Javier Calvillo Mejía

Expediente 202/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
202/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Javier Calvillo Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; con el cual téngasele acusando recibo del diverso comunicado 5488/2018, e informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo promovido por Javier Calvillo Mejía, por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Calvillo Mejía, contra actos del Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número II-202/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Declaratoria de incompetencia. En el caso que nos ocupa, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los razonamientos que se expondrán a continuación. En principio es conveniente recordar las reglas de competencia establecidas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En esa línea de pensamiento, a fin de justificar la causa de incompetencia que ha sido invocada por este juzgador, conviene precisar que el acto reclamado señalado en la demanda por la parte quejosa es el siguiente: La sentencia de segunda instancia dictada el trece de febrero de dos mil dieciocho por el Magistrado responsable dentro del toca I-11/2018, en la que se confirmó la interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Los Reyes, Michoacán, que declaró improcedente el incidente de revisión de medida cautelar promovido por el aquí quejoso. Así, se estima que el acto que se reclama en esta vía tiene ejecución material toda vez que, al ser declarado improcedente el incidente de revisión de medida cautelar promovido por la parte quejosa, tiene como consecuencia que el solicitante de amparo continúe privado de su libertad mientras se tramita la causa penal que se le instruye. Ahora, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, que el doce de septiembre de dos mil quince se dictó auto de formal prisión en su contra dentro de la causa penal 67/2015, que se le instruye, misma que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Los Reyes, Michoacán; de igual forma, refiere que fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán. Agrega que se continuó la secuela procesal hasta el cierre de instrucción en el año de dos mil dieciséis, no obstante, el dos de septiembre de ese año, la juez de la causa decretó la nulidad de actuaciones y ordenó la reposición del procedimiento, lo que prolongó la secuela procesal. Posteriormente, refiere que el veinte de mayo de dos mil diecisiete fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Morelia, Michoacán en donde actualmente se encuentra privado de su libertad. Con motivo de tal dilación en el procedimiento de origen, promovió incidente de revisión de la medida cautelar - prisión preventiva- por exceso en su duración, mismo que fue declarado improcedente y confirmado por el tribunal de alzada. De la anterior relatoría, se tiene que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Morelia, Michoacán, por lo que al declarase improcedente el incidente de revisión de la medida cautelar, tiene como consecuencia que éste continúe privado de su libertad en dicho centro, mientras se continúa con la secuela procesal de la causa penal instruida en su contra por un juez con residencia en Los Reyes, Michoacán. Ahora, si bien, se tiene que el quejoso está recluido en esta ciudad y que los efectos del acto reclamado son que continúe privado de su libertad en dicho centro mientras se tramite el proceso instruido en su contra, lo cierto es que no debe entenderse tal circunstancia como que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad en virtud de que aquí se encuentra recluido, pues debe recordarse que la medida cautelar impuesta al quejoso es uno de los efectos del auto de formal prisión, por lo que no puede analizarse de forma aislada, pues con independencia de que el quejoso esté recluido en esta ciudad, éste se encuentra sometido a la potestad del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de Los Reyes, Michoacán. De ahí que se estime que, en todo caso, es en Los Reyes, Michoacán, donde tiene ejecución el acto reclamado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, estimó que la competencia en amparo, tratándose de demandas en donde se reclame el auto de formal prisión surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa, aunque ésta no coincida con la jurisdicción en la cual se encuentra recluido el indiciado. Para llegar a dicha conclusión, se tomó en consideración que un auto de formal prisión tiene como efectos jurídicos, entre otros, que el procesado sea sometido a la potestad del juez que conoce de la causa y dejársele cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión, a menos de que se le conceda el beneficio de la libertad provisional bajo caución, arribando a la conclusión que para fijar la competencia debe atenderse al primero de los efectos mencionados [que el proceso sea sometido a la potestad del juez de la causa]. Pues tener como criterio para fijar la competencia en estos casos el lugar de reclusión del procesado, permitiría cierta discordancia entre las resoluciones que dictaran los jueces de distrito cuando se tratare de procesos que estén acumulados o en el supuesto en que hubiese dos o más procesados y éstos se encontraran recluidos en lugares distintos entre sí, pues tal circunstancia desfavorece la intención de preservar la unidad, la concentración y la seguridad jurídica de las causas penales. La tesis que emergió de la referida contradicción tiene rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Por tanto, si bien, en el presente asunto no se reclama propiamente el auto de formal prisión, lo cierto es que, como ya se dijo, la revisión de la medida cautelar está vinculada con el propio proceso, el cual, tiene su inicio con el auto de formal prisión cuyos efectos se trasladan directamente a éste [al proceso], siendo ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. A mayor abundamiento, conviene destacar que la materia central del problema jurídico planteado estriba en que se confirmó una determinación en donde se resuelve en forma adversa a las pretensiones del quejoso el cambio de la medida cautelar en el proceso, siendo el caso que, conforme lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 255/2015, toda medida cautelar tiene como principal característica la "instrumentalidad", esto es, nacen y viven al servicio de un proceso principal. Es decir, los efectos de la determinación que constituyó el acto reclamado se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Ante tales consideraciones, se estima que quien debe conocer de la presente demanda de amparo es un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues son los que ejercen jurisdicción en el distrito judicial de Los Reyes Michoacán. En ese orden, conforme al contexto del planteamiento formulado por el quejoso, el acto que reclaman tiene ejecución material en Los Reyes, Michoacán, lugar en donde reside la juez que tramita el proceso que se le instruye al quejoso, el cual no se ubica dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal, sino uno con residencia en Uruapan, Michoacán. Ello es así, ya que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, establece: "XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro". (Lo resaltado es de este juzgado). "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud a lo expuesto en párrafos precedentes, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que el acto impugnado tiene ejecución en el distrito judicial de Los Reyes, Michoacán, y como ese municipio está comprendido dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad señalada en último término. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Consecuentemente, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, así como autorizando en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente a Armando Lica Yáñez, Nidia Ávalos Quintero e Higinio Galván Ortega, dado que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que menciona en su demanda. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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