Javier Carrillo Martínez

Expediente 1873/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1873/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
23/12/2015

Partes del expediente

  • Javier Carrillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veintitrés de diciembre de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que del ocho al veintiuno de diciembre de dos mil quince, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de diciembre del presente año, en el juicio de amparo 1873/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil quince en la que se sobreseyó este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, y toda vez que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primer del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1873/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el siete de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, del cual por razón de turnó le tocó conocer a este Órgano Jurisdiccional, JAVIER CARRILLO MARTÍNEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: - Procuradora General de la República. - Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República. - Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata. IV. ACTOS RECLAMADOS De todas las autoridades responsables, integrantes del Ministerio Público de la Federación, reclamo la omisión de investigar los hechos denunciados constitutivos de tipos penales del orden federal. De la última de las autoridades responsables señaladas, reclamo la remisión a la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas del Estado de Zacatecas del original de mi escrito de denuncia presentado ante Delegación Estatal Zacatecas de la Procuraduría General de la República en fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, a fin de que investigue los hechos que dice posiblemente constitutivos de delitos del fuero común, contenida en el oficio número 084/2015 datado el siete de septiembre de dos mil quince". 2°. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías en sus términos; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal, se emplazó a la parte tercero interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor de la presente acta. C O N S I D E R A N D O: I.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: A).- La omisión de investigar los hechos denunciados constitutivos de tipos penales del orden federal. B).- La remisión del oficio 084/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, por el que se remitió el escrito de denuncia de cuatro de ese propio mes y año a la Procuradora General de Justicia del Estado. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. A) PRIMER ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN: -La omisión de investigar los hechos denunciados constitutivos de tipos penales del orden federal. II.2.1. Inexistencia: El Procurador General de la República y Delegado Estatal de la citada institución con sede en Cieneguillas, Zacatecas, al rendir su informe justificado (fojas 107 y 109 de autos), manifestaron que no es cierto los actos que se les reclama, sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. Por su parte, la Agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal Superviso del Área de Atención y Determinación Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de investigar los hechos denunciados constitutivos de tipos penales del orden federal. Ello en atención a que desde la recepción del escrito de denuncia que presentó el aquí quejoso, se le comunicó que no era competente para conocer de los hechos motivo de su denuncia, en virtud de no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un asunto entre particulares; razón por la cual el siete de septiembre de del presente año, se recibió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el citado escrito de denuncia, lo que fue notificado al impetrante del amparo el catorce del señalado mes y año (fojas 100 y 102). Documentos a los que se les asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. De lo que se colige que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías (siete de octubre de dos mil quince), no existía el acto reclamado; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Asimismo, como sustento de lo anterior la tesis que se lee: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable"." SEGUNDO ACTO RECLAMADO, consistente en: - La remisión del oficio 084/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, por el que se envió el escrito de denuncia de cuatro de ese propio mes y año a la Procuradora General de Justicia del Estado. II.2.2. Certeza: La Agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal Supervisora del Área de Atención y Determinación Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, al rendir su informe justificado negó el acto que, sin embargo, la cuestionada negativa se ve palmariamente desvirtuada, por sus propias manifestaciones. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte, Materia Civil Informe 1977, Primera Parte, Pleno, tesis 5, página 269, que literalmente reza: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías.". Previamente a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo, por ser de orden público, conforme el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del diverso numeral 107 a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) V.- Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". Numerales de cuya interpretación conjunta se colige (el último interpretado a contrario sensu) que el juicio de amparo será improcedente contra actos en el juicio que no sean de imposible reparación. Así el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido un criterio orientador, para decidir, cuándo el acto impugnado reviste tales matices, que lo tornan jurídicamente de ejecución irreparable, consistente en que, por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Lo anterior se deriva, de la tesis de jurisprudencia P. LVIII/2004, publicada en la página 10, del Tomo XX, del mes de Octubre de 2004, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio.". En el entendido, de que los citados criterios que se refieren a la hipótesis de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, ahora bien, como ya se vio con anterioridad, en el caso el acto reclamado lo constituye la remisión del oficio 084/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, del que se desprende que se envió el escrito de denuncia de cuatro de ese propio mes y año, firmado por el aquí quejoso a la Procuradora General de Justicia del Estado. Escrito que literalmente dice: DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA Procuradora General de Justicia del Estado Distinguida Procuradora: Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 , apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 20, 25, 127, 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales; 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1 párrafo segundo, 4 fracción I inciso A) subinciso q), 10 fracción VII, 11 fracción II, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; me permito remitir a Usted original con sus respectivos anexos en tres tantos de la denuncia presentada ante esta autoridad; lo anterior por tratarse de hechos posiblemente constitutivos del delito contemplado en los artículos 227 bis párrafo primero, en relación con el artículo 227 ter párrafo primero ambos artículos del Código Penal del Estado de Zacatecas, imputable a servidores públicos de la actual administración municipal de Morelos, Zacatecas, así como constancia de canalización folio 30/2015 levantada en esta Área a mi cargo; lo que remito a Usted a efecto de que si a bien lo tiene ordene a quien corresponda se investiguen los hechos denunciados y se determine conforme a derecho corresponda. Sin otro particular de momento le reitero mi más alta consideración. A T E N T A M E N T E . LA. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN INMEDIATA. LICENCIADA LUZ MARÍA GLORIA CUEVAS Sobre las premisas expuestas se considera, que el oficio reclamado no causa a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, ya que no toca valores fundamentales como la vida, la libertad e integridad personal, la propiedad, la posesión; como tampoco algún derecho en grado superior o predominante, en tanto no se lesiona el derecho de defensa del impetrante; ni de otorgársele el amparo, se dará por concluido el juicio; puesto que sus efectos son, de momento, que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal Supervisora del Área de Atención y Determinación Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, se abstenga de seguir conociendo de presuntos hechos que ocurren fuera de su competencia. En esas condiciones, si en el caso, en el acto reclamado la Fiscal responsable determinó remitir el escrito de denuncia de cuatro de septiembre del presente año, firmado por el aquí quejoso a la Procuradora General de Justicia del Estado para su estudio, y continuar con el conocimiento del resto de los hechos es competente, por ende, es incuestionable que el acto reclamado no es definitivo, ni de imposible reparación, para que se surta la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, la incompetencia declarada fundada y que ordena remitir el escrito de denuncia, firmado por el ahora quejoso a la autoridad que se considera competente de distinta jurisdicción, no es de imposible reparación. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 10/2013 (10a.) [Registro IUS: 2003073], emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1380, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia Común, Décima Época, que literalmente reza: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con base además en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, PROCEDE SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto al acto atribuido. Al no existir alguna otra causa de improcedencia que se advierta de oficio o que las partes hayan hecho valer, procede analizar el fondo del asunto respecto de la inactividad alegada en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados. Ahora bien, no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por quien en esa fecha se encontraba como titular de este Juzgado, toda vez que el suscrito Secretario fue autorizado con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para que desempeñe las funciones de juez de Distrito del dos de diciembre de dos mil quince hasta en tanto el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; por tanto, se considera que está facultado para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que el citado artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrita. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por JAVIER CARRILLO MARTÍNEZ, contra los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal Supervisora del Área de Atención y Determinación Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, por las razones expuestas en los considerandos II.1.1 y II.1.2 de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy tres de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- doy fe.

  3. Principal

    En seis de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un telegrama con registro 21978.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Procurador General de la República, (en su ausencia el Director de Amparo), con residencia en México, Distrito Federal, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Por otra parte, con el contenido del comunicado y con los ocursos de las diversas autoridades responsables, por los que rindieron su correspondiente informe justificado; dése vista a la parte quejosa para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En veintiocho de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 21399.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de octubre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; sin perjuicio de su relación que se haga al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Ahora bien, una vez que la totalidad de las autoridades responsables rindan su informe justificado, o bien, transcurra el plazo que para ello se les otorgó, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

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