Javier Caleb Tiscareño Palacios y Otros.

Expediente 619/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
619/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Javier Caleb Tiscareño Palacios y Otros.
  • Javier Caleb Tiscareño Palacios
  • Juez de Control del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXX. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de once de agosto del año en curso, en la que se concedió el amparo solicitado por XXXXXX y XXXXXX , sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo Ahora, visto el estado de autos se determinara sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el expediente de amparo indirecto 619/2017-III, promovido por XXXXX yXXXXX , en la que se otorgó el amparo únicamente al primero de los mencionados. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El cinco de julio de dos mil dieciséis, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Javier Caleb Tiscareño Palacios y otro. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Bravos y otras autoridades, de quienes reclamó las órdenes de aprehensión, detención, presentación o citación, y su ejecución SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de seis de julio de dos mil diecisiete, se admitió a juicio el amparo 619/2017-II; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional el once de agosto del año en curso, en la cual se determinó conceder el amparo, solicitado por Javier Caleb Tiscareño Palacios, para que el Juez responsable: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 1375/2017. 2. En su lugar, emita una nueva, en la que analice nuevamente la solicitud de orden de aprehensión formulada en contra de (1) XXXXXXXX . 3. Enseguida, con libertad de jurisdicción, determine si el Agente del Ministerio Público expuso o no, las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 del Código Nacional del Procedimientos Penales, entre otros, si aquél formuló las razones por las que consideraba que existían hechos que actualizaban el delito por el que se solicitó la orden de aprehensión, previsto en el numeral 129, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua y haga el pronunciamiento que conforme a sus facultades legales considere apegado a derecho. 4. Finalmente, de llegar a analizar la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión, prescinda de considerar que por la pena de prisión que merece el ilícito atribuido al ahora quejoso, éste podría evadirse de la acción de la justicia y, en su lugar, haga el pronunciamiento que considere procedente. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En esta fecha, se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, deberá requerirse el cumplimiento respectivo; no obstante, el veintidós de los actuales se reservó acordar sobre el cumplimiento dado a la sentencia por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el que, entre otras cosas, informó que el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, vinculó a proceso al ahora quejoso XXXXXXXXX , por el delito de Lesiones Dolosas en la causa penal 1375/2017 y se otorgó como plazo para cierre de investigación complementaria el de cuatro meses. CUARTO. Determinación que adopta este Juzgado. En atención a lo anterior, se considera que existe imposibilidad material y jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 192, 193, 196, 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo. Ello, porque los efectos de la sentencia de amparo en el presente juicio fueron para que la responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 1375/2017 y en su lugar, emitiera una nueva, en la que analizara nuevamente la solicitud de orden de aprehensión formulada en contra de Javier Caleb Tiscareño Palacios, también con libertad de jurisdicción, determinara si el Agente del Ministerio Público expuso o no, las razones por las que consideraba que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 del Código Nacional del Procedimientos Penales, entre otros, si aquél formuló las razones por las que consideraba que existían hechos que actualizaban el delito por el que se solicitó la orden de aprehensión, previsto en el numeral 129, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua e hiciera el pronunciamiento que conforme a sus facultades legales considerara apegado a derecho y de llegar a analizar la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión, prescinda de considerar que por la pena de prisión que merece el ilícito atribuido al ahora quejoso, éste podría evadirse de la acción de la justicia y, en su lugar, haga el pronunciamiento que considerara procedente. Sin embargo, el dictado del auto de vinculación a proceso del quejoso Javier Caleb Tiscareño Palacios, por el delito de lesiones dolosas, pronunciado en la causa penal 1375/2017, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto. Así se considera, porque es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al quejoso la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que dicte una nueva orden de aprehensión con los requisitos ya señalados, si a la fecha el quejoso ya se encuentra vinculado al proceso penal, con motivo de haber comparecido voluntariamente ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo vigente. En su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado EmilXXXXXXXXX , ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXXXX . Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento al auto de siete de agosto del presente año, e informa que el quejoso compareció ante ese Juez de Control el once de los actuales, en cumplimiento al requisito de efectividad impuesto para que surtiera efectos la suspensión decretada en el presente incidente de suspensión, de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. rmi

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil diecisiete. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ******* promovido por (1) ******* y (2) *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de julio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, (1) ******* y (2) ******* demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control del Distrito Bravos y otras autoridades, de quienes reclamó las órdenes de aprehensión, detención, presentación o citación, y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos transgredidos los reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los previstos en los numerales 2.1, 2.3, 7 y 9 del "pacto Internacional". TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente *******, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, cuya ejecución puede tener lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama: La orden de aprehensión dictada en su contra, por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal *******, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de lesiones y su respectiva ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Todas las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que les reclamó el quejoso (2) *******, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa; por ende, deben reputarse inexistentes, lo que impone sobreseer en el juicio de amparo respecto a esas autoridades, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, conforme al cual procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación con las órdenes de detención, presentación y citación reclamadas por el diverso quejoso (1) Javier Caleb Tiscareño Palacios, se tienen por inexistentes pues, al rendir su informe previo las diversas autoridades responsables negaron dichos actos, lo cual se corrobora con los informes del Fiscal de Distrito en la Zona Norte y la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos quienes indicaron que el acto que realmente existe es una orden de aprehensión librada en contra del citado quejoso. Por lo tanto, resultan inexistentes tales actos, respecto del mencionado impetrante. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal de Distrito en la Zona Norte y la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ambos residentes en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron consistentes únicamente en la orden de aprehensión y su ejecución, respecto a (1) Javier Caleb Tiscareño Palacios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, Agentes de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua y Coordinador Regional de la División Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, negaron el acto de ejecución que les fue atribuido; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la aceptación que hace la autoridad ordenadora, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, toda vez que se trata de autoridades que eventualmente pueden realizar la ejecución del acto emitido por la autoridad ordenadora, conforme a sus facultades legales. Además, la aceptación de los actos reclamados se encuentra corroborada con la transcripción certificada de la orden de aprehensión dictada por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal *******, que se instruye en contra del quejoso con motivo de los hechos constitutivos del delito de lesiones. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas respecto de sus originales por un funcionario dotado de fe pública; por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional. Sobre estas bases, deben reputarse como ciertos los actos consistentes en la orden de aprehensión y su posible ejecución, librada en contra de (1) *******. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se continúa con el estudio del actos reclamados, conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son fundados al ser suplidos en su deficiencia, dado que al aquí quejoso (1) *******, le resulta el carácter de inculpado dentro de la causa penal ******* del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos; por lo que , con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, es procedente realizar el análisis del acto reclamado en suplencia de la queja deficiente. En atención al principio de mayor beneficio que rige en el juicio de amparo se analizarán en primer lugar los requisitos constitucionales para la emisión del acto reclamado (orden de aprehensión). Sobre este aspecto, es necesario destacar que la orden de aprehensión es un acto de molestia y cuya principal consecuencia jurídica es la afectación de la libertad; tal facultad del Estado se encuentra acotada por el artículo 16 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe de llenar todo mandamiento de autoridad restrictivo de dicho derecho fundamental. En esa tesitura, el estudio de la legalidad de la orden reclamada, se hará a la luz del citado artículo, que textualmente dispone, en lo conducente, lo siguiente: 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Conforme al precepto constitucional transcrito, para que una autoridad pueda librar un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos esenciales: a) Que la orden de aprehensión sea librada por autoridad de carácter judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Que ese ilícito esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad; y d) Que existan datos que acrediten que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún otro derecho constitucional; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse, solo como ejemplo, los casos siguientes: 1. Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. 2. Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3. Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. 4. Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Así, pueden presentarse muchas más hipótesis respecto de la posible violación de derechos constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; por tanto, para el libramiento de una orden de aprehensión no sólo deben cumplirse los requisitos establecidos en el mencionado artículo 16 constitucional. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, localizable en la página 166, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que literalmente dice: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Sentado lo anterior, es necesario hacer el análisis de los requisitos constitucionales ya citados para el libramiento de una orden de captura, en confrontación con el acto que por esta vía se combate. El primero de ellos (autoridad competente) se encuentra plenamente cubierto, dado que, como ya se señaló, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por una autoridad jurisdiccional en materia penal, a saber, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, según se desprende de las constancias que integran la causa penal *******, de su índice. Por su parte, el segundo de los extremos (que preceda denuncia o querella) se actualizó mediante querella interpuesta por la víctima de nombre *******, ante la representación social el tres de junio de dos mil diecisiete tomada en el Hospital Poliplaza (foja 31). En tercer lugar, en cuanto a que el injusto consistente en lesiones calificadas se encuentre sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad, se cumple también, toda vez que el dispositivo 129, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, castiga en su tipo básico, a quien cometa el delito de lesiones con prisión de tres a seis años. Finalmente, en lo tocante al requisito constitucional consistente en que obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho, este Órgano de Control Constitucional estima que, en la especie, no se actualiza dicho requisito. Sobre el particular es menester adelantar que existen dos motivos, relacionados pero independientes, por los cuales no se actualiza el requisito constitucional de referencia. Para su mejor comprensión cabe hacer una precisión previa: el ilícito a estudio y por el que el Juez libró la orden de captura es el de lesiones previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el numeral 129, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua que, en lo conducente, establece: [.] 129. A quien cause a otro un daño o alteración den su salud, se le impondrán: I. De treinta a noventa días de multa, si las lesiones tardan en sanar menos de quince días; [.] VII.- De tres a seis años de prisión, cuando pongan en peligro la vida. [.] De esta transcripción se deduce que una de las notas distintivas consiste en que las lesiones resulten de tal magnitud que pongan en peligro la vida de la víctima. Sin embargo, se precisa que la puesta en peligro sea una consecuencia del resultado lesivo, es decir, de las lesiones provocadas sobre la humanidad del sujeto pasivo de delito y no que la puesta en peligro se deduzca de alguna otra circunstancia. Esto es así en razón de que el verbo "pongan", utilizado por el legislador local tiene como sujeto tácito en la frase a las lesiones. Es decir, la única forma en que la norma cobra sentido al integrar el sujeto tácito es en la que dice: cuando las lesiones pongan en peligro la vida. Es relevante abundar que si se pretendiera integrar el enunciado normativo con algún otro sujeto tal como el activo, las circunstancias, la mecánica de los hechos o las armas utilizadas, el resultado sería incongruente con la intención del legislador, quien consideró que se actualizaba la hipótesis normativa en estudio cuando la LESIÓN producida ponga en peligro la vida del pasivo, independientemente de la forma en que aquella se provocó. Expuesto lo anterior, es necesario destacar que: En la especie, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al motivar la puesta en peligro, determinó que la víctima (foja 25, vuelta): [.] sufrió la afectación lesiva cuya clasificación se encuadró en la fracción VII del artículo 129 del Código Penal en vigor; ya que por la mecánica empleada por el activo, se advierte que existía una superioridad física y de poder al tratarse de una maquina automotriz, contra la humanidad de una persona, lo que revela de origen, que la unidad tiene una capacidad de poderío y fuerza muy por encima de una persona, dado su diseño y tonelaje, y a continuación al dirigir en marcha el automotor hacia la humanidad de la víctima, es claro que al impactar el cuerpo de la fémina, esto debió ser un contacto letal, y tan es así que la víctima quedo gravemente lesionada [.] Como se aprecia de esta transcripción, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos tomó en consideración la mecánica empleada para afirmar que se colma la nota consistente en la puesta en peligro de la vida de la víctima, consideración que se apoyó de una base equivocada, pues esa posible puesta en peligro, en una recta interpretación de la norma penal, no puede provenir como consecuencia de la forma en que se produjo la lesión, sino de la naturaleza de las lesiones, es decir, del resultado producido. Entonces, la interpretación que realizó la autoridad responsable trastocó el derecho a la seguridad jurídica del quejoso, al incorporar a la descripción normativa un elemento ajeno al previsto por el legislador. Aunado a lo anterior, el segundo motivo por el que no se colma el requisito constitucional en estudio, se refiere a los datos de prueba que fueron considerados para sustentar que la vida de la víctima fue puesta en peligro. Sobre este punto, la autoridad responsable, en la transcripción del acto reclamado (foja 24, vuelta), indicó: [.] Certificado médico de lesiones de fecha tres de junio de dos mil diecisiete, que fue practicado por la galeno legista *******, apreciando que la víctima presentaba un vendaje en miembro pélvico izquierdo, y de acuerdo a radiografías que le fueron tomadas, tiene una desviación de septum ósea nasal hacia la derecha y fractura de tibia izquierda, clasificándose las lastimaduras de las que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de sesenta días y pueden presentar infección de heridas, mala consolidación ósea, rechazo a material de osteosíntesis y problemas de ambulación. [.] Por su parte, de la solicitud del mandato de captura que presentó la Agente del Ministerio Público local y que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos adjuntó en copia certificada a su informe justificado, se advierte que se atribuyeron al quejoso los hechos siguientes (foja 29 vuelta): [.] Que el día 03 de junio de 2017, aproximadamente a las 00:30 horas la victima de nombre ******* se encontraba conduciendo su vehículo marca *******, ******* de color ******* sobre la calle ******* cuando una fémina de nombre ******* le hace señas desde la tienda ******* sobre la banqueta, cuando un vehículo ******* el cual era conducido por ******* mismo que también circulaba de *******, momento en el que el vehículo se detiene y se bajan dos sujetos uno del lado del copiloto y el otro del asiento de atrás y se cruzan corriendo el camellón para perseguir a otro sujeto que acompañaba a la mujer que solicitaba auxilio entonces el conductor del vehículo ******* avanza en el carro hasta el retorno e ingresa al carril de circulación de la ******* pero en esta ocasión de ******* y al estar a la altura de la tienda de conveniencia denominada ******* el vehículo ******* da vuelta sobre el mismo arroyo de circulación para incorporarse y circular sobre la misma ******* pero en sentido contrario es decir de *******, llega al retorno y se incorpora a alta velocidad derrapando el vehículo de nuevo a la circulación de ******* en sentido contrario es decir de ******* (siendo el sentido correcto de la calle de *******) dirigiéndose hacia donde ya se encontraban la víctima y la mujer que le solicitaba auxilio, ya que ******* detuvo la marcha de su vehículo y descendió del mismo para auxiliar a ******* y esta se encontraban de pie sobre la carpeta asfáltica encontrándose estas sobre el carril central de ******* entonces la conductora del vehículo ******* se identifica como policía se para junto a su vehículo particular a la altura de la llanta trasera cuando la C. ******* le refiere que el conductor de vehículo ******* es su esposo y que la ayudara porque la quería matar entonces el conductor del vehículo ******* de la velocidad que llevaba se derrapa en curvas y al momento de recobrar el control del vehículo ya casi a la altura de donde estaba el vehículo ******* en ese mismo momento es impactada por el conductor de vehículo ******* el lado del espejo derecho proyectando a la víctima al suelo como a 5 metros de distancia y el conductor se da a la fuga sobre la ******* continuando en sentido contrario, para entonces ser trasladada posteriormente la victima a recibir atención médica de urgencia y en la cual se determinó que la clasificación de la lesiones en términos del artículo 129 del Código Penal , son las que NO ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 60 días y pueden presentar infección de heridas, puede dejar mala consolidación ósea , rechazo a material de osteosíntesis, problemas de ambulación. [.] En esa misma solicitud ministerial, entre los datos de prueba, se asentó (foja 32): [.] F).- CERTIFICADO MEDICO DE LESIONES: [.] Clasificación de las lesiones en términos del artículo 129 del Código Penal, son de las que NO ponen en peligro la vida, tardan en sanar MAS DE 60 DÍAS y PUEDEN presentar infección de heridas, puede dejar mala consolidación ósea, rechazo a material de osteosíntesis, problemas de ambulación. [.] Lo aquí destacado revela que los datos de prueba no eran aptos para establecer que se ha cometido el hecho por el que la autoridad responsable libró el mandato de captura, como lo exige el dispositivo constitucional, ni aún bajo el estándar de apariencia de buen derecho, pues se solicitó el libramiento de captura respecto de una hipótesis normativa que se sustenta en un resultado que no pone en peligro la vida de la víctima del delito, mientras que la juez libró el mandamiento de aprehensión, sustentándose en una fracción que se refiere a lesiones que sí ponen en peligro la vida. Luego, dado que la Juez Penal libró el mandamiento de captura, sin considerar que los datos de prueba recabados informaban que las lesiones generadas en la víctima no ponían en peligro su vida; por tanto, no estaba en condiciones de emitir el mandamiento de captura por una hipótesis del delito, que tiene sustento en que las lesiones sí pongan en peligro la vida; de ahí la razón sobre la ilegalidad del acto reclamado. Finalmente, es oportuno establecer a mayor abundamiento que además de los requisitos estrictamente constitucionales, la orden de aprehensión encuentra regulación en la norma secundaria, Código Nacional de Procedimientos Penales: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se aprecia de la norma trascrita, un requisito para emitir el mandato de captura consiste en la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien el texto legal citado parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Ahora, en el caso a estudio, la Juez de Control al estudiar la necesidad de la medida, consideró que la comparecencia de (1) ******* ante el Tribunal de control, podría verse demorada o dificultada, esto en atención a la magnitud de la posible pena a imponer por ser esta: [.] considerablemente alta, es por lo que se considera motivo suficiente para llegar a la conclusión que existen abundantes probabilidades que el imputado podría no atender citas de Autoridad competente y que la presencia de aquel se garantiza únicamente con la presente orden [.] (Foja 27 vuelta) Esta consideración que la autoridad responsable plasma en su mandato de captura, se estima incorrecta, pues va en contra del principio de presunción de inocencia, al contener como único elemento para decidir sobre la misma, la posible pena a imponer en el caso de que el requerido fuera sentenciado por el ilícito en cuestión. Para sustentar esta aseveración citaremos los argumentos relativos a la medida cautelar de prisión preventiva, los cuales resultan aplicables por analogía. Esta analogía entre la orden de aprehensión y la medida cautelar de prisión preventiva surge de la circunstancia de que ambas medidas tienen por finalidad inmediata privar de su libertad al sujeto pasivo del proceso penal, aunque varían en su finalidad remota. La existencia de esta analogía se aprecia más claramente si se atiende a la denominación del título en que se encuentran reguladas ambas figuras jurídicas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales: TÍTULO VI MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES Sirve de apoyo la tesis II.1o.33 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, Libro 30, mayo de 2016, tomo IV, página 2834, con número de registro 2011746, del rubro y texto siguientes: PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que establece la posibilidad de que el Ministerio Público la solicite al Juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia cuya vertiente de "regla de trato procesal", ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 497, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.", en el sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, lo que constriñe a los Jueces a impedir, en la mayor medida, la aplicación de disposiciones que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 194, apartado B, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, por no tener derecho a la justicia restaurativa ni a que se le conceda beneficio o sustitutivo penal alguno, viola el mencionado principio de presunción de inocencia, pues dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual constitucionalmente está proscrito en el actuar de los juzgadores, en atención a la vertiente regla de trato procesal. En un sentido similar es pertinente citar la tesis aislada XXII.1º.23P, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, julio de 2009, materia penal, página 2028, registro 166872, del rubro y texto siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA. SU REGULACIÓN EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominado Derecho a la libertad personal, se advierte la existencia y regulación de la prisión preventiva, pues dicho numeral establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, además prevé que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, la cual tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y precisa que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver de fondo el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sostuvo que del artículo 8.2 de dicha convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva; asimismo, estableció que el aludido concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, entre los que puede nombrarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la imposición de la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia al privar de la libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, y que ello sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual es contrario a los principios generales del derecho universalmente reconocidos. Sobre estas bases, la motivación empleada para sustentar la necesidad de cautela, resulta violatoria de los derechos del hoy quejoso (1) *******, pues transgrede el principio de presunción de inocencia el solo hecho de considerar que existe necesidad de cautela por el quántum de la pena que podría llegar a imponerse al ahora quejoso. En relacionadas condiciones, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para que la Juez de Control responsable: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal *******. 2. En su lugar, emita una nueva, en la que analice nuevamente la solicitud de orden de aprehensión formulada en contra de (1) *******. 3. Enseguida, con libertad de jurisdicción, determine si el Agente del Ministerio Público expuso o no, las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 del Código Nacional del Procedimientos Penales, entre otros, si aquél formuló las razones por las que consideraba que existían hechos que actualizaban el delito por el que se solicitó la orden de aprehensión, previsto en el numeral 129, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua y haga el pronunciamiento que conforme a sus facultades legales considere apegado a derecho. 4. Finalmente, de llegar a analizar la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión, prescinda de considerar que por la pena de prisión que merece el ilícito atribuido al ahora quejoso, éste podría evadirse de la acción de la justicia y, en su lugar, haga el pronunciamiento que considere procedente. La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como ejecutoras, pues los actos que se le atribuyen no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por el Juez responsable. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 88, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del tomo V, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que estatuye: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Como consecuencia de la concesión del amparo solicitado y en aras de la economía procesal, resulta innecesario entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues, ningún beneficio mayor al alcanzado podría resultar de tal análisis. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, febrero de 2005, página 5, con número de registro 179 367, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a (1) *******. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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