Javier Carmona Araujo

Expediente 898/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Carmona Araujo
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo, del cual se desprende que los promoventes Carlos Alberto Ortega Fernández y Eduardo Horacio Fernández Gómez, instaron la acción constitucional a favor de Javier Carmona Araujo, bajo al argumento de que este se encontraba privado de su libertad en el centro de adicciones "Grupo Polvorín", en contra de su voluntad, es necesario realizar las siguientes precisiones. En primer término, debe señalarse que la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, en su dispositivo 5.3 y subsecuentes, prevé los tipos de internamiento a los centros para el control y tratamiento de adicciones, a saber: "5.3 El ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC, debiéndose ajustar a los procedimientos siguientes: 5.3.1 El ingreso voluntario requiere de solicitud del usuario por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud; en caso de ser menor de edad se requiere de la solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor. 5.3.2 El ingreso en forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios que requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del establecimiento. Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión." De lo hasta aquí expuesto, se advierte que tratándose de los ingresos a un centro de rehabilitación de forma voluntaria, es necesario el consentimiento expreso por parte del usuario, pues de no ser así, se estaría tratando de un ingreso involuntario u obligatorio. Ahora bien, en el caso que originó el presente juicio de amparo, en específico del informe y constancias remitidas por el encargado del Centro Libre de Adicciones Grupo Polvorín de Cuernavaca, Morelos, se advierte que el ingreso de Javier Carmona Araujo, se llevó a cabo de forma voluntaria, esto es, el propio quejoso expresó su deseo de ser atendido respecto a sus padecimientos en dicha institución. Además, en su proceso de ingreso, fue acompañado por Reyna Carmona Domínguez, quien ante la institución aludida refirió ser hermana del quejoso, por lo que accedieron a firmar la carta responsiva respectiva. Finalmente, con motivo de la promoción del presente juicio de amparo, es que el veintiséis de junio de dos mil veintitrés se dejó en plena libertad a Javier Carmona Araujo en compañía de su familia. Bajo tales circunstancias, y de acuerdo al material probatorio allegado al presente juicio, este juzgador no advierte que en el caso, se hubiere llevado a cabo una privación ilegal de la libertad ni la incomunicación del quejoso Javier Carmona Araujo, de ahí que no guarde aplicación para este asunto, lo dispuesto en el numeral 15 de la Ley de Amparo, ni mucho menos el procedimiento para lograr su comparecencia ante este juzgado de distrito, pues se insiste, el propio quejoso otorgó su consentimiento para ser ingresado a la clínica de rehabilitación respectiva, lo cual realizó acompañado de su hermana, con quien firmaron la carta responsiva. Una vez señalado lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, visible en la Página 1631, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Tesis que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del numeral 112 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, como quedó precisado con antelación, Carlos Alberto Ortega Fernández y Eduardo Horacio Fernández Gómez, instaron la acción constitucional, pretendiendo representar o velar los derechos del presuntamente directo quejoso Javier Carmona Araujo, bajo el argumento de que éste se encontraba privado de la libertad e incomunicado sin su consentimiento, en el Centro Libre de Adicciones Grupo Polvorín de Cuernavaca, Morelos; sin embargo, como ha quedado expuesto, el internamiento de Javier Carmona Araujo, se llevó a cabo por voluntad propio del enfermo aquí quejoso. De lo anterior, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5 y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que los promoventes carecen de legitimación para impugnar el acto de autoridad motivo del presente sumario. Los preceptos legales en comento, establecen: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene como objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" El artículo 61 de la Ley de Amparo establece las causas de improcedencia expresas, es decir, los supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución Federal o de la misma ley; con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de acuerdo al artículo 6° de la ley de la materia, el juicio de amparo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha ley. De ahí que si los promoventes no acreditaron con documento alguno que pudieran representar los derechos de Javier Carmona Araujo, sino únicamente promovieron al amparo del numeral 15 de la Ley de Amparo, el cual, como ya se comentó, no es aplicable al caso, es evidente que los actos que pretenden combatir no les deparan perjuicio Por lo tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguense a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el encargado del Centro Libre de Adicciones Grupo Polvorín de Cuernavaca, Morelos, al respecto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 143 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta al informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado los domicilios que indican por ser el oficial en el que reside dicha autoridad para recibir los oficios que se libren del presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la razón suscrita por el Actuario adscrito de ese Juzgado en la que hizo constar que siendo las dos horas con veinticinco minutos de la presente anualidad, en cumplimiento al proveído dictado en veinticuatro de junio de la misma anualidad, se constituyó en el domicilio de la autoridad señalada como responsable, a efecto de localizar al quejoso Javier Carmona Araujo, encontrándose imposibilitado, por las razones que se exponen. En virtud de lo anterior, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, dese vista con la razón actuarial antes descrita a Carlos Alberto Ortega Fernández, quien promovió el presente juicio de amparo en nombre del quejoso Javier Carmona Araujo, y para el efecto de localizar al quejoso, requiérasele a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga y si tiene conocimiento de diverso domicilio donde pudiese encontrarse el quejoso, lo indique, o en caso de que, a la data ya tenga contacto con él, lo presente en las instalaciones de este juzgado de distrito debidamente identificado para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo interpuesta en su favor. Lo anterior, sin perjuicio de proveer conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo, una vez desahogado o no el presente requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado, a efecto de que se constituya de nueva cuenta en el domicilio de la autoridad responsable a efecto de que, en términos del artículo 28, fracción I de la Ley de amparo, le haga entrega del oficio 17549/2023 que contiene inserto el auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad y en caso de que, el encargado de la oficina de la autoridad se niegue a recibir el oficio, el actuario le hará del conocimiento de que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, si a pesar de eso subsiste la negativa, asentará la razón respectiva y se tendrá por hecha la misma. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a Carlos Alberto Ortega Fernández y el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio 17549/2023 a la autoridad responsable Grupo Polvorín. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la razón suscrita por el Actuario adscrito de ese Juzgado en la que hizo constar que siendo las dos horas con veinticinco minutos de la presente anualidad, en cumplimiento al proveído dictado en veinticuatro de junio de la misma anualidad, se constituyó en el domicilio de la autoridad señalada como responsable, a efecto de localizar al quejoso Javier Carmona Araujo, encontrándose imposibilitado, por las razones que se exponen. En virtud de lo anterior, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, dese vista con la razón actuarial antes descrita a Carlos Alberto Ortega Fernández, quien promovió el presente juicio de amparo en nombre del quejoso Javier Carmona Araujo, y para el efecto de localizar al quejoso, requiérasele a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga y si tiene conocimiento de diverso domicilio donde pudiese encontrarse el quejoso, lo indique, o en caso de que, a la data ya tenga contacto con él, lo presente en las instalaciones de este juzgado de distrito debidamente identificado para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo interpuesta en su favor. Lo anterior, sin perjuicio de proveer conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo, una vez desahogado o no el presente requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado, a efecto de que se constituya de nueva cuenta en el domicilio de la autoridad responsable a efecto de que, en términos del artículo 28, fracción I de la Ley de amparo, le haga entrega del oficio 17549/2023 que contiene inserto el auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad y en caso de que, el encargado de la oficina de la autoridad se niegue a recibir el oficio, el actuario le hará del conocimiento de que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, si a pesar de eso subsiste la negativa, asentará la razón respectiva y se tendrá por hecha la misma. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a Carlos Alberto Ortega Fernández y el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés einticuatro de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo firmada electrónicamente por Carlos Alberto Ortega Fernández, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, a favor de Javier Carmona Araujo, contra actos del "Grupo Polvorín". Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables Acto reclamado Grupo polvorín La privación de la libertad e incomunicación, con posibles actos de tortura. De la suspensión de plano Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano en su favor para que cesen de inmediato cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de la Materia, como podrían ser ataques a la libertad fuera de procedimiento o incomunicación y aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución general. Si el acto se tratare de la privación ilegal de la libertad personal; con apoyo en los artículos 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, la suspensión que se concede es para los efectos siguientes: a) Bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad. b) Si la detención del directo quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad (si el quejoso no tienen relación con el hecho señalado por la ley como delito), o a disposición del Ministerio Público, según proceda. c) Para el caso, de que el quejoso directo se encuentren a disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden de detención del mismo, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, según sea el hecho señalado por la ley como delito, contados a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o consignados ante el Juez Penal correspondiente, según proceda. De encontrarse a disposición del Ministerio Público, por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se empezará a contar a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y tratándose de detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado al juez correspondiente, según proceda. d) Si la detención del quejoso directo se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso directo quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que este señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, del cual no deberá ser trasladado, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, e) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presente al proceso penal para efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Por otra parte, se indica a las responsables que debe acatar esta orden bajo su más estricta responsabilidad, y deberá informar dentro del término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento de esta resolución. Se exhorta a la responsable para que remita el informe sobre el cumplimiento de esta determinación mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes para efectos de confirmar la recepción de promociones, el teléfono celular 7773890206. Se apercibe a las responsables, que de no cumplir con lo anterior u omitir rendir su informe se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 239, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se comisiona al actuario adscrito para que requiera a la parte quejosa a fin de que ratifique la demanda de amparo Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio donde reside la autoridad que señala como responsable, busque al quejoso y en el acto de la notificación del presente auto, lo requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo interpuesta en su favor; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión; en la inteligencia de que, en caso que el actuario adscrito no localice al quejoso se ordenará el trámite a que se refiere el numeral antes invocado. En caso de que el quejoso no se encuentre recluido en la sede de las autoridades responsables, el actuario judicial deberá requerirla para que le informe el lugar en que se encuentra el justiciable o en su caso al que hubieren sido trasladado, a efecto de que, sin mayor demora, acuda a dicho lugar y pueda dar cumplimiento a esta encomienda. Para el caso de que la demanda de amparo sea ratificada por el quejoso, se tramitará el juicio, y entonces se acordará lo relativo a la admisión de dicha demanda. Del domicilio procesal Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda para los efectos que indica, y por autorizados a las personas que precisa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. Por cuanto a las demás personas que refiere se les tiene por autorizados en términos de la última parte del referido precepto legal. Se habilitan días y horas inhábiles Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Expedición de copias Como lo solicita el promovente, expídase copia de las constancias que refiere en su escrito de cuenta, mismas que se encuentran firmadas electrónicamente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa

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