Javier Camps Pérez

Expediente 407/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
407/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Camps Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial y el estado procesal de los cuales se advierte que el día de hoy, se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se decretó acordar lo relativo en el presente. Al efecto, se acuerda. A. ARCHIVO De conformidad a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales,1 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del cuaderno incidental. B.VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE 1 "Artículo 12. Valoración de expedientes. Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. [.]" Toda vez que en el presente incidente de suspensión, por una parte se concedió la medida cautelar definitiva, se determina que este incidente es susceptible de conservación, ya que se ubica en inciso b), del artículo 17 fracción III del citado acuerdo;2 hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo dispone el numeral 17 del citado cuerpo normativo. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 17, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente cuaderno incidental; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la transferencia para la conservación del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. DESTINO DE GARANTÍAS Toda vez que en el presente no se exhibió garantía alguna se deja de acordar al respecto. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES 2 Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: . III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: . b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva; . ADRIANA PEREZ ZARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.85.e7 15/05/26 18:00:00 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 407/2023-VII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 3 - Amparo indirecto 407/2023 No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Adriana Pérez Zárate, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que el término establecido para interponer el recurso de inconformidad previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído del trece de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en este juicio de amparo, HA FENECIDO. Al efecto se acuerda: En ese orden, toda vez que el término para interponer recurso de inconformidad ha transcurrido, se tiene por consentido el auto de referencia. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADRIANA PEREZ ZARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.85.e7 15/05/26 18:00:00 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 4 - B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es CONSERVABLE, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a), pues se trata de un asunto en el que no se amparó, ni protegió y por otro lado se concedió el amparo y protección de la justicia federal. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente se formó el incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en el cuaderno incidental correspondiente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse a los Depósitos Documentales Dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. ADRIANA PEREZ ZARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.85.e7 15/05/26 18:00:00 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 407/2023-VII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 5 - Amparo indirecto 407/2023 ??????????????? E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. En atención que el Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada en dos Discos Versátiles Digitales (DVDS), de los cuales resulta innecesaria su retención, por lo que, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; sin que sea el caso acusar recibo, pues se trata de una reproducción de su original. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Adriana Pérez Zárate, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que mediante oficios 7654/2023, 7811/2023 y 8203/2023, el (1) Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente sumario; para lo cual remitió las constancias que estimó pertinente para tal efecto. Al efecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante acuerdo de trece de septiembre de esta anualidad, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, para que dentro el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del proveído en mención, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por aquella. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa y a los terceros interesados Carlos Omar Guzmán Álvarez y José Juan Guzmán Rico, el dieciocho siguiente; al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad, en su carácter de tercera interesada, el diecinueve posterior; y, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el veintiuno del actual; siendo que sólo la parte quejosa desahogó la vista concedida para tal efecto; en consecuencia, este juzgado procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Por las consideraciones expuestas, en términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es a efecto que la autoridad responsable, Juez de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas: Deberá dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023. De inmediato deberá citar a las partes para llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares, específicamente en la fase de solicitud de medidas cautelares. Con sujeción a las consideraciones de esta sentencia, realizando un control ex officio declare improcedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del imputado Javier Camps Pérez. En caso de que el fiscal solicite la imposición de diversa medida cautelar, otorgue a las partes el derecho de contradicción y resuelva con libertad de jurisdicción lo que estime conducente. Lo anterior, tomando en cuenta, que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Cumpla con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y b) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el (1) Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, realizó lo siguiente: : 1) Mediante oficio 7654/2023, informó que procedió dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dicta el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023, de su índice. Asimismo, ordenó citar a las partes integrantes del procedimiento de origen, a efecto de llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares, específicamente, la fase de solicitud de las mismas, por lo que señaló las trece horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, con ese propósito. 2) Mediante comunicaciones 7811/2023 y 8203/2023, el (1) Juez de Control responsable, remitió copias certificada del disco versátil digital que contiene la videograbación de la audiencia de imposición de medidas cautelares, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023, de su índice; y, de la versión escrita de la misma, de las que se aprecia lo siguiente: En la data señalada en autos de la causa penal de origen, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa, aperturó la audiencia de imposición de medidas cautelares en contra de Javier Camps Pérez, específicamente, la fase de solicitud de las mismas; por lo que, a efecto de integrar su desahogo, previa individualización de los comparecientes, procedió a su verificativo en los términos siguientes: Acto seguido, procedió dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dicta el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023, de su índice; y con sujeción a las consideraciones de la sentencia de amparo, decretó la improcedencia de la misma. Posteriormente, decretó abierta la fase de debate respecto a la etapa de imposición de medidas cautelares; por lo que otorgó la intervención correspondiente a las partes: En ese sentido, la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, en uso de la voz, con base en lo dispuesto en los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en contra de Javier Camps Pérez, a efecto de conducir y garantizar en forma efectiva su comparecencia al procedimiento penal 55/2023, de referencia; lo anterior, derivado de las circunstancias y medios de prueba particularizados a efecto de sostener la procedencia de la misma. Luego, concedió la participación correspondiente a la Asesora Jurídica de la Víctima, en ese sumario, quien se limitó a manifestar, en forma coincidente con la parte acusadora, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en contra del vinculado. Posteriormente, otorgó al vinculado y su defensa, la oportunidad de verter manifestaciones en torno a la solicitud de prisión preventiva justificada, formulada por la Fiscalía, en donde medularmente expuso su desacuerdo en torno a la petición de trato; de igual forma, solicitó el establecimiento de una medida diversa a la planteada por la representación social en ese expediente (control de firma periódica ante la autoridad correspondiente). Finalmente, en atención a lo vertido en la audiencia de trato el (1) Juez de Control responsable, citó como fundamentos de su actuación los preceptos 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos; hecho lo cual, procedió establecer el parámetro sobre el cual habría de desarrollarse la actividad jurisdiccional de su parte, es decir, con la finalidad de resolver lo relativo a la medida cautelar solicitada. En ese sentido, consideró que la decisión sobre el tópico en mención, debe circundar, en primer término, sobre la verificación los presupuestos materiales, a saber: i) la existencia de hecho ilícito y ii) la vinculación de una persona determinada con la conducta ilícita; y, en segundo lugar, el despliegue del test de proporcionalidad, con base en los elementos que lo conforman, esto es, la legitimidad de la medida, su idoneidad, su necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Establecido lo anterior, a efecto de arribar a su conclusión, destacó que de conformidad con lo previsto en los artículos 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva, podrá ser solicitada por el Ministerio Público, en el caso de que las diversas medidas en la Ley de la materia, no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, o la protección de la víctima, los testigos o la comunidad, o en su caso, ante el peligro de sustracción de del imputado. Sobre este último aspecto, precisó que debe tomarse en cuenta los siguientes factores: el arraigo que tenga con el lugar donde debe ser juzgado (domicilio, residencia habitual, asiento familiar), facilidades para abandonar el lugar u ocultamiento, la presunción de riego de fuga, el máximo de la pena que pueda llegar a imponerse por el delito de que se trate, la actitud y comportamiento del imputado, y la observancia o desacato de medidas cautelares que le hayan sido impuestas con anterioridad. Posteriormente, procedió a la desestimación de los argumentos planteados por la defensa con relación a la falta de configuración de la totalidad de las hipótesis previstas en la norma, para la procedencia de la medida cautelar objeto de debate; ello, con base en el criterio de suficiencia, es decir, que basta la actualización de alguno de los supuestos legales, para que el Juzgador se encuentre en aptitud de su dictado. En el mismo sentido, rechazó el argumento planteado por la Fiscalía, referente al acaecimiento de riesgo para la víctima, pues, atendiendo a la estructura del procedimiento penal acusatorio, a esa etapa procesal, el Juez de Control desconoce los hechos contenidos en la carpeta de investigación relativa a la causa penal 55/2023. Luego, sobre el particular en análisis, estimó que no se encuentra acreditado en autos de ese sumario, el domicilio del vinculado; asimismo, refirió que no resulta obstáculo a dicha determinación las manifestaciones vertidas por la defensa en torno al señalamiento del mismo, para tenerlo por acreditado. Acto seguido, abordó el tema de la legitimidad de la medida cautelar, en donde destacó que la prisión preventiva solicitada, se justifica a partir de las consideraciones previamente expuestas, acorde a lo prevenido por el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que a su criterio, es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Posteriormente, emitió pronunciamiento en torno a su idoneidad, refiriendo que la misma sí es apta de lograr el fin que se persigue; ello, bajo el argumento que si hasta esa etapa, no se tiene por acreditado el domicilio del imputado, por tanto, la conducción al proceso del vinculado y el desarrollo de la investigación se encuentra asegurados a través de su imposición. Lo anterior, en contrastación con el resto de las medidas cautelares prevenidas en la legislación nacional adjetiva, ya que a su criterio, sí existe riesgo de sustracción de la justicia; por ende, aquellas no resultan suficientes para la consecución de la finalidad apuntada. Después, en torno a la necesidad, sostuvo que ante la calificación de gravedad de la conducta perseguida, en concomitancia con de la penalidad prevenida para el ilícito reprochado, existe riesgo de sustracción de la justicia. En última instancia, al abordar el tema de la proporcionalidad, destacó que la misma se impone con base en los preceptos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que al tratarse de una prisión preventiva justificada, la misma es susceptible de revisión, en cualquier momento, con objeto de su modificación, siendo requisito indispensable la variación de las circunstancias fácticas que motivaron su imposición. Finalmente, con libertad de jurisdicción, con apoyo en los artículos 155, fracción XIV, 167, 168, y 169 de la referida legislación penal, decretó la imposición de la prisión preventiva justificada en contra de Javier Camps Pérez, al estimar que en el caso en concreto se actualizaron los requisitos previstos en la norma para su procedencia; asimismo, por considerar que la misma resultó legítima, idónea, necesaria y proporcional, acorde al parámetro establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa medida, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad responsable atendió el lineamiento de la ejecutoria de amparo decretada en autos, pues como se precisó en el cuadro que antecede. Es así, porque en acatamiento a los efectos de la sentencia constitucional, en primer lugar, el (1) Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, procedió dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023, en contra de Javier Camps Pérez. Asimismo, en forma concomitante, ordenó la celebración de la audiencia de imposición de medidas cautelares dentro de ese procedimiento, específicamente para efecto de resolver lo atinente a la solicitud de las mismas; de igual forma, ordenó la citación a las partes en la causa penal de origen, a efecto de que se encontraran en aptitud de comparecer a la misma. Posteriormente, en la hora y fecha señalada en autos del procedimiento de origen, declaró la apertura de la audiencia relativa a la imposición de medidas cautelares en contra de Javier Camps Pérez, en su carácter de imputado, específicamente, la fase de solicitud de las mismas; acto seguido, procedió dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dicta el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023, de su índice; y con sujeción a las consideraciones de la sentencia de amparo, decretó la improcedencia de la misma. Luego, decretó abierta la fase de debate respecto a la etapa de imposición de medidas cautelares; por lo que otorgó la intervención correspondiente a las partes. En primer lugar, a la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, quien solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada en contra del vinculado a la causa penal 55/2023; en segundo orden, a la Asesora Jurídica de la Víctima, misma que vertió manifestaciones en el mismo sentido; y por último, al imputado y su defensa, que vertieron argumentos tendentes a desestimar la petición de la acusadora, además de plantear solicitud del establecimiento de una medida diversa a la propuesta de la Fiscalía. En esa tesitura, habiendo escuchado a las partes de la contienda, emitió las consideraciones que estimó aplicable en el caso en concreto sobre el tópico en cuestión, para lo cual, en principio, reiteró el contenido de la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio en que se actúa, particularmente, al estándar sobre el cual se debe verificar la imposición de medidas cautelares. En ese sentido, citó como fundamentos de su proceder los artículos 156, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Establecido lo anterior, a efecto de arribar a su conclusión, llevó a cabo el análisis de la procedencia de la prisión preventiva, acorde a la normatividad de la materia, en donde precisó, como notas distintivas, la calidad del solicitante (Ministerio Público) y el carácter de la misma (extraordinario) y, sobre este último aspecto, argumentó que debe tomarse en cuenta diversos factores tendentes a objetivar la decisión. Posteriormente, procedió a la desestimación de los argumentos planteados por la defensa con relación a la falta de configuración de la totalidad de las hipótesis previstas en la norma, para la procedencia de la medida cautelar objeto de debate; ello, con base en el criterio de suficiencia, mismo que a criterio del (1) Juez responsable, consiste en que basta la actualización de alguno de los supuestos legales, para que el Juzgador se encuentre en aptitud de su dictado. En el mismo sentido, rechazó el argumento planteado por la Fiscalía, referente al acaecimiento de riesgo para la víctima, pues a consideración del (1) Juez de Control responsable, atendiendo a la estructura del procedimiento penal acusatorio, a esa etapa procesal, el Juez de Control desconoce los hechos contenidos en la carpeta de investigación relativa a la causa penal 55/2023. Acto seguido, abordó el tema de la legitimidad de la medida cautelar, en donde destacó que la prisión preventiva solicitada, se justifica a partir de las consideraciones previamente expuestas, acorde a lo prevenido por el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que a su criterio, es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Posteriormente, emitió pronunciamiento en torno a su idoneidad, refiriendo que la misma sí es apta de lograr el fin que se persigue; ello, bajo el argumento que si hasta esa etapa, no se tiene por acreditado el domicilio del imputado, por tanto, la conducción al proceso del vinculado y el desarrollo de la investigación se encuentra asegurados a través de su imposición. Lo anterior, en contrastación con el resto de las medidas cautelares prevenidas en la legislación nacional adjetiva, ya que a su criterio, sí existe riesgo de sustracción de la justicia; por ende, aquellas no resultan suficientes para la consecución de la finalidad apuntada. Después, en torno a la necesidad, sostuvo que ante la calificación de gravedad de la conducta perseguida, en concomitancia con de la penalidad prevenida para el ilícito reprochado, se configura riesgo de sustracción de la justicia. En última instancia, al abordar el tema de la proporcionalidad, destacó que la misma se impone con base en los preceptos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que al tratarse de una prisión preventiva justificada, la misma es susceptible de revisión, en cualquier momento, con objeto de su modificación, siendo requisito indispensable la variación de las circunstancias fácticas que motivaron su imposición. Por último, con libertad de jurisdicción, con apoyo en los artículos 155, fracción XIV, 167, 168, y 169 de la referida legislación penal, decretó la imposición de la prisión preventiva justificada en contra de Javier Camps Pérez, al estimar que en el caso en concreto se actualizaron los requisitos previstos en la norma para su procedencia; asimismo, por considerar que la misma resultó legítima, idónea, necesaria y proporcional, acorde al parámetro establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones de disconformidad vertidas por la parte quejosa sobre la determinación del (1) Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, analizada en párrafos que anteceden. Así, el accionante de los derechos fundamentales, esencialmente sostiene que la autoridad identificada con el numeral (1) de referencia, no acató los efectos de la ejecutoria de amparo, particularmente, en lo relativo al apartado de verificación del test de proporcionalidad, sobre la medida cautelar de prisión preventiva, y la expresión de una motivación suficiente que permita evaluar su ajuste a la ejecutoria de amparo. Ello, pues aduce, que su imposición partió de las siguientes premisas. La primera, la ausencia de acreditación de domicilio cierto y verdadero del imputado; sobre lo cual, sostiene que la responsable soslayó que en la audiencia celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 55/2023, la defensa proporcionó, bajo protesta de decir verdad, la existencia del domicilio de Javier Camps Pérez. La segunda, el riesgo de sustracción de la justicia, atendiendo a los factores de ausencia de domicilio del vinculado y la gravedad del delito que se persigue; del cual, únicamente sostuvo, que se encuentra íntimamente ligado al primer aspecto. Sobre esa base, indicó que ante la diversidad de locaciones en torno a dicho aspecto, es decir, la asentada en el informe PDI/DCRV/0192/2023, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, elaborada por el agente Vicente Cundapi Nafate, y el señalado por el propio vinculado en la citada audiencia, el (1) Juez responsable, debió ordenar la contrastación de la información con objeto de su constatación; y en vía de consecuencia, no imponer la prisión preventiva justificada, sino una diversa, a saber, la medida de firmas periódicas. Resultan desacertadas las manifestaciones vertidas por el impetrante de los fundamentales; pues, contrario a lo sostenido, el (1) Juez de Control responsable, con libertad de jurisdicción, al efectuar el análisis de la procedencia de la medida cautelar en comento, en forma destacada, consideró que atendiendo al carácter de la misma (extraordinario), en el caso particular, su finalidad radica en garantizar la comparecencia del imputado y el peligro de sustracción. Asimismo, sobre tal aspecto, precisó debe tomarse en cuenta diversos factores tendentes a objetivar la decisión; en el caso particular, los consistentes en (i) el arraigo que tenga con el lugar donde debe ser juzgado (domicilio, residencia habitual, asiento familiar), (ii) las facilidades para abandonar el lugar u ocultamiento, la presunción de riego de fuga, (iii) el máximo de la pena que pueda llegar a imponerse por el delito de que se trate, (iv) la actitud y comportamiento del imputado, y (v) la observancia o desacato de medidas cautelares que le hayan sido impuestas con anterioridad. Luego, acorde a los datos de prueba sobre los que se sustentó la vinculación a proceso de Javier Camps Pérez, estimó que en el asunto sometido a su conocimiento, no se encontraba acreditado domicilio cierto del imputado; situación lo que tornaba inconducente su conducción al proceso penal mediante vías alternas a la prisión preventiva justificada; ello, en la medida que, dicho factor (ausencia de domicilio), concatenado con la estadía del procedimiento y la gravedad de la conducta imputada, se configuraba el riesgo de sustracción de la persona vinculada a la causa penal 55/2023. Aunado a lo anterior, el (1) Juez responsable, en atención a las manifestaciones vertidas por la defensa de Javier Camps Pérez, relativas al señalamiento de domicilio del imputado -en la audiencia- y la solicitud de imposición de una medida diversa a la planteada por la representación social en ese expediente, procedió a su desestimación; ello, bajo los argumentos que, la manifestación sobre la existencia de un domicilio del imputado, no resulta un elemento suficiente para tener por acreditado tal aspecto; y tocante al segundo punto, en vinculación con lo anterior, ante el riesgo de sustracción del proceso, la prisión preventiva justificada deviene de necesaria para garantizar la conducción del vinculado ante la causa. En ese estado de cosas, se estima que el (1) Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, si atendió el lineamiento de la ejecutoria de amparo, pues efectivamente, al efectuar el análisis de la solicitud de imposición de prisión preventiva en contra de Javier Camps Pérez (aquí quejoso), dentro de la causa penal 55/2023, este se ajustó al parámetro de proporcionalidad que exige su determinación (legitimación, idoneidad, necesidad y proporcionalidad); es decir, al marco de objetividad que rige su actuación. No se soslayan las manifestaciones que realizadas por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa mediante escrito presentado vía interconexión el veintidós de septiembre del año en curso, donde apoyó sus alegatos en los criterios que a continuación se citan: i) XVII.1o.P.A. J/34 P (10a.), que dispone: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL." ii) (II Región) 1o.13 P (11a.), que establece: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. TEST DE PROPORCIONALIDAD QUE DEBE SUPERARSE PARA LA IMPOSICIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR." iii) II.1o.P.12 P (10a.), cuyo rubro es: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. IMPONER ESTA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, BAJO EL ÚNICO ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO IMPUTADO AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, SIN PONDERAR LOS ASPECTOS DEL ARTÍCULO 168 CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLA EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL." iv) II.1o.33 P (10a.), que se inserta al efecto: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Establecido lo anterior, esta Juzgadora considera que la determinación emitida por la responsable fue en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, porque si bien los precedentes supra citados, se encuentran relacionados con el tópico en cuestión (medida cautelar de prisión preventiva en su modalidad justificada) dado que tienen como finalidad establecer un parámetro de objetividad respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales encargados de su imposición. No menos cierto es, que la actuación del (1) Juez de Control en los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, desplegada en acatamiento a la ejecutoria de amparo, se encuentra ajustada a los lineamientos previstos en dichos precedentes; ello, en la medida que efectivamente, al resolver sobre la solicitud de su imposición en la audiencia de veintiocho de agosto del año que transcurre, dentro de la causa penal 55/2023, verificó la configuración de los elementos de objetividad exigidos para ese propósito (legitimación, idoneidad, necesidad y proporcionalidad); asimismo, particularizó los elementos sobre los cuales sustentó su decisión, y analizó los argumentos de las partes de la contienda, por lo que se considera que la citada responsable dejó satisfecho los lineamientos de la ejecutoria de amparo al exponer los fundamentos legales, de ahí que resulten infundados sus manifestaciones. Por lo tanto, en caso de no estar conforme con la determinación optada tiene la vía correspondiente para hacer valer las violaciones que atañe en un nuevo juicio. Finalmente hágase del conocimiento de las partes, que están expeditos sus derechos para, que en el caso de así estimarlo pertinente, impugnen esta determinación, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA Y A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el ocurso signado criptográficamente por ***, en su carácter de autorizado en términos amplios de ***, parte quejosa, mediante el cual, en desahogo a la vista concedida en proveído de trece del actual, realiza manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta, y en atención a su contenido, infórmese al ocursante que sus manifestaciones serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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