Javier Chávez Badillo

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Javier Chávez Badillo

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo en que se actúa y se avoco al conocimiento del asunto; el cual quedó registrado bajo el número 3405/2022-V, de su índice. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto no es considerado de relevancia documental y no existen documentos originales exhibidos por las partes, se determina que es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Arturo Samaniego Morales, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Chávez Badillo, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; fórmese expediente y regístrese con el número 702/2022-5, del índice de este juzgado. Incompetencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." El numeral 37 de la ley de la materia, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales transcritos, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De conformidad con el artículo transcrito, en relación con su primer párrafo, para determinar la competencia de los jueces de Distrito debe tomarse en cuenta el lugar en donde se deba ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esa porción del artículo en estudio hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Ahora bien, para demostrar la actualización de ese supuesto en los actos reclamados y que esto dé pauta a la incompetencia, conviene tener presente que todo acto de autoridad respecto a la conducta desplegada por su emisor, puede ser de dos tipos a saber: positivo y omisivo. En el caso de la primera, la conducta desplegada por la responsable puede originar actos de naturaleza declarativa, negativa o prohibitiva. En algunos casos, conlleva una ejecución material; mientras que la segunda conducta de la autoridad se traduce en no actuar respecto a una pretensión por parte del gobernado. Entonces, si el acto reclamado tiene una ejecución, para los efectos de la competencia, está comprendido en el primer supuesto del artículo 37 de la ley de la materia. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución que niega la modificación de las condiciones que dieron lugar a la suspensión condicional del proceso, la cual se origina en la audiencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; y el acuerdo reparatorio consistente en el pago del crédito fiscal a favor de la parte ofendida por la cantidad de ******************** pesos en un plazo de 36 meses. En ese sentido, se aprecia que la ejecución de dicho acto reclamado se llevará a cabo fuera de la jurisdicción de este órgano federal y dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, aunado al hecho de que es en esa jurisdicción donde se encuentra radicada la causa penal 280/2021, respecto de la cual se encuentra en trámite el medio alternativo de solución del procedimiento (suspensión condicional del proceso), y en la cual se dictaron los actos reclamados por el promovente del amparo consistentes en la resolución que niega la modificación de las condiciones que dieron lugar a la suspensión condicional del proceso, emitida en la audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; así como el acuerdo reparatorio consistente en el pago del crédito fiscal a favor de la parte ofendida por la cantidad de ******************** pesos en un plazo de 36 meses. Tiene aplicación al caso, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, visible a página mil doscientos noventa y nueve, Materia Administrativa, Común, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignarla competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto fracción XXIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Tercero de Distrito, es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de garantías. En consecuencia, remítase el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos Juzgados, a fin de que determine lo conducente sobre la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo a este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Domicilio y autorizados Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona el quejoso en el escrito inicial de demanda, toda vez que se encuentran registrados en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", con excepción de ********************, a quien únicamente se le autoriza para los efectos que indica el promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte del quejoso el que menciona en su escrito de demanda, así como los correos electrónicos hsfiscal21@gmail.com y victor.hdz@hsfiscal.com.mx, para igual fin. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "vhss20", únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Arturo Samaniego Morales, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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