Javier Cebada López
Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Javier Cebada López
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de marzo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en su atención, téngase por rendido el informe justificado del Titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Con el mismo dese cuenta el día y hora que tenga verificativo la audiencia constitucional, y vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Para un mejor manejo y estudio del presente expediente, con las copias certificadas del toca penal 159/2021, de la causa penal 185/2021 y con dos discos ópticos en formato DVD, se ordena abrir el cuadernillo auxiliar de prueba I, II y III; en la inteligencia de que deberá conservarse el sello, folio y rúbrica asentados en el mencionado legajo. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que en el juicio de origen les asiste el carácter de terceros interesados a Arturo Omar Aguirre Vargas con domicilio ubicado en calle de los Ángeles número 114, fraccionamiento La Argentina, en Tulancingo de bravo, Hidalgo, y a Karina Heien Guarro León, con domicilio ubicado en calle Privada Luis Donaldo Colosio número 18, colonia La Cruz, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. DESPACHO. En consecuencia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar al actuario judicial de su adscripción, para que éste se constituya en los domicilios ubicados en calle de los Ángeles número 114, fraccionamiento La Argentina, y en calle Privada Luis Donaldo Colosio número 18, colonia La Cruz, ambos domicilios en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y emplace a los terceros interesados Arturo Omar Aguirre Vargas y a Karina Heien Guarro León, les corra traslado con copia autorizada de la demanda y del presente auto, para que se apersonen en el juicio en el que se actúa, si a su interés conviene. Asimismo, deberá hacerles saber la fecha programada para la audiencia constitucional; además, deberá requerirlos para que en el plazo de tres días, señalen domicilio procesal dentro de la demarcación que corresponde al lugar de residencia de este juzgado o zona conurbada; apercibidos que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista que se fije en lugar visible de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Se hace saber al juez requerido, que tiene facultades para que, de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Además, se solicita atentamente al juez del orden común, para que una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva la comunicación que se envía, lo más pronto posible, a efecto de que este órgano de control constitucional pueda cumplir con el mandamiento que le impone el artículo 17 constitucional. Asimismo, se tiene también como tercera interesada a María Dolores Castro López, Agente del Ministerio Público, 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA adscrita a la Dirección General de Investigación y Litigación Región Oriente, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien ha tenido intervención en la causa penal de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, mediante oficio, emplácese a la referida agente del Ministerio Público, a quien le asiste el carácter de tercera interesada, según lo dispuesto por el numeral 5, fracción III, inciso e), de la citada legislación; debiéndole agregar copia autorizada de la demanda, auto admisorio y del presente proveído para que, si lo considera conveniente, se apersone a deducir los derechos sociales que representa. Se requiere a la representante social de referencia que remita el acuse de recibo respecto de la copia de la demanda que se envía y anexos, apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo...IV
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de marzo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en su atención, téngase por rendido el informe justificado del Titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Con el mismo dese cuenta el día y hora que tenga verificativo la audiencia constitucional, y vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Para un mejor manejo y estudio del presente expediente, con las copias certificadas del toca penal 159/2021, de la causa penal 185/2021 y con dos discos ópticos en formato DVD, se ordena abrir el cuadernillo auxiliar de prueba I, II y III; en la inteligencia de que deberá conservarse el sello, folio y rúbrica asentados en el mencionado legajo. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que en el juicio de origen les asiste el carácter de terceros interesados a Arturo Omar Aguirre Vargas con domicilio ubicado en calle de los Ángeles número 114, fraccionamiento La Argentina, en Tulancingo de bravo, Hidalgo, y a Karina Heien Guarro León, con domicilio ubicado en calle Privada Luis Donaldo Colosio número 18, colonia La Cruz, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. DESPACHO. En consecuencia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar al actuario judicial de su adscripción, para que éste se constituya en los domicilios ubicados en calle de los Ángeles número 114, fraccionamiento La Argentina, y en calle Privada Luis Donaldo Colosio número 18, colonia La Cruz, ambos domicilios en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y emplace a los terceros interesados Arturo Omar Aguirre Vargas y a Karina Heien Guarro León, les corra traslado con copia autorizada de la demanda y del presente auto, para que se apersonen en el juicio en el que se actúa, si a su interés conviene. Asimismo, deberá hacerles saber la fecha programada para la audiencia constitucional; además, deberá requerirlos para que en el plazo de tres días, señalen domicilio procesal dentro de la demarcación que corresponde al lugar de residencia de este juzgado o zona conurbada; apercibidos que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista que se fije en lugar visible de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Se hace saber al juez requerido, que tiene facultades para que, de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Además, se solicita atentamente al juez del orden común, para que una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva la comunicación que se envía, lo más pronto posible, a efecto de que este órgano de control constitucional pueda cumplir con el mandamiento que le impone el artículo 17 constitucional. Asimismo, se tiene también como tercera interesada a María Dolores Castro López, Agente del Ministerio Público, 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA adscrita a la Dirección General de Investigación y Litigación Región Oriente, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien ha tenido intervención en la causa penal de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, mediante oficio, emplácese a la referida agente del Ministerio Público, a quien le asiste el carácter de tercera interesada, según lo dispuesto por el numeral 5, fracción III, inciso e), de la citada legislación; debiéndole agregar copia autorizada de la demanda, auto admisorio y del presente proveído para que, si lo considera conveniente, se apersone a deducir los derechos sociales que representa. Se requiere a la representante social de referencia que remita el acuse de recibo respecto de la copia de la demanda que se envía y anexos, apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo...IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de febrero de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 171/2022-IV; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tal tenor, vista la demanda promovida por Javier Cebada López contra una omisión del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Para determinar cuándo se está en presencia de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por tales se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse al momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. El acto reclamado por el quejoso consiste esencialmente en la omisión de dar trámite a su escrito de denuncia de juicio político de diecisiete de enero de dos mil veintidós. En efecto, de lo narrado en la demanda de amparo, se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintidós el quejoso presentó un escrito ante la autoridad responsable, en el que promovió una denuncia para la sustanciación del juicio político en contra del Presidente Municipal de Lolotla, Hidalgo y de los elementos de seguridad pública municipales María Guadalupe Morales López, Cristian Vite Ugalde y Francisco Serna Hernández, sin que a la fecha haya sido radicada. Por tanto, dicho acto no puede considerarse de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, uno de los requisitos que caracterizan a los autos irreparables es la afectación inmediata a los derechos sustantivos, circunstancia que se opone a la afectación adjetiva, como la que en el caso se produce. El quejoso se duele de una omisión, al señalar que la autoridad responsable ha omitido dar trámite a su escrito de denuncia de juicio político de diecisiete de enero de dos mil veintidós; sin embargo, ese acto omisivo no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación procesal autónoma al juicio político, en el que el quejoso es actor, sino que se da justamente al inicio del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2011580, Materia Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En efecto, si uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación directa que los mismos producen a los derechos sustantivos de la parte quejosa, el que, en el caso reclama, no puede considerarse de forma autónoma por haberse suscitado durante el comienzo de un procedimiento en el cual el accionante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo; además, la suscrita no advierte una paralización total o dilación absoluta del procedimiento. Respecto al tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, el accionante refiere que presentó su escrito ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, la cual no ha sido radicada, pues refiere que no se le han notificado para que ratifique el mencionado escrito, pese a que la autoridad debió hacerlo dentro de los tres días hábiles siguientes, es decir, el veinte de enero pasado. Por tanto, se considera que contra la omisión reclamada es improcedente el juicio de amparo, pues a la fecha de presentación del escrito en comento aún no trascurren los cuarenta y cinco días tomados como parámetro, pues a la fecha de la presentación de la demanda (once de febrero) sólo han transcurrido veintidós días naturales desde la fecha que feneció el plazo en el cual la autoridad responsable debió pronunciarse respecto la petición del quejoso. En esas condiciones, se considera que no se actualiza la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la dilación que reclama el quejoso, ya que ésta no es excesiva en virtud de que aún no transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitirse el auto correspondiente. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito promovida por Javier Cebada López, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la quejosa de mérito señalando como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Valle de San Javier número 322-G, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio Alejandro Gálvez Bautista, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Efrén López Labastida y Karla Yajaira Franco de la Rosa. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en los artículos 21 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "juliogalvez". CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes por esos medios. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. ..M-IV
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de quince de febrero de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de febrero de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 171/2022-IV; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tal tenor, vista la demanda promovida por Javier Cebada López contra una omisión del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Para determinar cuándo se está en presencia de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por tales se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse al momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. El acto reclamado por el quejoso consiste esencialmente en la omisión de dar trámite a su escrito de denuncia de juicio político de diecisiete de enero de dos mil veintidós. En efecto, de lo narrado en la demanda de amparo, se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintidós el quejoso presentó un escrito ante la autoridad responsable, en el que promovió una denuncia para la sustanciación del juicio político en contra del Presidente Municipal de Lolotla, Hidalgo y de los elementos de seguridad pública municipales María Guadalupe Morales López, Cristian Vite Ugalde y Francisco Serna Hernández, sin que a la fecha haya sido radicada. Por tanto, dicho acto no puede considerarse de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, uno de los requisitos que caracterizan a los autos irreparables es la afectación inmediata a los derechos sustantivos, circunstancia que se opone a la afectación adjetiva, como la que en el caso se produce. El quejoso se duele de una omisión, al señalar que la autoridad responsable ha omitido dar trámite a su escrito de denuncia de juicio político de diecisiete de enero de dos mil veintidós; sin embargo, ese acto omisivo no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación procesal autónoma al juicio político, en el que el quejoso es actor, sino que se da justamente al inicio del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2011580, Materia Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En efecto, si uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación directa que los mismos producen a los derechos sustantivos de la parte quejosa, el que, en el caso reclama, no puede considerarse de forma autónoma por haberse suscitado durante el comienzo de un procedimiento en el cual el accionante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo; además, la suscrita no advierte una paralización total o dilación absoluta del procedimiento. Respecto al tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, el accionante refiere que presentó su escrito ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, la cual no ha sido radicada, pues refiere que no se le han notificado para que ratifique el mencionado escrito, pese a que la autoridad debió hacerlo dentro de los tres días hábiles siguientes, es decir, el veinte de enero pasado. Por tanto, se considera que contra la omisión reclamada es improcedente el juicio de amparo, pues a la fecha de presentación del escrito en comento aún no trascurren los cuarenta y cinco días tomados como parámetro, pues a la fecha de la presentación de la demanda (once de febrero) sólo han transcurrido veintidós días naturales desde la fecha que feneció el plazo en el cual la autoridad responsable debió pronunciarse respecto la petición del quejoso. En esas condiciones, se considera que no se actualiza la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la dilación que reclama el quejoso, ya que ésta no es excesiva en virtud de que aún no transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitirse el auto correspondiente. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito promovida por Javier Cebada López, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la quejosa de mérito señalando como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Valle de San Javier número 322-G, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio Alejandro Gálvez Bautista, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Efrén López Labastida y Karla Yajaira Franco de la Rosa. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en los artículos 21 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "juliogalvez". CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes por esos medios. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. ..M-IV
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