Javier Carreón Zubiria

Expediente 148/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
148/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Javier Carreón Zubiria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con la constancia que remite la autoridad responsable y con la que obra en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de once de marzo del año en curso, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que a la fecha haya informado dicho cumplimiento. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente que sea notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Aviso cambio titular. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado contestación al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En tales condiciones, antes de proceder a la apertura del incidente de inejecución que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, y remita las constancias en copia certificada que lo acrediten fehacientemente. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil diecinueve, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio al Administrador Local de Recaudación de esta ciudad.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado por este juzgado en proveído veintiuno de febrero del año en curso, remitiendo las constancias solicitadas; con lo anterior dése vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, visto del estado procesal que guardan los autos, se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, que el catorce de noviembre del dos mil dieciocho, se dictó laudo en el juicio laboral de origen 1/763/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de referencia. Lo anterior, porque si en el expediente laboral se dictó laudo en fecha de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, inconcuso es que han cesado los efectos del acto reclamado en este asunto < la omisión de dictar laudo >, toda vez que con ello, se subsana las omisiones impugnadas por la parte quejosa en este asunto, es decir, se le resarció en el goce de sus derechos que consideraron vulnerados, situación jurídica que impide se decida en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad de los actos. Ello es así, ya que en el trámite del presente asunto, el quejoso manifestó que aun cuando la autoridad insistió en que dictó el laudo relativo, este no le ha sido notificado; sin embargo con las constancias allegadas por la responsable, acredita que el veinte de febrero de dos mil diecinueve, le fue notificado el mismo por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de, con sede en Gómez Palacio, Durango; de ahí que la omisión reclamada fue superada con la emisión y notificación a que se ha hecho alusión. Entonces, los efectos de carácter omisivos del acto reclamado han cesado, lo que significa que las autoridades a quien se les atribuyeron los mismos, dejaron de afectar la esfera jurídica del quejoso, de ahí la desaparición total de las consecuencias de la omisión en que incurrió la junta responsable, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus derechos que considero violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho humano violado; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquélla, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo; esto es, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En tal virtud, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a lo establecido en el ordinar 63, fracción V, de la ley en la materia, por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como, la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, señalada a las once horas con diez minutos del seis de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente al quejoso; mediante oficio a las autoridades responsables.

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