Javier Cazados Pérez
Expediente 965/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California
- Javier Cazados Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución dictada el uno de marzo de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que la Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a la parte quejosa ********************, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
TODA VEZ QUE LA TERCERO INTERESA NO ATENDIÒ EL AVISO DE 1 DE JUNIO DE 2022, SE NOTIFICA LA DETERMINACIONES SIGUIENTES: Por otra parte, visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que no obran agregadas las constancias de notificación realizadas a la tercera interesada ************, en representación de la menor A. K. G. M. y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, de la sentencia dictada en autos; por tanto, se ordena de nueva cuenta al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que realice la notificación de la sentencia mencionada de manera personal a la tercera interesada de referencia, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Notifíquese y personalmente la sentencia dictada el uno de marzo del año en curso, a la tercera interesada ************, en representación de la menor A. K. G. M. y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. S E N T E N C I A Visto para dictar sentencia, en los autos del juicio de amparo 965/2021-2; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial y posteriormente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, ************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad responsable que enseguida se transcribe: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, con domicilio conocido en la ciudad de Mexicali. IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: El Auto de Vinculación a Proceso dictado en mi contra por el delito de ABUSO SEXUAL a menor de 14 años, en fecha 16 de agosto de 2016, dentro de la Causa Penal 900/2021.." SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 965/2021-2 y se admitió a trámite contra el acto de la autoridad responsable; solicitándole su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, reformado por el 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridad con residencia en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la causa penal 900/2021 del índice del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió relativas a las actuaciones de la causa penal 900/2021; documentales a las que se confiere valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tratarse de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, visible en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Además, es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, también se robustece con el registro audiovisual que contiene audio y video de la audiencia ahora reclamada; mismas que tienen valor jurídico de documental pública, de conformidad con la jurisprudencia 43/2013, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 703, Libro XXIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de dos mil trece, Décima Época, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia 228, consultable en las páginas 186 y 187, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación.que textualmente dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Asimismo, cabe citar la tesis de jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no existir alguna causa de improcedencia, lo procedente es analizar los conceptos de violación planteados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN" De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del fondo. Resultan jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. En principio, resulta importante precisar que la base constitucional del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Carta Magna, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". Por su parte, la figura del auto de vinculación a proceso se encuentra prevista en los artículos 316, 317, 318, 320 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos en los que se prevén los requisitos que debe contener, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código." "Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez." De lo anterior se desprende que, para dictar un auto de vinculación a proceso, deben reunirse requisitos de forma y fondo. Requisitos formales: a) Emitirse por escrito y por autoridad competente. b) Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. c) Que se haya formulado imputación. d) Que el imputado haya tenido la oportunidad de declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. e) Que de la exposición del Agente del Ministerio Público se exprese el delito que se reprocha al imputado; y, f) El lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Requisitos de fondo: De los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) La comisión de un hecho que la ley señala como delito. b) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. c) Además, deberá indicar que si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Atento a lo establecido en la Carta Magna y el código adjetivo de la materia para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realizan, el agente del Ministerio Público al hacer la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. De ahí que, en el auto de vinculación a proceso, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; y para ello, el Juez de control debe examinar: I. El grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos. II. Tome en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas). III. La ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa). IV. La proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 87/2016, que dice lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora, conforme a lo dispuesto por los reformados artículos 19, primer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, es el estudio de la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, así como de los datos de investigación en que se sustente la imputación, los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de control o Juez de garantía, a fin de conocer formalmente la imputación o bien quede sujeto a la investigación formalizada, respecto de un hecho previsto como delito por la ley penal y que se sancione con pena privativa de libertad, para que éste pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante la contra-argumentación o refutación, apoyada en datos que la sustenten, en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada el 31 de octubre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, versión electrónica, Décima Época, registro 2007811, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor". En ese contexto, se tiene que el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos de forma y fondo enumerados en los párrafos que anteceden, en estricta aplicación de la ley por lo que no se vulneró en perjuicio de la quejosa, los derechos contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 19 constitucionales, pues fue emitido por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, cumpliendo previamente con las formalidades esenciales del procedimiento, amén de que del análisis del mismo y de autos se obtiene que en todo momento se le otorgó la posibilidad de defensa. Se afirma lo anterior, atento ya que del audiovisual y constancias que integran el acto reclamado, relacionados con la audiencia condigna, se advierte que se cumplieron cabalmente y con validez las fases procesales relativas al juicio acusatorio, ya que con motivo de los hechos mencionados en la ley como delito de abuso sexual menor de catorce años, previsto en el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado, se integró una carpeta de investigación. Luego, el agente del Ministerio Público formuló imputación por los hechos materia del presente juicio de amparo y ratificó la solicitud de vinculación a proceso del hoy impetrante; se le hizo saber los derechos que a su favor se consagran tanto en la Carta Magna, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales; nombró defensor que lo asistiera en el proceso y se le hizo de su conocimiento de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20 fracción II, del apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es de indicarse que dicha resolución deriva de un procedimiento en el que se cumplieron las formalidades esenciales exigidas por la ley, para el caso la emisión del auto de vinculación a proceso, respetándose con ello, los derechos de legalidad y seguridad jurídica que sobre el tema establece el artículo 14 constitucional. A lo expuesto, es aplicable la jurisprudencia 218 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice al 1917-2000, Materia Constitucional, de título y contenido: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, la responsable se sujetó a los lineamientos previstos en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al advertirse de autos que la resolución combatida por la quejosa, proviene de autoridad judicial, como lo es el Juez de Control de eta ciudad, siendo legalmente competente por razón de territorio, pues los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción. Luego, la segunda y tercera de las exigencias enunciadas con anterioridad en el numeral 19 constitucional, se acreditan al advertirse del contenido del disco remitido por la autoridad responsable, que entre otras cosas, el Juez de Control expresó que se encontraba acreditado el ilícito ya mencionado. Actualmente, conforme al nuevo sistema de justicia penal, sólo se requieren datos de prueba que únicamente establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión, situación que debe resolver el Juez de Control y, en su caso, debe analizar la suscrita, únicamente con base en los datos de prueba obtenidos durante la etapa de investigación inicial, que en la audiencia exponga el Ministerio Público, o bien, con las pruebas que la defensa solicite sean desahogadas en la audiencia correspondiente. Lo que encuentra sustento en la exposición de motivos de las reformas a los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, del tenor siguiente: ".En lugar de exigir la acreditación del cuerpo del delito como requisito previo para librar una orden de aprehensión, se propone sustituir tal noción por la de datos que hagan probables el hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado. Además de lo ya expuesto sobre el cambio de noción de cuerpo del delito cuando se abordó la reforma al artículo 16, aquí cabe detenerse en una cuestión complementaria, es decir, el tema de si se requiere acreditar los dos extremos citados únicamente cuando se vincula al imputado a proceso. La propuesta de la Red es que se acredite la probabilidad del hecho, sin necesidad de acreditar la probable responsabilidad. En atención a la misma línea de razonamiento seguida por la propuesta original, no se aprecia la necesidad de acreditar ningún extremo. La razón de ello es que la vinculación a proceso es precisamente una garantía. Lo es en tanto que constituye la comunicación formal que hace el Ministerio Público a una persona, ante un tercero imparcial, de que su conducta está siendo investigada En esta tesitura debe entenderse que el proceso de investigación ya ha comenzado sólo que -por emplear una metáfora- a espaldas del imputado, sin que éste conozca los avatares de la investigación. Al quedar vinculado al proceso el imputado, el Ministerio Público está obligado a mostrar sus pruebas y pierde la posibilidad de mantener bajo reserva los elementos de convicción que, en su momento y de considerarlo así, se desahogarán en juicio. En este sentido, el imputado activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva. Es además una garantía porque la vinculación fija la materia de la investigación y del eventual juicio. En la presente iniciativa, en consecuencia, se plantea que no se exija acreditar ningún extremo para vincular a proceso al imputado. Si además de la vinculación el Ministerio Público solicita una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se deja en libertad al legislador ordinario para establecer los requisitos de su procedencia, exigiendo en todo caso que la misma sea necesaria." Así como, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, Décima Época, de título y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En el caso, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con los lineamientos de la actual redacción del precepto 19 constitucional, basta con que se analice el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión; para lo anterior, es menester comprobar que el Juez de Control llevó a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (ya que se citan hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos de prueba) y la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación y la de la contestación efectuada por la defensa). Por lo anterior y retomando en cuanto al cuarto de los requisitos reseñados, consistente en que se deben expresar los datos de prueba que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito, en el caso, delito de abuso sexual menor de catorce años, previsto en el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado, se acredita con los datos de prueba expuestos en la audiencia respectiva, pues ello se aprecia de contenido del disco óptico con registro audio-visual "DVD", con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; y con las consideraciones indicadas por el Juez de Control en el auto de vinculación a proceso, los cuales son los siguientes: Declaración de la menor víctima rendida ante la Fiscalía el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en presencia de la psicóloga Nancy Plasencia Elías. Declaración de Ana Nayeli Martínez Coronado ante el agente del Ministerio Público investigador. Declaración de Ashley Nayeli González Martínez, en presencia del Psicólogo Manuel Alexandro Hernández Chen. Dictamen en materia de psicología forense, elaborado por la perito psicóloga Aimee Arreola Cota, adscrita a Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Baja California. Acta de nacimiento 4864 a nombre de la víctima. Así las cosas, como correctamente lo sostuvo el Juez responsable, existen datos de prueba que evidencian que existió un hecho el cual es catalogado como delito, asimismo, existen elementos que hacen probable la participación del impetrante en el hecho que la ley señala como delito, pues basta analizar el estudio que realizó la autoridad responsable para advertir que probablemente la quejosa participó en la comisión del delito de mérito, se encuentra demostrado con los datos de prueba analizados y adminiculados entre sí, de conformidad con los numerales 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las referidas condiciones, esta Juzgadora considera que la resolución reclamada no es violatoria de derechos fundamentales, porque se encuentra sustentada en la legal valoración del conjunto de elementos de convicción, realizada por el Juez responsable, como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales se consideraron aptos y suficientes para justificar la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como para establecer la probable participación de la quejosa. Por lo precisado, es que esta juzgadora califica de infundado el argumento de la parte quejosa, en el que aduce que la responsable violentó el debido proceso, derivado de las datos de pruebas, pues como antes se precisó, fue correcto que la responsable estimara que existen elementos que hacen probable la participación de la parte quejosa en el delito de abuso sexual menor de catorce años, previsto en el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado de Baja California, al así advertirlo de los datos de prueba analizados con antelación. También es ineficaz lo alegado por la parte quejosa respecto a la valoración de los datos de prueba que obran en la causa penal de origen, así como la probable participación en su cometido, al aducir que se encontraba en un lugar distinto al de los hechos ocurridos, habida cuenta que en el procedimiento penal acusatorio, se modifican los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de un auto de formal prisión, el cual conforme a este nuevo sistema, se denomina auto de vinculación a proceso. En efecto, conforme al nuevo sistema de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin necesidad de incluir las modificativas o calificativas del delito; pero el señalarse éstas, no constituye violación de derechos fundamentales, al contrario, potencializa la defensa del imputado al tener desde la vinculación a proceso conocimiento de las mismas. Por ende, debe decirse que se deduce que ambos sistemas penales difieren en el estándar probatorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, dentro del sistema inquisitorio, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite la probable responsabilidad penal del inculpado y su participación en el evento delictivo; tales medios de prueba deben reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En tanto que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado a) del reformado artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. Y que conforme a lo dispuesto en los reformados artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de vinculación o no del imputado a proceso, es el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el juez de garantías, a fin de conocer formalmente la imputación, o bien quede sujeto a la investigación formalizada, respecto de un hecho previsto como delito por la ley penal y que se sancione con pena privativa de libertad y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio; sólo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación; entonces, dicho juzgador, una vez que se le alegue, a efecto de verificar lo anterior podrá acceder a ella. De ahí que, se considere acertada la determinación del juez responsable, pues de la causa penal de origen, se advierten los antecedentes o datos de prueba que armónicamente concatenados entre sí, por la naturaleza de los hechos y circunstancias probadas, ante su valor incriminatorio y el enlace lógico y natural entre la verdad conocida, la que se busca y en estricto apego a las leyes de la lógica y la razón, y que tiene como punto de partida hechos o circunstancias que están probados como en el caso, probablemente la quejosa realizó actos de violencia en perjuicio de la menor víctima; de ahí que resulte inexacto lo alegado al respecto. También son infundadas las manifestaciones de la quejosa en las que asevera genéricamente que la juez responsable no atendió a los argumentos que se hicieron valer en la audiencia de mérito al resolver vincularlo a proceso, lo anterior, pues contrario a lo sostenido de la audiencia de vinculación a proceso, se advierte con claridad que la responsable sí atendió sus manifestaciones defensivas, inclusive las desestimó al aducir que en el caso, sí se surtía el delito que ahora se examina; de ahí se estime ineficaz lo alegado al respecto. Sobre lo alegado por la quejosa respecto al principio pro persona y derechos humanos es jurídicamente ineficaz. Al respecto, cabe destacar que el invocar la protección de los derechos humanos como principios rectores que integran el nuevo paradigma legal del Estado Mexicano, no implica que se soslayen los requisitos necesarios para impugnar resoluciones emitidas por las autoridades, pues para ello las mismas legislaciones establecen las formas, términos y requisitos que deben cumplirse al efecto, lo cual se encuentra encaminado a tutelar precisamente el principio de legalidad que la misma Constitución y los tratados internacionales obligan a todos los órganos jurisdiccionales a proteger. De ahí que, aun cuando exista la reforma relativa a los derechos humanos, no por ello, necesariamente, deben resolverse de manera favorable las cuestiones planteadas por los gobernados, ni siquiera bajo pretexto de establecer una interpretación más amplia o extensiva, ya que el citado principio no puede ser constitutivo de derechos o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando ellas no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables; razones por las que no es factible estimar que la responsable debió resolver en los términos en que lo pretenden los impetrantes, pues como se vio, no se advierte que pudiera admitirse un diverso análisis de los datos de prueba obrantes en la causa penal de origen; de ahí que, el acto reclamado, por sí mismo, no resulta denegatorio de acceso a la justicia, como sin razón se aduce. Se cita como apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 530, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así como, la jurisprudencia 1ª./J 104/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 906, Libro XXV, Tomo 2, Octubre de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Así también la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales d ejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, resulta infundado lo aducido de que se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como se precisó, del análisis del proceso penal de mérito, se permite advertir, que una vez que el agente del Ministerio Público acusador justificó que los hechos tipificados por la ley como delito habían sido perpetrados probablemente por la parte quejosa, ante la afirmación contraria de estos, le correspondía probar ello, lo que, hasta el momento del dictado de la resolución reclamada, no ocurrió en la especie. Resulta aplicable, la tesis 1a./J. 28/2016 (10a), con registro 2011871, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época, página 546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establece lo siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." Por otra parte, al haberse declarado ineficaces los argumentos expresados por la parte quejosa, se hace innecesario abordar el análisis de la tesis que invoca para apoyar aquellos, pues, se basa en argumentos que fueron declarados desacertados, por lo que se hace innecesario abordar su análisis; de ahí la presente determinación. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, Septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación formulados por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicitada. OCTAVO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a ************, en contra de la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando octavo. TERCERO. Hágase las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento a la presente sentencia, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a que el aquí quejoso falleció el veintiuno de abril del año en curso, remitiendo copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio de origen causa penal 900/2021, con número único de caso 02-2019-44195 de su índice; del cual se acordará lo conducente una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ya que se encuentran realizando las gestiones correspondientes a efecto de notificar a las partes de dicha resolución. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se aprecia que las partes en el presente juicio de amparo, no han sido notificadas de la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, proceda la Actuaria Judicial adscrita a notificar personalmente la resolución mencionada; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió relativas a las actuaciones de la causa penal 900/2021; documentales a las que se confiere valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tratarse de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, visible en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Además, es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, también se robustece con el registro audiovisual que contiene audio y video de la audiencia ahora reclamada; mismas que tienen valor jurídico de documental pública, de conformidad con la jurisprudencia 43/2013, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 703, Libro XXIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de dos mil trece, Décima Época, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia 228, consultable en las páginas 186 y 187, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación.que textualmente dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Asimismo, cabe citar la tesis de jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no existir alguna causa de improcedencia, lo procedente es analizar los conceptos de violación planteados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN" De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del fondo. Resultan jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. En principio, resulta importante precisar que la base constitucional del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Carta Magna, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". Por su parte, la figura del auto de vinculación a proceso se encuentra prevista en los artículos 316, 317, 318, 320 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos en los que se prevén los requisitos que debe contener, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código." "Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez." De lo anterior se desprende que, para dictar un auto de vinculación a proceso, deben reunirse requisitos de forma y fondo. Requisitos formales: a) Emitirse por escrito y por autoridad competente. b) Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. c) Que se haya formulado imputación. d) Que el imputado haya tenido la oportunidad de declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. e) Que de la exposición del Agente del Ministerio Público se exprese el delito que se reprocha al imputado; y, f) El lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Requisitos de fondo: De los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) La comisión de un hecho que la ley señala como delito. b) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. c) Además, deberá indicar que si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Atento a lo establecido en la Carta Magna y el código adjetivo de la materia para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realizan, el agente del Ministerio Público al hacer la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. De ahí que, en el auto de vinculación a proceso, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; y para ello, el Juez de control debe examinar: I. El grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos. II. Tome en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas). III. La ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa). IV. La proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 87/2016, que dice lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora, conforme a lo dispuesto por los reformados artículos 19, primer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, es el estudio de la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, así como de los datos de investigación en que se sustente la imputación, los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de control o Juez de garantía, a fin de conocer formalmente la imputación o bien quede sujeto a la investigación formalizada, respecto de un hecho previsto como delito por la ley penal y que se sancione con pena privativa de libertad, para que éste pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante la contra-argumentación o refutación, apoyada en datos que la sustenten, en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada el 31 de octubre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, versión electrónica, Décima Época, registro 2007811, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor". En ese contexto, se tiene que el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos de forma y fondo enumerados en los párrafos que anteceden, en estricta aplicación de la ley por lo que no se vulneró en perjuicio de la quejosa, los derechos contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 19 constitucionales, pues fue emitido por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, cumpliendo previamente con las formalidades esenciales del procedimiento, amén de que del análisis del mismo y de autos se obtiene que en todo momento se le otorgó la posibilidad de defensa. Se afirma lo anterior, atento ya que del audiovisual y constancias que integran el acto reclamado, relacionados con la audiencia condigna, se advierte que se cumplieron cabalmente y con validez las fases procesales relativas al juicio acusatorio, ya que con motivo de los hechos mencionados en la ley como delito de abuso sexual menor de catorce años, previsto en el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado, se integró una carpeta de investigación. Luego, el agente del Ministerio Público formuló imputación por los hechos materia del presente juicio de amparo y ratificó la solicitud de vinculación a proceso del hoy impetrante; se le hizo saber los derechos que a su favor se consagran tanto en la Carta Magna, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales; nombró defensor que lo asistiera en el proceso y se le hizo de su conocimiento de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20 fracción II, del apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es de indicarse que dicha resolución deriva de un procedimiento en el que se cumplieron las formalidades esenciales exigidas por la ley, para el caso la emisión del auto de vinculación a proceso, respetándose con ello, los derechos de legalidad y seguridad jurídica que sobre el tema establece el artículo 14 constitucional. A lo expuesto, es aplicable la jurisprudencia 218 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice al 1917-2000, Materia Constitucional, de título y contenido: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, la responsable se sujetó a los lineamientos previstos en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al advertirse de autos que la resolución combatida por la quejosa, proviene de autoridad judicial, como lo es el Juez de Control de eta ciudad, siendo legalmente competente por razón de territorio, pues los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción. Luego, la segunda y tercera de las exigencias enunciadas con anterioridad en el numeral 19 constitucional, se acreditan al advertirse del contenido del disco remitido por la autoridad responsable, que entre otras cosas, el Juez de Control expresó que se encontraba acreditado el ilícito ya mencionado. Actualmente, conforme al nuevo sistema de justicia penal, sólo se requieren datos de prueba que únicamente establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión, situación que debe resolver el Juez de Control y, en su caso, debe analizar la suscrita, únicamente con base en los datos de prueba obtenidos durante la etapa de investigación inicial, que en la audiencia exponga el Ministerio Público, o bien, con las pruebas que la defensa solicite sean desahogadas en la audiencia correspondiente. Lo que encuentra sustento en la exposición de motivos de las reformas a los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, del tenor siguiente: ".En lugar de exigir la acreditación del cuerpo del delito como requisito previo para librar una orden de aprehensión, se propone sustituir tal noción por la de datos que hagan probables el hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado. Además de lo ya expuesto sobre el cambio de noción de cuerpo del delito cuando se abordó la reforma al artículo 16, aquí cabe detenerse en una cuestión complementaria, es decir, el tema de si se requiere acreditar los dos extremos citados únicamente cuando se vincula al imputado a proceso. La propuesta de la Red es que se acredite la probabilidad del hecho, sin necesidad de acreditar la probable responsabilidad. En atención a la misma línea de razonamiento seguida por la propuesta original, no se aprecia la necesidad de acreditar ningún extremo. La razón de ello es que la vinculación a proceso es precisamente una garantía. Lo es en tanto que constituye la comunicación formal que hace el Ministerio Público a una persona, ante un tercero imparcial, de que su conducta está siendo investigada En esta tesitura debe entenderse que el proceso de investigación ya ha comenzado sólo que -por emplear una metáfora- a espaldas del imputado, sin que éste conozca los avatares de la investigación. Al quedar vinculado al proceso el imputado, el Ministerio Público está obligado a mostrar sus pruebas y pierde la posibilidad de mantener bajo reserva los elementos de convicción que, en su momento y de considerarlo así, se desahogarán en juicio. En este sentido, el imputado activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva. Es además una garantía porque la vinculación fija la materia de la investigación y del eventual juicio. En la presente iniciativa, en consecuencia, se plantea que no se exija acreditar ningún extremo para vincular a proceso al imputado. Si además de la vinculación el Ministerio Público solicita una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se deja en libertad al legislador ordinario para establecer los requisitos de su procedencia, exigiendo en todo caso que la misma sea necesaria." Así como, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, Décima Época, de título y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En el caso, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con los lineamientos de la actual redacción del precepto 19 constitucional, basta con que se analice el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión; para lo anterior, es menester comprobar que el Juez de Control llevó a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (ya que se citan hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos de prueba) y la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación y la de la contestación efectuada por la defensa). Por lo anterior y retomando en cuanto al cuarto de los requisitos reseñados, consistente en que se deben expresar los datos de prueba que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito, en el caso, delito de abuso sexual menor de catorce años, previsto en el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado, se acredita con los datos de prueba expuestos en la audiencia respectiva, pues ello se aprecia de contenido del disco óptico con registro audio-visual "DVD", con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; y con las consideraciones indicadas por el Juez de Control en el auto de vinculación a proceso, los cuales son los siguientes: Declaración de la menor víctima rendida ante la Fiscalía el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en presencia de la psicóloga Nancy Plasencia Elías. Declaración de Ana Nayeli Martínez Coronado ante el agente del Ministerio Público investigador. Declaración de Ashley Nayeli González Martínez, en presencia del Psicólogo Manuel Alexandro Hernández Chen. Dictamen en materia de psicología forense, elaborado por la perito psicóloga Aimee Arreola Cota, adscrita a Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Baja California. Acta de nacimiento 4864 a nombre de la víctima. Así las cosas, como correctamente lo sostuvo el Juez responsable, existen datos de prueba que evidencian que existió un hecho el cual es catalogado como delito, asimismo, existen elementos que hacen probable la participación del impetrante en el hecho que la ley señala como delito, pues basta analizar el estudio que realizó la autoridad responsable para advertir que probablemente la quejosa participó en la comisión del delito de mérito, se encuentra demostrado con los datos de prueba analizados y adminiculados entre sí, de conformidad con los numerales 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las referidas condiciones, esta Juzgadora considera que la resolución reclamada no es violatoria de derechos fundamentales, porque se encuentra sustentada en la legal valoración del conjunto de elementos de convicción, realizada por el Juez responsable, como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales se consideraron aptos y suficientes para justificar la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como para establecer la probable participación de la quejosa. Por lo precisado, es que esta juzgadora califica de infundado el argumento de la parte quejosa, en el que aduce que la responsable violentó el debido proceso, derivado de las datos de pruebas, pues como antes se precisó, fue correcto que la responsable estimara que existen elementos que hacen probable la participación de la parte quejosa en el delito de abuso sexual menor de catorce años, previsto en el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado de Baja California, al así advertirlo de los datos de prueba analizados con antelación. También es ineficaz lo alegado por la parte quejosa respecto a la valoración de los datos de prueba que obran en la causa penal de origen, así como la probable participación en su cometido, al aducir que se encontraba en un lugar distinto al de los hechos ocurridos, habida cuenta que en el procedimiento penal acusatorio, se modifican los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de un auto de formal prisión, el cual conforme a este nuevo sistema, se denomina auto de vinculación a proceso. En efecto, conforme al nuevo sistema de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin necesidad de incluir las modificativas o calificativas del delito; pero el señalarse éstas, no constituye violación de derechos fundamentales, al contrario, potencializa la defensa del imputado al tener desde la vinculación a proceso conocimiento de las mismas. Por ende, debe decirse que se deduce que ambos sistemas penales difieren en el estándar probatorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, dentro del sistema inquisitorio, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite la probable responsabilidad penal del inculpado y su participación en el evento delictivo; tales medios de prueba deben reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En tanto que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado a) del reformado artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. Y que conforme a lo dispuesto en los reformados artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de vinculación o no del imputado a proceso, es el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el juez de garantías, a fin de conocer formalmente la imputación, o bien quede sujeto a la investigación formalizada, respecto de un hecho previsto como delito por la ley penal y que se sancione con pena privativa de libertad y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio; sólo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación; entonces, dicho juzgador, una vez que se le alegue, a efecto de verificar lo anterior podrá acceder a ella. De ahí que, se considere acertada la determinación del juez responsable, pues de la causa penal de origen, se advierten los antecedentes o datos de prueba que armónicamente concatenados entre sí, por la naturaleza de los hechos y circunstancias probadas, ante su valor incriminatorio y el enlace lógico y natural entre la verdad conocida, la que se busca y en estricto apego a las leyes de la lógica y la razón, y que tiene como punto de partida hechos o circunstancias que están probados como en el caso, probablemente la quejosa realizó actos de violencia en perjuicio de la menor víctima; de ahí que resulte inexacto lo alegado al respecto. También son infundadas las manifestaciones de la quejosa en las que asevera genéricamente que la juez responsable no atendió a los argumentos que se hicieron valer en la audiencia de mérito al resolver vincularlo a proceso, lo anterior, pues contrario a lo sostenido de la audiencia de vinculación a proceso, se advierte con claridad que la responsable sí atendió sus manifestaciones defensivas, inclusive las desestimó al aducir que en el caso, sí se surtía el delito que ahora se examina; de ahí se estime ineficaz lo alegado al respecto. Sobre lo alegado por la quejosa respecto al principio pro persona y derechos humanos es jurídicamente ineficaz. Al respecto, cabe destacar que el invocar la protección de los derechos humanos como principios rectores que integran el nuevo paradigma legal del Estado Mexicano, no implica que se soslayen los requisitos necesarios para impugnar resoluciones emitidas por las autoridades, pues para ello las mismas legislaciones establecen las formas, términos y requisitos que deben cumplirse al efecto, lo cual se encuentra encaminado a tutelar precisamente el principio de legalidad que la misma Constitución y los tratados internacionales obligan a todos los órganos jurisdiccionales a proteger. De ahí que, aun cuando exista la reforma relativa a los derechos humanos, no por ello, necesariamente, deben resolverse de manera favorable las cuestiones planteadas por los gobernados, ni siquiera bajo pretexto de establecer una interpretación más amplia o extensiva, ya que el citado principio no puede ser constitutivo de derechos o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando ellas no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables; razones por las que no es factible estimar que la responsable debió resolver en los términos en que lo pretenden los impetrantes, pues como se vio, no se advierte que pudiera admitirse un diverso análisis de los datos de prueba obrantes en la causa penal de origen; de ahí que, el acto reclamado, por sí mismo, no resulta denegatorio de acceso a la justicia, como sin razón se aduce. Se cita como apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 530, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así como, la jurisprudencia 1ª./J 104/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 906, Libro XXV, Tomo 2, Octubre de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Así también la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales d ejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, resulta infundado lo aducido de que se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como se precisó, del análisis del proceso penal de mérito, se permite advertir, que una vez que el agente del Ministerio Público acusador justificó que los hechos tipificados por la ley como delito habían sido perpetrados probablemente por la parte quejosa, ante la afirmación contraria de estos, le correspondía probar ello, lo que, hasta el momento del dictado de la resolución reclamada, no ocurrió en la especie. Resulta aplicable, la tesis 1a./J. 28/2016 (10a), con registro 2011871, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época, página 546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establece lo siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." Por otra parte, al haberse declarado ineficaces los argumentos expresados por la parte quejosa, se hace innecesario abordar el análisis de la tesis que invoca para apoyar aquellos, pues, se basa en argumentos que fueron declarados desacertados, por lo que se hace innecesario abordar su análisis; de ahí la presente determinación. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, Septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación formulados por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicitada. OCTAVO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Javier Cazados Pérez, en contra de la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando octavo. TERCERO. Hágase las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento a la presente sentencia, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
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