos. Bajo ese contexto, los actos tildados de inconstitucionales, en todo caso, constituyen una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se inadvierte que se haya emitido la interlocutoria en el incidente de origen y que aquéllos versan sobre la admisión o desechamiento de pruebas, lo que se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la resolución que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva contra la interlocutoria respectiva, en términos de lo que se previene en la fracción III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En consecuencia, los autos que por esta vía impugna la parte quejosa deben reclamarse en amparo indirecto como violaciones procesales al combatirse la interlocutoria desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos '... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, la diversa Jurisprudencia número P./J. 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Sin que sea óbice a la conclusión alcanzada que el quejoso exprese que los actos reclamados también afectan a su menor hijo, ya que la pretensión de la actora en la acción incidental es quitarles las casa en la que habitan. Es así, porque, en principio, se trata de un acto futuro de realización incierta porque no se sabe el sentido en que se fallará el incidente del que derivan los actos reclamados. Además, el hecho de que esté involucrado un menor de edad no significa que se dejen de atender las reglas establecidas por el legislador para la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de la voy y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI del numeral en cita, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veinte ESCRITO ACLARATORIO Ténganse recibidos los escritos del quejoso, por medio de los cuales da cumplimiento al requerimiento de catorce de octubre del año en curso. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se da nueva cuenta con la demanda promovida por ....... contra actos del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO. La aceptación y desahogo únicamente de las pruebas ofertadas por mi contraria parte que pretende hacer valer el H. JUEZ SEGUNDO FAMILIAR, que de llevarse a cabo dejaría al suscrito en completo estado de indefensión, y con ello derivarían en un acto de imposible reparación." "(.) desde este momento me permito señalar el diverso acuerdo donde no se me tiene por ofertando las pruebas de mi intención y que fueron ofertadas en mi escrito inicial de demanda (.)." Actos que según refiere el solicitante de la protección constitucional derivan del juicio radicado bajo el expediente número 05/2019/2, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial. Lo anterior pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III, VI y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Conforme a los preceptos transcritos el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dentro de los cuales se encuentran el desechamiento de pruebas o su desahogo en forma diversa a la establecida en la ley aplicable. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgresiones son meramente formales y pueden ser reparadas si el afectado obtiene una resolución favorable. En la especie, los actos que se combaten en esta vía constitucional, no pueden considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, que afectan derechos sustantivos del quejoso, para que sea procedente el juicio de amparo. Es así, porque la parte quejosa, reclama, substancialmente, el acuerdo en el que la autoridad responsable tuvo por no ofrecidas las pruebas de su intención, por no ser el momento procesal oportuno, así como el diverso auto de cinco de octubre de dos mil veinte, por el que se apertura el periodo de desahogo de pruebas, señalando fechas y horas para las de su contraria parte. Determinaciones que se pronunciaron dentro del expediente 05/2019/2 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, pues el solicitante de la protección constitucional refiere haber sido demandado vía incidental por acción compensatoria por Zulema Rocha Díaz, derivado del divorcio entre que se dio entre ambos. Bajo ese contexto, los actos tildados de inconstitucionales, en todo caso, constituyen una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se inadvierte que se haya emitido la interlocutoria en el incidente de origen y que aquéllos versan sobre la admisión o desechamiento de pruebas, lo que se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la resolución que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva contra la interlocutoria respectiva, en términos de lo que se previene en la fracción III y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En consecuencia, los autos que por esta vía impugna la parte quejosa deben reclamarse en amparo indirecto como violaciones procesales al combatirse la interlocutoria desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos '... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, la diversa Jurisprudencia número P./J. 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Sin que sea óbice a la conclusión alcanzada que el quejoso exprese que los actos reclamados también afectan a su menor hijo, ya que la pretensión de la actora en la acción incidental es quitarles las casa en la que habitan. Es así, porque, en principio, se trata de un acto futuro de realización incierta porque no se sabe el sentido en que se fallará el incidente del que derivan los actos reclamados. Además, el hecho de que esté involucrado un menor de edad no significa que se dejen de atender las reglas establecidas por el legislador para la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de la voy y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI del numeral en cita, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente. "
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por .., regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 334/2020-II-F. PREVENCIÓN Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 108 del propio ordenamiento, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con 5 copias de su escrito aclaratorio: Indique si señala nada más como acto reclamado el que refiere en el capítulo correspondiente, o si además, reclama el diverso acuerdo donde indica que la autoridad responsable determinó que no se tenían por ofertadas las pruebas que propuso en su escrito de contestación que dice, presentó en el juicio de origen. Precise las prestaciones a las que fue demandado por .., en el expediente 05/2020/2 que refiere en su escrito de demanda. De igual manera, especifique si el expediente que refiere de donde emana el acto reclamado se trata de un incidente o de un juicio propiamente, toda vez que del capítulo de antecedentes del acto reclamado se refiere de manera indistinta a ambos procedimientos. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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