Javier Casarrubias Ávila
Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Javier Casarrubias Ávila
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Asimismo, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 560/2020, promovido por Javier Casarrubias Ávila, a través de su apoderada legal María Verónica Barrera Gutiérrez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Javier Casarrubias Ávila, a través de su apoderada legal María Verónica Barrera Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "a).- Se reclama: La omisión y/o abstención y/o negativa que se traduce en la abierta dilación del procedimiento, ya que se abstiene de acordar la petición presentada con fecha 26 de abril de 2019." SEGUNDO. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 560/2020, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se tuvo como tercero interesado a la Secretaría de Salud del Gobierno del Guerrero, con sede en esta ciudad, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que tiene su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Al igual, aplica a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, Materia Penal, Tesis: VII.P.43 P, página 486, registro: 201071, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTIAS EN RELACION CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACION DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que la quejosa hubiese señalado en su demanda de garantías que los actos reclamados fueron dictados en un expediente al que denominó causa y no averiguación, no se sigue que por ese motivo se trate de expedientes diferentes, pues no debe perderse de vista que además en dicha demanda aquélla señaló que ese expediente era el número 2, que se trataba de una orden de aprehensión, misma que fue dictada por el Juez Cuarto de Distrito en la entidad, ahora Quinto, y que el delito que se le imputaba era el previsto en el artículo 58 de la Ley Forestal en relación con los numerales 11, 20 y 22 de la propia Ley, todo lo cual coincide con las constancias que como justificación de su informe rindió el aludido Juez Cuarto de Distrito, ahora Quinto." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de acordar el escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 283/2018, mediante el cual solicitó que se pusieran los autos a la vista de las partes para que formulen sus respectivos alegatos. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese orden, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de acordar el escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 283/2018, mediante el cual solicitó que se pusieran los autos a la vista de las partes para que formulen sus respectivos alegatos, no obstante que haya sido negado al rendir el informe justificado por conducto de su Presidente, pues realizó manifestaciones que denotan su certeza, la cual se corrobora con la copia certificada de la constancia relativa al expediente laboral antes referido, que allegó en apoyo a su informe justificado; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Apéndice de 1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgador Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de acordar el escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 283/2018, mediante el cual solicitó que se pusieran los autos a la vista de las partes para que formulen sus respectivos alegatos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de acordar el escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 283/2018, mediante el cual solicitó que se pusieran los autos a la vista de las partes para que formulen sus respectivos alegatos. No obstante ello, de la copia certificada que remitió la autoridad responsable al rendir informe con justificación, se advierte que el cinco de julio de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el que tuvo por recibida la promoción que le fue exhibida el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. De la constancia aludida, se observa que la responsable, en atención a la promoción en comento, concedió a las partes un término de tres días para que formularan sus respetivos alegatos; acuerdo que le fu3e notificado a la parte actora aquí quejosa el veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, es manifiesto que el acto omisivo que reclamó el impetrante del amparo, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este juicio, dejó de causarle perjuicio, restituyéndolo en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, la responsable emitió el acuerdo respectivo en el que acordó la promoción en comento realizando el pronunciamiento correspondiente tocante a lo ahí peticionado. En esas condiciones, es patente que tocante al acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por último, se omite estudiar los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación, debido a que aquellos no forman parte de la litis del juicio de amparo, además que no propuso alguna causal de sobreseimiento que obligara a este juzgador a realizar su estudio. Al respecto es aplicable por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Página 1534, que dice: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista el nueve del mes y año antes citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 62 y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Javier Casarrubias Ávila, a través de su apoderada legal María Verónica Barrera Gutiérrez, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que no se ha notificado a la parte quejosa el proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena la reanudación del presente juicio. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para esta fecha se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Por ello, se instruye al Actuario que corresponda conocer del presente asunto que deberá realizar la notificación antes señalada, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha, toda vez que le está transcurriendo de la vista que se dio a las partes en auto de dos de este mes y año, con las constancias que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos del artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Javier Capote Romero224/2020
- Javier Capote Romero1592/2022
- Javier Capote Romero198/2022
- Javier Capote Romero945/2014
- Javier Casarrubias Ávila246/2016
- Javier Casarrubias Ávila1216/2015
- Javier Casarrubias Ávila667/2015
- Javier Casarrubias Ávila221/2017
- Javier Casarrubias Ávila952/2017
- Javier Casarrubias Ávila511/2019
- Javier Castellanos Lemus85/2019
- Javier Chino Guillermo1245/2023