Javier Calderon Alvarez

Expediente 501/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
501/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Javier Calderon Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual, la parte quejosa cumple con la prevención que se le hizo en proveído de cuatro de junio pasado e indica que el número de carpeta de investigación de la que derivó el acto que reclama es ******************** de igual manera, anexa en copia simple el citatorio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V de Tramitación Masiva de Casos (EIL-2), de esta ciudad, del que se desprende lo requieren para que acuda a las instalaciones que ocupan las oficinas de la citada autoridad, con la finalidad de recabar su entrevista en calidad de imputado, respecto de los hechos denunciados por el delito de sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a lo solicitado, o informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta se obtiene que el quejoso reclama la "indebida llamada a comparecer a declarar ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V de Tramitación Masiva de Casos (EIL-2), y la imposición de una multa ante su ausencia". Por lo tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente con apoyo en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que amerita desechar la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos precisados en el párrafo que antecede. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Por su parte, los preceptos 61, fracción XXIII y y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando éstos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. En el caso concreto, el acto reclamado es "la indebida llamada a comparecer a declarar ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V de Tramitación Masiva de Casos (EIL-2), y la imposición de una multa ante su ausencia". Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además, que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial de ningún modo causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia necesaria para dilucidar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Pues la mera citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación en la Fiscalía responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación únicamente se concreta para investigar los hechos reportados. Sin que sea óbice el hecho de que ante su falta pueda decretarse algún apercibimiento, tal como la imposición de una multa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a la inasistencia injustificada y decretarse por parte de la responsable. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia del siguiente rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].".1" Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1844, LIBRO 53 tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en Abril 2018, registro 2016536, que al rubro señala: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. En otro aspecto, en relación con las manifestaciones que realiza el quejoso, relativas a que en el rubro de su escrito inicial de demanda "proporcionó correo electrónico para fines del presente asuntos (notificación y/o consulta) no para enviar cartas de amor o alguna situación que pueda parecérsele", ello en relación con el hecho de que [en el auto de prevención] se apuntó que no especificó para qué proporcionó el correo electrónico y nombre de usuario; dígasele que en dicho auto se le tuvo por proporcionado como dato de contacto la cuenta de correo electrónico precisado en la constancia secretarial, lo que implica que no se realizarán notificaciones por ese medio, toda vez que acorde con la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, en tanto se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, este órgano jurisdiccional únicamente está facultado para entablar por ese medio comunicaciones no procesales, en caso de requerirse. Respecto del nombre de usuario, infórmesele al quejoso que de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes pueden solicitar al órgano jurisdiccional que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, para lo cual es indispensable que manifiesten expresamente dicha solicitud y deberán además señalar el "nombre de usuario", por lo tanto, en sentido contrario se obtiene que si una de las partes señala nombre de usuario, empero omite manifestar expresamente que lo señala para que se le realicen las notificaciones vía electrónica, debe entenderse que únicamente lo aporta para que se le autorice el acceso al expediente electrónico. El contenido del numeral en cita, es el siguiente: "Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud.". Con sustento en lo anterior hágase del conocimiento del quejoso que cuando alguna de las partes proporciona un nombre de usuario son dos los efectos que pueden recaer: 1. Que con él se le autorice el acceso al expediente electrónico y, 2. Que se autorice se le realicen las notificaciones vía electrónica, siempre y cuando así lo solicite expresamente, pues de no solicitarlo de esa manera, se proveerá únicamente el efecto señalado en el punto 1. Explicado lo anterior, y toda vez que de la parte que interesa del escrito de cuenta se advierte que el quejoso manifiesta que "proporcionó correo electrónico para fines del presente asunto (notificación y/o consulta) no para enviar cartas de amor o alguna situación que pueda parecérsele"; dígasele, como ya se explicó anteriormente, que la cuenta de correo electrónico ya se tuvo por proporcionada únicamente como dato de contacto para efectuar comunicaciones no procesales, toda vez que en la legislación de la materia y acuerdos generales aplicables, no se prevé la posibilidad de efectuar notificaciones a través de una cuenta de correo electrónico. Por lo tanto, indíquese al quejoso que tiene expedito su derecho para solicitar expresamente que se le practiquen las notificaciones del presente asunto por vía electrónica, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el nombre de usuario que ya proporcionó y cuyo registro se ordenó únicamente para que tenga acceso al expediente electrónico, precisamente porque, como ya se dijo, el quejoso en su demanda omitió solicitar expresamente las notificaciones por vía electrónica, requisito indispensable que prevé el segundo párrafo del artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 citado con antelación. Finalmente, dado que procede la notificación personal del presente acuerdo, el Actuario adscrito, deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese?personalmente a la parte quejosa.????????

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ********************, regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-501/2021-1, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise el número de la carpeta de investigación de la que derivó el acto que reclama, puesto que es omiso en señalarlo, no obstante que se advierte tiene conocimiento de ese dato, porque en el apartado de su demanda "fecha de notificación del acto reclamado", refiere que tuvo conocimiento el tres de junio del año en curso por "el papel de notificación" que dejaron en un lugar en el que ya no vive; o en su caso, de constar ese dato en la constancia a la que alude, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce el numero de carpeta de investigación de origen. Asimismo, deberá exhibir copia certificada o simple, de la constancia de notificación que refiere; o, en su defecto, en caso de estar imposibilitado para ello, deberá transcribir fidedignamente su contenido. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada su demanda de garantías. En el entendido de que la prevención precisada en párrafos precedentes, deberá desahogarse por la parte quejosa, por tratarse de un acto personalísimo. Como sustento de lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. También deberá exhibir tantas copias sean necesarias de su escrito aclaratorio, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario -- en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, únicamente con la finalidad de que tenga acceso al expediente electrónico, no así para que se le realicen notificación por ese medio, toda vez que es omisa en solicitar expresamente las notificación vía electrónica. Asimismo, se tiene a la parte quejosa por proporcionado como dato de contacto la cuenta de correo electrónico precisado en la constancia secretarial, a través del cual, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito, para notificar el presente proveído, deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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